Regulando la comunicaciones dentro de los Penales Provinciales

“Debemos luchar por los muertos derramados de sangre, para que con Justicia descansen en paz, pero también por nuestros vivos y los que nos sobrevivirán para que no necesiten acudir a ella”

LAP

FUNDAMENTOS

La Ley Nacional 24.660 establece el derecho de todo interno alojado en establecimientos penitenciarios a comunicarse periódicamente con su familia, amigos, allegados, curadores y abogados así como con representantes de organismos oficiales e instituciones privadas con personería jurídica que se interesen por su reinserción social. Asimismo dispone que las comunicaciones telefónicas se ajustaran a las condiciones, oportunidad y supervisión que determinen los reglamentos, sin desvirtuar el derecho de comunicación establecido por la norma. Esto es, deben garantizar la periodicidad y la privacidad de la mencionada comunicación.

La provincia de Mendoza adhirió a la ley 24.660 y estableció en el artículo 65 del decreto 1.166/98 que las comunicaciones telefónicas realizadas desde teléfonos públicos son irrestrictas en los horarios que fije la administración.

Asimismo, en el orden internacional, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977 estableció en su apartado 37 que: “Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familiar y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia como mediante visitas”.

Sin vulnerar el derecho de todo interno a comunicarse, resulta necesario regularlo para adecuarlo frente a la realidad que nos toca vivir, inmersos en una ola de secuestros virtuales.

Es de hacer notar que toda regulación en la materia debe ser respetuosa de la intimidad de la persona, debiendo ser cuidadosos de evitar soluciones facilistas que vulneren y menoscaben dicho derecho. Por ello rechazamos la descabellada propuesta que propicia la grabación genérica de las comunicaciones efectuadas por los internos, sin tener en consideraciones uno de los más elementales e importantes derechos de la persona, como es el derecho a la intimidad, consagrado constitucionalmente y ratificado por innumerables Tratados Internacionales.

Hoy impulsan la grabación de las comunicaciones en clara violaciones de uno de los derechos humanos fundamentales, mañana pretenderán cortarle la lengua a los internos, pasado quien sabe por que irán… Dios nos libre de aquellos que menosprecian el respeto a la persona humana.

No podemos permitir que nuestras cárceles se transformen en verdaderos campos de concentración como algunos inescrupulosos pretenden. Busquemos que las mismas intenten cumplir con el fin para el cual fueron creadas y que marca nuestra Constitución Nacional en su Artículo 18 y la Constitución Provincial en su Artículo 23.

Es por ello que debemos agudizar la imaginación e incorporar la más avanzada tecnología, que permita preservar la intimidad de la persona, pero que a la vez resulte un combate eficaz para quienes deciden delinquir mediante comunicaciones telefónicas.

Esta nueva modalidad delictiva que ha tomado protagonismo actualmente se ha multiplicado en los últimos años, llegando a contarse entre 5 y 6 hechos por día aproximadamente teniendo en cuenta también los que no son denunciados.

Los secuestros virtuales, generalmente, son cometidos por los internos de la Penitenciaria, utilizando los teléfonos públicos situados dentro de la misma, como así también usando teléfonos celulares clandestinamente ingresados, con la complicidad de familiares y allegados, y muchas veces las llamadas que se realizan son hechas por cobro revertido.

Los llamados son realizados a un número escogido al azar, anunciando a quien atiende que se tiene un familiar secuestrado, pidiendo como rescate que se compren tarjetas telefónicas y se le pasen los códigos de las mismas. Los internos utilizan estos códigos para comunicarse o bien para comercializarlos dentro de la Penitenciaria.

Si bien esa es la metodología utilizada, en algunas provincias los secuestros virtuales están tomando otro giro, y ya no sólo la finalidad es conseguir códigos para hablar por teléfono, sino que también se obliga a los familiares a entregar dinero u objetos de valor a cómplices de los internos, que se encuentran en libertad.

Es por todo ello que es necesario tomar medidas que tiendan a proteger a la sociedad frente a estos hechos delictivos, pero debido a que los secuestros virtuales son realizados también desde otros establecimientos penitenciarios sitos en otras provincias, es dable esperar que en todo el país se adopten medidas similares para combatir este repudiable delito.

El presente proyecto tiene por objeto regular el derecho de los internos a comunicarse telefónicamente, dentro de los límites impuestos por la norma nacional adherida por la provincia, que establece la periodicidad y privacidad de las comunicaciones.

El derecho a las comunicaciones telefónicas de los internos no es absoluto, y requiere una necesaria reglamentación que compatibilice los intereses en conflicto. La opción tomada por el decreto reglamentario, respecto a la consagración de la ilimitación de las comunicaciones, creemos, debe ser modificada a través de la presente ley y de la reglamentación que en consecuencia se dicte.

Se reglamenta la duración de las llamadas, disponiendo los horarios en que las mismas pueden realizarse, prohibiendo el uso de telefonía celular dentro de los establecimientos penitenciarios, pero como la realidad nos muestra que el ingreso de dichos teléfonos se produce de todos modos, es que establecemos el bloqueo y/o inhibición de la señal de telefonía móvil dentro de los establecimientos penitenciarios a fin de efectivizar la mencionada prohibición.

Seguidamente, se dispone el procedimiento a seguir previo a la realización de una llamada telefónica por parte de los internos, teniendo como norma la no vulneración de su derecho a la intimidad.

Se establece que las llamadas realizadas por los internos serán obligatoriamente transferidas a un conmutador, antes de que se le habilite la comunicación el interno deberá informar el número de teléfono al cual quiere llamar, si la comunicación se hará por el sistema de cobro revertido, el nombre del destinatario y el carácter o vinculación del mismo y la duración aproximada de la comunicación. Toda esta información será plasmada por la operadora en libros encuadernados y foliados, los cuales serán puestos a disposición del magistrado competente a fin de ayudar en la investigación de los denominados secuestros virtuales.

Asimismo se establece que en todas las comunicaciones telefónicas provenientes de la Penitenciaria Provincial, la operadora anunciará al receptor que se trata de una comunicación originada en la misma y el número telefónico gratuito para efectuar denuncias, esto con el objeto de que se le comunique al destinatario la procedencia de la comunicación, dándole la posibilidad de negarse a recepcionar la misma.

Por otro lado se establece la implementación de un sistema de videocámaras ubicadas estratégicamente en las inmediaciones en que se encuentren teléfonos públicos en el ámbito de la penitenciaria, a fin de captar imágenes del momento en que los internos realizan la comunicación y facilitar la prueba de hechos delictivos cometidos mediante las mismas.

En la elaboración de este proyecto debemos destacar la inestimable colaboración a nuestra iniciativa de parte de los Dres. Alberto López y David Mangiafico, quienes con su mirada particular y experta, por enfrentar cotidianamente esta problemática, realizaron aportes sustanciales al mismo.

Por todo lo expuesto solicito a ésta H. Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA MENDOZA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto regular, en el ámbito de la provincia, el derecho de comunicación telefónica que gozan los internos recluidos en los Establecimientos Penitenciarios Provinciales con familiares, amigos, allegados, curadores y abogados, así como con representantes de organismos oficiales e instituciones privadas con personería jurídica que se interesen por su reinserción social, en virtud de lo dispuesto por los artículos 158 y 160 de la ley 24.660.

Artículo 2°.- Quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles.

A tal fin se deberá proceder al bloqueo y/o inhibición de señal de telefonía móvil dentro del Establecimiento Penitenciario para impedir u obstaculizar el uso de dichos dispositivos en el establecimiento conforme lo determine la reglamentación.

Artículo 3°.- Las comunicaciones telefónicas desde establecimientos penitenciarios provinciales se efectuarán entre las ocho (8) horas y las diecinueve (19) horas y tendrán una duración máxima de cinco (5) minutos cada una. La reglamentación determinará la cantidad de llamadas que podrá realizar el interno semanalmente y los supuestos excepcionales en casos de urgencia.

Artículo 4°.- Las comunicaciones telefónicas desde la Penitenciaria se efectuarán mediante teléfonos fijos conectados a un conmutador sujetándose, con carácter obligatorio, a las siguientes disposiciones, a saber:

Previo a iniciar la comunicación con el exterior, el interno se comunicará con la operadora dependiente del establecimiento penitenciario, a la que solicitará la misma, debiendo informar:

1. Datos personales del solicitante.

2. Número de teléfono al que desea llamar.

3. Destinatario de la comunicación.

4. Carácter y/o vinculación con el destinatario de la comunicación, indicando si el mismo reviste la calidad de: familiar, amigo, allegado, curador, abogado, representante de organismos oficiales o institución privada que se interesen por su reinserción social.

5. Duración aproximada de la llamada.

6. Si la llamada se efectúa a través del sistema de cobro revertido.

Artículo 5°.- La operadora deberá llevar un registro en donde asentará la

información suministrada por el interno dispuesta en el Artículo anterior, la que será llevada en libros encuadernados y foliados. Los mencionados libros deberán ser puestos inmediatamente a disposición del Magistrado, ante requerimiento de este.

Artículo 6°.- La operadora previo a conectar la llamada deberá constatar la veracidad de los datos aportados por el solicitante. En el supuesto de ser erróneos los mismos, no establecerá la mencionada comunicación, debiendo asentar las causas en el libro previsto en el artículo anterior, informando dicha circunstancia al interno y a las autoridades penitenciarias para su conocimiento.

Artículo 7°.- En todas las comunicaciones telefónicas procedentes de la Penitenciaria Provincial, la operadora deberá anunciar al receptor que se trata de una comunicación proveniente de la misma, interrogando al receptor respecto de la vinculación invocada por el interno establecida en el artículo 4 inc. 4, indicando el nombre del interno que la solicita y el número de teléfono gratuito habilitado para efectuar denuncias ante un eventual delito.

Asimismo deberá indicar si la llamada se efectúa a través del sistema de cobro revertido a fin de aceptar o rechazar la misma.

Artículo 8°.- En el supuesto de sospechas fundadas respecto a la posible comisión de un ilícito realizadas mediante comunicaciones telefónicas, deberán suspenderse en forma preventiva las mencionadas comunicaciones del interno sospechado, no gozando de las facultades establecidas por el artículo 65 del Decreto 1.166/98. La autoridad penitenciaria determinará el plazo de duración de la suspensión preventiva de las comunicaciones el que no podrá exceder de tres (3) meses.

Artículo 9°.- Toda denuncia realizada en virtud de presuntos delitos perpetrados por internos alojados en establecimientos penitenciarios deberá poseer el carácter secreto de las actuaciones policiales, en particular los datos de identificación y filiatorios del denunciante, su domicilio etc., debiendo el Magistrado interviniente, en su primera actuación en la causa ordenar la reserva de identidad del mismo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 232 del Código Procesal Penal de la Provincia.

Artículo 10°.- En los espacios físicos en donde se encuentren emplazados teléfonos habilitados para comunicaciones con el exterior, conforme al procedimiento descripto precedentemente, deberán colocarse videocámaras que permitan la individualización de los eventuales usuarios de los mismos.

En ningún caso las videocámaras podrán registrar el audio del interno al momento de establecer la comunicación, debiendo únicamente limitarse al registro de imágenes.

Artículo 11°.- Las grabaciones de imágenes, deberán dejar asentado los datos correspondientes a los días y horas en que se producen y serán puestas a disposición del magistrado competente a requerimiento de este, en el supuesto de denuncia de delito de extorsión u otro perpetrado mediante comunicaciones telefónicas desde el interior del establecimiento penitenciario.

Artículo 12°.- Las grabaciones deberán archivarse por un lapso de tres (3) meses a contar de la producción de las mismas.

Artículo 13°.- Las mencionadas videocámaras deberán estar debidamente protegidas y colocarse a una distancia que imposibilite el alcance y o destrucción de las mismas por los internos.

Artículo 14°.- La destrucción o daño de las mencionadas videocámaras será considerada falta grave en los términos del Dec. 1166/98 y privará al interno responsable del derecho a celebrar comunicaciones telefónicas con el exterior por el lapso que determine la reglamentación.

Artículo 15°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a celebrar convenios con la empresa concesionaria del servicio telefónico, a fin de la implementación de la presente ley.-

Artículo 16°.- El Poder Ejecutivo implementará la presente ley, en forma progresiva conforme a los efectivos sistemas de comunicaciones que posean los establecimientos penitenciarios de la Provincia.

Artículo 17°.- De forma.

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    Un comentario hasta el momento:

    1. Pedro Muñoz dice:

      Estimado Señor, quisiera saber como se sentiría usted, si como en nuestro caso viviera en Buenos Aires, y su familia se encuentra viviendo en San Luis, recibiendo llamados extorsivos desde el N° 02652-618938, supongo desde la cárcel a indefensas personas mayores de edad (Como lo son nuestros familiares).

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