Modificación al procedimiento de allanamiento

Platón decía que Justicia lenta no es justicia,

nosotros podríamos agregar que,

no es impunidad, puesto que llega, aunque tarde,

cuando  nadie la espera.

LAP

Fundamentos:

Clariá Olmedo sostiene que “El derecho procesal penal es la disciplina jurídica reguladora de la efectiva realización del derecho penal; establece los principios que gobiernan esa realización y determina los órganos, la actividad y el procedimiento para actuar la ley penal sustantiva”.

El allanamiento constituye una medida de orden procesal, directamente relacionada con el domicilio de una persona.

La Constitución Nacional no ofrece una definición expresa del domicilio como objeto de la protección del artículo 18. El rasgo esencial que define el domicilio a los efectos de la protección dispensada por el artículo 18 es la aptitud para desarrollar en él la vida privada, en su destino específico a tal desarrollo, aunque sea eventual.

El Código Penal, en su artículo 150 al tipificar el delito de violación de domicilio lo define  como morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo.

El principio constitucional de la inviolabilidad del domicilio, no es absoluto, ya que se  establecen en que casos y con que justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Así es como la Constitución Nacional  en el artículo 18 luego de sentar el principio de inviolabilidad del domicilio establece que……  una ley determinará en que casos y con que justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.

Lo precedentemente expuesto, está en concordancia con el art. 28 de la C.N. que establece que los principios y garantías que establece la Constitución no podrán ser alterados con las leyes que reglamenten su ejercicio.

Por su parte, la  Constitución de  EE.UU. la reglamenta por su parte en la  Enmienda IV veda los allanamientos irrazonables, y lo extiende a los efectos tales como armas, narcóticos etc., además de los papeles  o correspondencia epistolar y establece que  ningún mandamiento será emitido sino en virtud de un  motivo verosímil sustentado por juramento o afirmación, describiendo con precisión el lugar a ser registrado y las personas o cosas a ser detenidas o secuestradas. Expresamente la Enmienda IV dispone: “El derecho de las personas a gozar de seguridad en sus personas, domicilios papeles y efectos, contra las búsquedas y los secuestros irrazonables, no debe ser violado, y no se emitirán mandamientos si no existe una causa probable, confirmada por juramento o afirmación, y que describa específicamente el lugar que ha de investigarse, y las personas o las cosas que serán retenidas”.

Sabido es, que se ha considerado al domicilio como una proyección espacial del ámbito de intimidad de la persona, la que ha determinado el reconocimiento general de su inviolabilidad y la exclusión de posibles injerencias arbitrarias en él. Además constituye una garantía del debido proceso, en tanto se establece un límite legal a la recolección de pruebas incriminatorias de un individuo imputado de un delito. Por ello es que, si bien se podrá autorizar su registro y allanamiento, se regulan las condiciones de su procedencia, el que será dispuesto por juez competente, mediante orden motivada.

Esta medida puede estar a cargo del propio juez en cuyo caso, no es necesaria otra orden que la decisión fundada de éste, pero es posible, trasformándose en la práctica en la regla,  que el magistrado interviniente delegue dicha diligencia en funcionarios de la policía.

El allanamiento por sus características puede ser realizado directamente por el Magistrado interviniente o delegando dicha medida a la autoridad competente, en virtud de una orden judicial que la disponga, supuesto regulado  en el C.P.P. mendocino, en su artículo 217 o bien sin orden judicial en virtud de un estado de necesidad justificante, previsto en el artículo 219, que regula taxativamente los supuestos de procedencia del mismo.

A  su turno los distintos Códigos Procesales de las distintas provincias del país y el propios Código Procesal Nacional, describen en que casos la policía o fuerzas de seguridad pueden proceder  con y sin orden judicial.

Debemos hacer esfuerzos por agilizar el libramiento de la orden de allanamiento, respetando los derechos constitucionalmente amparados, pero sin duda, tomando en consideración que el tiempo que transcurre entre la petición, a través del preventivo judicial, el libramiento de la orden, su comunicación y posterior materialización puede ser vital para el esclarecimiento del delito y la aprehensión de los presuntos responsables. Es por ello que proponemos a continuación hacer un breve recorrido por los principales Códigos Procesales Penales Provinciales a fin de conocer cual a sido la respuesta legislativa para dicho instituto.

LA REGULACIÓN AL ALLANAMIENTO EN LOS DISTINTOS CÓDIGOS PROCESALES DEL PAÍS. UN RECORRIDO A TRAVÉS DE SUS DISPOSICIONES.

El Código Procesal Penal de la Nación regula el registro domiciliario a partir del  artículo 224  disponiendo que:

Art. 224. – Si hubiere motivo para presumir que en determinado lugar existen cosas vinculadas a la investigación del delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el juez ordenará por auto fundado el registro de ese lugar.

El juez podrá proceder personalmente o delegar la diligencia en el fiscal o en los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad. En caso de delegación, expedirá una orden de allanamiento escrita, que contendrá: la identificación de causa en la que se libra; la indicación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados; la finalidad con que se practicará el registro y la autoridad que lo llevará a cabo. El funcionario actuante labrará un acta conforme lo normado por los artículos 138 y 139 de este Código.

En caso de urgencia, cuando medie delegación de la diligencia, la comunicación de la orden a quien se le encomiende el allanamiento podrá realizarse por medios electrónicos. El destinatario de la orden comunicará inmediatamente su recepción al Juez emisor y corroborará que los datos de la orden, referidos en el párrafo anterior, sean correctos. Podrá usarse la firma digital. La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION o el órgano en que ésta delegue dicha facultad, reglamentará los recaudos que deban adoptarse para asegurar la seriedad, certidumbre y autenticidad del procedimiento.

Cuando por existir evidente riesgo para la seguridad de los testigos del procedimiento, fuese necesario que la autoridad preventora ingrese al lugar primeramente, se dejará constancia explicativa de ello en el acta, bajo pena de nulidad.

Si en estricto cumplimiento de la orden de allanamiento, se encontrare objetos que evidencien la comisión de un delito distinto al que motivó la orden, se procederá a su secuestro y se le comunicará al juez o fiscal interviniente.

Allanamiento de morada

Art. 225. – Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá realizarse desde que salga hasta que se ponga el sol.

Sin embargo, se podrá proceder a cualquier hora cuando el interesado o su representante lo consienta, o en los casos sumamente graves y urgentes, o cuando peligre el orden público.

Allanamiento de otros locales

Art. 226. – Lo establecido en el primer párrafo del artículo anterior no regirá para los edificios públicos y oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación o residencia particular.

En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la investigación.

Para la entrada y registro en el Congreso el juez necesitará la autorización del presidente de la Cámara respectiva.

Allanamiento sin orden

Art. 227. – No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la policía podrá proceder al allanamiento de morada sin previa orden judicial cuando:

1°) Por incendio, explosión, inundación u otro estrago se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad.

2°) Se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en una casa o local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito.

3°) Se introduzca en una casa o local algún imputado de delito a quien se persigue para su aprehensión.

4°) Voces provenientes de una casa o local anunciaren que allí se está cometiendo un delito o pidan socorro.

5°) Se tenga sospechas fundadas de que en una casa o local se encuentra la víctima de una privación ilegal de la libertad y corra peligro inminente su vida o integridad física (artículo 34 inciso 7 del CODIGO PENAL DE LA NACION). El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberá autorizar la diligencia y será necesaria su presencia en el lugar.

Formalidades para el allanamiento

Art. 228. – La orden de allanamiento será notificada al que habite o posea el lugar donde deba efectuarse o, cuando esté ausente, a su encargado o, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar, prefiriendo a los familiares del primero. Al notificado se le invitará a presenciar el registro.

Cuando no se encontrare a nadie, ello se hará constar en el acta.

Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de las circunstancias útiles para la investigación.

El acta será firmada por los concurrentes. Si alguien no lo hiciere se expondrá la razón.

Autorización del registro

Art. 229. – Cuando para el cumplimiento de sus funciones o por razones de higiene, moralidad y orden público alguna autoridad competente necesite practicar registros domiciliarios, solicitará al juez orden de allanamiento expresando los fundamentos del pedido. Para resolver la solicitud, el juez podrá requerir las informaciones que estime pertinentes.

Por su parte el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires regula el allanamiento a partir del artículo 219 disponiendo que

ARTICULO 219.- Registro.- Si hubieren motivos para presumir que en determinado lugar existen personas o cosas relacionadas con el delito, a requerimiento del Agente Fiscal, el Juez ordenará, por auto fundado, el registro de ese lugar.

El Fiscal podrá disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o delegar la diligencia en funcionarios de la Policía. La orden será escrita y contendrá el lugar y el día en que la medida deberá efectuarse, y en sus casos, la habilitación horaria que corresponda y la descripción de las cosas a secuestrar o personas a detener. Asimismo consignará el nombre del comisionado, quien labrará acta conforme a lo dispuesto en los artículos 117 y 118. Esta misma formalidad se observará en su caso y, oportunamente, en los supuestos de las demás diligencias previstas en este capítulo.

ARTICULO 220.- Allanamiento de morada.- Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá realizarse desde que salga hasta que se ponga el sol.

Sin embargo, se podrá proceder a cualquier hora cuando el morador o su representante lo consientan o en los casos sumamente graves y urgentes o cuando peligre el orden público, sin perjuicio de su ratificación posterior por el Juez.

ARTICULO 221.- Allanamiento de otros locales.- Lo establecido en el primer párrafo del artículo anterior no regirá para los edificios públicos y oficinas administrativas, los lugares de reunión o de recreo, el local de las asociaciones y cualquier otro sitio cerrado que no esté destinado a habitación o residencia particular.

En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieron los locales, salvo que ello fuere perjudicial para la investigación.

Para la entrada y registro en la Legislatura Provincial, se necesitará la autorización del Presidente de la Cámara respectiva.

ARTICULO 222.- Allanamiento sin orden.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Policía podrá proceder al allanamiento de morada sin previa orden judicial cuando:

1.- Se denunciare que alguna persona ha sido vista mientras se introducía en una casa o local, con indicios manifiestos de cometer un delito.-

2.- Se introduzca en una casa o local algún imputado de delito a quien se persigue para su aprehensión.-

3.- Voces provenientes de una casa o local advirtieren que allí se está cometiendo un delito o pidieren socorro.

ARTICULO 223.- Formalidades para el allanamiento.- La orden de allanamiento será notificada al que habite el lugar donde debe efectuarse o, cuando esté ausente, a su encargado o, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que allí se hallare. Se preferirán a los familiares del primero.

Al notificado se le invitará a presenciar el registro; y cuando no se encontrare persona alguna, se hará constar en el acta.

Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de las circunstancias útiles para la investigación. El acta será firmada por los concurrentes y si alguien no lo hiciere, se expondrá la razón.

ARTICULO 224.- Autorización de registro.- Cuando para el cumplimiento de sus funciones o por razones de higiene, moralidad y orden público, alguna autoridad competente necesite practicar registros domiciliarios, solicitará al Juez orden de allanamiento, expresando los fundamentos del pedido. Para resolver la solicitud, aquél podrá requerir las informaciones que estime pertinentes.

El Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Neuquén establece el registro domiciliario a partir del artículo 199 disponiendo que:

Autorización de registro

Artículo 199.- Si hubiere motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito o que allí puede efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el Juez ordenará por auto fundado el registro de ese lugar.

El Juez podrá disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o delegar la diligencia en funcionarios de la policía. En este caso la orden será escrita y contendrá el lugar, la hora en que la medida deberá efectuarse y el nombre del comisionado, que labrará un acta conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122.

Allanamiento de morada

Artículo 200.- Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habilitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia será practicada de conformidad con lo prescripto en el artículo 33 de la Constitución Provincial.

Allanamiento de otros locales

Artículo 201.- Lo establecido en el artículo anterior no regirá para a los edificios públicos y oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación o residencia particular.

En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la investigación.

Para la entrada y registro en la Legislatura Provincial, el Juez necesitará la autorización del presidente de la Cámara.

Allanamiento sin orden

Artículo 202.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores la policía podrá proceder al allanamiento de domicilio, en protección de sus moradores, sin previa orden judicial, exclusivamente cuando;

1 – Por incendio, explosión, inundación u otro estrago, se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad;

2 – Se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en una casa o local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito;

3 – Se introduzca en una casa o local algún imputado de delito a quien se persigue para su aprehensión;

4 – Voces provenientes de una casa o local anunciaren que allí se está cometiendo un delito, o pidan socorro.

Formalidades para el allanamiento

Artículo 203.- La orden de allanamiento será notificada al que habite o posea el lugar donde debe efectuarse o, cuando esté ausente, a su encargado, o a falta de éste a cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar, prefiriendo a los familiares del primero. Al notificado se lo invitará a presenciar el registro.

Cuando no se encontrare a nadie, ello se hará constar en el acta.

Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de las circunstancias útiles para la investigación. El acta será firmada por los concurrentes. Si alguien no lo hiciere se expondrá la razón.

Autorización de registro

Artículo 204.- Cuando para el cumplimiento de sus funciones, o por razones de higiene, moralidad u orden público, alguna autoridad nacional, provincial o municipal competente necesite practicar registros domiciliarios, solicitará al Juez orden de allanamiento, expresando los fundamentos del pedido. Para resolver la solicitud, el Juez podrá requerir las informaciones que estime pertinentes.

El Código de Procedimiento de la Provincia de Jujuy regula bajo el TITULO VIII los SECUESTROS Y REQUISAS, a partir del artículo 306 disponiendo que: 

Artículo 306º.- REGLA GENERAL. Se procederá al secuestro de los efectos e instrumentos y demás cosas que tengan relación con el delito o que puedan ser útiles para su investigación y comprobación.-

Artículo 307º.- ORDEN DE PRESENTACION – LIMITACIONES. Nadie podrá negarse a exhibir y entregar las cosas que se le requieran, con excepción de:

      1. Las personas amparadas por el secreto profesional;
      2. Las que no pueden ser llamadas a declarar como testigos, con las excepciones previstas en el artículo 257.-

Artículo 308º.- PROCEDIMIENTO – REQUISA PERSONAL. Cuando se sospeche con fundados motivos que alguien lleva consigo cosas objeto del delito, se dispondrá su requisa personal. Si se tratare de una mujer, la diligencia será practicada por otra, siempre que no importe una demora en la investigación. En todos los casos las requisas personales se efectuarán separadamente, de manera que no se ofenda el pudor y decoro de las personas.-

Artículo 309º.- REGISTRO. Se ordenará también el registro de determinado lugar, por Juez competente y conforme las previsiones del artículo 310 y siguientes, cuando se presuma por iguales motivos, que allí se encuentran dichas cosas o se halle el imputado y su detención sea necesaria. (Mod. por Ley 4708).-

Artículo 310º.- ORDEN DE REQUISA. Toda orden de requisa deberá especificar las personas u objetos de que se trate, designando especialmente el lugar que ha de ser registrado, el empleado o funcionario que la practicará y en su caso, autorizándolo para que se haga uso de la fuerza pública si fuere necesario.-

Artículo 311º.- TIEMPO HABIL – EXCEPCIONES. No podrá efectuarse requisas domiciliarias, sino desde las siete (7) hasta las veinte (20) horas, a menos que se trate de los casos determinados en el artículo 196, o cuando se tratare de edificios o lugares públicos.-

Fuera de tal horario, no se podrá allanar el domicilio mediante resolución de Juez competente, fundada en forma especial, con la presencia y fiscalización de sus moradores o testigos dando intervención, de ser posible, al letrado que cualquiera de éstos designare.-

En los allanamientos de oficinas o despachos de personas que por su profesión o actividad estuvieran obligados a guardar secreto y, en el de iglesias, templos, conventos u otros locales registrados para el ejercicio del culto, se deberá observar lo dispuesto en los apartados anteriores, con la participación además, de la entidad que los represente o con el control de la autoridad religiosa respectiva.-

Los defensores en ningún caso pueden ser molestados ni allanados sus domicilios, estudios u oficinas con motivo del ejercicio de su profesión.- (Mod. por Ley 4708).-

Artículo 312º.- EDIFICIOS O LUGARES PUBLICOS. Se reputarán edificios o lugares públicos:

      1. Los que estuvieren destinados a cualquier servicio público. En este caso, deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuviere, salvo que ello hiciere peligrar el éxito de la medida;
      2. Los que estuvieren destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo;
      3. Cualquier otro edificio o lugar cerrado que no estuviere destinado a la habitación o residencia particular.-

Artículo 313º.- FORMALIDADES PARA EL ALLANAMIENTO. La resolución en la que el Juez ordene la requisa en el domicilio de un particular, deberá fundarse en claros indicios de la existencia de hechos punibles y notificarse la orden de allanamiento a él o a sus encargados.-

Si no fuere habido ni uno ni otro, se hará la notificación a cualquier otra persona, mayor de edad, que se hallare en el domicilio, prefiriéndose para ello, a los miembros de la familia del interesado.-

Si no se hallare nadie, la diligencia se realizará con la asistencia de dos testigos mayores de edad.-

Los jueces que expidieren orden de allanamiento o de requisa, y los funcionarios que la ejecutaren, serán responsables de cualquier abuso. (Mod. por Ley 4708).-

Artículo 314º.- PRESENCIA DEL INTERESADO. La requisa se practicará en presencia del interesado o de quién lo represente, si fuere habido. A falta de ellos, en presencia de un miembro de la familia, y si ninguno hubiere, en presencia de dos testigos mayores de edad.-

Artículo 315º.- ACTA, INVENTARIO Y FORMALIDADES. Practicada la requisa, se consignará en acta su resultado, con expresión de toda circunstancia que pudiera tener alguna influencia en el proceso.-

Se confeccionará un inventario de los objetos secuestrados en el lugar, los cuales serán guardados en sitio seguro a disposición del juzgado.-

Los libros y papeles que se recogieren, serán foliados y rubricados en todas sus fojas útiles, por quién la practicare y el interesado o su representante.-

El acta será suscripta por todos los que hubieren intervenido en la diligencia.-

Por su parte el Código Procesal de Salta hace lo propio en el Capítulo II bajo el título Registro domiciliario y requisa personal estableciendo que:

Art. 213.- Si hubiere motivos suficientes para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito o que allí puede efectuarse la detención del imputado o de una persona sospechada de criminalidad o evadida, el Juez ordenará por decreto fundado, el registro de ese lugar.

El Juez podrá disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o delegar la diligencia en funcionarios de la policía judicial. En este caso la orden será escrita y contendrá el nombre del comisionado y el lugar, día y hora en que la medida se deberá efectuar, aquel actuará con dos testigos.

Allanamiento de morada. Horario.

Art. 214.- Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá  comenzar desde que sale hasta que se pone el sol, salvo que el interesado o su representante preste su consentimiento.

Sin embargo, en los casos sumamente graves y urgentes o cuando se considere que peligra el orden público, el allanamiento podrá efectuarse a cualquier hora.

Allanamiento de otros locales.

Art. 215.- El horario establecido en el artículo anterior no regirá para las oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, el local de asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación o residencia particular.

En estos casos, deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuviesen los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la investigación.

Para la entrada y registro en el palacio de las Cámaras Legislativas, el juez necesitará la autorización del presidente respectivo.

Allanamiento sin orden.

Art. 216.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la policía judicial o la administrativa, en su caso, podrá proceder al allanamiento sin previa orden judicial:

  1. 1. Cuando por incendio, inundación u otra causa semejante, se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad.
  2. 2. Cuando se denuncie que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en una casa, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito.
  3. 3. Cuando se introduzca en una casa algún imputado de delito grave a quien se persigue para su aprehensión.
  4. 4. Cuando voces provenientes de la casa anuncien que allí se está cometiendo un delito o se pida socorro.

Formas a observarse en el allanamiento.

Art. 217.- La orden de allanamiento será notificada al que habite o posea el lugar en que deba efectuarse o, cuando esté ausente, a su encargado o, a falta de éste, a cualquier otra persona mayor de edad que se halle en el lugar prefiriendo a los familiares del primero. Al notificarlo se le invitará a presenciar el registro.

Cuando no se encuentre a nadie, ello se hará constar en el acta por ante dos testigos, prefiriendo a los vecinos.

Practicado el registro se consignará en acta su resultado, con la expresión de las circunstancias de interés para el proceso. Aquella será firmada por los concurrentes y, si alguien no lo hiciere, se expondrá la razón.

Autorización de registro.

Art. 218.- Cuando para el cumplimiento de sus funciones, o por razones de higiene, moralidad u orden público, alguna autoridad administrativa o municipal competente necesite practicar registros domiciliarios, solicitará al Juez orden de allanamiento, expresando los fundamentos del pedido. Para resolver la solicitud, el Juez podrá requerir las informaciones que estime pertinentes.

El Código Procesal Penal de La Pampa, regula el tema en el CAPITULO II, bajo el título REGISTRO DOMICILIARIO Y REQUISA PERSONAL, estableciendo que:

Artículo 196.- Si hubiere motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado, de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el Juez ordenará, por auto fundado, el registro de ese lugar. El Juez podrá disponer de la fuerza pública para proceder personalmente o delegar la diligencia en funcionarios de la policía. En este caso será la orden escrita y contendrá el lugar, día y hora en que la medida deberá efectuarse y el nombre del comisionado, que labrará un acta conforme a lo dispuesto en los artículo 112 y 113.  Determinará además si la diligencia, por los hechos, lugares o personas investigadas pudieran estar asociados a conductas potencialmente aptas para causar conmoción o consecuencias graves, o se encuentren implicados derechos o bienes jurídicos relevantes. En tales casos deberá participar el Agente Fiscal dejando, la autoridad prevencional, debida constancia de la convocatoria efectuada a dicho funcionario.-

ALLANAMIENTO DE MORADA:

Artículo 197.- Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá comenzar desde que salga hasta que se ponga el sol.

Sin embargo, se podrá proceder a cualquier hora cuando el interesado o su representante lo consientan, o en los casos sumamente graves y urgentes, o cuando peligre el orden público.

ALLANAMIENTO DE OTROS LUGARES:

Artículo 198.- Lo establecido en el primer párrafo del artículo anterior no regirá para los edificios públicos y oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación o residencia particular.

En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la investigación.

Para la entrada y registro en la Legislatura Provincial el Juez necesitará la autorización del Presidente de la Cámara respectiva.

ALLANAMIENTO SIN ORDEN:

Artículo 199.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Policía podrá proceder al allanamiento de morada sin previa orden judicial cuando:

1)      Por incendio, explosión, inundación u otro estrago, se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad;

2)      Se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en una casa o local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito;

3)       Se introduzca en una casa o local algún imputado de delito a quien se persigue para su aprehensión;

4)      Voces provenientes de una casa o local anunciaren que allí se está cometiendo un delito, o pidan socorro.-

FORMALIDADES PARA EL ALLANAMIENTO:

Artículo 200.- La orden de allanamiento será notificada al que habite o posea el lugar donde deba efectuarse o, cuando esté ausente, a su encargado, o a falta de éste a cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar, prefiriendo a los familiares del primero. Al notificado se lo invitará a presenciar el registro.-

Cuando no se encontrare a nadie, ello se hará constar en el acta.-

Practicado el registro, se consignará el acta su resultado, con expresión de las circunstancias útiles para la investigación.-

El acta será firmada por los concurrentes. Si alguien no lo hiciere se expondrá la razón.

AUTORIZACION DE REGISTRO:

Artículo 201.- Cuando para el cumplimiento de sus funciones o por razones de higiene, moralidad u orden público, alguna autoridad nacional, provincial o municipal competente necesite practicar registros domiciliarios, solicitará al Juez orden de allanamiento, expresando los fundamentos del pedido. Para resolver la solicitud, el Juez podrá requerir las informaciones que estime pertinentes.-

Por su parte el Código Procesal Penal de la Provincia de Tucumán establece en su sección tercera el Registro y requisa disponiendo que:

* Art. 203.- Registro. Si hubiere motivos suficientes para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el Tribunal ordenará por decreto fundado, bajo pena de nulidad, el registro de ese lugar.

El registro será requerido fundadamente por el Fiscal Instructor debiendo expedirse el juez dentro del plazo de seis horas de recibido.

Podrá también disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o delegar la diligencia en funcionarios de la policía. En este caso, la orden, bajo pena de nulidad, será escrita, expresando el lugar, día y hora en que la medida deberá efectuarse y el nombre del comisionado, quien actuará conforme al Capítulo 2 del presente título.

Art.203.- Registro. Si hubiere motivos suficientes para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el Tribunal ordenará por decreto fundado, bajo pena de nulidad, el registro de ese lugar.

Podrá también disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o delegar la diligencia en funcionarios de la Policía. En este caso, la orden, bajo pena de nulidad, será escrita, expresando el lugar, día y hora en que la medida deberá efectuarse y el nombre del comisionado, quien actuará conforme al Capítulo 2 del presente Título.

Art.204.- Allanamiento de la morada. Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá comenzar desde que sale hasta que se pone el sol.

Sin embargo, se podrá proceder a cualquier hora en casos sumamente graves y urgentes, cuando peligre el orden público o si el interesado o su representante lo consintieren.

Art.205.- Allanamiento de otros locales. La restricción establecida en el artículo anterior no regirá para las oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones o cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación particular.

En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la investigación.

Para la entrada y registro en la Cámara Legislativa, el Tribunal necesitará autorización del Presidente.

Art.206.- Allanamiento sin orden. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Policía podrá proceder al allanamiento de morada sin previa orden judicial:

1°) Si por incendio, inundación u otro causa semejante, se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad.

2°) Cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en un local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito.

3°) En caso de que se introduzca en un local algún imputado de delito grave a quién se persiga para su aprehensión.

4°) Si voces provenientes de una casa anunciaren que se está cometiendo un delito, o de ella pidieran socorro.

Art.207.- Formulación para el allanamiento. La orden de allanamiento será notificada al que habite o posea el lugar

donde debe efectuarse. Cuando éste estuviere ausente, se notificará a su encargado o, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar, prefiriendo a los familiares del primero. Al notificado se lo invitará a presenciar el registro.

Cuando no se encontrare a nadie, ello se hará constar en el acta.

Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de las circunstancias útiles para la investigación.

El acta será firmada por los concurrentes. Si alguien no lo hiciera, se expondrá la razón.

La Provincia de Tierra del Fuego contiene disposiciones referidas al allanamiento en el Capítulo II del REGISTRO DOMICILIARIO Y REQUISA PERSONAL estableciendo que:

192.- Registro. Si hubiere motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito o que allí puede efectuarse la detención del imputado, o de alguna persona evadida o sospechosa de criminalidad, el juez ordenará, por auto fundado, el registro de ese lugar.

El juez podrá disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o delegar la diligencia en funcionarios de la policía. En este caso la orden será escrita y contendrá el lugar, día y hora en que la medida deberá efectuarse y el nombre del comisionado, que labrará un acta conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122.

El pedido de orden de allanamiento y de requisa personal, podrá efectuarse por la autoridad policial utilizando medios electrónicos de transmisión escrita. El auto que ordena el allanamiento y la requisa personal podrá comunicarse por el Juez que lo disponga, empleando el mismo medio.

193.- Allanamiento de morada. Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá comenzar desde que salga hasta que se ponga el sol.

Sin embargo, podrá procederse fuera del horario indicado en el párrafo precedente cuando consienta esta circunstancia el interesado o su representante, o en los casos sumamente graves y urgentes, o cuando peligre el orden público, siempre que medie orden de allanamiento en los términos del artículo 192 y bajo la responsabilidad del juez que lo autoriza.

194.- Allanamiento de otros locales. Lugares públicos. Lo establecido en el primer párrafo del artículo anterior no regirá para los edificios públicos y oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación o residencia particular.

En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la investigación.

Para la entrada y registro en la Honorable Legislatura, en las oficinas directas del Gobernador, o de un Juez o Tribunal se necesitará la autorización del presidente de la Cámara, del Gobernador, del Juez o del Presidente del Tribunal respectivamente.

Si, durante el procedimiento, quien consintió el ingreso niega haber concedido la autorización o expresa haber consentido por coacción, la prueba de la libertad del consentimiento corresponderá al acusador.

195.- Allanamiento de estudios jurídicos. Si se tratara del estudio jurídico de un abogado matriculado, la orden se comunicará previamente y bajo pena de nulidad al Colegio de Abogados.

196.- Allanamiento sin orden. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Policía podrá proceder al allanamiento de morada sin previa orden judicial cuando:

1º.- Por incendio, explosión, inundación u otro estrago, se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad.

2º.- Se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en una casa o local, con indicios manifiestos que cometerán un delito.

3º.- Se introduzca en una casa o local algún imputado de delito grave a quien se persigue para su aprehensión.

4º.-Voces provenientes de una casa o local anunciaren que allí se está cometiendo un delito, o pidieren socorro.

197.- Formalidades para el allanamiento. La orden de allanamiento será notificada al que habite o posea el lugar donde debe efectuarse o, cuando esté ausente, a su encargado, o a falta de éste a cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar, prefiriendo a los familiares del primero. Al notificado se le invitará a presenciar el registro.

Cuando no se encontrare a nadie, ello se hará constar en el acta.

Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado con expresión de las circunstancias útiles para la investigación.

El acta será firmada por los concurrentes. Si alguien no lo hiciere, se expondrá la razón.

198.- Autorización de registro. Cuando para el cumplimiento de sus funciones, o por razones de higiene, moralidad y orden público, alguna autoridad nacional, provincial o municipal competente necesite practicar registros domiciliarios, solicitará al juez orden de allanamiento, expresando los fundamentos del pedido.

Para resolver la solicitud, el juez podrá requerir las informaciones que estime pertinentes.

La Provincia de Misiones en el CAPITULO II de su Código de Procedimiento Penal, bajo el título del REGISTRO DOMICILIARIO Y REQUISA PERSONAL  establece las disposiciones relativas al allanamiento,  disponiendo que:

Artículo 209: Si hubiere motivo para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado, de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el Juez ordenará, por decreto fundado, el registro de ese lugar.

El Juez podrá disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o delegar la diligencia en funcionarios de la Policía Judicial. En este caso la orden será escrita, expresando el lugar, día y hora en que la medida deberá efectuarse y el nombre del comisionado, quien actuará conforme a los Artículos 126 y 127.

ALLANAMIENTO DE MORADA

Artículo 210: Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá comenzar desde que salga hasta que se ponga el sol.

Sin embargo se podrá proceder a cualquier hora cuando el interesado o su representante lo consientan, o en los casos sumamente graves y urgentes, o cuando peligre el orden público.

ALLANAMIENTO DE OTROS LOCALES

Artículo 211: Lo establecido en el Artículo anterior no regirá para las oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o recreo, el local de las asociaciones o cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación particular.

En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial para la investigación.

Para la entrada y registro de la Cámara de Representantes, el Juez necesitará autorización de la Presidencia del Cuerpo.

ALLANAMIENTO SIN ORDEN

Artículo 212: No obstante lo dispuesto en los Artículos anteriores, la Policía Judicial podrá proceder al allanamiento de morada sin previa orden judicial:

1.- Si por incendio, inundación u otra causa semejante, se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad.

2.- Cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en un local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito.

3.- En caso de que se introduzca en un local algún imputado de delito grave a quien se persiga para su aprehensión.

4.- Si voces provenientes de una casa anunciaren que allí se está cometiendo un delito, o de ella pidieren socorro.

En la misma forma procederá la autoridad policial, en caso de suma urgencia, cuando deba ingresar en predios rurales privados, aún sin dar aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los mismos, con las limitaciones del Artículo 210.

FORMALIDADES PARA EL ALLANAMIENTO

Artículo 213: La orden de allanamiento será notificada al que habite o posea el lugar donde deba efectuarse, o cuando estuviere ausente, a su encargado, o a falta de éste a cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar, prefiriendo a los familiares del primero. Al notificado se le invitará a presenciar el registro.

Cuando no se encontrare a nadie ello se hará constar en el acta.

Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de circunstancias útiles para la investigación.

El acta será firmada por los concurrentes. Si alguien no lo hiciera se expondrá la razón.

La Provincia de Santa Fe en el CAPITULO II bajo el título del REGISTRO DOMICILIARIO dispone que:

ARTÍCULO 218.- Si hubiere motivos fundados para presumir que en determinado lugar existen cosas relacionadas con el delito o que allí puede encontrarse el imputado cuya captura se procura o alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el juez ordenará, por decreto fundado, el registro de ese lugar.

El juez podrá disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o delegar la diligencia en funcionarios judiciales o de la policía, en cuyo caso la orden será escrita, expresando el lugar y tiempo en que la medida deberá efectuarse y la autoridad o funcionario que la hubiere de practicar o, en su caso, si queda autorizado para comisionarla en subalternos.

La solicitud policial de una orden de registro deberá expresar suficiente fundamento.
Si la diligencia fuere practicada por la policía, será aplicable lo dispuesto en el Artículo 190 V; en los casos graves o cuando la naturaleza o circunstancias del caso lo aconsejen, se procurará la documentación fílmica de la diligencia.
La orden de allanamiento podrá ser transmitida por cualquier medio técnico que no ofrezca dudas sobre la existencia del acto procesal que lo dispone. (Conforme ley 12162).

Allanamiento de morada privada

ARTICULO 219. Cuando el registro deba efectuarse en lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá comenzar entre las ocho y las veinte horas. Sin embargo, se podrá proceder a cualquier hora cuando el interesado o su representante lo consientan, o en los casos graves y que no admitan demora, por el riesgo de frustrarse la investigación, o cuando peligre el orden público.

Allanamiento de otros lugares

ARTICULO 220. El horario establecido en el artículo anterior no regirá cuando se trate de pesquisas que deban practicarse: en edificios destinados al servicio administrativo; en establecimientos de reunión o recreo y cualquier otro edificio o lugar cerrado que no esté destinado a habitación o residencia particular. En estos casos deberá darse aviso a la persona a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuera perjudicial a la investigación.

Allanamiento sin orden

ARTICULO 221. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la autoridad policial podrá proceder al allanamiento sin orden judicial:

1ro. Si por incendio, inundación u otra causa semejante, se hallara amenazada la vida de sus habitantes o la propiedad;

2do. Cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en un local o casa, con indicios manifiestos de cometer un delito;

3ro. En caso de que se introduzca en un local o casa algún imputado de delito grave a quien se persiga para su aprehensión;

4to. Si voces provenientes del interior de una casa o local anunciaran que allí se está cometiendo un delito o de ella pidieran socorro.

Formalidades para el allanamiento

ARTICULO 222. La orden de allanamiento será exhibida al que habita o posee el lugar donde deba efectuarse, o cuando estuviere ausente, a su encargado; a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar, prefiriendo a los familiares del primero. En caso de que el allanamiento lo practique personalmente el Juez, éste deberá identificarse ante las mismas personas, haciéndoles conocer la finalidad del acto. Al notificado se le invitará a presenciar el registro. Cuando no se hallare a nadie, se hará constar así en el acta. Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado con expresión de las circunstancias útiles para la invetigación. El acta será firmada por los concurrentes. Si alguno no lo hiciera se expondrá la razón.

Medidas precautorias

ARTICULO 223.- Desde el momento en que se solicita al Juez la requisa domiciliaria, la autoridad policial adoptará las medidas necesarias para evitar la fuga de la persona buscada que se presuma pueda hallarse en dicho lugar, o la sustracción de los instrumentos, efectos del delito, libros, papeles o cualquiera otra cosa que hubiere de ser objeto del registro.

Reconocimiento pericial

ARTICULO 224. Si para apreciar la necesidad de recoger las cosas que se hubieren encontrado en la pesquisa fuere necesario algún reconocimiento pericial, se dispondrá en el acto por la Instrucción.

Autorización de registro

ARTICULO 225. Cuando para el cumplimiento de sus funciones o por razones de higiene, moralidad u orden público, alguna autoridad nacional, provincial o municipal competente necesite practicar registros domiciliarios, solicitará al Juez orden de allanamiento, expresando los fundamentos del pedido. Para resolver la solicitud, el Juez podrá requerir las informaciones que estime pertinentes.

Por último la Provincia de Córdoba fuente de nuestro Código local, en la Sección Tercera, a partir del artículo 203 regula el allanamiento disponiendo que:

Registro y requisa

Art. 203. — Registro. Si hubiere motivos suficientes para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el tribunal o fiscal de instrucción si no fuere necesario allanar el domicilio, ordenará por decreto fundado, bajo pena de nulidad, el registro de ese lugar.

Podrá también disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o delegarla diligencia en funcionarios de la Policía Judicial. En este caso, la orden, bajo pena de nulidad, será escrita, expresando el lugar, día y hora en que la medida deberá efectuarse y el nombre del comisionado, quien actuará conforme el capítulo 2 del presente título.

Art. 204. — Allanamiento de la morada. Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá comenzar desde que sale hasta que se pone el sol.

Sin embargo se podrá proceder a cualquier hora en casos sumamente graves y urgentes (Constitución Provincial, art. 45), cuando peligre el orden público o si el interesado o su representante lo consienten.

Art. 205. — Allanamiento de otros locales. La restricción establecida en el artículo anterior no regirá para las oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones o cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación particular.

En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la investigación.

Para la entrada y registro en las Cámaras Legislativas, el Tribunal necesitará autorización del presidente respectivo.

Art. 206. — Allanamiento sin orden. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Policía Judicial podrá proceder al allanamiento de morada sin previa orden judicial:

1. Si por incendio, inundación u otra causa semejante, se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad.

2. Cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en un local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito.

3. En caso de que se introduzca en un local algún imputado de delito grave a quien se persiga para su aprehensión.

4. Si voces provenientes de una casa anunciaren que allí se está cometiendo un delito, o de ella pidieran socorro.

Art. 207. — Formulación para el allanamiento. La orden de allanamiento será notificada al que habite o posea el lugar donde debe efectuarse.

Cuando se estuviere ausente, se notificará a su encargado o, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar, prefiriendo a los familiares del primero.

Al notificado se lo invitará a presenciar el registro.

Cuando no se encontrare a nadie, ello se hará constar en el acta.

Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de las circunstancias útiles para la investigación.

El acta será firmada por los concurrentes. Si alguien no lo hiciere, se expondrá la razón.

LA SOLUCIÓN PROPUESTA

A través de este recorrido sobre las distintas disposiciones de los Códigos Procesales de la Nación y las Provincias es que, siguiendo al Código Procesal Penal de la Nación proponemos que la comunicación de la orden en caso de urgencia, a quien se le encomiende el allanamiento, pueda realizarse por medios electrónicos, utilizando la firma digital y garantizando la seriedad, certidumbre y autenticidad del procedimiento a través de la debida reglamentación por parte de la Corte local.

Pero a diferencia del Código Nacional se establece la posibilidad que dicha orden sea peticionada y comunicada vía Fax, ya que como sostiene Claudia Neira en su trabajo Una nueva reforma del Código Procesal Penal: ¿otro ejemplo de indefinición legislativa? Publicado en revista jurídica la Ley, los medios electrónicos previstos para la comunicación al juez del lugar, así como la orden de allanamiento conforme los mecanismos previstos por el Código Procesal Penal Nacional, no sólo son los adecuados a la urgencia del caso sino que, en la aplicación de la Ley de Estupefacientes (art. 32) el oficio correspondiente a la comunicación se lleva a cabo muchas veces -al menos inicialmente- mediante fax, aportando otro mecanismo eficaz a los efectos de la misma, concluye la autora, por  consiguiente consideramos extender la posibilidad de comunicar el decreto que ordena el allanamiento por vía de fax.

Así mismo, en el supuesto de delegación de la diligencia, se establece un límite temporal al libramiento de la orden de allanamiento a fin de dotar de mayor celeridad al procedimiento de otorgamiento de la misma, disponiéndose expresamente que el pedido de la orden puede ser solicitado por el Fiscal o el funcionario en quien este delegue la medida, despejando así toda duda respecto de si persona distinta al fiscal de instrucción esta facultado para solicitar orden de allanamiento por delegación de éste .

En supuestos excepcionales, por su complejidad, se otorga la posibilidad al juez de diferir los fundamentos del decreto que ordena la medida por hasta un plazo máximo de 24 horas, debiendo notificarse los fundamentos de la misma al allanado en su domicilio.

Al respecto es menester realizar algunas consideraciones sobre el particular a saber: El Código Procesal Penal de la Provincia establece en su artículo 412 que los Jueces al momento de dictar sentencia, pueden diferir los fundamentos de la misma por hasta un plazo máximo de 5 días. El mismo lo transcribimos a continuación:

Art. 412 – Lectura. Redactada la sentencia será protocolizada, bajo pena de nulidad, y se agregara copia al expediente. Acto seguido, el Presidente se constituirá en la sala de audiencia, previo convocar verbalmente al ministerio publico, a las partes y a sus defensores y ordenara por secretaria la lectura del documento, bajo la misma sanción, ante los que comparezcan. Si la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora hicieran necesario diferir la redacción de la sentencia, en dicha oportunidad se leerá tan solo su parte dispositiva, fijándose audiencia para la lectura integral. Esta se efectuará, bajo pena de nulidad, en las condiciones previstas en el párrafo anterior y en el plazo máximo de cinco días a contar del cierre del debate. La lectura valdrá siempre como notificación para los que hubieran intervenido en el debate.

Si al dictar el acto más trascendental del proceso el Tribunal puede diferir la lectura de sus fundamentos, es lógico pensar que dicha facultad puede ser extendida al Juez de Garantías al momento de dictar el decreto que ordena el allanamiento.  No es más que una aplicación del viejo principio del derecho que establece que quien puede lo más puede lo menos, del latín ad maiori ad minus.

La sentencia que necesariamente tiene efectos jurídicos sobre las personas, repercutiendo necesariamente en su libertad, sea otorgándola o privándola, entrando por consiguiente en juego garantías constitucionales, se le conceden al Tribunal en determinados supuestos complejos o por cuestiones horarias, la posibilidad de diferir los fundamentos de la misma no vemos obstáculo alguno en diferir los fundamentos del decreto que ordena el allanamiento en supuestos excepcionalísimos en donde la urgencia amerita un rápido tratamiento, por estar comprometida la vida o la seguridad de las personas.

Asimismo se agregan, además de las modificaciones previamente mencionadas al artículo 217, dos nuevos párrafos, en donde por un lado se establecen disposiciones tendientes a resguardar a los testigos del procedimiento, y por el otro se incorpora expresamente la posibilidad de que al momento de ordenarse la medida se encuentren objetos que evidencien la comisión de un delito distinto al que dio origen a la orden, permitiendo en dichos supuestos el secuestro de los mismos. Ambos párrafos encuentran  su corolario en el Código de rito Nacional, apareciendo oportuna su incorporación a la ley de procedimiento Provincial.

Así mismo, se establece la posibilidad de peticionar la orden de allanamiento por parte del fiscal de instrucción telefónicamente en supuestos urgentes tratándose de delitos graves, de modo de facilitar el procedimiento de petición. Facultando al Juez a recurrir a los medios de comunicación electrónica o fax para comunicar el Decreto que ordena la medida. Esta facultad esta condicionada a la urgencia y la gravedad del delito investigado, siendo la única persona autorizada para requerirlo por éste medio el Fiscal. Esto sin duda, redundará en una mayor rapidez y agilidad de los procedimientos de otorgamiento de  órdenes de allanamiento.

Se modifica el artículo 218, especificando que la restricción establecida en el artículo 217 no aplicable al supuesto de dicho artículo refiere al horario en que puede realizarse la medida, estando facultados para ordenar la medida los sujetos mencionados por el artículo 217, esto es el juez competente y el fiscal de instrucción, en razón de encontrarnos en presencia de lugares que no se encuentran destinados a la habitación particular y/o morada de la persona.

Respecto a los supuestos contemplados en el Código de allanamiento sin orden judicial, se incorpora un inciso al art. 219 del Código Procesal Penal de la Provincia estableciéndose que la policía podrá proceder al allanamiento de morada sin previa orden judicial cuando se tengan sospechas fundadas que en una casa o local se encuentra la víctima de una privación de la libertad, pero el representante del Ministerio Público Fiscal deberá autorizar la diligencia y será necesaria su presencia en el lugar. Coincidimos con Ricardo Levene en su trabajo La Reforma Procesal, publicado en La Ley que se deben adoptar todos los recaudos necesarios para preservar los domicilios, siendo la presencia fiscal la garantía de transparencia en estos procedimientos. Pero sin exigir como lo hace el Código Procesal Nacional que se tengan sospechas fundadas de peligro inminente en la vida de la víctima o su integridad física  ya que como sostiene el autor, es de la naturaleza de esta clase de delitos que la víctima siempre corra peligro de vida -aun potencial-, o en su integridad física. Por otra parte, resulta harto complejo para la autoridad saber lo que realmente sucede dentro de una “casa o local”. Va de suyo que el riesgo está latente en esta especie de ilícitos por lo que cabe siempre también presumir que la vida o integridad personal de la víctima se encuentran en grave riesgo. Por tal razón, coincidimos en que tal exigencia dispuesta en el Código de Procedimiento Penal Nacional es sobreabundante y por tanto ha sido eliminada del supuesto reglado en el inciso incorporado al artículo 219.

Así mismo y en función de encontrarse vigente en parte de la provincia de Mendoza las disposiciones contenidas en la ley 1908, es que se modifican los artículos referidos al registro domiciliario a fin de establecer normas comunes para toda la provincia.

En la elaboración de este proyecto debemos destacar la inestimable colaboración a nuestra iniciativa de parte del Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia, Lic. Alfredo Cornejo, del Dr. Roberto Godoy Lemos, Presidente del Consejo Asesor de Políticas de Seguridad Pública, de los Fiscales de Delitos Complejos, Dr. Luis Correa Llanos y Dr. Eduardo Martiarena, del Dr. José Valerio, vocal de la Segunda Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial, que con sus miradas particulares y expertas, por enfrentar cotidianamente esta problemática desde distintas ópticas, dotaron al presente proyecto de una riqueza y profundidad imposible de prever en sus comienzos.

Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el presente Proyecto de Ley.

Claria Olmedo, Tratado, I-49.

Caferatta Nores José, Tarditti Aída. Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba comentado. Tomo I. Ed. Mediterranea.

Neira, Claudia. Una nueva reforma del Código Procesal Penal: ¿otro ejemplo de indefinición legislativa? Publicado en: ADLA 2003 – D, 4885. Norma comentada: – Ley 25.760 – Adla 2003-D, 3827.

Levene (n.), Ricardo. La reforma procesal. A propósito de los delitos de privación de libertad coactiva y secuestro extorsivo. Publicado en: ADLA 2003 – E, 6103 Norma comentada:  – Ley 25.760 – Adla 2003-D, 3827.

Carrio Alejandro. Garantías Constitucionales. Hammurabi Pag. 942

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY:


Artículo 1º.- Modificase el artículo 217 del Código Procesal Penal de la Provincia, ley 6730, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 217º.- Allanamiento de la morada. Cuando el registro debe efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la orden será dictada por decreto fundado de juez competente, a solicitud del fiscal interviniente o del funcionario en quien éste delegue la misma. El juez deberá expedirse dentro del plazo de tres horas de recibida la solicitud, bajo apercibimiento de poner en conocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, a fin de imponer las medidas disciplinarias correspondientes.

La diligencia solo podrá comenzar desde que sale hasta que se pone el sol, salvo que el interesado o su representante presten su consentimiento. Sin embargo, en los casos sumamente graves y urgentes o cuando se considere que peligre el orden público, el allanamiento podrá efectuarse a cualquier hora. Deberá ser siempre fundada la denegatoria de allanamiento domiciliario. Igual recaudo se requiere para la autoridad solicitante.

En caso de urgencia, cuando medie delegación de la diligencia, el preventivo solicitando la orden al juez de garantías y la comunicación de la orden por éste, a quien se le encomiende el allanamiento podrá realizarse por fax o medios electrónicos. El destinatario de la orden comunicará inmediatamente su recepción al juez emisor y corroborará que los datos de la orden, sean correctos. Podrá usarse la firma digital. La Corte Suprema de Justicia de la Provincia, reglamentará los recaudos que deban adoptarse para asegurar la certidumbre y autenticidad del procedimiento.

En supuestos urgentes, tratándose de delitos graves, el fiscal de instrucción podrá peticionar la orden de allanamiento telefónicamente al Juez de Garantías. La mencionada comunicación no podrá ser delegada por el fiscal de instrucción a ningún funcionario judicial. El Juez de Garantías, dictará el decreto autorizando el allanamiento, a través de los medios de comunicación establecidos en el párrafo anterior. El Fiscal de instrucción deberá acompañar el preventivo dentro de las 48 horas de realizada la medida.

En caso de ser necesario por la complejidad del asunto, el Juez de Garantías podrá librar la orden consignando únicamente su parte dispositiva, difiriéndose los fundamentos de la misma. Ésta se efectuará, bajo pena de nulidad, en el plazo máximo de 24 horas a contar del momento de libramiento de la orden, debiendo notificarse por escrito los fundamentos al que habite o posea el lugar donde deba efectuarse la medida.

Cuando por existir evidente riesgo para la seguridad de los testigos del procedimiento, fuese necesario que la autoridad preventora ingrese al lugar primeramente, se dejará constancia explicativa de ello en el acta, bajo pena de nulidad.

Si en estricto cumplimiento de la orden de allanamiento, se encontraren objetos que evidencien la comisión de un delito distinto al que motivó la orden, se procederá a su secuestro y se le comunicará al juez o fiscal interviniente.”

Artículo 2º.- Modificase el artículo 218 del Código Procesal Penal de la Provincia, ley 6730, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 218 – Registro de otros locales. La restricción horaria establecida en el artículo anterior, no regirá para las oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones o cualquier otro lugar cerrado que no este destinado a habitación particular, pudiendo ser decretada la orden de registro por el Juez de Garantías o el Fiscal de Instrucción. En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la investigación. Para la entrada y registro en las Cámaras Legislativas, será  necesaria la autorización del Presidente respectivo.

Artículo 3º.- Modificase el artículo 219 del Código Procesal Penal de la Provincia, ley 6730, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 219º.- Allanamiento sin orden. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la policía judicial podrá proceder al allanamiento de morada sin previa orden judicial:

1) Si por incendio, inundación u otra causa semejante, se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad.

2) Cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en un local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito.

3) En caso de que se introduzca en un local algún imputado de delito grave a quien se persiga para su aprehensión.

4) Si voces provenientes de una casa anuncian que allí se esta cometiendo un delito, o de ella pidieran socorro.

5°) Se tenga sospechas fundadas de que en una casa o local se encuentra la víctima de una privación ilegal de la libertad. El representante del Ministerio Público Fiscal deberá autorizar la diligencia y será necesaria su presencia en el lugar.

Artículo 4º.- Modificase el artículo 229 del Código Procesal Penal de la Provincia, ley 1908, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 229º.- Allanamiento de la morada. Cuando el registro debe efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la orden será dictada por decreto fundado de juez con competencia territorial en materia penal o correccional conforme al delito investigado, a solicitud del fiscal interviniente o del funcionario en quien éste delegue la misma. El juez deberá expedirse dentro del plazo de tres horas de recibida la solicitud, bajo apercibimiento de poner en conocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, a fin de imponer las medidas disciplinarias correspondientes.

La diligencia solo podrá comenzar desde que sale hasta que se pone el sol, salvo que el interesado o su representante presten su consentimiento.

Sin embargo, en los casos sumamente graves y urgentes o cuando se considere que peligre el orden público, el allanamiento podrá efectuarse a cualquier hora. Deberá ser siempre fundada la denegatoria de allanamiento domiciliario. Igual recaudo se requiere para la autoridad solicitante.

En caso de urgencia, cuando medie delegación de la diligencia, el preventivo solicitando la orden al juez de garantías y la comunicación de la orden por éste, a quien se le encomiende el allanamiento podrá realizarse por fax o medios electrónicos. El destinatario de la orden comunicará inmediatamente su recepción al juez emisor y corroborará que los datos de la orden, sean correctos. Podrá usarse la firma digital. La Corte Suprema de Justicia de la Provincia, reglamentará los recaudos que deban adoptarse para asegurar la certidumbre y autenticidad del procedimiento.

En supuestos urgentes tratándose de delitos graves, el fiscal de instrucción podrá peticionar la orden de allanamiento telefónicamente al Juez de Garantías. La mencionada comunicación no podrá ser delegada por el fiscal de instrucción a ningún funcionario judicial. El Juez de Garantías, librará el decreto autorizando el allanamiento, a través de los medios de comunicación establecidos en el párrafo anterior. El Fiscal de instrucción deberá acompañar el preventivo dentro de las 48 horas de realizada la medida.

En caso de ser necesario por la complejidad del asunto, el Juez de Garantías podrá librar la orden consignando únicamente su parte dispositiva, difiriéndose los fundamentos de la misma. Ésta se efectuará, bajo pena de nulidad, en el plazo máximo de 24 horas a contar del momento de libramiento de la orden, debiendo notificarse por escrito los fundamentos al que habite o posea el lugar donde deba efectuarse la medida.

Cuando por existir evidente riesgo para la seguridad de los testigos del procedimiento, fuese necesario que la autoridad preventora ingrese al lugar primeramente, se dejará constancia explicativa de ello en el acta, bajo pena de nulidad.

Si en estricto cumplimiento de la orden de allanamiento, se encontraren objetos que evidencien la comisión de un delito distinto al que motivó la orden, se procederá a su secuestro y se le comunicará al juez o fiscal interviniente.”

Artículo 5º.- Modificase el artículo 230 del Código Procesal Penal de la Provincia, ley 1908, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 230 – Registro de otros locales. La restricción horaria establecida en el artículo anterior, no regirá para las oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones o cualquier otro lugar cerrado que no este destinado a habitación particular, pudiendo ser decretada la orden de registro por el Juez de Instrucción.

En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la investigación.

Para la entrada y registro en las Cámaras Legislativas, será  necesaria la autorización del Presidente respectivo.

Artículo 6º.- Modificase el artículo 231 del Código Procesal Penal de la Provincia, ley 1908, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 231º.- Allanamiento sin orden. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la policía judicial podrá proceder al allanamiento de morada sin previa orden judicial:

1) Si por incendio, inundación u otra causa semejante, se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad.

2) Cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en un local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito.

3) En caso de que se introduzca en un local algún imputado de delito grave a quien se persiga para su aprehensión.

4) Si voces provenientes de una casa anuncian que allí se esta cometiendo un delito, o de ella pidieran socorro.

5°) Se tenga sospechas fundadas de que en una casa o local se encuentra la víctima de una privación ilegal de la libertad. El representante del Ministerio Público Fiscal deberá autorizar la diligencia y será necesaria su presencia en el lugar.

Artículo 7º.- De forma.-

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