San Martín

Dic27

Fijar el plazo de publicación y reglamentación de las leyes a cargo del Poder Ejecutivo

Escrito el 27 de Diciembre del 2011 | 10:58 am en luis petri, Politicas de Transparencia, san martin por Luis Petri

El artículo 101º de la Constitución de establece que “Aprobado un proyecto por la Cámara de su origen, pasará en revisión a la otra, y si ésta también lo aprobase, se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Se reputa promulgado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto en el término de 10 días”.
Por su parte, el Artículo 128 al enumerar las atribuciones y deberes del Gobernador de la Provincia dispone que: “…Participa en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, las promulga y expide decretos, instrumentos o reglamentos para su ejecución, sin alterar su espíritu.
El proceso de formación y sanción de leyes es un acto complejo en el que interviene el Poder Legislativo y también el Poder Ejecutivo haciendo uso de sus facultades de vetar total o parcialmente una norma, promulgar y publicar. Corresponde al Gobernador la aplicación de las normas, debiendo para ello reglamentarlas sin alterar su espíritu y ejecutarlas de igual forma.
El plazo para la promulgación de las normas emanadas de la Legislatura de la Provincia se encuentra establecido normativamente a partir de lo dispuesto por el artículo 101 de nuestra Carta Magna; asimismo de no contener plazo para sui entrada en vigencia, rige el plazo dispuesto supletoriamente por el Artículo 2 del Código Civil que reza: “Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial”.
Resta por consiguiente establecer con claridad el plazo para la publicación y eventual reglamentación de las leyes sancionadas por la Legislatura a fin de posibilitar su entrada en vigencia y la aplicación efectiva de la misma.
En el proceso de formación y sanción de la ley podemos distinguir nítidamente tres etapas:
La sanción es el acto por el cual el poder legislativo en uso de las facultades legisferantes crea la norma jurídica.
La promulgación que es el acto por el cual el Poder Ejecutivo dispone el cumplimiento de la ley, absteniéndose de hacer uso de su facultad de veto, y por último
La publicación que es el acto por el cual llega la ley al conocimiento de la población en general.
Efectuada la publicación de la ley ella entra en vigor a partir de la fecha que determine su texto. Es lo que dice el artículo 2° del Código Civil cuando expresa: “las leyes no son obligatorias sino… y desde el día que ellas determinen”.
Generalmente las leyes no dicen nada a cerca de la fecha de su vigencia en tal caso la situación se resuelve de conformidad con lo expreso en la segunda parte del artículo ya mencionado, que dice que “si no designan tiempo serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial”.
En la actualidad muchas leyes sancionadas por la Legislatura de la Provincia y promulgas por el Poder Ejecutivo manifiestan excesivas dilaciones en el tiempo para su efectiva publicación o bien carecen de la reglamentación que posibilite la plena ejecución de sus postulados.
Esta omisión del cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo pero funcionalmente legislativas, que operativizan la voluntad legislativa expresada por ambas Cámaras a través de la ley y que corresponden al Poder Ejecutivo conforme a la manda constitucional, supone desvirtuar y subvertir el imperativo constitucional en lo que hace al proceso de formación y sanción de las leyes y su sentido teleológico procedimental, cual es llegar a ser de aplicación efectiva y de cumplimiento obligatorio.
Por ello, este proyecto propone imponer un plazo para que el Poder Ejecutivo cumpla con la obligación de publicitación y reglamentaria prevista por la Constitución y de esta manera, posibilitar la entrada en vigencia y aplicación efectiva de las leyes.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.


EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN CON FUERZA
DE LEY:

Obligación de Publicar y Reglamentar

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto fijar el plazo de publicación y reglamentación de las leyes a cargo del Poder Ejecutivo de la Provincia y en uso de las facultades y deberes que les son propios.

Artículo 2º.- Las leyes sancionadas por el Senado y la Honorable Cámara de Diputados y promulgadas por el Poder Ejecutivo conforme al artículo 101 de la Constitución Provincial, deberán ser publicadas en el Boletín Oficial dentro de los ocho (8) días de su promulgación.

Artículo 3º.- Las leyes sancionadas por el Senado y la Honorable Cámara de Diputados y promulgadas por el Poder Ejecutivo conforme al artículo 101 de la Constitución Provincial, deberán ser reglamentadas dentro del plazo de seis (6) meses, contados a partir de su publicación en el boletín oficial, salvo disposición en contrario contenida en la ley sancionada.-

Artículo 4º.- De forma.-

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    Dic1

    Por la adhesión a la Ley de enfermedades poco frecuentes (EPF)

    Escrito el 1 de Diciembre del 2011 | 6:10 pm en noticias, salud, san martin por administrador

    El diputado Luis Petri (UCR) presentó un proyecto de Ley que solicita la adhesión de la Provincia de Mendoza a la Ley Nacional 26.689, que promueve el cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) y el mejoramiento de la calidad de vida de ellas y sus familias. Esta iniciativa busca dar una continuidad superadora a la Ley Nacional de Discapacidad, donde el diputado fue uno de los promotores de la adhesión y generador de una ley Provincial de Discapacidad.

    La adhesión implicará que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deban cubrir por ley a quienes padezcan las denominadas Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) que, según la Ley nacional, son aquellas cuya prevalencia sobre la población sea igual o inferior a 1 en 2000. En Argentina sufren esta enfermedad en total tres millones de personas, según el informe presentado por la Fundación Geiser y el portal de salud Intramed.
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      Dic1

      Adhesión a la Ley Nacional para personas que sufren enfermedades poco frecuentes

      Escrito el 1 de Diciembre del 2011 | 6:08 pm en Desarrollo social, luis petri, proyectos, Proyectos de ley, Salud, san martin por Luis Petri

      FUNDAMENTOS


      La ley 26.689 sancionada el 29 de junio del 2011 tiene por objeto promover el cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) y mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias.


      La Fundación Geiser y el portal de salud Intramed elaboró una completa guía de 60 enfermedades raras que padecen 3 millones de personas en el país. En las que menciona a las siguientes:


      Acondroplasia, Adrenoleucodistrofia, Agammaglobulinemia primaria, Anemia de Cooley, Angioedema Hereditario, Aniridia Ataxia de Friedrich, Ataxia de Marie, Ataxia Telangiectasia, Autismo, Cistitis Intersticial, Corea de Huntington, Déficit de Biotinidasa, Distrofias Musculares, Enfermedad de Fabry, Enfermedad Granulomatosa Crónica, Enfermedad de Hansen, Enfermedad de la orina con olor a Jarabe de Arce, Enfermedad de Raynaud, Epidermólisis Bullosa, Esclerodermia, Esclerosis Múltiple, Fenilcetonuria, Fibrodisplasia Osificante Progresiva, Fibrosis Quística,Galactosemia, Hemofilia, Histiocitosis, Miastenia Gravis, Mielomeningocele, Neurofibromatosis tipo 1, Neurofibromatosis tipo 2, Osteogénesis Imperfecta, Pinta, Porfirias, Síndrome de Angelman, Síndrome de Apert, Síndrome de Asperger, Síndrome Cri du Chat o 5p, Síndrome de Ehlers Danlos, Síndrome de Hiper IgM, Síndrome de Marfan, Síndrome de Moebius, Síndrome de Noonan, Síndrome de Prader Willi, Síndrome de Rett, Síndrome de Tourette, Síndrome de Turner, Síndrome Urémico Hemolítico, Síndrome Velocardiofacial/ DiGeorge/Deleción, Síndrome de Williams, Síndrome de Wiskott Aldrich, Síndrome de Wolf Hirschhorn.


      En el prólogo al informe elaborado la Dra. Virginia Llera manifiesta que “Hablar de “Enfermedades Raras” es hablar de la vida de millones de personas, incluso de amigos, familiares, operadores sanitarios, que conviven y se encuentran profundamente involucrados con las condiciones de la persona querida que padece la enfermedad en su cuerpo.


      El de las “Enfermedades Raras” es un universo muy difícil de expresar en su totalidad, y siempre quedará algo esperando ser puesto en palabras, esperando ser explicado, conocido, comunicado.


      Vivir con una enfermedad poco frecuente supone, en la mayoría de los casos, vivir en la incertidumbre del “no saber”. No saber el diagnóstico, no saber dónde recurrir, no saber cómo hacer para acceder a lo poco o mucho que hay disponible, no saber cómo evolucionará, no saber cómo ayudar al afectado, no saber si hay tratamiento; no saber. En ninguna otra situación en el ámbito de la salud hay tanta incertidumbre, tanta soledad, tanta desorientación y vulnerabilidad como en aquellas donde el acceso a la información es difícil”


      Así es como la ley 26.689 define a las enfermedades poco frecuentes a aquellas cuya prevalencia en la población es igual o inferior a una en dos mil (1 en 2000) personas, en relación a la situación epidemiológica nacional.


      Dicha norma tiene como objetivos promover a través del Ministerio de Salud de la Nación: el acceso al cuidado de la salud de las personas con EPF; la creación de un organismo especializado en EPF, de carácter multidisciplinario, que coordine la implementación de las políticas, estrategias y acciones para el cuidado integral de las personas con EPF y sus familias; la participación de las asociaciones de personas con EPF y sus familiares en la formulación de políticas, estrategias y acciones relacionadas con dicha problemática; Elaborar un listado de EPF; La realización periódica de estudios epidemiológicos que den cuenta de la prevalencia de EPF a nivel regional y nacional; Incluir el seguimiento de las EPF en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica; la creación de un Registro Nacional de Personas con EPF en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, con el resguardo de protección de confidencialidad de datos personales; Promover el desarrollo de centros y servicios de referencia regionales especializados en la atención de las personas con EPF; la articulación de los centros y servicios de referencia en atención a personas con EPF, con establecimientos de salud de todos los niveles de complejidad, en el marco de la estrategia de la atención primaria de la salud; el desarrollo y fortalecimiento de centros de asesoramiento, atención e investigación en enfermedades de origen genético; La vinculación de las redes de servicios que atiendan a niños, niñas y adolescentes con EPF con los servicios de atención de adultos, l) El fortalecimiento y la coordinación técnica y financieramente la implementación de los programas de pesquisa neonatal y detección de enfermedades congénitas, en el marco de lo establecido por la ley 23.413 y sus modificatorias, y la ley 26.279, en coordinación con las autoridades sanitarias provinciales; Estrategias y acciones de detección de EPF, en las consultas de seguimiento y de atención por otras problemáticas de salud más frecuentes; Contribuir a la capacitación continua de profesionales de la salud y otros agentes sociales, en todo lo referente al cuidado integral de la salud y mejoría de calidad de vida de las personas con EPF; la investigación socio sanitaria y el desarrollo de tecnologías apropiadas para la problemática de personas con EPF; La articulación con el Ministerio de Educación de la Nación y las respectivas autoridades jurisdiccionales para favorecer la inclusión de personas con EPF; La accesibilidad de personas con EPF a actividades deportivas y culturales; La articulación con programas y acciones para la atención de personas con discapacidad, cuando correspondiere; El desarrollo y la producción de medicamentos y productos médicos destinados a la detección precoz, diagnóstico, tratamiento y recuperación de las personas con EPF; La difusión de información, a usuarios, familiares, profesionales y técnicos de la salud, a través del desarrollo de una Red Pública de Información en EPF de acceso gratuito y conectada con otras redes de información nacionales e internacionales; El conocimiento de la problemática de EPF, concientizando a la población en general sobre la importancia de la inclusión social de las personas con EPF y sus familias; La participación de las asociaciones nacionales de EPF en redes internacionales de personas afectadas por EPF y sus familias.

      El artículo 6 de la ley obliga a las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, las entidades de medicina prepaga, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, a brindar cobertura asistencial a las personas con EPF.


      Al establecer que se encuentran obligados a brindar cobertura asistencial a las personas con EPF …todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, significa que dicha obligación comprende a la Obra Social de Empleados Públicos de la Provincia.


      La ley prevé que el Ministerio de Salud de la Nación celebre acuerdos con las autoridades provinciales, para proveer atención integral de la salud a las personas con EPF, que no estén comprendidas en su artículo 6º, Disponiendo que los gastos que demande su cumplimiento serán atendidos con las partidas que se destinen en el Presupuesto Nacional para el Ministerio de Salud de la Nación


      Por último en su artículo 8 la ley invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a sus disposiciones.


      El SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS


      DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,


      SANCIONAN CON FUERZA DE


      LEY:


      Artículo 1º.- Adhiérase la Provincia de Mendoza a la ley nacional 26.689, que promueve el cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) y mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias.

      Artículo 2°.- La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) deberá brindar cobertura asistencial a las personas con EPF, incluyendo como mínimo las prestaciones que determine la autoridad de aplicación.


      Artículo 3º- Será autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la Provincia.


      Artículo 4°.- Autorizase al Ministerio de Salud de la Provincia a celebrar acuerdos con el Ministerio de Salud de la Nación para proveer atención integral de la salud a las personas con EPF, de conformidad a lo establecido por el artículo 7 de la ley 26689.


      Artículo 5°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a efectuar reasignaciones de partidas a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en la presente ley. Los gastos que demande su cumplimiento serán atendidos con las partidas establecidas por el artículo 5 de la ley 26.689 y las que al efecto destine en forma anual el Presupuesto General de la Provincia para el Ministerio de Salud.


      Articulo 6º: – De forma.

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        Jun28

        Proyecto de Ley de discapacidad para modificar y mejorar la ley vigente

        Escrito el 28 de Junio del 2011 | 1:29 pm en luis petri, mendoza, noticias, salud, san martin por Luis Petri

        En Mendoza, la ley 5.041 establece un régimen de protección de las personas discapacitadas que tiene por finalidad asegurar la organización del sistema de protección, la atención médica, educación, seguridad social y aprovechamiento del tiempo libre; y la igualdad de oportunidades para su desempeño eficaz en la sociedad. Actualmente esto resulta poco preciso y las personas con discapacidad, se ven atrapadas en expedientes que nunca se resuelven, en búsqueda de certificados, becas y demás recursos que necesitan por su condición.

        Para evitar esto se implementó la ley Nacional 24.901, a la cual Mendoza nunca adhirió. Por ese motivo, el diputado provincial, Luis Petri (UCR), presentó un proyecto de Ley por el cual se propone crear un Régimen Integral para la inclusión de las Personas con Discapacidad, de conformidad a la Ley Nacional Nº 22.431 y en reemplazo de la vieja ley provincial 5.041, a fin de posibilitar la plena integración en la sociedad de las personas con discapacidad.

        El proyecto fue realizado en colaboración con diferentes asociaciones en defensa de las personas con capacidades diferentes.

        Algunas de las medidas más importantes que establece es que las personas con discapacidad que no tengan cobertura de obras sociales, obtengan el derecho a todas las prestaciones básicas a través de los organismos dependientes del Estado Provincial. Para el caso de OSEP, se establece la obligatoriedad de la cobertura integral de las prestaciones de prevención, estimulación temprana, asistencia, rehabilitación y terapias educativas, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a la misma.

        Se propone la creación de una Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, que se encargaría de desarrollar y supervisar todas las funciones que propicien y faciliten la prevención, atención, protección integral e inclusión en todos los niveles de la vida económica, política, cultural y social de las personas con discapacidad.

        También se propone la creación del Registro Único para la Asistencia Integral a Personas con Discapacidad. En el mismo funcionarían el Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad; el Registro de establecimientos pertenecientes al Estado Provincial sujetos a concesión, el Registro de Prestadores de Salud; y la Defensoría del Discapacitado, que tendrá la misión de proteger y afianzar los derechos e intereses de las personas discapacitadas y de sus organizaciones.

        “En cuanto a la inserción laboral, teniendo en cuenta la altísima tasa de desocupación que existe entre las personas con discapacidad, se obliga al Estado a ocupar en una proporción no inferior al 5% anual del ingreso, a personas con discapacidad con aptitud para el trabajo. En caso de la actividad privada, se disponen beneficios impositivos a favor de los empleadores que integren en su plantilla de personal a personas con discapacidad. Finalmente en estos casos, las aseguradoras de riesgo de trabajo deberán garantizar la cobertura de las personas discapacitadas contratadas”, afirmó Petri.

        En materia de educación, se dispone la integración de las personas al sistema regular de educación, a través de la provisión de los servicios y recursos especializados. Respecto de las bibliotecas de acceso público, se establece que las mismas cuenten con material y facilidades destinadas a no videntes, sordos e hipoacúsicos

        En cuanto a la cultura, el Estado deberá procurar el desarrollo de las capacidades artísticas como también facilitar que las personas con discapacidad puedan acceder y disfrutar de los servicios y la oferta cultural existente.

        Otro de las ítems que se proponen es el incremento del cupo de viviendas a favor de personas con discapacidad que el Instituto Provincial de la Vivienda debe reservar, llevándolo al 10% de cada uno de los planes habitacionales implementados por la provincia.

        Finalmente, se propone que en el área de transporte, las empresas de transporte público provincial, deberán transportar gratuitamente a las personas discapacitadas, como así también un acompañante en caso de ser necesario.

        <<:Ver Proyecto:>>

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          Jun28

          Ley de Discapacidad

          Escrito el 28 de Junio del 2011 | 11:02 am en Desarrollo social, luis petri, proyectos, Salud, san martin por Luis Petri

          FUNDAMENTOS

          La discapacidad es toda limitación o restricción que, originada en una deficiencia temporaria o permanente de una persona, al interactuar con diversas barreras le impiden desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social, en igualdad de condiciones con las demás.

          La Ley Nº 22.431, creó el Sistema de Protección Integral a las Personas discapacitadas, define a las personas con discapacidades como aquellas que padecen “…una alteración funcional, permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”.

          Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, en su Convenio Nº 159, Artículo 1º, “…entiende por “persona inválida” a toda persona cuya posibilidad de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo, queden sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida.
          Además, en su artículo 4º señala que “Las medidas positivas encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias respecto de estos últimos”.

          En la Provincia de Mendoza se dictó la ley 5.041 del 19 de Septiembre de 1985 que estableció un régimen de protección de las personas discapacitadas que tenia por finalidad asegurar: a) la organización del sistema de protección; b) atención médica, educación, seguridad social y aprovechamiento del tiempo libre; c) igualdad de oportunidades para su desempeño eficaz en la sociedad.

          Es necesario incorporar las consideraciones establecidas en la Ley Nacional 24.901, además de obligaciones tanto para la Dirección Provincial de Asistencia Integral del Discpacitado la cual pasa a ser una Subdirección, la Obra Social de Empleados Públicos, el Instituto Provincial de la Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Humano Familia y Comunidad, la Dirección General de Escuelas, la Secretaria de Deportes, la Dirección de Vias y Medios de Transporte y en general todo organismo del Estado Provincial.
          Por el presente proyecto se crea un Régimen Integral para la inclusión de las Personas con Discapacidad, de conformidad a la Ley Nº 22.431 y en reemplazo de la vieja ley provincial 5.041, a fin posibilitar la plena integración en la sociedad de las personas con discapacidad.
          Sabido es que la prevención, integración y rehabilitación de las personas con discapacidad constituyen una obligación indelegable del Estado Provincial y por ello, es necesario garantizar el acceso a los habitantes de la Provincia a las Prestaciones Básicas de Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad, entendiendo por tales prestaciones al conjunto de los recursos y acciones de carácter promocional, preventivo, asistencial, educativo y de rehabilitación, sean estos de carácter público o privado.
          Por ello, en primer término se propicia la adhesión a la ley nacional 24.901 que establece Sistemas de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Por ello, se reconoce a las personas con discapacidad que no tengan cobertura de obras sociales el derecho a todas las prestaciones básicas, a través de los organismos dependientes del Estado Provincial. Para el caso de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), se establece la obligatoriedad de la cobertura integral de las prestaciones de prevención, estimulación temprana, asistencia, rehabilitación y terapias educativas, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a la misma.
          Se adhiere a la ley nacional 26.653 de accesibilidad web a personas con Discapacidad para facilitar el acceso a los contenidos de las páginas web pertenecientes al Estado, de todas las personas con discapacidad, con el objeto de garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato.

          Se crea la Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano Familia y Comunidad, en reemplazo de la actual Dirección y se prevé la instalación de Subsedes en los Departamentos y/o regiones de la provincia posibilitando la ampliación de la cobertura territorial.

          La Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad acapara las funciones de diseño, planificación, aprobación, coordinación, ejecución y supervisión de las políticas públicas que propicien y faciliten la prevención, atención, protección integral e inclusión en la vida económica, política, cultural y social de las personas con discapacidad, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión y promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para ello.

          Se crea el Registro Único para la Asistencia Integral a Personas con Discapacidad en reemplazo del Registro Único del Discapacitado en donde deberán asentarse todos los datos e informaciones que hagan al estado de la persona con discapacidad.
          Dentro del Registro Único para la Asistencia Integral a Personas con Discapacidad funcionarán: a) el Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad; b) El Registro de establecimientos pertenecientes al Estado Provincial sujetos a concesión; c)El Registro de Prestadores de Salud.

          Se crea la Defensoría del Discapacitado que funcionará como un órgano unipersonal, gozando de autarquía financiera y plena autonomía funcional y política y tendrá la misión de proteger y afianzar los derechos e intereses de las personas discapacitadas y de sus organizaciones, sean estos individuales, colectivos o difusos. La duración del mandato del Defensor del Discapacitado se establece de cinco años.

          En cuanto a la inserción laboral y teniendo particularmente en cuenta la altísima tasa de desocupación de las personas con discapacidad, entre las múltiples normas y nuevos derechos que se consagran, se destaca la obligación por parte del Estado de ocupar personas con discapacidad con aptitud para el trabajo, en una proporción no inferior al 5 % anual del ingreso de personal. A fin de efectivizar dicho porcentaje las vacantes que se produzcan deberán prioritariamente ser cubiertas por las personas discapacitadas.
          Asimismo se establece la preferencia a favor de las personas con discapacidad para la explotación de comercios, servicios y cualquier otra actividad, en espacios pertenecientes al estado provincial.

          En los supuestos de trabajo privado se disponen beneficios a favor de los empleadores que dispongan en su plantilla de personal de un determinado porcentaje de personas con discapacidad tales como: la prioridad en las licitaciones o la prioridad en el otorgamiento de créditos, subvenciones y subsidios estatales, como también una deducción especial del cincuenta por ciento (50%) sobre el monto en concepto de impuesto a los ingresos brutos, de los haberes mensuales que reciban esos empleados.

          En otro el mismo orden se impone al Fondo para la Transformación y Crecimiento de la obligación de habilitar una línea de créditos para financiar la instalación, aprovisionamiento y/o mejoramiento de las concesiones otorgadas a las personas con discapacidad.

          En materia de educación, en virtud del principio de inclusión educativa, se dispone su desarrollo preferente en el sistema regular de educación, facilitando la integración, proveyendo servicios y recursos especializados a las personas con discapacidad que requieran necesidades educativas específicas, consagrándose a tal efecto una serie de obligaciones por parte de la Dirección General de Escuelas tendientes a efectivizar los derechos reconocidos en materia de educación.

          En cuanto a la cultura, esta deberá procurar el desarrollo de las capacidades artísticas de las personas con discapacidad desarrollando acciones tendientes a fortalecer y apoyar las actividades artísticas relacionadas con las personas con discapacidad, prever las facilidades necesarias para que las personas con discapacidad pueden acceder y disfrutar de los servicios y la oferta cultural y gestionar el uso de tecnologías en la cinematografía y el teatro que faciliten la adecuada comprensión de sus contenidos a las personas con discapacidad;

          Respecto de las bibliotecas de acceso público, se establece que las mismas deberán contar con material y facilidades destinadas a no videntes, sordos e hipoacúsicos y se crea una biblioteca parlante para uso exclusivo de personas con discapacidad visual, total o parcial.

          Se dispone la traducción al sistema Braille de la Constitución Nacional, Constitución Provincial, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y en general, todo Tratado internacional, Ley Nacional o Provincial de defensa y/o protección de personas discapacitadas, las que serán distribuidas a los interesados y a las bibliotecas escolares y públicas de la Provincia.
          En este sentido la Dirección General de Rentas de la Provincia deberá proporcionar boletas de impuestos provinciales en sistema braille para personas no videntes y/o discapacitados visuales que lo soliciten.

          En lo que hace al deporte los discapacitados tendrán acceso gratuito a espectáculos públicos de carácter cultural, recreativo o deportivo organizados por organismos del estado. Cuando se realicen espectáculos privados acceso al público en general de carácter recreativo, deportivo, cultural o de cualquier otra índole, en cualquier establecimiento perteneciente al estado provincial con acceso al público en general, deberá preverse un cupo de entradas gratuitas otorgadas a favor de personas con discapacidad.

          En el área de transporte, las empresas de transporte público provincial, deberán transportar gratuitamente a las personas discapacitadas, como así también un acompañante en caso de ser necesario.

          Se incrementa el cupo de viviendas a favor de personas con discapacidad que el Instituto Provincial de la Vivienda debe reservar, llevándolo al 10% de cada uno de los planes habitacionales implementados por la provincia.

          En cuanto a la arquitectura diferenciada, se dispone que todo establecimiento con acceso al público, deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas o de emergencias luminosos y sonoros aptos para su reconocimiento por personas con discapacidad auditiva y visual, como así también con señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;

          Las áreas de recreación en parques y/o plazas deberán contemplar la posibilidad de acceso y desplazamiento de personas con discapacidad, evitando la existencia de barreras físicas o arquitectónicas.

          Se crea la Identificación y el Reconocimiento “Espacio Inclusivo“, con la finalidad de incentivar y promover en los establecimientos privados la accesibilidad integral de personas con discapacidad.

          En otro orden de ideas, se establece que las aseguradoras de riesgo de trabajo que operen en jurisdicción de la provincia de Mendoza, deberán garantizar la cobertura de las personas con discapacidad que tengan aptitud para trabajar conforme a su certificado de discapacidad.

          Por último se invita a los municipios a adherir a la presente ley.

          Para la elaboración del presente proyecto se tomaron en consideración tratados internacionales, leyes nacionales y diversas leyes provinciales, tales como las dictadas por las provincias de San Juan o Santa Cruz y se consultaron y recibieron sugerencias de distintas organizaciones que luchan por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, quienes con sus aportes enriquecieron la presente iniciativa, a quienes debo agradecer su infinita colaboración.

          Por todo lo expuesto, es que solicito a esta H. Cámara, la aprobación del presente proyecto de ley.

          EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS
          DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
          SANCIONAN CON
          FUERZA DE LEY:

          CAPITULO I
          OBJETO

          Artículo 1°.- Establécese en la Provincia del Mendoza un “Régimen Integral para la inclusión de las Personas con Discapacidad”, de conformidad a lo previsto por el Artículo 27 de la Ley Nº 22.431, que permitan su plena integración en la sociedad y aseguren el ejercicio de los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes les reconocen en condiciones igualitarias a todas las personas.
          La prevención, integración y rehabilitación de las personas con discapacidad constituyen una obligación del Estado Provincial, como asimismo un derecho de las mismas, un deber de su familia y de la sociedad en su conjunto.
          El Estado Provincial garantizará el acceso a los habitantes de la Provincia no comprendidos en los alcances de la Ley Nacional 24.901, a las Prestaciones Básicas de Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad, entendiendo por tales prestaciones al conjunto de los recursos y acciones de carácter promocional, preventivo, asistencial, educativo y de rehabilitación, sean estos de carácter público o privado.

          Artículo 2°.- Deberá preverse obligatoriamente la participación e intervención de las personas con discapacidad, en todas los asuntos inherentes a la temática de la discapacidad contemplados en la presente ley, en forma individual o agrupadas en organizaciones de la sociedad civil.

          Artículo 3°.- Adhiérase a la ley nacional 24.901 que establece Sistemas de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

          Artículo 4°.- Adhiérase a la ley nacional 26.653 de accesibilidad web a personas con Discapacidad. El Estado Provincial, deberá respetar en los diseños de sus páginas Web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la información, que faciliten el acceso a sus contenidos a todas las personas con discapacidad, con el objeto de garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato, evitando así todo tipo de discriminación.

          Artículo 5°.- A los efectos de la presente Ley defínase a la discapacidad como toda limitación o restricción que, originada en una deficiencia temporaria o permanente de una persona, al interactuar con diversas barreras le impiden desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social, en igualdad de condiciones con las demás.
          Asimismo, a los fines de esta ley se considera persona con discapacidad a toda aquella que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables su integración familiar, social, educacional o laboral.
          Se entenderá por “Estado Provincial” a los entes que conforman el Sector Público Provincial: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado; Administración Central, Entidades Descentralizadas y Autárquicas; Instituto Provincial de Juegos y Casinos; Empresas del Estado Provincial, Sociedades del Estado Provincial, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas entidades societarias o empresarias donde el Estado Provincial tenga participación mayoritaria en el capital o en la toma de decisiones; quedarán comprendidas asimismo, las Empresas Privadas concesionarias de Servicios Públicos.

          CAPÍTULO II
          DE LA SUBSECRETARÍA PROVINCIAL DE ASISTENCIA INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

          Artículo 6°.- Crease la Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano Familia y Comunidad, con asiento en la Ciudad de Mendoza, asimismo deberá preverse la instalación de Subsedes en los Departamentos y/o regiones de la provincia posibilitando la ampliación de la cobertura territorial.

          Artículo 7°.- La Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad tendrá en general las funciones de diseño, planificación, aprobación, coordinación, ejecución y supervisión de las políticas públicas que propicien y faciliten la prevención, atención, protección integral e inclusión en la vida económica, política, cultural y social de las personas con discapacidad, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión y promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para ello.
          En particular tendrá las siguientes funciones:
          1) Realizar tareas de prevención, diagnóstico y tratamiento, así como disponer los medios para la rehabilitación integral de todas aquellas personas comprendidas en el art. 5 de la presente ley;
          2) Implementar los planes adecuados para lograr su formación laboral y/ o profesional;
          3) Instrumentar sistemas de préstamos, subsidios, subvenciones y becas, destinados a facilitar la actividad laboral, intelectual y el desenvolvimiento social, como así mismo el tratamiento al que se hace referencia en el inciso 1);
          4) Establecer en todo el territorio provincial, una red de atención integral a personas con discapacidad, que garantice su fácil acceso, el asesoramiento y la información sobre sus derechos.
          5) Promover la educación en establecimientos comunes con los apoyos necesarios o en establecimientos especiales cuando en razón del grado de discapacidad no pueda cursar en escuelas comunes;
          6) Controlar el efectivo cumplimiento de la legislación vigente sobre las personas con discapacidad, debiendo actuar de oficio para lograr el pleno cumplimiento de las medidas establecidas en la presente ley;
          7) Elaborar un plan provincial para rehabilitación del discapacitado, debiendo ser incluido en los planes de desarrollo socio-económico de la provincia;
          8) Prestar asistencia con programas especiales en el marco del deporte comunitario, como los que hacen al uso del tiempo libre y la recreación;
          9) Centralizar todas las funciones inherentes a la atención de la discapacidad, que estuvieren desempeñando las jurisdicciones del Poder Ejecutivo Provincial, debiendo reunir y sistematizar toda la información sobre discapacidad.
          10) Desarrollar planes especiales en la materia y dirigir la investigación en el área de la discapacidad;
          11) Apoyar, estimular, subsidiar, coordinar, supervisar y asistir técnicamente la actividad de las entidades privadas sin fines de lucro que orienten sus acciones en favor de las personas discapacitadas en las distintas áreas de educación, salud, laboral, social, etcétera; asimismo deberá colaborar y coordinar planes estatales en la materia, prestando asistencia técnica, asesoramiento y diligenciar eventualmente apoyo financiero a ONG y coordinar con estas, medidas adicionales a las establecidas en esta ley y que tiendan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad;
          12) Asistir, promover y colaborar con dichas instituciones en la generación de campaña y/o concursos con fines solidarios destinados a mejorar la situación de las personas discapacitadas y a prevenir las discapacidades y sus consecuencias;
          13) Impulsar la creación de una oficina de empleo para discapacitados;
          14) Promover la creación de un banco de prótesis e instrumentos;
          15) Prestar asistencia técnica a las municipalidades;
          16) Otorgar el certificado de discapacidad, el cual contendrá la especificación de su naturaleza y su grado, como así las posibilidades de rehabilitación del afectado y la indicación de tipo de actividad laboral que pueda desempeñar teniendo en cuenta el dictamen de la Junta Calificadora. Deberá expedir un carnet que identifique al discapacitado como tal, teniendo validez ante todas las autoridades que lo requieran.
          17) Constituir la Junta Calificadora de Personas con Discapacidad y la Junta Calificadora de Prestadores de Servicios de Atención para Personas con Discapacidad
          18) Atender el Registro Único de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, a los efectos de receptar y elaborar la información pertinente que posibilite el cumplimiento respectivo, como así también el control, registro y categorización de los prestadores de salud que califiquen.
          19) Atender el Registro laboral único de Aspirantes con Discapacidad, los efectos de receptar y elaborar la información pertinente que posibilite el cumplimiento respectivo, de los porcentajes establecidos por la presente ley para la incorporación de personas con discapacidad en el ámbito del estado provincial.
          20) Llevar el Registro y listado de establecimientos sujetos a concesión a fin de otorgar prioridad en el otorgamiento a las personas con discapacidad conforme lo establecido por la presente ley.
          21) Estimular y subsidiar la participación de discapacitados en las olimpiadas especiales;
          22) Informar, asesorar y orientar adecuadamente a todas las personas con discapacidad que lo soliciten respecto a servicios, coberturas, educación, asistencia, derechos, etcétera, que les correspondan y que ofrezca el Estado Provincial, en concordancia a las disposiciones legales vigentes. Los hospitales públicos deberán contar con servicios de asesoramiento a personas con discapacidad.
          23) Implementar un sistema de atención al ciudadano con discapacidad, que sirva de consulta, a partir de los datos mínimos de identificación y mediante Internet, garantizando una adecuada seguridad informática, preservando la identidad de las personas registradas en el sistema.
          24) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;
          25) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, a fin de mejorar la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.
          26) Organizar y auspiciar cursos y/o programas orientados a la capacitación del personal asignado para la rehabilitación de personas con discapacidad con el objetivo de incorporar nuevas técnicas de rehabilitación.
          27) Promover convenios con Universidades Nacionales, Provinciales y Centros de Capacitación Estatales y Privados a fin de formar y perfecciona los recursos humanos especializados en la asistencia de personas con discapacidad,.
          28) Promover y coordinar de investigación en la temática de la discapacidad, debiendo desarrollar e implementar instrumentos que permitan identificar patologías discapacitantes a los fines de la prevención de las mismas.
          29) Estimular a través de los medios masivos de comunicación el uso efectivo de los recursos y servicios existentes, así como proponer al desarrollo del sentido de solidaridad social en la materia;
          30) Realizar campañas de información pública, que tiendan a la orientación y/ o promoción en el plano individual, familiar y social;
          31) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública y la promoción de la toma de conciencia comunitaria destinadas a: Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad; Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad; Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral; Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad; Alentar a los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente ley; Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas.
          32) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet.
          33) Elaborar de protocolos de funcionamiento interno ajustándose a los siguientes principios: informalidad; gratuidad; celeridad; imparcialidad; inmediatez; accesibilidad; confidencialidad; publicidad; pronunciamiento obligatorio.
          34) Celebrar convenios que resulten necesarios para el desenvolvimiento de las actividades o consecución de sus fines y objetivos.
          35) Disponer la realización de un censo, cada cinco años, a fin de contar con los datos actualizados para establecer políticas públicas que garanticen el cumplimiento de la presente ley.
          36) Promover ante los Organismos que correspondan la creación de un Servicio Provincial de Intérpretes de Sordos e impulsar la habilitación de un Registro de Intérpretes de Sordos para atender requerimientos oficiales y judiciales.
          37) Propiciar ante las autoridades de los tres Poderes del Estado y entidades privadas, en cuyas dependencias se efectúa atención al público, la capacitación de personal para comunicarse por la Lengua de Señas Argentina.
          38) En general toda medida que resulte útil y pertinente a los fines de la presente ley

          Artículo 8°.- La Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, será conducida por un profesional con idoneidad en la materia, designado por el Poder Ejecutivo. –

          CAPÍTULO III
          DEL CONSEJO PROVINCIAL ASESOR DE DISCAPACIDAD

          Artículo 9°.- El Consejo Provincial Asesor de Discapacidad, tendrá por fin generar un espacio institucional que coordine e impulse acciones relacionadas con la discapacidad, instrumentando la participación de los propios interesados mediante el actuar intersectorial a través de instituciones que los representen en pos de lograr una plena inclusión social y equiparación de oportunidades.
          Estará conformado por representantes del Poder Ejecutivo a través de las áreas de salud, educación, deporte e infraestructura; Poder Legislativo y Judicial; Municipios; y organizaciones sociales constituidas legalmente, sin fines de lucro, cuyo objeto sea el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad, quienes ostentarán la misma representación dentro del Consejo.

          Artículo 10°.- El Consejo deberá reunirse como mínimo una vez por mes conforme al reglamento que dictará el propio Consejo. El Consejo tendrá por funciones: proponer actividades, planes de trabajo, servir de nexo interinstitucional, asesorar y coadyuvar en las acciones que realice la Subdirección, como así también y en particular: a) Asesorar de manera integral respecto en la propuesta de políticas públicas en materia de discapacidad. b) Participar en el análisis, evaluación y elaboración de iniciativas legislativas que sobre este se proyecten. c) Promover acciones que tiendan a difundir y dar a conocer las temáticas de la discapacidad. d) Fiscalizar y controlar el funcionamiento de la Subsecretaría de Atención Integral a Personas con Discapacidad.
          La conformación del Consejo tendrá duración de dos (2) años, pudiendo sus miembros poder ser reelegidos por un nuevo periodo.

          CAPÍTULO IV
          DEL REGISTRO ÚNICO PARA LA ASISTENCIA INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

          Artículo 11°.- Crease el Registro Único para la Asistencia Integral a Personas con Discapacidad en reemplazo del Registro Único del Discapacitado, que dependerá de la Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, quien reglamentará su funcionamiento.
          Todos los datos e informaciones que hagan al estado de la persona con discapacidad, deberán ser consignados dicho Registro. Tendrá a su cargo la inscripción de las personas que accedieron al Certificado de Discapacidad. En el Registro se elaborará un legajo personal con la documentación pertinente, debiendo receptar y elaborar la información que posibilite el cumplimiento de lo establecido de la presente ley.
          Este Registro podrá recabar los datos que estime necesarios de los organismos públicos y privados, quienes quedan obligados a proporcionarlos. Asimismo, el registro bríndara la información a las instituciones asistenciales, educacionales o de investigación que lo requieran con el propósito de apoyar los fines de la ley.
          Dentro del Registro Único para la Asistencia Integral a Personas con Discapacidad funcionarán: a) el Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad; b) El Registro de establecimientos pertenecientes al Estado Provincial sujetos a concesión; c)El Registro de Prestadores de Salud.

          Artículo 12°.- La inscripción es de carácter gratuito y contendrá la siguiente información, a saber:
          a) Datos indentificatorios de las personas con discapacidad y sus familiares.
          b) Los organismos públicos y privados que brinden atención, servicios y programas en beneficio de las personas con discapacidad, debiendo acompañar los instrumentos que acrediten su existencia legal.
          c) Las instituciones voluntarias sin fines de lucro que trabajen con o para las personas con discapacidad.
          d) Los particulares y/o empresas privadas que, voluntariamente accedan a brindar trabajo a las personas con discapacidad, en la modalidad, condiciones, exigencias y beneficios previstos en la presente ley y en la legislación laboral vigente.
          e) Registro de Prestadores de Salud que califiquen para atender los requerimientos de personas con discapacidad, la categorización de estos servicios y la acreditación de los mismos.

          SECCIÓN I
          DEL REGISTRO LABORAL ÚNICO DE ASPIRANTES CON DISCAPACIDAD.

          Artículo 13°.- La Subsecretaría, en el ámbito del Registro Único para la Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, elaborará un Registro de personas de personas discapacitadas que aspiren a obtener un empleo en las jurisdicciones del estado Provincial en los términos del artículo 66, con el objeto de facilitar su acceso al empleo.

          Artículo 14°.- El Registro Laboral de Aspirantes con Discapacidad contendrá, como mínimo, la siguiente información:

          a. Datos personales;

          b. Constancia del certificado de discapacidad emitido por autoridad competente;

          c. Estudios;

          d. Antecedentes laborales.

          La información del Registro de Aspirantes estará a disposición de todas las jurisdicciones y entidades del Estado Provincial.

          Artículo 15°.- Las personas discapacitadas que aspiren a obtener un empleo en las jurisdicciones y entidades del Estado Provincial podrán inscribirse en el Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad, en las formas y condiciones que la reglamentación establezca.

          Artículo 16°.- Las áreas con competencia en recursos humanos de cada una de las jurisdicciones y entidades del Estado Provincial deberán elaborar, en el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la publicación de la presente Ley, el listado de trabajadores con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cupo del cinco por ciento (5 %), establecido por la presente ley.
          El listado de trabajadores con discapacidad en cada una reparticiones del Estado Provincial deberá ser actualizado anualmente y contendrá, como mínimo, la siguiente información:
          a. Datos personales;
          b. Constancia del certificado de discapacidad emitido por autoridad competente;
          c. Dependencia en la que presta servicios.
          d.Cantidad total de trabajadores en relación dependencia y contratados en dicha repartición.
          Cada una de las jurisdicciones y entidades del Estado Provincial deberá mantener actualizado, en su página de Internet, la cantidad de personal con discapacidad que preste servicios en su dependencia y el porcentaje de cumplimiento del cupo del cinco por ciento (5%).

          Artículo 17°.- La Subsecretaría de Atención Integral a las Personas con Discapacidad conjuntamente con la Subsecretaría de Trabajo, deberán llevar un Registro de establecimientos pertenecientes al Estado Provincial, atendiendo lo previsto en la Ley Nacional Nº 24.308, a fin de hacer efectiva la preferencia para conceder u otorgar el uso de bienes de dominio público, para la explotación de comercios, servicios y cualquier otra actividad a las personas con discapacidad que puedan desempeñar tales actividades.

          CAPITULO V
          DE LA JUNTA CALIFICADORA Y LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD

          Artículo 18°.- La certificación de la existencia de la discapacidad, su naturaleza, grado y de las posibilidades de rehabilitación, así como la indicación del tipo de actividad profesional o laboral que puede desempeñar, serán efectuadas por una Junta Calificadora dependiente de la Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad.
          El certificado que se expida acreditará la discapacidad en todos los supuestos en que sea necesario demostrarla. La autoridad de aplicación emitirá un carnet que garantice la autenticidad, en donde se consigne la existencia de la discapacidad certificada.

          Artículo 19°.- La Junta Calificadora estará integrada por el Subsecretario de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, quien la presidirá. Será integrada por un profesional médico, psicólogo, asistente social y cualquier otro profesional que el organismo de aplicación considere necesario conforme a cada supuesto.

          Artículo 20°.- La Junta Calificadora emitirá el informe que fundamentará técnica y profesionalmente la certificación de la discapacidad, previa realización de estudios y exámenes pertinentes, con evaluación de las limitaciones y capacidades del solicitante. La Junta podrá requerir la colaboración de organismos públicos, privados y/o personas de idoneidad y conocimientos reconocidos en la materia, en atención al mejor diagnóstico.
          El dictamen que produzca deberá contener el diagnóstico etiológico, anatómico, funcional y psicológico, su grado si lo hubiere, la deficiencia que la provoca, pronóstico y perspectivas de rehabilitación, aptitudes y habilidades que la persona con discapacidad conserva, los aspectos de la personalidad del sujeto diagnosticado, entorno familiar, tratamientos aconsejables a realizar, rehabilitación que debe recibir y su frecuencia, periodicidad con que debe ser re-evaluado, a los fines de mantener actualizado el informe respectivo.
          Se indicará además, teniendo en cuenta la personalidad, potencialidad y antecedentes de la persona, qué tipo de actividad laboral, profesional e intelectual le es posible desarrollar de acuerdo a las posibilidades que presenta el interesado atendiendo a sus potencialidades futuras, si debe desplazarse acompañado en el supuesto del artículo 104, como así también todo otro informe que pudiere agregarse y fuese de utilidad en la rehabilitación y/o tratamiento del solicitante.
          Asimismo, deberá contener de acuerdo a su evaluación socio-económica, un informe sobre sus posibilidades para solventar el programa de rehabilitación, a los fines de la sustentación del mismo por parte del Estado, si careciere de cobertura médico-asistencial y recursos propios para su realización.

          Artículo 21°.- La Junta Calificadora emitirá su dictamen en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos desde la recepción del trámite, salvo que por la complejidad y demora de estudios previos a que deba someterse el solicitante, deba extenderse el plazo a otro período que no podrá superar los quince (15) días corridos a contarse del vencimiento del plazo inicial establecido.
          Con posterioridad de la emisión del dictamen, la Junta Calificadora elevará el mismo en el plazo de dos (2) días hábiles a la Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, debiendo además confeccionar el legajo de los antecedentes y estudios proporcionados y/o realizados, su clasificación al igual que los dictámenes producidos, a fin de ser incorporados al Registro respectivo.

          Artículo 22°.- Recepcionado el dictamen, la Subsecretaria de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, emitirá el Certificado o hará conocer fehacientemente su denegatoria fundada al solicitante, en concordancia a lo dictaminado por la Junta Calificadora, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles.

          Artículo 23°.- El certificado emitido, denominado Certificado de Discapacidad, tendrá validez para acceder a todos los derechos y medidas de protección médica, educativa, laboral y de integración social, previstas por esta ley y la legislación vigente complementaria.-

          Artículo 24° La Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad deberá contar con una Junta Calificadora de Prestadores de Salud para personas con discapacidad. Dicha Junta estará constituida por un profesional médico, psicólogo, asistente social, arquitecto, especialista en medicina no convencional y cualquier otro profesional que se considere pertinente.
          Los organismos prestadores de salud en rehabilitación para personas con discapacidad, deberán tramitar obligatoriamente a través de la Junta Calificadora de Prestadores de Salud, su inscripción en el Registro, acompañando la documentación que acredite su existencia legal.

          CAPITULO VI
          DE LA DEFENSORIA DEL DISCAPACITADO

          Artículo 25°.- Créase la Defensoría del Discapacitado en el ámbito de la Provincia, que funcionará como un órgano unipersonal, gozando de autarquía financiera y plena autonomía funcional y política.
          La Defensoría del Discapacitado tiene la misión de proteger y afianzar los derechos e intereses de las personas discapacitadas y de sus organizaciones, sean estos individuales, colectivos o difusos, tutelados en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, esta ley y las leyes que rigen en la materia; frente a los actos, hechos y omisiones que impliquen el ejercicio ilegitimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de las funciones del Estado Provincial y de las empresas prestatarias de servicios públicos con actuación en el territorio de la Provincia, en perjuicio de las personas con discapacidad.
          Su titular es el Defensor del Discapacitado quien no está sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad.

          Artículo 26°.- La duración del mandato del Defensor del Discapacitado será de cinco (5) años, pudiendo ser reelegido solo por un nuevo período.

          Artículo 27°.- El Defensor del Discapacitado percibirá una remuneración equivalente a la percibida por un Juez Civil de Primera Instancia.

          Artículo 28°.- El Defensor del Discapacitado cesará en sus funciones por alguna de las siguientes causas:
          a) Por muerte.
          b) Por renuncia.
          c) Por vencimiento del plazo de su mandato.
          d) Por incapacidad sobreviniente.
          e) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso.
          f) Por delito en el ejercicio de su función.
          g) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo.
          d) Por haber incurrido en alguna de las situaciones de incompatibilidad previstas en la presente ley.

          Artículo 29°-. El Defensor del Discapacitado designará, por concurso público y abierto de antecedentes, al personal de la Defensoría del Discapacitado, el que gozará de condiciones de estabilidad idénticas a las que rigen para el personal del Poder Judicial de la Provincia.

          Artículo 30°. El Defensor del Discapacitado deberá dictar un reglamento interno de procedimiento que regulará su actuación, respetando los siguientes principios: informalidad, gratuidad, impulso de oficio, sumariedad, celeridad, confidencialidad, accesibilidad, inmediatez, y pronunciamiento obligatorio.

          Artículo 31°. Son funciones específicas de la Defensoría del Discapacitado:
          a) Asegurar el respeto y la plena vigencia de los derechos individuales, colectivos y/o difusos de las personas discapacitadas y de sus organizaciones específicas.
          b) Ejercer la conducción y representación legal del Organismo, redactar su reglamento interno, que establecerá la estructura funcional y administrativa y la cantidad y perfiles de los empleados que sean necesarios, dentro de los límites presupuestarios.
          c) Supervisar el cumplimiento por parte del Estado Provincial, de sus agentes y de las empresas concesionarias, de las leyes y disposiciones que establecen derechos y beneficios a favor de las personas discapacitadas.
          d) Receptar todo tipo de denuncias e iniciar y proseguir, de oficio o a petición del interesado, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones del Estado Provincial, sus agentes y de las empresas concesionarias de servicios públicos que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones y/o prestaciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos de las personas discapacitadas. Para ello, la Defensoría del Discapacitado tiene legitimación procesal.
          e) Asesorar y colaborar con las personas discapacitadas en sus reclamos ante los hechos u omisiones citados en el inciso anterior.
          f) Prever y proponer los mecanismos que permitan eliminar o disminuir aquellos comportamientos que denoten una falla sistemática y general del Estado Provincial y que lesionen los derechos e intereses de las personas discapacitadas.
          g) Organizar mecanismos de descentralización territorial para la recepción de quejas o reclamos, constituyéndose a tal fin en distintos Departamentos o regiones de la Provincia.
          h) Celebrar convenios con entidades internacionales, nacionales, provinciales o municipales, públicas, privadas o mixtas, con el objeto de procurar el cumplimiento de la presente Ley.
          i) Adquirir y administrar bienes de cualquier tipo y celebrar cualquier tipo de contrato necesario para el cumplimiento de sus funciones.
          j) Reglamentar el procedimiento para solicitar a las autoridades que correspondan, la aplicación de sanciones a funcionarios o agentes de cualquier nivel, tanto de organismos gubernamentales como no gubernamentales, donde se vulneren los derechos de las personas con discapacidad.
          k) Preparar y proponer al Poder Ejecutivo el presupuesto anual de gastos.
          l) Confeccionar anualmente la memoria y balance.
          m) Realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones y los objetivos de la presente Ley.

          Artículo 32°.- La Defensoría del Discapacitado puede iniciar y/o proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los hechos, actos y omisiones a que hace mención el artículo 25 de la presente ley, debiendo poner en conocimiento a la autoridad administrativa y judicial competente.

          Artículo 33°.- La Defensoría del Discapacitado dará cuenta anualmente a la Legislatura de la labor realizada en un informe que presentará antes del 31 de marzo de cada año. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, puede presentar informes especiales. Los informes anuales serán publicados en el Boletín Oficial y en el Diario de Sesiones del Cuerpo, debiendo remitirse copia de los informes mencionados al Poder Ejecutivo y Judicial de la Provincia para su conocimiento.

          Artículo 34°.- El informe anual debe contener el número y tipo de quejas presentadas, de aquéllas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, de las que fueron objeto de investigación, de las medidas adoptadas para su resolución y del resultado de las mismas. En el informe no deben constar datos personales que permitan la pública identificación de los presentantes de las quejas.
          El informe debe contener un anexo que incluya la rendición de cuentas del presupuesto ejecutado en el periodo que corresponda.

          Artículo 35°.- El Defensor del Discapacitado en la Provincia de Mendoza será designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la H. Cámara de Senadores de la Provincia.
          Será elegido de una terna vinculante propuesta por el Consejo Provincial Asesor de Discapacidad, mediante concurso público de antecedentes y oposición.
          El mecanismos de selección se regularán por la respectiva reglamentación, garantizando la idoneidad en la materia de los postulantes.

          Artículo 36°. Para ser postulado como Defensor del Discapacitado en la Provincia de Mendoza, los candidatos deberán reunir los siguientes requisitos:
          a) Ser argentino nativo o por opción.
          b) Haber residido en la Provincia de Mendoza durante cinco años.
          c) Tener veinticinco años de edad como mínimo.
          d) Poseer aptitud y conocimiento en la temática de personas con discapacidad

          Artículo 37°. El cargo de Defensor del Discapacitado en Mendoza tendrá dedicación exclusiva y su ejercicio será incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional, a excepción de la docencia universitaria. Le estará prohibida, asimismo, la actividad política partidaria.
          Dentro de los treinta (30) días hábiles de su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo, deberá cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo, presumiéndose, en caso contrario, que no acepta el nombramiento.

          Artículo 38°.- El Defensor del Discapacitado en Mendoza cesará en sus funciones por muerte, caducidad de su mandato, renuncia aceptada, incapacidad sobreviniente, sentencia firme que lo condene por delito doloso y por haber incurrido en alguna situación de incompatibilidad prevista en la presente Ley.

          Artículo 39°.- En los supuestos de muerte y caducidad de su mandato el cese será automático. En caso de renuncia se dispondrá por decreto del Poder Ejecutivo. En los restantes supuestos se procederá de acuerdo a lo establecido por el art. 128, inc. 22 de la Constitución Provincial.

          CAPÍTULO VII
          DE SERVICIOS DE ASISTENCIA, PREVENCION Y REHABILITACION

          Artículo 40°.- A los efectos de la presente ley, la prevención comprende tanto las medidas tendientes a evitar las causas de las deficiencias que pueden ocasionar discapacidad, como las destinadas a evitar su progresión o derivación en otras discapacidades.
          Para ello, el Estado Provincial tomará las medidas preventivas necesarias, conforme lo establece el Artículo 14 de la Ley Nº 24.901, y la legislación provincial vigente. A tal efecto, deberá implementar, coordinar políticas y programas, con la finalidad de disminuir y en lo posible eliminar aquellas circunstancias que pudieran ocasionar cualquier tipo de discapacidad congénita o sobreviviente.
          Las medidas preventivas que se adopten, no podrán afectar de manera alguna el derecho a la vida, salud e integridad física de la persona por nacer, consagrado constitucionalmente.

          Artículo 41°.- La madre y el niño tendrán garantizados desde el momento de la concepción, los controles, atención y prevención adecuados para su óptimo desarrollo físico-psíquico y social. En caso de existir además, factores de riesgo, se deberán extremar los esfuerzos en relación con los controles, asistencia, tratamientos y exámenes complementarios necesarios, para evitar patologías o en su defecto detectarlas tempranamente. Si se detecta una patología discapacitante en la madre o el feto, durante el embarazo o en el recién nacido en el período perinatal, se pondrán en marcha además, los tratamientos necesarios para evitar la discapacidad, compensarla o disminuir su impacto, a través de una adecuada estimulación y/u otros tratamientos que conforme al estado de la ciencia se puedan aplicar. En el supuesto de detectarse una posible discapacidad en la persona en cualquiera de los efectores de salud públicos y/o privados provinciales, el médico deberá realizar la correspondiente derivación a los efectos de constatar la discapacidad en los términos del capítulo V, de la presente Ley.

          Artículo 42°.- La ejecución por parte del Estado Provincial de su política de prevención comprenderá la prestación de los siguientes servicios:
          1. Atención adecuada del embarazo, del puerperio y del recién nacido, para evitar y detectar la discapacidad, de conformidad con el sistema de protección integral de la personas con discapacidad, establecidas por Ley Nº 22.431 y lo previsto por el artículo 14 de la Ley Nº 24.901, Decreto reglamentario 1193/98, la presente Ley y la legislación provincial vigente.
          2. Asesoramiento y estudios genéticos.
          3. Investigación en el recién nacido de enfermedades metabólicas.
          4. Implementación de controles pre y pos natal. Debiendo instrumentarse programas de diagnóstico precoz poli especializado de detección de la hipoacusia, entre otros.
          5. Mejoramiento de los hábitos nutricionales, de acuerdo a las previsiones del Artículo 18 de la ley Nº 24.901.
          6. Perfeccionamiento de las acciones educativas en salud, en materia de seguridad e higiene en el hogar, en el trabajo y en el medio ambiente.
          7. Servicio de orientación familiar destinado a la prevención y en su caso, contención psico-social de la familia.

          Artículo 43°.- El Ministerio de Salud deberá incorporar en el Plan de Salud Provincial y con carácter obligatorio, acciones encaminadas a la detección temprana y asistencia oportuna por parte de los organismos competentes. Cuando las personas con discapacidad, presentaren dificultades en sus recursos económicos y/o humanos para su incorporación a estas acciones, el Estado Provincial brindará la cobertura necesaria para asegurar la atención domiciliaria que se requiera, de conformidad a lo establecido por el artículo 34 de la Ley Nº 24.901.-

          Artículo 44°.- Será obligación de los entes que prestan cobertura social en el ámbito de la provincia, contemplar en las prestaciones que brinden a sus afiliados, la cobertura de los servicios de asesoramiento, diagnóstico, estudios genéticos y de control, de conformidad a las condiciones establecidas por el artículo 39 de la Ley 24.901.

          Artículo 45°.- La detección de malformaciones congénitas visibles en los recién nacidos en instituciones privadas, deberán asentarse en un registro ordenado. En un plazo no superior a 15 días hábiles de ocurrido el nacimiento, deberá remitirse copia de la historia clínica a la Subsecretaria de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, a los fines de asistencia y registro previstos en la presente ley.
          Las Instituciones privadas que no dieren cumplimiento a las obligaciones previstas en el presente artículo, serán sancionadas por el Ministerio de Salud según lo dispuesto por la reglamentación que al efecto se dicte.-

          DE LA REHABILITACION:
          Artículo 46°.- Se entiende por prestaciones de rehabilitación aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas, instrumentado por un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición o restauración de aptitudes e intereses para que una persona con discapacidad, alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para lograr su integración social; a través de la recuperación de todas o la mayor parte de las capacidades motoras, sensoriales, mentales o viscerales, alteradas total o parcialmente por una o más afecciones, sean éstas de origen congénito o adquirido (traumáticas, neurológicas, reumáticas, infecciosas, mixtas o de otra índole). De no ser posible la completa recuperación, la acción rehabilitadora consistirá en desarrollar sus destrezas funcionales y en dotar de elementos alternativos para compensar dicha discapacidad.
          En cada caso, se evaluará el grado de cobertura integral en rehabilitación, cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere necesario y por el tiempo y las etapas que cada caso particular requiera.

          Artículo 47°.- El Estado Provincial prestará a las personas con discapacidad certificada conforme a las exigencias de la presente Ley los servicios de rehabilitación, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 24.901. Deberá crear y ejecutar programas de estimulación temprana que otorguen atención a los niños de 0 a 7 años con previa detección de discapacidad, a fin de potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas. Los programas deberán abarcar todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso lógico de su maduración, debiendo para ello los hospitales y organismos públicos contar con personal técnico-profesional especializado y entrenado para tales fines.
          Los procesos de habilitación y rehabilitación integral, comprenderán:
          a) Habilitación o rehabilitación médico funcional.
          b) Tratamiento y orientación psicológica, dirigido a potenciar el máximo de capacidades residuales.
          c) Educación especial y regular.
          d) Habilitación o rehabilitación laboral.
          e) Asistencia psicológica y/o especializada orientadora a padres, familiares, tutores y toda otra persona que tenga a su cuidado o guarda de personas con discapacidad.
          f) Toda técnica o terapia de eficiencia probada, calificada como de origen médico no convencional.-

          Artículo 48°.- El Estado Provincial adecuará el equipamiento y personal necesarios, para asegurar entre las prestaciones médicas, las referidas a la prevención y rehabilitación médico funcional. A tal fin, promoverá a través del Ministerio de Salud, que los Centros de Salud y los de Rehabilitación capaciten a su personal médico y auxiliar, para la atención adecuada de personas con discapacidad, dotando de la infraestructura necesaria para los tratamientos y rehabilitación integral de los mismos.-

          Artículo 49°.- El Estado Provincial, fomentará la creación de centros públicos o privados de prevención y rehabilitación que atiendan los objetivos señalados precedentemente, elaborando normas técnicas para la atención de las personas con discapacidad, a fin de que dichos centros dispongan de instalaciones y equipos adecuados para la prestación de los servicios, con programas de actualización permanente.

          Artículo 50°.- Se entenderá como parte del proceso de rehabilitación, la adquisición, conservación, adaptación y renovación de prótesis, órtesis o de otras ayudas técnicas, cuando en razón de la discapacidad, sea imprescindible su uso para realizar las funciones propias de la vida diaria para la educación o para el trabajo.

          Artículo 51°.- El Ministerio de Salud a los fines de dar cumplimiento a los servicios de Asistencia, Prevención y Rehabilitación, establecidos por la presente ley, tendrá a su cargo las siguientes funciones:
          1) Creación y supervisión, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, a través de la Subsecretaría de Asistencia Integral a con Personas con Discapacidad, de equipos interdisciplinarios que cumplan con las bases de prevención, diagnóstico precoz, rehabilitación, seguimiento y reevaluación constante.
          2) Diseño y ejecución de un programa provincial de formación y capacitación de recursos humanos destinados a la mejor prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas con discapacidad.
          3) Elaboración y ejecución programas dirigidos a la comunidad en general y en particular a la población en riesgo, sobre la prevención, atención e integración del discapacitado a la sociedad. Los programas destinados a la prevención, pondrán especial énfasis en los servicios de consejería genética, orientación sobre peligros tóxicos, agentes biológicos, ambientales y catástrofes naturales y artificiales, que puedan devenir en discapacidades limitantes.
          4)Realización, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad de programas de capacitación y asistencia técnica destinados a la apoyatura de los diferentes organismos no gubernamentales, dedicados a la prevención, asistencia y rehabilitación de personas con discapacidad. A tales fines, implementarán mecanismos de concertación entre las universidades de la provincia y otras instituciones capacitadoras reconocidas oficialmente, para la mejor formación y actualización de los recursos humanos.-

          PRESTACIONES TERAPÉUTICAS EDUCATIVAS
          Artículo 52°.- Se entiende por prestaciones terapéuticas educativas, a aquellas que implementan acciones de atención tendientes a promover la restauración de conductas desajustadas, adquisición de adecuados niveles de auto valimiento, independencia e incorporación de nuevos modelos de interacción, mediante el desarrollo coordinado de metodologías y técnicas de ámbito terapéutico-pedagógico y recreativo.

          PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
          Artículo 53°.- Cuando las personas con discapacidad presentaren dificultades en sus recursos económicos o humanos para atender sus requerimientos cotidianos o vinculados con su educación, habilitación, rehabilitación y reinserción social, los organismos dependientes del Estado Provincial y la Obra Social de Empleados Públicos deberán brindar la cobertura necesaria para asegurar la atención especializada domiciliaria que requieren, conforme la evaluación y orientación estipulada en el artículo 20 de la presente Ley.

          Artículo 54°.- La atención psiquiátrica de las personas con discapacidad se desarrollará dentro del marco de un equipo multidisciplinario y comprenderá la asistencia de los trastornos mentales, agudos o crónicos, ya sean éstos la única causa de discapacidad o surjan en el curso de otras enfermedades discapacitantes, como agudización de las mismas.
          Las personas con discapacidad tendrán garantizada la asistencia psiquiátrica ambulatoria y la atención en internaciones transitorias para cuadros agudos, procurando para situaciones de cronicidad, tratamientos integrales, psicofísicos y sociales, que aseguren su rehabilitación e inserción social. También se cubrirá el costo total de los tratamientos prolongados, ya sean psicofarmacológicos o de otras formas terapéuticas.

          Artículo 55°.- El Estado Provincial, a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, pondrá en ejecución conforme lo previsto en el Artículo 6º de la Ley Nº 22.431, programas a través de los cuales se habiliten en hospitales y centros de salud existentes y a crearse, de su jurisdicción, de acuerdo con su grado de complejidad y el ámbito territorial a cubrir, servicios especiales destinados a las personas con discapacidad.
          Promoverán también, la creación de talleres protegidos y terapéuticos, centros diurnos, y otros, con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley Nº 22.431, prestando asistencia técnica y financiera, teniendo a su cargo normalizar las habilitaciones, registros y supervisión, en concordancia a la reglamentación vigente.

          Artículo 56°.- El Estado Provincial promoverá de acuerdo a las previsiones del Artículo 7º de la Ley Nº 22.431, la creación de Instituciones con internación total y/o parcial para personas con discapacidad, cuya atención sea dificultosa a través del grupo familiar. Promoverá su asistencia y protección a través de hogares de internación, parcial o total como así también a través de la creación de residencias, comunidades, hogares granja para semi-dependientes y/o relativamente independientes, con o sin familia, reservándose en todos los casos la facultad de reglamentar y controlar su funcionamiento. El Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, promoverá y apoyará la creación de instituciones privadas, sin fines de lucro, a los fines precisados.-

          CAPÍTULO VIII
          DE LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y PROVISION DE MEDICAMENTOS

          Artículo 57°.- El Estado Provincial, implementará en el territorio de la Provincia todos los programas nacionales vigentes destinados a la prevención, rehabilitación, tratamiento que a través de los organismos competentes se consideren aptos y necesarios, conforme a la legislación nacional vigente en la materia.-

          Artículo 58°.- El Estado Provincial, gestionará los fondos necesarios para proveer en forma gratuita los medicamentos, insumos médicos, prótesis, órtesis, etc., para el tratamiento de las personas con discapacidad excluidas del sistema de seguridad social, como así también se hará cargo de los estudios especiales a que deban someterse para un mejor tratamiento de su discapacidad, tendiente a una mejora evolutiva que disminuya la misma, conforme los recursos y programas previstos en la legislación vigente, según lo establecido por el Artículo 4º de la Ley Nº 24.901.-
          A los efectos de garantizar el acceso a los servicios previstos en la presente Ley, se deberá arbitrar los medios necesarios para garantizar el gratuito traslado de las personas con discapacidad y su acompañante en caso de ser necesario, hasta los centros especializados habilitados para la realización de dichos estudios, conforme lo previsto por la ley 22.431.

          Artículo 59°.- Las personas con discapacidad que carecieren de cobertura de obra social tendrán derecho a las prestaciones básicas comprendidas en la presente norma, a través de los organismos dependientes del Estado Provincial.

          Artículo 60°.- La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), tendrá a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura integral de las prestaciones enunciadas en el Capítulo VII de la presente ley, comprendiendo la prevención, asistencia, rehabilitación y terapias educativas, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a la misma. Asimismo, deberá cubrir el cien por ciento (100%) de las prestaciones consideradas técnicamente como de estimulación temprana, durante los doce meses del año calendario, por un término mínimo de tres años consecutivos.
          A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo por parte de la Obra Social de Empleados Públicos, el Poder Ejecutivo, deberá realizar transferencias de partidas a fin de otorgar ayuda financiera que posibilite la cobertura integral de las prestaciones a favor de personas con discapacidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 137.

          Artículo 61°.- Será obligación de la Obra Social de Empleados Públicos, el reconocimiento de los siguientes servicios a favor de las personas con discapacidad, sin perjuicio de otros que hagan a la cobertura integral conforme a sus necesidades, a saber: a) Atención a cargo de especialistas que no pertenezcan a su cuerpo de profesionales y deban intervenir imprescindiblemente por las características específicas de patología, conforme así o determine las acciones de evaluación y orientación estipuladas en los artículos 19 y 20 de la presente Ley; b) Estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados en la presente Ley, conforme así lo determinen las acciones de evaluación y orientación estipulada en el artículos 19 y 20 de la presente Ley; c) Diagnóstico, orientación y asesoramiento preventivo para los miembros del grupo familiar de pacientes que presentan patologías de carácter genético-hereditario.

          CAPITULO IX
          DE LA PROMOCION, CAPACITACION E INSERCION LABORAL

          SECCIÓN I. Régimen General
          Artículo 62°.- Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la capacitación laboral, en igualdad de oportunidades, gozando de todos los beneficios y derechos que disponen las leyes laborales para los trabajadores.

          Artículo 63°.- Ningún caso de discapacidad, podrá ser motivo para impedir el acceso o permanencia al empleo, excepto cuando su discapacidad sea técnicamente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que pretende desempeñar la persona con discapacidad. El Estado Provincial deberá adoptar las medidas necesarias para que nadie pueda ser discriminado en razón de su discapacidad, siendo nulo de nulidad absoluta el acto que basado en motivos discriminatorios afecte el ingreso, permanencia y/o en general las condiciones en el empleo de la persona con discapacidad.-

          Artículo 64°.- El Poder Ejecutivo, definirá políticas de estado encaminadas a la integración laboral de las personas con discapacidad. A tales efectos, implementará programas especiales tendientes a la capacitación para el empleo y desarrollo de actividades productivas, con la finalidad de permitir e incrementar su inserción al trabajo, facilitando además el acceso a los programas previstos por la legislación nacional vigente en la materia. Para ello, realizará convenios y acuerdos de cooperación e información con universidades u otros organismos gubernamentales y no gubernamentales, tendientes a la generación de empleo y capacitación.-

          Artículo 65°.- La Dirección General de Escuelas elaborará programas destinados a la capacitación laboral, acordes a todos los niveles de discapacidad, permitiendo la plena integración laboral. Para ello, realizará acciones de promoción de sus cursos entre la población con discapacidad, previa valoración de sus potencialidades a los diferentes programas de formación que se establezcan. Así mismo, a través de los servicios de información para el empleo, establecerá líneas de orientación laboral que permita relacionar las capacidades del beneficiario y su adecuación con la demanda laboral.-

          SECCIÓN II. De las condiciones de Ingreso al Estado Provincial
          Artículo 66°.- El Estado Provincial está obligado a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 5 % anual del ingreso de personal de conformidad a las condiciones dispuestas por el Artículo 8 de la Ley Nº 22.431 y el Artículo 8 bis incorporado por Ley Nº 25.689.

          Artículo 67°.- La incorporación de personas con discapacidad será obligatoria, cuando se deban cubrir cargos de Planta Permanente en el Estado Provincial, el cual comprende los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Provincial tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades, siempre que no se cumpla con el cupo del cinco por ciento (5%).
          En el caso de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde la provincia tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades, el cupo del cinco por ciento (5%) para las personas con discapacidad deberá cumplirse respecto de la participación que la provincia tenga en ellas.
          En todo contrato de concesión de servicios, de transferencia de actividades del Estado al sector privado, o de renovación y/o modificación de los vigentes se deberán establecer cláusulas que dispongan el cumplimiento y modalidad de control de aplicación de la presente Ley.

          Artículo 68°.- A los fines del efectivo cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior, las vacantes que se produzcan en las jurisdicciones y entidades enunciadas en el artículo 67, deberán prioritariamente ser cubiertas por las personas discapacitadas que acrediten las condiciones e idoneidad para el puesto o cargo que deba cubrirse conforme al certificado de discapacidad oportunamente emitido.

          Artículo 69°.- En ningún caso podrá establecerse preferencia alguna respecto de la tipología de la discapacidad, siendo única condición que la capacidad del aspirante permita el ejercicio de la función a desempeñar.

          Artículo 70°.- Declárese para las personas con discapacidad, en las jurisdicciones y entidades del Estado Provincial, la compatibilidad entre la percepción de remuneración por cargo y/o función y la percepción de los beneficios previsionales encuadrados en las Leyes 20.475, 20.888 y en el artículo 53 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.

          Artículo 71°.- El Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, a través de la Subsecretaría de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, fiscalizarán y ejecutarán lo dispuesto en el presente Artículo, debiendo remitir anualmente, antes del 1 de mayo, un informe a la H. Legislatura dando cuenta del cumplimiento de lo establecido en el presente Capitulo.
          Asimismo, las jurisdicciones y entidades obligadas deberán confeccionar y remitir a la Legislatura, en ocasión de estimar sus gastos anuales o efectuar sus balances, sus respectivas nóminas de puestos ocupados, vacantes y altas y bajas de empleados de Planta Permanente producidas durante el período, consignando la cantidad de personas con discapacidad.

          Artículo 72°.- Las personas con discapacidad que se desempeñen en los entes establecidos en el artículo 67, estarán sujetas a las mismas obligaciones que la legislación laboral vigente prevé para todo trabajador del sector público provincial, según lo prescribe el Artículo 10 de la Ley Nº 22.431.-

          Artículo 73°.- La aptitud psicofísica para el ingreso a la Administración Pública y demás organismos será determinada por los organismos con competencia médica atribuida por el correspondiente régimen estatutario, teniendo en cuenta especialmente el Certificado de Discapacidad otorgado de conformidad a la presente ley.-

          SECCIÓN III. Concesión de bienes de dominio público.
          Artículo 74°.- El Estado Provincial, de conformidad a lo establecido por la Ley Nacional 24.308, tendrá especial preferencia para conceder u otorgar el uso de bienes de dominio público, para la explotación de comercios, servicios y cualquier otra actividad, dando prioridad a las personas con discapacidad que puedan desempeñar tales actividades. El beneficio está condicionado a la atención personal, aún cuando para ello necesiten eventual o permanentemente la colaboración de terceros y de instituciones privadas, sin fines de lucro, dedicadas a la atención, rehabilitación y/o empresas conformadas con los mismos. Idéntico criterio deberán observar las Empresas del Estado y otros Organismos detallados en el presente Capítulo, con relación a los bienes que les pertenezcan o utilicen.
          Será nula, de nulidad absoluta toda concesión o permiso que se otorgue sin respetar la prioridad establecida en el presente Artículo, debiendo la autoridad de aplicación de oficio, o a petición de parte, requerir en los plazos legales la revocación de tal concesión o permiso. El Defensor del Discapacitado deberá peticionar la revocación de las concesiones otorgadas en violación al presente artículo.

          Artículo 75°.- El Concesionario deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia de higiene, seguridad, horario y demás normas de atención que se establezcan en lo atinente al acto de la concesión.

          Artículo 76°.- La Subsecretaría de Atención Integral a las Personas con Discapacidad conjuntamente con la Subsecretaría de Trabajo de conformidad a lo establecido por el artículo 17 de la presente ley, deberán instrumentar en un lapso no superior a los noventa (90) días de vigencia de la presente ley, un registro sistematizado de los lugares adjudicados y a adjudicar por los organismos.
          En dicho registro constaran entre otras cosas, la siguiente información, a saber:
          a) concesionarios;
          b) aspirantes;
          c) Lugares disponibles sujetos a concesión.

          SECCIÓN IV. Del Trabajo Privado. Beneficios.
          Artículo 77°.- Los particulares y/o empresas de índole privada, mutuales, asociaciones, etc., que vinculen laboralmente a personas con discapacidad en todo el ámbito de la provincia, tendrán los siguientes beneficios y garantías:
          a) Prioridad en igualdad de condiciones en los procesos licitatorios y celebración de contratos de carácter público, si estos tienen en sus nóminas de empleados un mínimo del 10 % del total de su planta de trabajadores, en las condiciones establecidas por la presente ley y debidamente certificado por la Subsecretaría de Trabajo.
          b) Prelación y prioridad en el otorgamiento de créditos, subvenciones y subsidios estatales, siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas que impliquen la participación activa y permanente de personas con Discapacidad. c) Demás beneficios previstos por la Ley Nº 22.431.

          Artículo 78°.- Los empleadores que concedan empleos a personas discapacitadas tendrán derecho a computar una deducción especial del cincuenta por ciento (50%) sobre el monto que resultare ingresado en concepto de impuesto a los ingresos brutos, de los haberes mensuales que reciban esos empleados.
          En ningún caso el monto por deducir será superior al importe de dos (2) sueldos mínimos de la administración pública provincial por cada empleado discapacitado y por trimestre.
          En el supuesto que los discapacitados desempeñen actividades concesionadas o aquellos que trabajen en forma autónoma, resultaran beneficiarios en el pago del impuesto sobre los ingresos brutos, en la forma que establezca la reglamentación.

          SECCIÓN V. De la Promoción del Empleo a Personas con Discapacidad
          Artículo 79°.- El Estado Provincial, a través de sus Organismos competentes, desarrollará programas financiados según previsiones de la legislación Nacional y/o con presupuesto provincial, tendientes a promover el trabajo rural con el objeto de ayudar e insertar a personas con discapacidad residentes en áreas rurales, a fin de que trabajen por cuenta propia en pequeñas industrias familiares o en actividades agrícolas, artesanales, turísticas y otras de similar naturaleza.-

          Artículo 80°.- El Fondo para la Transformación y Crecimiento deberá habilitar una línea de créditos que tenga por objeto la instalación, aprovisionamiento y/o mejoramiento de las concesiones otorgadas en el marco del presente Capítulo, cuyos montos, intereses, plazos, garantías y demás modalidades, serán las establecidas para créditos agrícolas. –

          Artículo 81°.- Los agentes de la administración pública, cuyos hijos discapacitados concurran regularmente a establecimiento oficial o privado autorizado por autoridad competente, en el cual se presten servicios de rehabilitación, tendrán el derecho a una bonificación especial equivalente a la escolaridad primaria, media y superior de ayuda escolar según corresponda. Gozarán de igual derecho los tutores o curadores que acrediten fehacientemente tener a su cargo personas discapacitadas.

          Artículo 82°.- Incumplimiento. El incumplimiento total o parcial de lo preceptuado en el presente Capítulo constituirá, para los funcionarios responsables, mal desempeño en sus funciones o falta grave, según corresponda. En caso de incumplimiento de la presente Ley por parte de las empresas concesionarias, el Poder Ejecutivo, a través de su reglamentación, establecerá las sanciones que corresponda aplicar.

          CAPÍTULO X
          DE LA EDUCACION

          Artículo 83°.- La educación especial es la modalidad diferenciada de la educación general, que constituye un sistema flexible y dinámico, desarrollando su acción preferentemente en el sistema regular de educación, facilitando la integración, proveyendo servicios y recursos especializados a las personas con discapacidad que requieran necesidades educativas específicas.
          La Educación Especial se rige por el principio de inclusión educativa, de acuerdo lo establece en el Artículo 11 inc n) y 42 de la Ley 26.206 de Educación.-

          Artículo 84°.- La Dirección General de Escuelas, en el marco de las ley nacional 26.061, establece los procedimientos y recursos correspondientes para asegurar el derecho a la educación y la integración escolar, favorecer la inserción social de las personas con discapacidad, temporal o permanente e identificar tempranamente las necesidades educativas derivadas de la discapacidad o de trastornos en el desarrollo, con el objeto de darles la atención transdisciplinaria y educativa para lograr su inclusión en el Nivel Inicial desde el mismo momento del nacimiento. Con este propósito dispondrá las medidas necesarias para:
          1- Asegurar a todas las personas con discapacidad el derecho a la educación y capacitación laboral y/o profesional. Dicha educación deberá brindarse mediante su integración como alumno en la escuela común. Cuando ello no sea posible, en razón de su discapacidad exclusivamente, deberá ser incluido en programas de educación especial, de orden oficial o privado;
          2- Dictar la normativa necesaria que contemple el libre acceso de las personas con discapacidad a centros educativos oficiales y privados, no pudiendo negarse el acceso a un centro educativo por razones de discapacidad física o mental, ni tampoco ser retirada o expulsada por ese motivo. Es nulo todo acto que basado en motivos discriminatorios afecte de cualquier manera la educación de un persona con discapacidad;
          3- Planificar, dirigir, supervisar, normar, orientar y coordinar actividades en materia de educación especial, incorporando las innovaciones necesarias para facilitar a las personas con discapacitadas, el ingreso dentro del mismo establecimiento educacional. Sólo excepcionalmente, en los casos en que los equipos de la Dirección General de Escuelas lo declaren indispensable, la incorporación a la educación se hará en escuelas especiales, por el tiempo que sea necesario;
          4- Efectuar el control de los servicios educativos no oficiales pertenecientes a su jurisdicción, para la atención de niños, adolescentes y adultos discapacitados, tanto en los aspectos de su creación como en lo correspondiente a su organización, supervisión y apoyo;
          5- Realizar evaluación y orientación vocacional de los educandos discapacitados con la finalidad de derivarlos a tereas competitivas y talleres protegidos;
          6- Estimular la investigación educativa en el área de discapacidad;
          7- Formar personal docente y profesional especializado para todos los grados educacionales de los discapacitados, promoviendo los recursos humanos necesarios para la ejecución de los programas de asistencia, docencia e investigación en materia de rehabilitación;
          8- Establecer prescripciones pedagógicas que les aseguren, a las personas con discapacidades temporales o permanentes, el desarrollo de sus posibilidades, la integración social y el pleno ejercicio de sus derechos;
          9- Aportar propuestas curriculares para una Educación Especial que garantice los derechos de igualdad, inclusión, calidad y justicia social de todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con discapacidades, temporales o permanentes, que componen la comunidad educativa como elemento clave de las estrategias de desarrollo y crecimiento socio-económico de la Provincia;
          10- Realizar las obras para dotar de accesibilidad física a todos los edificios escolares.
          11- Garantizar la cobertura de las instituciones educativas especiales, el transporte, los recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del curriculum escolar;
          12- Prever planes para posibilitar la atención temprana de los niños que están con sus madres en contextos de encierro y establecer planes y alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la vida;
          13- Establecer medidas pertinentes a fin de que los educandos con discapacidad auditiva que así lo requieran, tengan acceso a la Lengua de Señas Argentina. Su enseñanza deberá estar a cargo de docentes capacitados para tal fin;
          14- Incorporar en el plan de estudio de Nivel Inicial de la escuela común el aprendizaje de la Lengua de Señas Argentina para todos los educandos que asistan a dichos establecimientos;
          15- Crear la carrera de intérpretes de sordos a nivel superior y la incorporación de la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina en los Programas de Formación Docente Especializada en Sordos e Hipoacústicos;
          16- Validar los certificados que expidan las Instituciones y Entidades Intermedias reconocidas, en relación a la carrera inciso anterior, como en lo relativo a las condiciones de habilitación de los formadores de docentes en la Lengua de Señas Argentina.

          Artículo 85°.- La necesidad de las personas con discapacidad de acceder a la educación especial, la modalidad curricular académica y el establecimiento pertinente, como también el tiempo durante el cual deberá impartírsele, se determinará sobre la base de los informes emanados de los equipos multiprofesionales de la Dirección General de Escuelas. Ello sin perjuicio de las facultades que esta ley otorga a la Junta Calificadora y de los certificados que ella emita, creando centros de valuación y orientación vocacional para los educandos con discapacidad.-

          Artículo 86°.- La Dirección General de Escuelas deberá coordinar con las autoridades competentes la derivación de los educandos con discapacidad, a tareas competitivas o a talleres protegidos de producción y toda otra nueva alternativa laboral que surgiere, previstos en la presente ley.-

          Artículo 87°.- La Dirección General de Escuelas de la Provincia deberá implementar las medidas y acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Nacional Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.635.-

          Artículo 88°.- La Dirección General de Escuelas contemplará que los alumnos del sistema educacional del nivel básico, que por características de su proceso de rehabilitación, requieran permanecer internados en centros especializados por períodos superiores a tres meses, proporcionarles la correspondiente atención escolar. Esta modalidad será reconocida para los efectos de continuación de estudios de acuerdo a las normas que establezca la Dirección General de Escuelas.-

          Artículo 89°.- La Dirección General de Escuelas deberá adaptar los programas y la curricula a fin de facilitar el ingreso a la educación formal y/o a la capacitación de las personas, que a consecuencia de su discapacidad, no haya iniciado o concluido su escolaridad obligatoria.-

          Artículo 90°.- Asimismo supervisará y controlará el desarrollo de programas que se ejecuten en establecimientos de índole privada, comunes y especiales, que incluyan la educación y rehabilitación de las personas con discapacidad. Estos establecimientos deberán garantizar la atención e integración educativa apropiada, acorde a la discapacidad del beneficiario. Deberán observar estricto cumplimiento a las disposiciones emanadas por la Dirección General de Escuelas, quién preverá la aplicación de las sanciones que correspondan ante el incumplimiento de la presente ley.-

          Artículo 91°.- La Dirección General de Escuelas otorgará becas por escolaridad a toda persona de escasos recursos, cualquiera sea su edad, que presentare discapacidad debidamente acreditada conforme las exigencias de la presente ley y que no gozaren de ningún otro beneficio escolar. El beneficio estará destinado a solventar los gastos que demande el ingreso y/o permanencia de la personas con discapacidad en el sistema común o especial de educación, como su capacitación laboral y/o profesional.-

          Artículo 92°.- Créase en el ámbito de la Dirección General de Escuelas, en el Nivel Terciario, los Profesorados en Discapacidad Auditiva y Visual. Los Planes de Estudios correspondientes y su reglamentación, serán confeccionados por la Dirección General de Escuelas los que se ajustarán a las Reglamentaciones generales que en materia de Educación Especial, rigen en el ámbito de la Provincia.

          CAPITULO XI
          DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA

          SECCIÓN I. Generalidades
          Artículo 93°.- Todas las personas con discapacidad podrán acceder y disfrutar de los servicios culturales, participar en la generación de cultura y colaborar en la gestión cultural. El Estado a través de los organismos competentes debe garantizar el respeto a la diversidad y la participación de las personas con discapacidad en el arte y la cultura en condiciones equitativas.-

          Artículo 94°.- Estado Provincial promoverá que el arte y la cultura procuren el desarrollo de las capacidades artísticas de las personas con discapacidad. A tales efectos las autoridades competentes formularán y aplicarán programas y acciones que otorguen las facilidades administrativas y ayudas técnicas, humanas y financieras tendientes a:
          1. Fortalecer y apoyar las actividades artísticas relacionadas con las personas con discapacidad;
          2. Prever las facilidades necesarias para que las personas con discapacidad pueden acceder y disfrutar de los servicios y la oferta cultural;
          3. Gestionar el uso de tecnologías en la cinematografía y el teatro que faciliten la adecuada comprensión de sus contenidos a las personas con discapacidad;

          SECCIÓN II. Eliminación de Barreras Visuales.
          Artículo 95°.- BIBLIOTECAS DE ACCESO PUBLICO. Las bibliotecas de acceso público gradualmente deberán contar con material y facilidades destinadas a no videntes, sordos e hipoacúsicos.-

          Artículo 96°.- Crease una biblioteca parlante para uso exclusivo de personas con discapacidad visual, total o parcial. La Subsecretaría de Atención Integral al Discapacitado coordinará las políticas de acción a implementar con los organismos e instituciones de bien público que agrupan a los discapacitados visuales, de quienes podrá requerir la cooperación necesaria para el cumplimiento de los fines que persigue la presente.

          Artículo 97°.- Dispóngase la traducción al sistema Braille de la Constitución Nacional, Constitución Provincial, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y en general, todo Tratado internacional, Ley Nacional o Provincial de defensa y/o protección de personas discapacitadas, las que serán distribuidas a los interesados y a las bibliotecas escolares y públicas de la Provincia.

          Artículo 98°.- Establécese con carácter obligatorio la traducción al sistema Braille, de todas las Leyes Provinciales y Decretos Reglamentarios, a fin de posibilitar el acceso y conocimiento por parte de las personas no videntes y/o discapacitados visuales.
          El Poder Ejecutivo y la Legislatura de la Provincia deberán poner a disposición del público en general las traducciones realizadas, conforme la fecha de su publicación y anualmente confeccionará un digesto legislativo en sistema Braille.

          Artículo 99°.- La Dirección General de Rentas de la Provincia deberá proporcionar boletas de impuestos provinciales en sistema braille para personas no videntes y/o discapacitados visuales que lo soliciten. Efectuada la solicitud todo impuesto provincial deberá remitirse al domicilio declarado en sistema braille. Las empresas prestadoras de servicios públicos, deberán imprimir en sistema braille las boletas de servicios públicos, siempre que el contribuyente, usuario o consumidor que padezca alguna discapacidad visual, así lo requiera.

          Artículo 100°.- El Estado Provincial a través de los organismos competentes gestionará la firma de convenios con canales de televisión de señal abierta o de aire para implementar mecanismos de comunicación audiovisual que proporcione información a la población con discapacidad auditiva en los informativos. Asimismo, se invitarán a los canales de televisión de señal cerrada, por cable o satelital, en la medida de sus posibilidades, a adherirse a dicho servicio.-
          Asimismo La Subsecretaría de Atención Integral a la Persona Discapacitada gestionará ante las autoridades Públicas, instituciones, universidades y entidades privadas la incorporación de la Lengua de Señas Argentina en todas las emisiones de programas televisivos de noticias o de información educativa y cultural en forma simultánea al lenguaje oral.

          SECCIÓN II. De las Actividades Recreativas y Deportivas
          Artículo 101°.- Se deberán abrir en la Provincia canales de participación con modalidades acordes a los diferentes tipos de discapacidades, sin ningún tipo de exclusiones, que tiendan a:
          a) Incorporar a las personas con discapacidad en actividades recreativas y deportivas, a partir de las cuales puedan desarrollar las capacidades psicofísicas remanentes. La Secretaría de Deportes deberá elaborar los programas deportivos, recreativos y de rehabilitación cuando ésta implique el desarrollo de una actividad deportiva, designando los espacios necesarios dentro de la infraestructura que posee el Estado Provincial en el área de Deportes con el personal especializado y con la continuidad y periodicidad que la actividad reclame, previamente acordada. Para ello, deberá realizar las reformas materiales y equipamiento indispensable para la aplicación del programa.
          b) La Secretaría de Deporte deberá propiciar la integración y socialización por medio de la participación activa en el deporte de las personas con discapacidad.
          c) Unificar criterios para brindar al deportista con discapacidad atención integral, orientación y seguimiento en sus actividades de entrenamiento y competencia.-
          d) Apoyar la creación de entidades deportivas que aseguren el aprovechamiento al máximo de sus facultades y actitudes que aceleren el proceso de su integración o reintegración social al discapacitado, a través de programas de alcance provincial y el otorgamiento de subsidios a dichas entidades;
          e) Establecer medidas tendientes al aprovechamiento por parte de discapacitados de centros deportivos provinciales o municipales y clubes deportivos que gocen de una concesión de terrenos otorgados por el estado provincial;
          f) Estimular el estudio y desarrollo de planes, investigaciones técnicas y científicas relacionadas con el tiempo libre, recreación y deportes.

          Artículo 102°.- Los discapacitados tendrán acceso gratuito a espectáculos públicos de carácter cultural, recreativo o deportivo organizados por organismos del estado, con la sola presentación del carnet a que se refiere la presente ley. –
          Cuando se realicen espectáculos privados acceso al público en general de carácter recreativo, deportivo, cultural o de cualquier otra índole, en cualquier establecimiento perteneciente al estado provincial con acceso al público en general, en el contrato a firmarse con el organizador privado deberá preverse un cupo de entradas gratuitas otorgadas a favor de personas con discapacidad y conforme lo determine la reglamentación.

          Artículo 103°.- El Estado Provincial gestionará con recursos presupuestarios y/o arbitrando los mecanismos necesarios para acceder al financiamiento previsto en el Artículo 4º inciso h) del Decreto Nº 1277/2003, para afrontar los gastos que demande la aplicación de los programas que favorezcan la integración y participación de las personas con discapacidad en las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas.-

          CAPÍTULO XII
          TRANSPORTE, VIVIENDA Y ARQUITECTURA DIFERENCIADA

          SECCIÓN I. Del Trasporte y la Seguridad Vial
          Artículo 104°.- Las empresas de transporte público terrestre que operen regularmente en el territorio provincial, deberán transportar gratuitamente a las personas discapacitadas, como así también un acompañante en caso de constar en su respectivo certificado de discapacidad o el carnet en los términos del artículo 18. La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a los discapacitados, las características de la documentación que deberán exhibir y las sanciones a los transportistas en caso de inobservancia de esta norma. –

          Artículo 105°.- La Dirección de Vías y Medios de Transporte aceptara el distintivo de identificación a que se refiere el artículo 12 de la ley 19.279, el que servirá de única credencial para el libre tránsito y estacionamiento.
          No podrán excluirse de este beneficio a los automóviles patentados en otras jurisdicciones. –

          Artículo 106°.- La Dirección de Vías y Medios de Transporte de la Provincia y los Municipios efectuaran un relevamiento, planificación y una progresiva modificación de su red semafórica existente, a fin de incorporar dispositivos sonoros.

          Artículo 107°.- La Dirección de Seguridad Vial deberá diseñar e instrumentar programas y campañas permanentes y continuas de educación para la seguridad vial y respeto hacia las personas con discapacidad en tránsito por la vía pública y en lugares de acceso al público.

          SECCIÓN II. Del Acceso a la Vivienda
          Artículo 108°.-El Instituto Provincial de la Vivienda deberá reservar un cupo del 10% de cada uno de los planes habitacionales implementados por la provincia, a partir de la vigencia de la presente ley. Serán beneficiarios del mismo las familias que entre sus miembros integre alguna persona con discapacidad. Asimismo, en el caso de aspirantes discapacitados, preverá las unidades habitacionales por adjudicar, teniendo en cuenta, las necesidades técnicas especiales.
          El cupo establecido en el primer párrafo podrá elevarse sí el Instituto Provincial de la Vivienda lo consideren oportuno, pero en ningún caso podrá disminuirse.
          Anualmente, antes del 1 de mayo, el Instituto Provincial de la Vivienda, remitirá un informe a la H. Legislatura respecto del cumplimiento de lo preceptuado en el presente artículo.

          SECCIÓN III. De la Arquitectura Diferenciada
          Artículo 109°.- En toda obra pública o edificio, estatal o privado, que se proyecte y/o construya en el futuro, destinado a actividades que supongan concurrencia de público, deberán preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas discapacitadas y lo que establezca el decreto reglamentario de la presente ley.
          La misma previsión deberá efectuarse para todas las obras públicas o edificios ya existentes, tanto públicos como privados, que carezcan de las características adecuadas para las personas discapacitadas establecidas en el párrafo precedente. –

          Artículo 110°.- Todo establecimiento o dependencia, oficial o privado, con acceso al público, deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas o de emergencias luminosos y sonoros aptos para su reconocimiento por personas con discapacidad auditiva y visual. Las instalaciones edilicias que cuenten con sistemas de alarma deberán adoptar mecanismos y/o dispositivos que permitan, en caso de ser activados, su percepción por parte de personas con capacidades sensoriales diferentes, tanto auditivas como visuales. La reglamentación indicará las características e implementación de lo establecido en el presente artículo.
          Todo establecimiento o dependencia oficial o privadas abierta al público deberán contar con señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;

          Artículo 111°.- Todo establecimiento o dependencia oficial abiertas al público deberá ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público, como así también deberá promoverse otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;

          Artículo 112°.- – Las áreas de recreación en parques y/o plazas deberán contemplar la posibilidad de acceso y desplazamiento de personas con discapacidad, evitando la existencia de barreras físicas o arquitectónicas.
          La Provincia y las Municipalidades al construir las áreas de recreo pertenecientes a su dominio procurarán la instalación de equipos de juego seguros para personas con discapacidad.

          Artículo 113°.- Créase la Identificación y el Reconocimiento “Espacio Inclusivo“, para ser otorgado a espacios físicos o virtuales, privados y de uso público, con la finalidad de incentivar y promover la accesibilidad integral de personas con discapacidad. Los postulantes al Reconocimiento deben desarrollar actividades en la Provincia y mostrar condiciones de accesibilidad que, superando las requeridas por la normativa vigente mejoren efectivamente la calidad y condiciones de acceso a personas con discapacidad.

          Artículo 114°.- La Subsecretaria de Atención Integral al Discapacitado debe establecer rubros y, dentro de ellos, distintas categorías acorde a las condiciones de accesibilidad requeridas por la normativa, siempre en el marco de la finalidad de la presente ley. Asimismo deberá difundir bases y convocatoria del Reconocimiento creado por esta ley, de forma tal que garantice la comunicación en todos los Departamentos de la Provincia.

          Artículo 115°.- La Identificación y el Reconocimiento consistirá en: a) Entregar una oblea, sello y/o certificado con íconos fácilmente identificables, para ser exhibido en el local correspondiente, a fin de acreditar su calidad de “Espacio Inclusivo“ apto para el acceso de personas con discapacidades. b) Promocionar el espacio a través de la difusión de las características inclusivas, en sitios web y guías del Gobierno, como así también en documentación destinada a promover el turismo en la Provincia.

          Artículo 116°.- Establécese la obligatoriedad en todo el territorio de la provincia, que los Bancos que provean servicios de cajeros automáticos y/o terminales de autoconsulta deberán implementar, en al menos un cajero en cada una de sus sucursales, la opción de teclados con Sistema “Braille” y sistema de audio con auriculares, a fin de hacerlos accesibles a las personas no videntes o con impedimentos visuales.

          Artículo 117°.- La implementación aludida precedentemente deberá efectivizarse en forma progresiva, dando inicio a su puesta en marcha en un plazo que no supere los ciento ochenta (180) días y finalizando en su implementación total en el término de un (1) año.

          Artículo 118°.- Los cajeros automáticos y terminales de autoconsulta alcanzados por la presente ley deberán contar con una guía de uso con opciones en diseño universal.

          Artículo 119°.- En los establecimientos en los que se preste servicios de salubridad al público deberán extremarse las medidas necesarias para el mantenimiento de un perfecto estado de aseo de los locales destinados a estos servicios y deberán poseer en sus puertas de acceso una placa identificatoria en sistema braille o silueta en relieve, de fácil identificación, que determine el carácter del mismo.

          CAPITULO XIII
          SEGURIDAD SOCIAL

          Artículo 120°.- El monto mensual que corresponda por asignación familiar por hijo que tenga una discapacidad conforme al Artículo 5º de la presente ley, a cargo del agente del estado provincial, se regirá por la normativa vigente a tal fin.-

          Artículo 121°.- El monto mensual de las asignaciones por educación inicial, primaria, secundaria y superior, se regirá por la normativa vigente, cuando el hijo de cualquier edad, a cargo del agente del Estado Provincial, de sus organismos descentralizados, de las Empresas del Estado y de las Municipalidades, tuviere una discapacidad y concurriese a establecimiento oficial o privado, controlado por autoridad competente, donde se imparta educación común o especial.-

          Artículo 122°.- Se considera incluido en el beneficio previsto, los hijos con discapacidad a cargo del agente estatal, que por sus patologías deban concurrir a un establecimiento oficial o privado, controlado por autoridad competente, donde solamente se presten servicios de rehabilitación, equiparándose tal situación a los efectos de la asignación, a la concurrencia regular a un establecimiento que imparta enseñanza primaria.-

          Artículo 123°.- El nacimiento de un hijo con discapacidad, otorgará a la madre trabajadora, agente del estado provincial, de sus organismos descentralizados y de las empresas del estado, el derecho a seis (6) meses de licencia con goce de sueldo desde la fecha de terminación de la licencia por maternidad.-

          Artículo 124°.- Para el ejercicio del derecho otorgado en el artículo anterior, el agente deberá probar fehacientemente al organismo respectivo, el diagnóstico del recién nacido con certificado médico expedido por autoridad sanitaria oficial, refrendado por la Junta Calificadora prevista en la presente ley. El diagnóstico certificado deberá presentarse en un plazo no menor a los diez días de anticipación al vencimiento de la licencia por maternidad.-

          Artículo 125°.- El Estado Provincial, queda facultado para promover y gestionar los recursos necesarios para la creación de un Seguro Social Especial, de por vida, que comprenda a todas las personas con discapacidad que a causa de la misma, no puedan acceder al ámbito laboral según dictamen de la Junta Calificadora.-

          Artículo 126°.- El Seguro Social Especial consistirá en un monto dinerario mensual, que le permita a la persona con discapacidad la satisfacción de sus necesidades básicas, no pudiendo ser inferior al ochenta por ciento (80%) de una jubilación mínima.

          Artículo 127°.- Los jubilados por invalidez podrán ejercer cargos públicos cuando la causa psicofísica originante del beneficio, no sea incompatible con las prescripciones constitucionales al respecto. En tal caso la percepción de los haberes jubilatorios se suspenderá hasta tanto cese en dichas funciones. –

          Artículo 128°.- Estarán exentos del pago de aranceles e impuestos provinciales las personas que padeciendo alguna discapacidad demuestren fehacientemente, conforme lo establezca la reglamentación, la ausencia de capacidad contributiva.

          Artículo 129° Las aseguradoras de riesgo de trabajo que operen en jurisdicción de la provincia de Mendoza, deberán garantizar la cobertura de las personas con discapacidad que tengan aptitud para trabajar conforme a su certificado de discapacidad.

          CAPITULO XIV
          DE LAS PERSONAS PÚBLICAS NO ESTATALES Y PRIVADAS

          Artículo 130°.- El Estado Provincial apoyará a las organizaciones públicas no estatales y a las privadas sin fines de lucro con personería jurídica, cuando éstas orienten sus acciones a favor de las personas con discapacidad, que constituyan y sostengan en cualquiera de los casos establecimientos asistenciales orientados a la oferta de servicios de prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación en el marco de la presente Ley, reconocidos e inscriptos por ante la Subsecretaría de Atención Integral a las Personas con Discapacidad.

          Artículo 131°.- Los establecimientos o servicios reconocidos, en virtud del artículo anterior, tendrán derecho a una subvención equivalente al cincuenta por ciento (50%) del costo de cada asistido en una institución oficial similar y en proporción al número de asistidos en el establecimiento.

          Artículo 132°.- Los establecimientos incluidos en el artículo anterior que tengan servicios de internación, tendrán derecho a una subvención por cada interno igual al cincuenta por ciento (50%) del costo de un interno en establecimientos oficiales provinciales.

          Artículo 133°.- Cuando las entidades comprendidas en el presente Capítulo, necesiten ampliar o refaccionar sus locales o construir nuevos, el Estado Provincial podrá concurrir a su ejecución, previo informe del Ministerio Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, sobre la necesidad de la misma y de la repartición competente sobre su costo.

          Artículo 134°.- Las instituciones por el presente Capítulo, quedan obligadas a proveer sus servicios en forma gratuita a las personas con discapacidad que no posean cobertura de Obras Social. Esta obligación se ejecutará a requerimiento de la Subsecretaría de Atención Integral a la Persona Discapacitada, quien evaluará y reglamentará las condiciones de acceso a la prestación.

          CAPITULO XV

          DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

          Artículo 135°.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley en el término de noventa (90) días a partir de su promulgación y realizará la reasignación presupuestaria necesaria para el cumplimiento de la misma.-

          Artículo 136°.- Las disposiciones de esta ley son complementarias de mayores derechos que acuerden disposiciones legales o convencionales vigentes. Ninguna disposición de la presente ley afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación provincial vigente.

          Artículo 137°.- La ley de presupuesto determinara anualmente el monto que se destinara para dar cumplimiento a lo previsto en la presente ley.
          El Estado Provincial gestionará la tramitación necesaria para el financiamiento de los servicios y prestaciones estipulados en la presente Ley, con los recursos provenientes del FONDO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, creado por Decreto Nº 1277/2003, Artículo 4º, de conformidad con lo previsto por el Artículo 7º de la Ley Nº 24901 y Artículo 11 del Decreto Nº 762/97, complementarias de la cobertura prestacional de atención médica determinada en el Anexo I de la Resolución M.S. y A.S. Nº 247/96.-
          En los supuestos de personas con discapacidad sin obra social, deberá crearse un Fondo Especial constituido por multas de tránsito, multas impuestas a los concesionarios de servicios públicos por incumplimiento del contrato de concesión, de acuerdo a lo que se reglamente al efecto.

          Artículo 138°.- El Poder Ejecutivo deberá realizar los correspondientes convenios con el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad y con la Comisión Nacional asesora para la integración de personas discapacitadas, dependientes del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación.

          Artículo 139°.- Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y rigen en todo el territorio de la Provincia de Mendoza sin perjuicio de la adhesión de los Municipios en lo que hace al ámbito de su competencia.

          Artículo 140°.- Invítese a los municipios a adherir al cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, dentro de sus respectivas jurisdicciones.

          Artículo 141°.- De forma.-

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            Abr28

            Media sanción en diputados para crear el Registro provincial de huellas genéticas digitales

            Escrito el 28 de Abril del 2011 | 1:44 pm en luis petri, mendoza, san martin, seguridad por Luis Petri

            Resolver un delito, apresar al culpable y obtener su condena en poco tiempo horas a partir de la aprobación del proyecto de Ley presentado por el diputado Luis Petri (UCR), que crea el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas (ADN), que le otorgue a la investigación penal una nueva herramienta al servicio de la seguridad.

            Con este registro, la delincuencia recibirá un duro golpe, que si bien no la eliminará, la atenuará sensiblemente, ya que las huellas de ADN de los delincuentes se incorporará a un banco de datos que será utilizado para la resolución de delitos y la aprehensión inmediata de los sospechosos.

            Actualmente, existe un registro exclusivamente para los delitos contra la integridad sexual, con esta ley se ampliará el mismo, haciéndolo extensivo a condenados y procesados por cualquier tipo de delito. “Allí estarán registrados los perfiles genéticos de procesados y condenados por la comisión de algún delito, así como también los de los miembros de las fuerzas de seguridad y las pruebas obtemnidas de la escena del crimen”, destacó Petri.

            De acuerdo con la iniciativa, que fue aprobado en Diputados por la mayoría, el registro estará constituido por las huellas genéticas asociadas a la evidencia obtenida durante la investigación policial o el proceso penal, sin que ésta se encontrase asociada a una persona determinada; las huellas genéticas de las víctimas obtenidas en la escena del crimen (debe estar de acuerdo con la inclusión de sus huellas en el registro); la de los cadáveres o material biológico; las que se pudiesen encontrar vinculadas a la persona vinculada y señalada como autora del delito y las de las fuerzas de seguridad intervinientes (Policía o Servicio Penitenciario).

            “Es fundamental para el esclarecimiento de los delitos y la condena a los responsables, contar con un banco de datos con los perfiles genéticos de los procesados y condenados, como así también la evidencia encontrada en la escena del delito por la cantidad de hechos ilícitos que quedan impunes y la altísima reincidencia que existe” afirmó Petri.

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              Feb24

              Petri propuso la Consulta Popular previo a la ratificación de San Jorge

              Escrito el 24 de Febrero del 2011 | 11:07 am en luis petri, noticias, san martin por Luis Petri

              En fecha 9 de febrero del 2011 ingreso a la Legislatura de la Provincia un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo por el cual se ratifica la Resolución N° 19 del Ministerio de Infraestructura y la Secretaría de Medio Ambiente, emitida el 28 de enero del 2011 por el cual autoriza la realización del proyecto minero “PLANTA CONCENTRADORA SAN JORGE, USPALLATA, LAS HERAS, Mendoza”.

              El interés general que genera el proyecto, las consecuencias sociales, económicas y ambientales que el emprendimiento supone, obligan a quienes tenemos la responsabilidad de decidir sobre su concreción de realizar un pormenorizado estudio e impulsar un fuerte debate antes de tomar una decisión que, sin dudas, supone definir un perfil y rumbo de Provincia


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                Feb24

                Se propone referéndum previo a la ratificación de San Jorge

                Escrito el 24 de Febrero del 2011 | 10:37 am en luis petri, Medio Ambiente, mendoza, Politicas de Transparencia, proyectos, Proyectos de ley, san martin por Luis Petri

                FUNDAMENTOS

                En fecha 9 de febrero del 2011 ingreso a la Legislatura de la Provincia un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo por el cual se ratifica la Resolución N° 19 del Ministerio de Infraestructura y la Secretaría de Medio Ambiente, emitida el 28 de enero del 2011 por el cual autoriza la realización del proyecto minero “PLANTA CONCENTRADORA SAN JORGE, USPALLATA, LAS HERAS, Mendoza”.

                El interés general que genera el proyecto, las consecuencias sociales, económicas y ambientales que el emprendimiento supone, obligan a quienes tenemos la responsabilidad de decidir sobre su concreción de realizar un pormenorizado estudio e impulsar un fuerte debate antes de tomar una decisión que, sin dudas, supone definir un perfil y rumbo de Provincia.

                Pero además, es imperioso votar en el recinto de sesiones tomando en cuenta el sentir y pensar del pueblo de la provincia de Mendoza. Creo que tienen que ser los propios mendocinos, todos juntos, los que definamos el perfil de provincia que queremos tener.

                Si queremos una provincia minera o si por el contrario rechazamos la actividad minera como modelo productivo para todos los mendocinos, para los de hoy pero también para los mendocinos de mañana, nuestros hijos y nuestros nietos.

                Y qué mejor que esa manifestación se exprese en las urnas y esa voluntad popular se transforme en un mandato ético de cumplimiento ineludible a la hora de votar la ratificación o no del Proyecto San Jorge, por todos aquellos que tenemos la obligación de representar la voluntad y mandato de la sociedad.

                Lo hago desde el convencimiento que pesa sobre nuestras espaldas una decisión con un fuerte impacto presente pero también futuro, por lo que debe contar con la mayor de las legitimidades y esta solo se obtiene con el voto popular.

                En virtud de lo manifestado, considero necesaria la realización de una consulta popular no vinculante, siendo de aplicación supletoria en lo pertinente lo dispuesto por la ley electoral provincial y lo establecido en la ley 25.432, que le permita al pueblo expresarse y otorgarnos, de ese modo, un claro mandato.

                Por todo lo expuesto, solicito a esta H. Cámara, la aprobación del presente proyecto de Ley.

                Vox Populi, Vox Dei

                EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

                DE LA PROVINCIA DE MENDOZA SANCIONAN

                CON FUERZA DE

                LEY:

                Artículo 1º.- Convocase a consulta popular no vinculante a todo el electorado de la Provincia de Mendoza al efecto de que se pronuncie por la aceptación o rechazo de la realización del proyecto minero “PLANTA CONCENTRADORA SAN JORGE, USPALLATA, LAS HERAS, MENDOZA.

                Artículo 2º.- Podrán participar de la consulta popular todos los ciudadanos que se encuentren habilitados para votar en la provincia de Mendoza.

                Artículo 3º.- Las propuestas que deberán contener las boletas mediante las cuales la ciudadanía expresará su voluntad son:

                a) SI, VOTO POSITIVAMENTE la realización del proyecto minero “PLANTA CONCENTRADORA SAN JORGE, USPALLATA, LAS HERAS, MENDOZA.

                b) NO, VOTO NEGATIVAMENTE la realización del proyecto minero “PLANTA CONCENTRADORA SAN JORGE, USPALLATA, LAS HERAS, Mendoza.

                Artículo 4°.- La consulta popular no vinculante será efectuada el día 14 de agosto del 2011.

                Artículo 5º.- Será de aplicación supletoria en todo lo que no se oponga expresamente a la presente ley, lo establecido por la ley 2551 y sus modificatorias y lo dispuesto por la ley 25.432.

                Articulo 6º.- De forma.

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                  Feb23

                  Luis Petri pide más policía para San Martín

                  Escrito el 23 de Febrero del 2011 | 10:38 am en luis petri, san martin, seguridad por Luis Petri

                  El diputado Luis Petri (UCR) presentó un proyecto solicitando la incorporación inmediata y urgente de 100 efectivos policiales y la adquisición de 15 móviles policiales, con destino a las comisarías pertenecientes al departamento de San Martín.

                  Este pedido surge como consecuencia del incremento de los delitos, particularmente el robo; la falta de policías y el reclamo constante de los vecinos del departamento, al diputado Petri, por la gran inseguridad que sufren en la zona, en especial en los últimos meses.


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                    Feb22

                    Mas Policias para San Martin

                    Escrito el 22 de Febrero del 2011 | 11:09 am en luis petri, policía, proyectos, Proyectos de ley, san martin, seguridad, Seguridad Ciudadana por Luis Petri

                    FUNDAMENTOS

                    En los primeros meses del año 2011 el Departamento de San Martín ha padecido una importante ola de asaltos en todo su territorio. La situación es crítica y los vecinos que habitan el departamento reclaman, con razón, la adopción de medidas urgentes que devuelvan la tranquilidad perdida.

                    El delito de robo –por ejemplo- ha experimentado un fuerte incremento, ascendiendo en el mes de enero a la cantidad de 268, contabilizando los denunciados en las Comisarías 12, 28,39 y 55.

                    El personal policial del departamento de San Martín esta divido en dos áreas, Departamental Sur y Norte. La Departamental Sur esta compuesta por la Comisaría 12º de Ciudad, la Comisaría 28º de Palmira, la Jefatura Departamental, Sala de Video y Monitoreo (Municipalidad), UEP y UPAT, con 179 efectivos en total.

                    Mientras que en la Departamental Norte se encuentran las Comisaría 39º de Tres Porteñas, la Comisaría 55º de Montecaseros y la Jefatura Departamental, con un total de 52 efectivos. Si sumamos ambas Departamentales, la cantidad total de efectivos que posee San Martín es de 231 en total.

                    A esta escasa cantidad de personal debemos agregar que los policías cumplen un régimen laboral de 24 horas de servicio por 48 horas de descanso. Sumado a ello, tenemos que considerar que no todos los efectivos policiales se encuentran operativos ya que muchos cumplen tareas administrativas, tienen parte de enfermo o registran sanciones.

                    Como ha quedado demostrado, vemos que ninguna dependencia del Departamento cuenta con la cantidad suficiente de personal y movilidad adecuada para prevenir o reprimir el delito.

                    Por ello, reclamo al Ministerio de Seguridad la URGENTE E INMEDIATA incorporación de 100 efectivos policiales en todo el Departamento de San Martín y la puesta a disposición de 15 móviles policiales a las mencionadas comisarías del Departamento.

                    Por todo lo expuesto, solicito a esta H. Cámara, la aprobación del presente proyecto de Resolución.

                    Honorable Cámara de Diputados

                    Provincia de Mendoza

                    RESUELVE

                    Articulo 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, la incorporación INMEDIATA y URGENTE de 100 efectivos policiales, con destino a las Comisarías pertenecientes a la Departamental Norte y Sur del Departamento de San Martín.

                    Solicitar, asimismo, la adquisición y/o puesta a disposición de las mencionadas comisarías, de 15 móviles policiales.

                    Articulo 2º. – De forma.

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                      Sep13

                      Proyecto prorroga los vencimientos de los créditos de cosecha 2010

                      Escrito el 13 de Septiembre del 2010 | 1:45 pm en luis petri, noticias, san martin por Gabriel Modarelli

                      La difícil situación económica y financiera por la que atraviesan los pequeños productores vitivinícolas de la provincia y en especial, los productores de la zona Este, debido a que la venta de vino y mosto ha disminuido y las operaciones realizadas son cobradas en plazos mayores de 120 días, es que el diputado Luis Petri ha presentado un proyecto de Ley para que se extiendan los períodos de vencimiento del Crédito Cosecha 2010, como también del Crédito Emergencia Agropecuaria del 1992-93.
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                        Sep13

                        Prorroga para creditos del Fondo de Transformacion

                        Escrito el 13 de Septiembre del 2010 | 1:32 pm en Desarrollo social, luis petri, proyectos, Proyectos de ley, san martin por Gabriel Modarelli

                        FUNDAMENTOS

                        En el mes de junio se produce la liberación de los nuevos vinos correspondientes a la cosecha correspondiente a ese año, esto origina una mayor oferta de los mismos en el mercado y una consecuente baja de los precios, situación que en la actualidad se ha visto agravada la disminución del consumo. Esta situación afecta a los pequeños y medianos productores, quienes deben vender sus vinos a precios bajos impidiendo obtener la rentabilidad necesaria para hacer frente a los costos de producción.

                        Si consideramos lo expuesto precedentemente y teniendo en cuenta que los costos productivos aumentan paulatinamente en forma creciente producto de la inflación y los precios se mantienen constantes y en muchos casos operan a la baja, esta situación hace extremadamente difícil que los productores vitivinícolas puedan devolver los préstamos que recibieron para cosecha y acarreo en tiempo y forma, por lo que se hace necesario que el Fondo para la Transformación y Crecimiento Socio-Económicos otorgue una prórroga por el término de dos (2) meses, para el pago de los préstamos cuyos vencimientos operan en los meses de septiembre y diciembre del 2010, llevando el vencimiento original diciembre de 2010 y febrero del 2011.
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                          Jul2

                          VAMOS A LA ESCUELA…Hoy Escuela San Vicente de Paul

                          Escrito el 2 de Julio del 2010 | 5:54 pm en luis petri, san martin, vamos a la escuela por Luis Petri
                          El viernes pasado fui a la escuela San Vicente Paul,  en el marco del Programa que hemos denominado, “Vamos a la Escuela”, en donde intentamos hacer un breve repaso de la Historia Institucional Argentina y el proceso de formación y sanción de las leyes
                          .El programa tiene el objetivo de acercar a los jóvenes a diversas temáticas relacionadas con las leyes y los derechos de los ciudadanos, como también que los adolescentes no sólo escuchen sino participen y manifiesten sus inquietudes, reforzando de esta manera la libertad de los mismos, a través del conocimiento de sus derechos y obligaciones.
                          Con la premisa de que es fundamental y tarea de todos crear ciudadanía, forjando hombres y mujeres comprometidos con la comunidad en la que viven, en donde no solo sean sujetos de derechos sino también de obligaciones, es que el diputado Petri desarrolla desde hace un año estas charlas en los quintos años de los colegios secundarios de San Martín.
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                            Jun24

                            VAMOS A LA ESCUELA…Hoy Escuela Nacional de San Martín

                            Escrito el 24 de Junio del 2010 | 6:02 pm en juventud, luis petri, san martin, vamos a la escuela por Luis Petri
                            El viernes pasado, en la escuela Normal General José de San Martín, de la ciudad de San Martín, el diputado del ConFe, Luis Petri,  continuó con el Programa que lleva a cabo, denominado “Vamos a la Escuela”, en donde se hace un repaso de la Historia Institucional Argentina y el proceso de formación y sanción de las leyes y tiene el objetivo de acercar a los jóvenes a diversas temáticas relacionadas con las leyes y los derechos de los ciudadanos.
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