La expropiación de Vicentin, una de las principales agroexportadoras del país, es un muy mal mensaje, una pésima salida en términos de confianza para generar inversión. En un momento en que la economía necesita dar certezas, el Gobierno opta por generar más incertidumbre y zozobra, en un inesperado giro hacia Venezuela.

Esto no es un rescate, esto es tomar por asalto una empresa privada, violando la Constitución Nacional y las garantías establecidas a la propiedad privada. Es expresa nuestra Constitución en su artículo 17 cuando, después de consagrar la inviolabilidad de la propiedad, dispone que "la expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. ¿Cuál es la utilidad pública en este caso? ¿Qué indemnización terminará por pagar el pueblo argentino por una empresa concursada?

El argumento expresado para fundar la utilidad pública de la expropiación, es el de la soberanía alimentaria; justificación por demás utilizada y abusada por el Gobierno de la Venezuela de Maduro y que sirvió para expropiar, por ejemplo, su mayor productora privada de alimentos, la empresa Polar, la coincidencia no es mera casualidad.

Había otras alternativas legales, menos controvertidas y litigiosas, que inventar la figura de la intervención por DNU para aplicarla en el ámbito privado sin que medie ninguna decisión judicial. Este tipo de decisiones, son las que, tomadas de manera apresurada, salen caras al principio y al final nos obligan a pagar el doble producto de los millonarios juicios a los que nos vemos sometidos y a los que el país es condenado más temprano que tarde. YPF es un ejemplo de ello, cuando se discutía su expropiación en el Congreso, el por entonces Ministro de Economía, Axel Kicillof, sostenía que no íbamos a poner un peso por la empresa vaciada y hoy, producto de su impericia, la Argentina corre serios riesgos de ser condenada por tribunales de Nueva York, a pagar U$D 9 mil millones por violar los estatutos de la empresa al momento de su adquisición.

Las respuestas respecto de qué hacer con Vicentin se encuentran en la Ley de Concursos y Quiebras, allí se regulan los casos de concursos y se establece, para estos casos, el salvataje o cramdown con carácter previo a la quiebra. El "cramdown" es un sistema de propuesta de acuerdo preventivo por terceros que, de obtener la conformidad de los acreedores, adquiere la empresa concursada y sustituye al empresario insolvente. En el caso de Vicentin, terceros interesados en adquirirla habían, pero pudo más la tentación chavista de la ilegal intervención estatal.

Ese camino debió acatar el Gobierno en lugar de elegir el atajo de la expropiación, que termina transformándose en una mácula más en nuestra larga historia de incumplimientos, fallidos y falta de apego a las normas. Lo que diferencia al Estado de Derecho, es su seguridad jurídica y previsibilidad, algo que con este gobierno empieza a brillar por su ausencia, para recorrer el andarivel del Estado de Excepción permanente, con leyes de emergencia, sin presupuesto, con superpoderes y ahora sumando confiscaciones a la propiedad privada.

No estábamos tan equivocados cuando presentamos una ley para impedir que el Estado se quede con las empresas a las que ayuda, como propuso una Diputada oficialista en medio de la pandemia, al final parece que para el Presidente no era tan loca la idea como la describió al principio.

El Gobierno expropia mal, administra peor y paga un costo altísimo por hacer las cosas con prepotencia y falta de apego al derecho, con el objetivo de intervenir en el mercado de granos y generar divisas en dólares. Después no le echen la culpa de todo al Gobierno anterior ni al coronavirus, estas decisiones generan gravísimas consecuencias.

Las preguntas inevitables que debemos hacernos, en un contexto de crisis económica y pandemia sanitaria, con miles de empresas al borde del concurso preventivo, son ¿Por qué 44 millones de argentinos tienen que hacerse cargo y pagar el pasivo de U$D 1.350 millones de una empresa que podían adquirir inversores privados, con el pago de sus deudas y la garantía de sus fuentes de trabajo?, ¿cuáles son las próximas “Vicentin” a expropiar por utilidad pública para elegir como caso testigo sectorial? Las respuestas seguro se encuentran entre la Venezuela de Maduro y las expropiaciones de YPF y Calcográfica Ciccone de la década kirchnerista.

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