Ago18

Publicado en delito, justicia, seguridad por Luis Petri.

La seguridad en el ojo de la tormenta.

La seguridad es uno de los temas de mayor relevancia en el contexto actual del país; lejos de nuestras prioridades están cuestiones centrales como salud, educación o cultura al ver conculcada nuestra salvaguardia y la de nuestros seres queridos. Cuando está afectada la propia existencia de la persona o la integridad del su patrimonio, la sensibilidad ante hechos delictivos de la ciudadanía se amplifica y potencia. Uno de los principales roles del Estado, en su concepción moderna, es ser garante de la seguridad interior. Esto es -aun en la versión más descarnada del capitalismo que limita la participación del Estado en la vida de las personas que lo componen- uno de los dogmas que se mantuvo incólume frente al minimalismo del Estado actual. Es tan constitutivo de éste que se entroniza en uno de los pilares de su existencia. Eje de campaña de políticos que buscan acceder al poder, reclamo de víctimas que día a día sufren sus consecuencias o protesta de sectores garantistas -fervientes defensores de los derechos humanos ante abusos de las fuerzas de seguridad-, la seguridad es cuestión de Estado. Por la importancia de las personas y bienes afectados, por el fuerte incremento de los hechos criminales y la violencia con que se producen los mismos y por la especial repercusión social que muchos de estos tienen, ocasionando un aumento de la “sensación de inseguridad” que padece el común de los mortales.
La pregunta que a primera vista surge es qué hacer ante este flagelo. Es imprescindible continuar en el perfeccionamiento de políticas de seguridad que comprendan desde la prevención y concientización hasta la reinserción de aquél que pagó su pena y no encuentra un lugar, siendo condenado “de hecho” a volver al circuito de la delincuencia. Es forzoso precisar el rol de los agentes de seguridad y los recursos con los que se debe contar en esta materia. Pero además hay que atender ineludiblemente a la génesis del delito.
Causas y efectos. Es ineludible, ante todo, acompañar los esfuerzos del Gobierno provincial en su lucha por combatir la inseguridad, imprimiéndole un enfoque que no se agota en el mero planteamiento jurídico-formal que sobrevuela la epidermis de su problemática; por el contrario, ante la complejidad de la cuestión de la seguridad, desarrolla políticas interdisciplinarias para combatir el delito, incorporando a todos los sectores de la sociedad como protagonistas de los caminos que conduzcan a la solución de este gravísimo flagelo; y no esperar en la trinchera de la crítica, a que un suceso escandalice a la opinión pública, para cuestionar el sistema y a sus principales actores, formar comisiones de seguridad, etc. La respuesta de los críticos de turno que gustan actuar ante los hechos consumados siempre es faraónica y desproporcionada, pero por sobre todo es oportunista y efectista, con consecuencias inmediatas pero de corto aliento, remedando, emparchando pero sin aportar soluciones de raíz que desalienten la delincuencia o la lleven a límites tolerables de existencia.Los sociólogos son concluyentes respecto de las causas del incremento de la delincuencia, siendo las de mayor importancia la pobreza, la marginalidad, el desempleo, la deserción escolar y la drogadicción, y es allí donde debemos centrar nuestros esfuerzos para dar una solución a largo plazo.

Duros o blandos. Debemos definir qué fuerzas de seguridad queremos, y con qué facultades y atribuciones las dotamos. ¿Queremos una policía contenida, con un ámbito de actuación acotado a fin de no vulnerar excesivamente las libertades individuales? O al contrario, ¿una policía con reflejos para dar rápida respuesta a los hechos delictivos o prevenir su cometido? La cuestión no es fácil ya que los defectos de una y los excesos de otra obligan a buscar un equilibrio entre ambas. Este debate debe darlo la sociedad en su conjunto sin exclusión de sectores, pero con objetividad y sustraída de preconceptos equívocos que asocian el accionar policial con las fuerzas de seguridad de los sangrientos años ’70. En ese entonces la persecución fue política, hoy es delictiva; allá el tópico de seguridad quedaba garantizado si se mantenía el Estado totalitario despojando a los “elementos que pusieran en riesgo la continuidad del régimen”, acá el objetivo es eliminar la delincuencia pero no al delincuente, resociabilizándolo una vez que enfrentó su condena. El turbulento pasado y nuestra conciencia democrática nos obligan a ser celosos en el respeto de las libertades individuales, pero es nuestro presente el que nos impone ser enérgicos en la lucha contra el flagelo del delito y sus consecuencias.

De penas y jueces ¿Es inversamente proporcional el incremento de las penas privativas de la libertad a la disminución de los índices de delictuosidad? ¿Hoy la amenaza de la sanción penal desalienta por sí sola la comisión de delitos?Sin simplismos, podemos afirmar que la amenaza de la sanción resulta paralizadora para una gran mayoría pero insuficiente para detener a los delincuentes excluidos y marginados que no hallan oportunidades laborales; no alcanza por sí sola para contener a quienes son conscientes de la lentitud e ineficiencia del sistema penal, que sólo detiene y condena a un porcentaje muy inferior respecto de los delitos efectivamente cometidos. Esto es, los delincuentes han caído en la cuenta de que son pocos o escasos los arrestados y efectivamente condenados, por lo que el mínimo riesgo de ser aprehendido justifica la “ganancia” en la comisión del delito. Lógica perversa si se quiere, pero razonamiento que se obtiene de la realidad de un sistema judicial saturado, colapsado y exiguo. Es cierto que hay un fuerte reclamo de parte de la sociedad que exige que haya penas y jueces mas severos, justicia más expeditiva y excarcelaciones más difíciles de obtener, pero esto significa que habrá mayor cantidad de personas que ingresan al sistema penitenciario, para lo cual habrá que reformular su cometido.
Cárcel, universidad del delito. El sistema penitenciario es pensado como un espacio de resociabilización de aquellos desviados del camino de la ley, que -por la importancia de la violación al bien jurídico protegido por la norma penal- hace pasible al delincuente de una pena privativa de uno de sus bienes más preciados, como es la libertad. Resociabilización que no deja de ser más que una expresión de deseo, de aquellos que pretenden justificar desde el plano moral una sanción tan severa. Pero una vez más la realidad desborda a la teoría, y el sistema carcelario termina por travestirse, para ser justamente su opuesto, esto es, una escuela hogar de delincuentes, donde más que reeducar al recluido se lo perfecciona en técnicas delictivas.La situación carcelaria evidencia largamente la pobre capacidad readaptadora de la pena privativa de libertad. La alta cuota de reincidencia -un 75% de las personas que recuperan su libertad reincide en la comisión de delitos- y el real engrosamiento de la carrera criminal de los condenados demuestran el fracaso de la cárcel como instrumento de control social, entre otras razones porque no se puede aislar personas y al mismo tiempo pretender reintegrarlas en la sociedad. Recuperada su libertad, marginado y estigmatizado por la sociedad, imposibilitado de hecho de acceder a un trabajo digno que le permita reestablecerse y ser sostén de su familia, la reincidencia en el delito es más que una alternativa, es su única salida. La marginación y estigmatización se elevan como una consecuencia social que permanece patente en el medio y en el tiempo, pues trascienden el eventual cumplimiento de la pena formal, transformándose en una sanción casi perpetua.Hoy la sociedad deberá debatir respecto de la necesidad o no de aumentar los recursos del sistema carcelario, no ya para dotar de comodidades innecesarias a los convictos, sino como forma de asegurar su propia seguridad. Recursos que deberán ser utilizados en la capacitación y orientación ocupacional de los reos, a fin de evitar su reingreso en el circuito delictivo. Dotando de la infraestructura necesaria a fin de efectuar agrupamientos por tipo de delito, gravedad del mismo, situación procesal de la persona y capacidad de adaptación a normas de convivencia dentro de la institución carcelaria.
En definitiva, el problema de la inseguridad no se acota a una óptica policíaca, penitenciaria o jurídica, ni se soluciona con lemas grandilocuentes, sino con políticas de prevención y represión del delito en lo inmediato, con trabajo, contención social y educación en el mediano y largo plazo.
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