Ago18

Publicado en recompensas, seguridad, testigos por Luis Petri.
Nuevas Formas para Combatir la Impunidad
Uno de los graves problemas que aquejan a la Justicia, a la hora de juzgar a los responsables de hechos criminales, es la carencia de pruebas que posibiliten superar la duda razonable alcanzando el estado de certeza necesario para condenar a sus autores.
Las efímeras huellas que tras su paso provoca el delito son borradas por la orfandad probatoria en la que se ven sumergidos los procesos penales.
Pese a los avances tecnológicos, que incorporados eficientemente a la investigación permiten resolver causas penales complejas, hoy sigue siendo fundamental la participación de la ciudadanía en el esclarecimiento del crimen.
Pero es allí donde existe una verdadera apatía al momento de colaborar con la Justicia, siendo necesario indagar en sus causas.
Esta reticencia social, no es producto del capricho o antojo de quienes fueron espectadores del delito o de sus rastros, sino del miedo a vivir en estado de amenaza permanente a partir de su testimonio incriminatorio.
La incriminación en la Justicia revierte en una potencial victimización ante la delincuencia. Así por un lado permite la resolución del hecho, pero por el otro deja al testigo en un estado de indefensión frente a las personas comprometidas con el delito, que en muchos casos son personas próximas, ya sea por el vínculo de parentesco o por la cercanía de su domicilio, contando el delincuente con todos los datos personales de quien lo involucra en el hecho.
La marca del delito se patentiza en venganza a quien osó limpiar de impunidad la escena del crimen. El testigo libera la verdad pero queda encadenado a sus dichos.
Y son los delitos no esclarecidos, con la consecuente impunidad, sumado a otras deficiencias del sistema penal y de seguridad, los que elevan la sensación de inseguridad.
Altos niveles en cuanto a la sensación de inseguridad, implica personas que se sienten amenazadas y temerosas de sufrir un delito, potenciales victimas “en espera” y consiguientemente modifican sus patrones de conducta en todos los órdenes, a fin de resguardar su vida, integridad física, su patrimonio y los de sus seres queridos. La persona se exilia de lo público, autolimitando su ciudadanía.
Por ello la certeza de la pena, la inevitabilidad del castigo ante la violación a la norma penal se transforma en uno de los pilares fundamentales en los que debe sustentarse el sistema. La inexorabilidad de la pena como destino fatal ante la trasgresión al orden instituido.
En este marco, entendemos importante que el Estado -en circunstancias que ocasionen conmoción pública, comprometan la vida integridad psicofísica del testigo, arrepentido o sus familiares directos, sus bienes- recompense, garantice y proteja a quienes permiten esclarecer hechos delictivos e impida que sus secuelas se propaguen más halla del hecho investigado, trasladándose negativamente a su vida y la de sus seres queridos.
La Recompensa. ¿Un Valor o Disvalor Ético? Creemos que el Estado, en determinadas circunstancias, debe alentar e incentivar el aporte de información, testimonios, documentación y todo otro elemento que permita esclarecer estos hechos delictivos que hieren y perturban el normal desenvolvimiento social. De forma tal de individualizar a sus autores, cómplices y encubridores, desbaratando así las organizaciones delictivas y apresando a aquellos que hubieran participado en la consecución de los delitos.
Hay quienes afirman el carácter disvalioso desde el punto de vista ético de la posición asumida por el Estado que, ante la realidad del delito, fomenta a través de dinero su esclarecimiento.
En la disyuntiva de esclarecer o no un delito de gran repercusión que eleva la sensación de inseguridad, movilizando y sensibilizando a la sociedad, no deben existir reparos de carácter ético acerca de si el Estado puede incentivar, estimular y promover a personas para que aporten información, cuando el mandato legal no es suficiente para provocar el testimonio.
La recompensa puede entenderse como provocadora de testimonios de personas temerosas o bien como gratificadora de conductas valientes, pero siempre tendrá por fin recomponer la paz social seriamente comprometida por el delito perpetrado.
Y para asegurar el fin que la recompensa persigue –esto es el esclarecimiento del delito- las condiciones de su otorgamiento deben estar suficientemente controladas, ser transparentes, ágiles y contar la necesaria confidencialidad a fin de no exponer injustificadamente a quien decide declarar.
La experiencia en los EEUU en materia de recompensa a través del Rewards of Justice de 1984 y la ley de Defensa a la Patria del 2001 nos dicen que estamos en el camino correcto.
Hacia la Protección Integral del Declarante. Otra de las formas de propiciar la participación ciudadana en conflictos de tipo penal, es a través del otorgamiento de plenas garantías a quienes declaran. Dictando – en consecuencia- normas que resulten eficaces en la salvaguarda de quienes, como testigos, cumplen con el deber constitucional de colaborar con la Justicia y aquellos imputados arrepentidos que brindan información útil y valiosa que permite luchar contra el delito.
La formulación de un programa o plan de acción de protección de personas cuyo testimonio o declaración sea determinante en el resultado final de la investigación penal, debe dirigirse más allá de la simple protección a la identidad del deponente, con el objeto de dar múltiples respuestas conforme a las necesidades reales, que alejen el potencial peligro a que se vea sometido éste.
Medidas de protección que resultan plenamente justificadas cuando su vida, sus bienes, integridad psicofísica o la de sus familiares se encuentran seriamente comprometidas. Dependiendo de la gravedad del peligro, éstas pueden consistir en disponer presencia de personal policial en su domicilio, su acompañamiento, la custodia de sus bienes, la posibilidad de declarar mediante videoconferencia, el otorgamiento de un subsidio, atención médica y psicológica, su reubicación social y laboral, el traslado de colegio de sus hijos, o el cambio de identidad cuando ello resulte imprescindible.
La aplicación coordinada de estos dos institutos –Recompensas y Protección de Testigos y Arrepentidos- permitirá contribuir al eficaz desenvolvimiento del sistema penal, interrumpiendo el silencio al tenor de los gritos de quienes sin temores claman por Justicia.
El silencio nos sumerge en océanos de impunidad, el estimulo y protección a quien emerge a declarar, nos posibilita anclar en el puerto de la Justicia.

Dr. Luis Alfonso Petri
Presidente Bloque de Dip. de la UCR
Autor de los Proyectos de Ley de Recompensas
y Protección de Testigos y Arrepentidos

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