Nov17

JUVENTUD DIVINO TESORO…En qué te fallamos?

Debo hacer una confesión inicial, al momento de escribir este artículo pensé que el mejor título para el mismo debía ser “Cassi-al límite de la libertad”, pero era un título demasiado simplista y efectista que no agotaba el problema y, por otro lado, denostaba al autor del proyecto, a quien respeto por ser un legislador consecuente con sus convicciones, equivocadas o no, según quién las mire, que legisla de buena fé promovido por el mismo espíritu que tenemos todos los que queremos mejorar la seguridad de la provincia.
El principal problema que hoy tenemos los mendocinos es, sin dudas, la inseguridad, pero es tal el descrédito de las propuestas convencionales que fracasan -aún cuando han demostrado resultados exitosos en otras partes del mundo-, que constantemente nos vemos en la tentación de innovar, dar un paso más, reduciendo el problema de la seguridad a una cuestión netamente legal, a costa de cercenar elementales derechos individuales.


La ausencia de un plan estratégico para reducir la criminalidad –léase bien reducir no eliminar-, la falta de gestión presente y pasada, que involucre en la lucha contra el delito no sólo al Ministerio de Seguridad y su Policía, sino a todos los estamentos del Gobierno y del Estado, comenzando por la educación  y culminando en la necesaria redistribución de los ingresos -que elimine definitivamente la marginación y disminuya sensiblemente la pobreza-, hacen que todos los esfuerzos por combatir la inseguridad aparezcan como minusválidos o estériles.
Debemos transitar el largo camino de transformar a nuestra Democracia de un raquítico “estado de derecho” anómico, en un verdadero “Estado de Derechos y Obligaciones” de los ciudadanos. No sólo es preciso garantizar el “pleno” ejercicio de los derechos de los ciudadanos sino también el “fiel” cumplimiento de sus obligaciones, anverso y reverso de una misma moneda.
De lo contrario, cada día iremos sumando más limitaciones a nuestras libertades individuales y avasallamientos a nuestras garantías constitucionales, no del delincuente, sino del ciudadano decente y honesto.
¿Cuál es el límite?
Hoy prohibimos la circulación de los menores, mañana qué sigue, prohibir las fiestas de 15, los peloteros, el viaje de egresados o hacerlos portar un brazalete.
Creo firmemente en bajar la imputabilidad de los menores. Para Núñez, la imputabilidad es la condición del delincuente que lo hace capaz de actuar culpablemente. En el caso de la menor edad, la inimputabilidad se funda en la falta de madurez mental del autor. 
La pregunta que debemos hacernos es si un mayor de 14 años es capaz de comprender la criminalidad de los actos que realiza. La respuesta es que conforme a las circunstancias históricas y sociales y el grado de evolución de los menores estos pueden y deben ser responsables de sus actos.
Además y para no escandalizarlos la edad de 14 años ya fue establecida con anterioridad en nuestro país por las leyes 21.338 y 22.278.
La normativa internacional no ha determinado expresamente una edad mínima de imputabilidad, limitándose a recomendar que no se trate de “una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que acompañan a la madurez emocional, mental e intelectual”, aconsejando también a que la normativa especial se aplique a los “delincuentes adultos jóvenes”.
La ley 5/2000 de España –por ejemplo- fija la imputabilidad a partir de los 14 años, estipulando un régimen especial entre esa edad y los 18 años.  
También creo que los padres deben responder por los hechos de sus hijos, como lo hace Uruguay en su Código Penal (art. 279 b) cuando estipula que: “El que omitiere el cumplimiento de los deberes de asistencia inherentes a la patria potestad poniendo en peligro la salud moral o intelectual del hijo menor será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”.
Pero una cosa es responsabilizar a los padres y otra muy distinta es coartar las libertades que supimos conseguir, entre ambas hay un abismo.
Estamos sometiendo a los menores al mismo régimen que un  condenado que tiene buena conducta y que ha cumplido la mitad de su condena que goza de los beneficios del régimen progresivo de la pena.
Debemos evitar por todos los medios la dictadura de la demagogia a 26 años de democracia. No se puede tolerar la discriminación del sistema penal por la maldita portación de edad. No hay lugar para las simplificaciones, así estamos por ellas, mapas del delito inteligentes que resuelven la inseguridad de un plumazo, castración a violadores y prisión domiciliaria para adolescentes.
El que dijo que la juventud era un divino tesoro no pensó que algún día sería, para algunos, sinónimo de criminalidad.

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