Modificación el proceso de allanamiento

Fundamentos

El allanamiento constituye una medida de orden procesal, directamente relacionada con el domicilio de una persona.

El principio constitucional de la inviolabilidad del domicilio, no es absoluto, ya que se establecen en que casos y con que justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Así es como la Constitución Nacional en el artículo 18 luego de sentar el principio de inviolabilidad del domicilio establece que “…… una ley determinará en que casos y con que justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación”.

Sabido es, que se ha considerado al domicilio como una proyección espacial del ámbito de intimidad de la persona, la que ha determinado el reconocimiento general de su inviolabilidad y la exclusión de posibles injerencias arbitrarias en él. Además constituye una garantía del debido proceso, en tanto se establece un límite legal a la recolección de pruebas incriminatorias de un individuo imputado de un delito. Por ello es que, si bien se podrá autorizar su registro y allanamiento, se regulan las condiciones de su procedencia.

Debemos hacer esfuerzos por agilizar el libramiento de la orden de allanamiento a fin de no frustrar su cometido, respetando los derechos constitucionalmente amparados, ese debe ser nuestro desafío.

La primera modificación propuesta al texto del artículo 217 de la ley 6730 modificado por la ley 7781 de mi autoría, es en relación al límite temporal que dicha norma establece para cumplimentar la medida cuando expresa: “La diligencia solo podrá comenzar desde que sale hasta que se pone el sol, salvo que el interesado o su representante presten su consentimiento. Sin embargo, en los casos sumamente graves y urgentes o cuando se considere que peligre el orden público, el allanamiento podrá efectuarse a cualquier hora”. Todo allanamiento supone urgencia y se inserta en supuestos graves, por consiguiente, dicha medida puede cumplimentarse en cualquier hora del día siempre que se ajuste al procedimiento establecido por la ley. Como enseña el maestro Luis Eduardo Sarmiento Garcia “Cuando se requiere allanamiento siempre se trata de un hecho urgente y grave, por lo que no resultaría conveniente dejar pendiente el allanamiento durante doce horas en la noche lapso durante el cual puede frustrarse totalmente la medida o la investigación. Piénsese que pasaría cuando un delito se perpetra de noche, los presuntos autores huyen y se refugian en un lugar cerrado. Se podría responder que el caso está previsto a partir de “Sin embargo, en los casos…” La experiencia demuestra que no existe disposición para allanar de noche, temiendo sanciones posteriores y dejando librado a su interpretación cuáles son “los casos sumamente graves y urgentes”.

La segunda modificación se relaciona con la facultad otorgada a los Fiscales en supuestos excepcionales, para ordenar el allanamiento de morada. Dicha facultad se encuentra plenamente justificada en función de haberse subsumido en dicha figura las potestades del viejo Juez de Instrucción (Ley 1908) quien ordenaba allanamientos y considerando el propio texto constitucional mendocino que otorga la potestad de ordenar allanamientos no solo al Juez competente sino también a la autoridad municipal o sanitaria.

La mencionada potestad esta reservada a los supuestos de imposibilidad material de comunicarse con el Juez de Garantías o bien ante el peligro de frustración de la medida por la dilación en el tiempo, pudiendo el Fiscal de Instrucción ordenar el allanamiento debidamente fundado, con comunicación posterior al Juez de Garantías.

En la elaboración de este proyecto debo destacar la inestimable colaboración, asesoramiento de los Fiscales de Delitos Complejos, Dr. Luis Correa Llanos, Dr. Eduardo Martiarena y Dr. Daniel Carniello y del Dr. Luis Eduardo Sarmiento García quienes con sus miradas particulares y expertas, dotaron al presente proyecto de una riqueza y profundidad imposible de prever en sus comienzos.

Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Ley.

Caferatta Nores José, Tarditti Aída. Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba comentado. Tomo I. Ed. Mediterranea.

Claria Olmedo, Tratado, I-49.

Neira, Claudia. Una nueva reforma del Código Procesal Penal: ¿otro ejemplo de indefinición legislativa? Publicado en: ADLA 2003 – D, 4885. Norma comentada: – Ley 25.760 – Adla 2003-D, 3827.

Levene (n.), Ricardo. La reforma procesal. A propósito de los delitos de privación de libertad coactiva y secuestro extorsivo. Publicado en: ADLA 2003 – E, 6103 Norma comentada: – Ley 25.760 – Adla 2003-D, 3827.

Carrio Alejandro. Garantías Constitucionales. Hammurabi Pag. 942

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1º.- Modificase el artículo 217 del Código Procesal Penal de la Provincia, ley 6730, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 217º.- Allanamiento de la morada. Cuando el registro debe efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la orden será dictada por decreto fundado de juez competente, a solicitud del fiscal interviniente o del funcionario en quien éste delegue la misma. El juez deberá expedirse dentro del plazo de una (1) hora de recibida la solicitud. Este plazo podrá prorrogarse fundadamente por hasta dos (2) horas más, bajo apercibimiento de poner en conocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, a fin de imponer las medidas disciplinarias correspondientes.

La diligencia podrá efectuarse a cualquier hora. Deberá ser siempre fundada la denegatoria de allanamiento domiciliario. Igual recaudo se requiere para la autoridad solicitante.

Deberá ser siempre fundada la denegatoria de allanamiento domiciliario. Igual recaudo se requiere para la autoridad solicitante.

En caso de urgencia, cuando medie delegación de la diligencia, el preventivo solicitando la orden al Juez de Garantías y la comunicación de la orden por éste, a quien se le encomiende el allanamiento podrá realizarse por fax o medios electrónicos. El destinatario de la orden comunicará inmediatamente su recepción al juez emisor y corroborará que los datos de la orden, sean correctos. Podrá usarse la firma digital. La Corte Suprema de Justicia de la Provincia, reglamentará los recaudos que deban adoptarse para asegurar la certidumbre y autenticidad del procedimiento.

En supuestos urgentes o necesarios, tratándose de delitos graves, el fiscal de instrucción podrá peticionar la orden de allanamiento telefónicamente al Juez de Garantías. La mencionada comunicación no podrá ser delegada por el fiscal de instrucción a ningún funcionario judicial. El Juez de Garantías, dictará el decreto autorizando el allanamiento, a través de los medios de comunicación establecidos en el párrafo anterior. El Fiscal de instrucción deberá acompañar el preventivo dentro de las 48 horas de realizada la medida. En el supuesto de imposibilidad material de comunicarse con el Juez de Garantías o bien ante el peligro de frustración de la medida por la dilación en el tiempo, el Fiscal de Instrucción podrá ordenar el allanamiento debidamente fundado, con comunicación posterior al Juez de Garantías.

En caso de ser necesario por la complejidad del asunto, el Juez de Garantías podrá librar la orden consignando únicamente su parte dispositiva, difiriéndose los fundamentos de la misma. Ésta se efectuará, bajo pena de nulidad, en el plazo máximo de 24 horas a contar del momento de libramiento de la orden, debiendo notificarse por escrito los fundamentos al que habite o posea el lugar donde deba efectuarse la medida.

Cuando por existir evidente riesgo para la seguridad de los testigos del procedimiento, fuese necesario que la autoridad preventora ingrese al lugar primeramente, se dejará constancia explicativa de ello en el acta, bajo pena de nulidad.

Si en estricto cumplimiento de la orden de allanamiento, se encontraren objetos que evidencien la comisión de un delito distinto al que motivó la orden, se procederá a su secuestro y se le comunicará al juez o fiscal interviniente.»

Artículo 2º.- De forma.-

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