Otorgando un subsidio a policias que hayan protagonizados actos heroicos

FUNDAMENTOS

La seguridad es uno de los temas de mayor relevancia en el contexto actual de nuestro país, lejos de nuestras prioridades se encuentran cuestiones centrales como salud, educación o cultura, al ver conculcada nuestra salvaguardia y la de nuestros seres queridos. Cuando esta afectada la propia existencia de la persona o la integridad del su patrimonio, la sensibilidad ante hechos delictivos de la ciudadanía se amplifica y potencia.

Uno de los principales roles del Estado a partir de su concepción moderna, es pues ser garante de la seguridad interior. Esto es -aún en la versión más descarnada del capitalismo que limita la participación del Estado en la vida de las personas que lo componen- uno de los dogmas que se han mantenido incólumes frente al minimalismo del Estado actual. Es tan constitutivo de este que se entroniza en uno de los pilares de su existencia.

El presente proyecto de ley propicia otorgar un subsidio mensual y vitalicio a los miembros de la Policía de Mendoza, en situación de actividad, que como consecuencia del cumplimiento de sus deberes esenciales de defender contra las vías de hecho, o en actos de arrojo, la propiedad, la libertad y la vida de las personas, mantener el orden público y preservar la seguridad pública en efectivas acciones, resultaren con una disminución psicofísica permanente.

UNA MIRADA AL EL ESTADO POLICIAL

El policía, como servidor público, tiene una serie de derechos, deberes y prohibiciones que debe observar en el ejercicio de sus funciones.

Tal como define nuestra propia legislación (ley 6722) Estado policial es la situación jurídica de la que nace un conjunto de deberes, prohibiciones y derechos que las leyes, decretos y reglamentos establezcan para el personal policial.

Entre los cuales encontramos deberes esenciales del personal policial, como los siguientes; jurar acatamiento a la constitución nacional y a la constitución de la provincia de Mendoza, defender la vida, la libertad y la propiedad de las personas aun a riesgo de su propia vida e integridad , la de obedecer toda orden emanada de un superior , poner en conocimiento de la inspección general de seguridad todo hecho que pudiere constituir una falta administrativa y solicitar la instrucción de los sumarios administrativos cuando legalmente correspondiere (conf. ley 6722)

Son derechos esenciales del personal policial, la estabilidad del empleo policial, la posesión del grado, el ejercicio de funciones, trato y remuneración inherentes al mismo. Por otro lado el uso de las licencias y permisos como la provisión de uniforme e indumentaria, armas, equipos y demás elementos necesarios para su función en un marco de condiciones, higiénicas y de alimentación dignas sanas y suficientes asegurando circunstancias seguras de trabajo.

Además el policía tiene y debe tener oportunidades desempeñarse de recibir un trato respetuoso por parte de superiores y de la ciudadanía en general. Por el contrario jamás debe ser tratado en forma degradante o despectiva, ni ser humillado, aún en el caso haber cometido una falta, por lo que toda información que difunda sobre su persona debe ser con apego a la verdad.

El policía esta obligado a actuar con apego las leyes, empleando los recursos de que dispone de manera imparcial, honesta, leal, eficaz. Sólo así, podrá contar con la confianza de los ciudadanos, sin la cual todos los esfuerzos por lograr la seguridad pública serían nulos.

Respeto a su dignidad como persona el policía debe de recibir un trato respetuoso por parte de sus superiores, personal administrativo y ciudadanía.

El policía debe recibir una capacitación técnica y formación cívica, para el mejor desempeño de si no la sorprende en flagrante delito, o sin orden de aprehensión.

La seguridad es una prioridad dentro de las políticas que deben implementarse en una sociedad y una constante preocupación de todo Gobierno. Creemos de vital importancia, en vistas a ello, proteger a quién en un acto voluntario dictado por su propia convicción, entrega a la sociedad su propia vida o la compromete en su integridad.

La necesidad de proteger la vida de los funcionarios de las fuerzas de seguridad es prioridad del Estado. En consecuencia, corresponde velar por ellos y por sus familias, procurando que tanto los funcionarios de las fuerzas de seguridad que resultaren con la inutilización o disminución psicofísica permanente como consecuencia del cumplimiento de sus deberes esenciales, como sus familias, tengan la posibilidad de continuar con una vida digna.

La ley 6722 establece a partir del artículo 301 la sección referida a los subsidios determinando dos clases: 1) por fallecimiento y 2) por gastos de sepelio.

En el supuesto de fallecimiento por actos propios del servicio, los causahabientes con derecho a pensión, perciben un subsidio por única vez que oscila entre 25 a 55 veces el importe del haber mensual del grado del causante, dependiendo de su estado civil y su condición de padre o no. Pudiendo llegar a incrementarse hasta 5 veces más por hijo a partir del segundo.

En el caso de sepelio se otorga por única vez el importe que resulte de aplicar el 35% sobre el sueldo de comisario general.

Esto significa que en el supuesto de fallecimiento en actos de servicio, la familia del causante percibe un monto equivalente promedio a 4 años de servicio.

A partir del artículo 307 se regulan las indemnizaciones del personal policial, estableciéndose que para los supuestos contemplados por el artículo 58 inc. 3 y 4 el afectado percibe una suma compensatoria equivalente a su haber mensual por cada año de servicio. Esta indemnización conforme a la ley, resarce al personal policial por su incapacidad y la perdida del empleo subsiguiente, debiendo ser de carácter absoluto y permanente.

Conforme a lo precedentemente expuesto, el proyecto plantea otorgar un subsidio mensual y vitalicio, a más de los establecidos en los artículo 301 al 306, al personal policial que habiendo llevado a cabo acciones o actos de arrojo y con motivo de ellos hayan sufrido incapacidad psicofísica permanente en cumplimiento de sus deberes. Extendiéndose dicho subsidio a sus familiares en caso de muerte del beneficiario.

El mencionado subsidio aparece como un paliativo a quienes con acciones heroicas y en defensa de la comunidad sufrieron consecuencias disvaliosas con carácter permanente en su condición psicofísica.

Dicho subsidio abonado por el Estado, es incompatible con las indemnizaciones establecidas por los artículos 307 a 310 de la ley 6722, que disponen supuestos indemnizatorios por enfermedades o lesiones que supongan ineptitud para el normal desarrollo de la función policial, se hayan producido por actos de servicio o no, o por disminución de las aptitudes profesionales o personales que impidieren el ejercicio de la función policial.

Por último es necesario remarcar la colaboración en la redacción del presente proyecto de la Asociación de Víctimas de Delito y A.M.U.P.O.L. quienes con su visión particular y experta lo dotaron de una profundidad imposible de prever en sus comienzos.

La sangre de nuestras victimas no coagula con el tiempo, sino que permanece como una herida abierta que nos lacera como sociedad.

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA MENDOZA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Art. 1°.- Objeto. Otórgase un subsidio mensual y vitalicio al personal en servicio efectivo de la Policía de Mendoza, que hayan llevado a cabo acciones heroicas o actos de arrojo en la Provincia en los términos del artículo 200 de la ley 6722 y con motivo de ello sufran incapacidad o disminución psicofísica permanente que le impidiere el ejercicio de la función policial, en cumplimiento de sus deberes de defender la vida y la integridad física, la libertad y la propiedad de las personas para prevenir el delito, interrumpir su ejecución o sus efectos.

Si por dichas acciones se produjera el fallecimiento, el subsidio recaerá en sus derechohabientes conforme lo establecido por el artículo 4º.

Art. 2°.- Requisitos. Para ser beneficiario del subsidio que se otorga en el artículo anterior se deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) El hecho que da lugar a la solicitud del subsidio deberá tener lugar con posterioridad al 10 de diciembre de 1983.

b) Presentación de certificado actualizado expedido por el Ministerio de Seguridad, determinando la condición de miembro de la Policía de Mendoza.

c) Copia de la Resolución Administrativa que declara el acto de servicio expedido por el Ministerio de Seguridad, en el cual se deberá detallar las circunstancias, fecha y el lugar en que se sucedieron los hechos que ocasionaron la incapacidad o la muerte encuadrado en los términos del artículo 200 de la ley 6722.

d) En caso de incapacidad, la misma deberá acreditarse mediante informe expedido por la División de Sanidad Policial, avalado por la Comisión Médica pertinente.

La documentación requerida en los incisos precedentes deberá ser presentada ante el Ministerio de Gobierno, siendo este autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 3°.- En todos los casos, el subsidio se otorgará previa comprobación de las circunstancias que determinaron el hecho, mediante las actuaciones labradas a tal efecto por la fuerza de seguridad correspondiente.

Art. 4°.- En aquellos casos en que el beneficiario hubiese fallecido en ocasión de las acciones descriptas en el artículo 1, el subsidio será asignado a sus derechohabientes según el siguiente orden de prelación:

a) El cónyuge o conviviente con dos (2) años de convivencia mínima comprobables, previo al fallecimiento del beneficiario.

b) Los hijos menores de veintiún (21) años de edad, hasta alcanzar la mayoría de edad, o mayores con necesidades especiales que presenten certificado que lo acredite.

c) Padre o madre, en caso de no percibir pensión y/o jubilación alguna.

Art. 5°.- El monto del subsidio establecido en el artículo 1° de la presente Ley, será equivalente importe del haber mensual del grado inmediato superior del agente, al momento de producirse el acto heroico.

Art. 6°.- El subsidio creado por la presente ley es

inembargable, no pudiendo ser cedida ni transmitida total o

parcialmente, ni comprometida por ningún tipo de acto

jurídico.

Art. 7°.- Personas Excluidas. Quedan excluidos del presente beneficio:

a) Los condenados o sometidos a proceso por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones desempeñadas en el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 al 10 de Diciembre de 1983.

b) Los que se hubieren amparado en las Leyes Nacionales 23.521 y 23.492, de Obediencia Debida y Punto Final

c) Los deudos que hayan incurrido en causales de pérdida del derecho a pensión.

d) No podrán cobrarlo hasta tanto se dicte el sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria firme, los imputados o procesados en causa penal vinculada al hecho que hubiere causado el fallecimiento o la incapacidad.

Art. 8°.- El beneficio creado por la presente Ley es incompatible con subsidios que por el mismo concepto pudieran otorgarse en especial las indemnizaciones establecidas por los Artículos 307 a 310 de la ley 6722, dejando a salvo lo preceptuado por los artículos 301 a 306 por fallecimiento y sepelio del agente policial.

Art. 9°.- Cuando el beneficiario se encuentre física o psíquicamente incapacitado para cobrar el subsidio, la reglamentación determinará la forma y condición para la designación de un apoderado.

En el caso en que el beneficiario se encuentre temporalmente impedido para percibir el subsidio, la autoridad de aplicación, ante la solicitud debidamente justificada, puede autorizar la designación de un apoderado por el tiempo que dure el impedimento.

Art. 10º.- El apoderado debe presentar trimestralmente un certificado de supervivencia de su poderdante, expedido por autoridad competente.

Art. 11º.- El pago del subsidio cesa automáticamente cuando se produzca alguna de las siguientes causas:

a) Fallecimiento del titular. Los derechohabientes, en el orden establecido en el art. 4, podrán iniciar el trámite correspondiente.

b) Renuncia del titular.

c) Cuando el subsidio es percibido por intermedio de un apoderado y éste no presente el certificado de supervivencia al que hace referencia el artículo 10°.

Art. 12º.- Los gastos que demande la aplicación de la presente Ley serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2008 y subsiguientes, facultándose al Poder Ejecutivo para efectuar las reasignaciones presupuestarias que sean necesarias para el cumplimiento de la presente y serán atendidos

con los siguientes recursos:

a) de rentas generales;

b) los que se destinen por leyes especiales.

c) con las donaciones o legados que se realicen para ser

afectados a la presente ley.

Art. 13°.- La fecha inicial para el cobro del subsidio mensual y vitalicio será a partir de la fecha de publicación de la presente Ley.

Art. 14º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.

Art.15º.- De forma.

Compartir

    Deja un comentario