Ley de Protección y prevención de los delitos sexuales

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de Ley de Protección y prevención de los Delitos contra la Integridad Sexual crea el Programa de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual y de Control de Delincuentes Sexuales. El mismo contempla la asistencia, contención y protección a las víctimas; el monitoreo e inspección del delincuente sexual y también la inhabilitación del mismo para ejercer determinados cargos públicos.

Las estadísticas dadas a conocer por el Poder Judicial de la Provincia de Mendoza muestran que desde 2006 hasta 2009, las denuncias por abusos sexuales se han incrementado en un 25 %. Las mismas, revelan también que de enero a abril de 2006 hubo 201 denuncias por abusos sexuales, mientras que en el mismo período pero de 2009, las mismas ascendieron a 269.

En tanto, el mes de setiembre de este año finalizó con 22 delitos sexuales denunciados, mientras que en lo que va de octubre se han registrado 18.

Es necesario tener en cuenta también que actualmente, el 15 % de los presos que pueblan la cárcel Almafuerte son violadores, muchos de ellos reincidentes.

Además, el 80% está privado de su libertad por haber abusado a alguna persona que pertenece a su núcleo familiar.

Las conductas delictivas sexuales que suelen ejecutar estos individuos, explica el Dr. Juan Carlos Romi, miembro la Asociación Argentina de Psiquiatras y autor del trabajo “Delincuente Sexual Serial”, corresponden a un hecho que el actor premedita, anticipa y ejecuta en forma coordinada hacia un objetivo que responde a sus necesidades placenteras utilizando conscientemente el ardid o el engaño para lograr su finalidad, de manera que lo realiza con clara valoración de la ilicitud (por eso engaña) y se toma el tiempo necesario que las circunstancias le requieren (no es un hecho compulsivo, irrefrenable, reflejo o automático que responde a una ideación obsesiva patológica, como ya vimos).

En general que en la mayoría de los casos observados el agresor sexual conoce lo que realiza y el valor antijurídico de su conducta y realiza lo que quiere o desea intencionalmente.

Además, Romi asegura que el delincuente serial de modalidad sexual habitual no es un psicótico, ni un insano, ya que conoce la naturaleza y la calidad de sus actos y sabe que son malos. No sólo no cometería el hecho si hubiera alguien que lo viera, sino que tampoco lo haría si pensara que hay alguna posibilidad de ser apresado.

Es por esto que resulta necesario atacar este flagelo que mantiene en vilo a la sociedad mendocina aquejando principalmente a mujeres, con medidas efectivas tendientes a disminuir su aberrante producción. Sin perjuicio de ello, todo marco normativo dictado en la materia debe necesariamente tener en cuenta las disposiciones establecidas en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, en especial es necesario considerar lo dispuesto por el artículo 5 del Pacto San José de Costa Rica, el cual protege la integridad de la persona y prohíbe una condena degradante, a fin de descartar posiciones extremas que atentan contra la dignidad de la persona humana.

Mediante la aplicación de este Programa se asiste a las víctimas de delitos sexuales con tratamiento psicológico, médico y contención social, evitando de esta manera todo tipo de revictimización o victimización secundaria. A tal fin deberá coordinar acciones en el marco del Sistema de Asistencias Públicas para Victimas de Delitos (SAVIC) creado por ley 7841.

A las víctimas de delitos contra la integridad sexual es necesario garantizarle que el derecho a su identidad e intimidad sean protegidas, tanto por los funcionarios como por los magistrados que intervengan en el proceso judicial; como así, de ser requerido y resultar necesario, debe recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación e higiene personal; en cuanto a sus presentaciones en las dependencias judiciales, se le deberá facilitar a la víctima un local reservado para su exclusivo uso y recibir protección frente a toda posible represalia, entre otros derechos.

Por otro lado, mediante una modificación del Código Procesal Penal de la Provincia, el presente proyecto de ley también establece el procedimiento que se debe seguir para interrogar a las víctimas menores de 16 años. Las mismas, sólo serán entrevistadas por un psicólogo, en un gabinete acondicionado de acuerdo a la edad y a la etapa evolutiva del menor (en caso de que el Tribunal o las partes lo soliciten, puede utilizarse la Cámara Gesell).

La autoridad de aplicación deberá elaborar un protocolo (éste será sometido a consideración de la Legislatura Provincial para su aprobación, previo dictamen del Comité de Expertos creado en el ámbito del Consejo Asesor de Políticas de Seguridad) de actuación ante delitos contra la integridad sexual, sean o no denunciados por sus víctimas, priorizando y garantizando la inmediata atención médica de la víctima. También, deberá coordinar la intervención de los efectores sanitarios provinciales, la Fiscalía de Instrucción competente, el Cuerpo Médico Forense, el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario y la Policía de Mendoza, a fin de impedir la victimización secundaria.

El Programa también establece el control y seguimiento del delincuente sexual. En el mismo, se contempla, entre otras cosas, que el Director del Establecimiento Penitenciario Provincial donde se encuentre alojada la persona condenada por delito contra la integridad sexual deberá ser convocada con carácter previo a la ejecución de su libertad condicional, asistida o por cumplimiento de la condena conforme a la ley 24.660, en cuya oportunidad será informada de las obligaciones emanadas de la presente ley. El titular del establecimiento remitirá copia de dicha acta al “Registro de Defensa de la Integridad Sexual” (REDIS) y a la autoridad policial de la jurisdicción en donde fije residencia habitual.

Mediante la aplicación de este Programa, todo delincuente sexual que, habiendo sido condenado y se encuentre en libertad –ya sea porque está cumpliendo una condena de libertad condicional, asistida o semilibertad- debe llevar consigo un dispositivo de vigilancia electrónica de rastreo y/o posicionamiento, para saber cuál es su posición física. El mismo, debe ser inviolable; pero, en caso de que el condenado lo rompa o no lo utilice, el juez debe revocarle el beneficio otorgado.

Además, el delincuente sexual que obtenga el recupero de la libertad queda obligado, cada treinta (30) días corridos, y como norma de carácter contravencional a presentarse ante la autoridad policial de la jurisdicción del domicilio que hubiera fijado como residencia habitual. Dicha presentación deberá ser cumplida por el lapso de 5 años, mientras que si fuera reincidente ese plazo se extenderá hasta los 10 años.

Por otro lado, cada vez que se presente ante la autoridad policial, el delincuente sexual deberá actualizar su domicilio real y el domicilio laboral, y la misma deberá actualizar el archivo fotográfico y la aparición o desaparición de rasgos distintivos, como tatuajes y cicatrices, entre otros. Además, periódicamente deberá constatar que la persona vive efectivamente en el inmueble fijado como residencia habitual.

En caso de incumplimiento en la presentación ante la autoridad policial, el juez de faltas deberá ordenar su inmediata presentación debiendo ser requerido por la policía de la Provincia, poniéndose en conocimiento de todas las fuerzas de seguridad radicadas en la provincia y librándose orden de detención en un plazo no mayor a 24 horas, debiendo ser puesto en el orden del día de todas las comisarías de la provincia, a fin de ser sometido al proceso contravencional correspondiente.

En el supuesto de no comparecer dentro de las 48 horas de vencido en plazo legal para hacerlo, el Ministerio de Seguridad deberá publicar su descripción e imagen en los principales medios de comunicación de la provincia, a fin de lograr su individualización y comparencia.

Se deberá realizar anualmente una encuesta ambiental para de evaluar el comportamiento de la persona y, si surgiera de los informes una valoración negativa respecto de su cumplimiento e inserción social, quedará obligado cada quince (15) días corridos a presentarse ante la autoridad policial. También será necesaria la formulación de programas de asistencia psicológica, que faciliten la rehabilitación y eviten la reincidencia de los condenados.

Respecto a las inhabilidades de los condenados, el proyecto prevé que las personas condenadas no puedan realizar trabajos relacionados con el cuidado, la atención, enseñanza y demás servicios públicos que implican el trato directo con niños y adolescentes. Por esto, es necesario que en todo ingreso a un cargo de estas características se le exija al postulante el certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Por otro lado, debe crearse un Comité de Expertos en Defensa de la Integridad Sexual (CEDIS), el cual estará integrado por representantes de organismos públicos, universidades públicas y privadas y de organizaciones no gubernamentales involucradas en la temática de los delitos contra la integridad sexual, a los fines de colaborar en la asistencia y diseño del programa creado por esta Ley.

Este programa también determina la realización de campañas de prevención e información en establecimientos educativos públicos y privados, como así también la comunicación respecto de los recaudos que se deben adoptar a los fines de alertar y prevenir el accionar de los delincuentes sexuales.

Resulta imprescindible conjugar las distintas disposiciones que se encuentran dispersas en nuestra legislación provincial, tales como la ley 7.841, que crea el sistema de asistencia pública a las víctimas de delito; la ley 7.222, que crea el Registro de Defensa de la Integridad Sexual (REDIS); la ley 3.365, que establece el Código de Faltas de la Provincia y la ley 7.907; que establece el Programa de Protección de testigos y arrepentidos. Ello, a fin de que las mismas funcionen armónica y coordinadamente.

Por otro lado, y en el mismo sentido, se ha tomado en cuenta en la elaboración de este proyecto la normativa dictada por otras provincias, tales como la ley de la Provincia de Córdoba 9.680 y la Ley 4.448 de la Provincia de Neuquén.

Por los motivos expuestos es que se solicita a esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.

EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY:

LEY DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN

DE LOS DELITOS SEXUALES

CAPITULO I DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DELINCUENTES SEXUALES

Artículo 1°.- Créase el “Programa Protección a las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual y de Control a los Delincuentes Sexuales”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Provincia, el que será la Autoridad de Aplicación de la presente ley.

Artículo 2°.- El Director del Establecimiento Penitenciario Provincial donde se encuentre alojada la persona condenada por delito contra la integridad sexual, deberá convocarla con carácter previo a la ejecución de su libertad condicional, asistida o por cumplimiento de la condena conforme a la ley 24.660, en cuya oportunidad será informada en forma clara y precisa del contenido y las obligaciones emanadas de la presente ley, haciéndole entrega de una copia de la misma, requiriéndole en dicho acto la constitución del domicilio de residencia habitual. El titular del establecimiento remitirá copia de dicha acta al “Registro de Defensa de la Integridad Sexual” (REDIS) y a la autoridad policial de la jurisdicción en donde fije residencia habitual.

Artículo 3°.- En el supuesto de disponerse los beneficios contemplados por la ley 24.660, -salidas transitorias del establecimiento penitenciario; régimen de la semilibertad, periodo de libertad condicional, libertad asistida-, además de cumplimentar con los requisitos establecidos por el artículo 17 de la citada norma legal, será obligatoria la portación del condenado de un dispositivo de vigilancia electrónica de rastreo y/o posicionamiento de su ubicación física que garantice su inviolabilidad.

Ante la destrucción o su tentativa, como así también la falta de la utilización del mencionado dispositivo, será considerada infracción grave en los términos del artículo 19 de la ley 24.660, debiendo el Juez de Ejecución Penal deberá revocar inmediatamente el beneficio otorgado.

La autoridad de aplicación de la presente ley en coordinación con la Dirección de Promoción del Liberado, deberán monitorear y controlar en forma periódica la correcta utilización del dispositivo de rastreo, debiendo informar al juez de ejecución penal todo incumplimiento de la misma, a fin de revocar el beneficio. Asimismo deberá cumplimentarse, en lo pertinente, lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la presente ley.

Artículo 4°.- La persona condenada por delitos contra la integridad sexual, inscripta en el Registro de Defensa de la Integridad Sexual (REDIS) creado por la Ley 7.222 y que hubiere recuperado su libertad en los términos del artículo 2, estará obligada a presentarse ante la autoridad policial de la jurisdicción del domicilio que hubiera fijado como residencia habitual cada treinta (30) días corridos, en razón del alto grado de reincidencia del tipo de delito perpetrado.

Artículo 5°.- En oportunidad de presentarse ante la autoridad policial, la persona inscripta en el REDIS deberá ratificar o actualizar su domicilio real e informar todos los datos sobre su desenvolvimiento social indicando el domicilio de su actividad laboral.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior estará obligada a comunicar a la autoridad policial con una anticipación no menor a los diez (10) días hábiles todo cambio de domicilio que efectúe.

A partir de la comunicación, la persona condenada e inscripta en el Registro deberá presentarse ante las autoridades policiales con jurisdicción en el lugar de su nueva residencia.

Artículo 6°.- La autoridad policial al momento de la presentación deberá actualizar el archivo fotográfico de la persona inscripta en el REDIS, como así también constatar la aparición y/o desaparición de rasgos distintivos y/o característicos de esta, tales como tatuajes, cicatrices, lesiones permanentes, perforaciones y cualquier otra característica, debiendo comunicar dichas circunstancias al REDIS.

Artículo 7°.- La autoridad policial de la jurisdicción deberá periódicamente constatar que la persona sujeto de la presente ley vive efectivamente en el inmueble fijado como residencia habitual.

Artículo 8°.- Lo preceptuado en el artículo 4 de la presente ley deberá ser cumplido por las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual e inscriptas en el Registro, durante un período de cinco (5) años, computados desde el momento en que sea efectivamente liberada, definitiva o provisoriamente, de un establecimiento penitenciario provincial.

Si se tratare de una persona reincidente por este mismo tipo de delitos, el cumplimiento obligatorio de la presentación queda extendido a diez años (10) años, computados de la misma forma.

Artículo 9°.- En caso de incumplimiento en la presentación ante la autoridad policial de la jurisdicción del domicilio que hubiera fijado como residencia habitual, será comunicada dicha circunstancia al Juez competente, el que deberá ordenar su inmediata presentación debiendo ser requerido por la policía de la Provincia, poniéndose en conocimiento de todas las fuerzas de seguridad provinciales y librándose orden de detención en un plazo no mayor a 48 horas, debiendo ser puesto en el orden del día de todas las comisarías de la provincia, pudiendo ser detenido conforme a las previsiones del artículo 130 de la Ley 3.365

Artículo 10°.- En el supuesto de no comparecer dentro de las 48 horas de vencido en plazo legal para hacerlo, el Ministerio de Seguridad deberá publicar su descripción, imagen conforme a la última actualización, prontuario y principales características en los principales medios de comunicación de la provincia a fin de lograr su individualización y comparencia.

Artículo 11°.- La Autoridad de Aplicación deberá realizar anualmente, por sí o a través del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, una encuesta ambiental a fin de evaluar el comportamiento de la persona inscripta en el REDIS, debiendo remitirse copia a la comisaría de su jurisdicción como a si también al Juez de Faltas competente y/o de ejecución penal según corresponda.

En el supuesto de resultar de los informes una valoración negativa respecto de la misma, el Juez de Faltas podrá disponer cada quince (15) días corridos a presentarse ante la autoridad policial de la jurisdicción del domicilio que hubiera fijado como residencia habitual.

Asimismo, se dispondrá durante su concurrencia a la comisaría de la presencia de un gabinete psicológico a fin de efectuar una evaluación y eventual tratamiento del mismo.

Artículo 12º.- Crease, en el ámbito del Consejo Asesor de Políticas de Seguridad de la Provincia -Ley 6.653-, el Comité de Expertos en Defensa de la Integridad Sexual (CEDIS), integrado por representantes de organismos públicos, universidades públicas y privadas y de organizaciones no gubernamentales involucradas en la temática de los delitos contra la integridad sexual, a los fines de colaborar en la asistencia y diseño del programa creado por esta Ley y conforme lo determine la reglamentación. Asimismo, podrá celebrar convenios de cooperación, colaboración, información e intercambio de experiencias técnico profesionales, investigaciones y otros estudios relativos a la problemática de los delitos contra la integridad sexual, con entes públicos y privados de orden provincial, nacional e internacional.

Artículo 13°.- El Programa Protección de los Delitos contra la Integridad Sexual y Control a los Delincuentes Sexuales, deberá efectuar campañas de prevención e información en establecimientos educativos públicos y privados, como así también comunicar respecto de los recaudos que se deben adoptar a los fines de alertar y prevenir el accionar de los delincuentes sexuales. La campaña debe tener carácter permanente y tendrá por objeto difundir y concientizar a la población sobre la problemática de los delitos contra la integridad sexual, las distintas formas de comisión de este delito, sus causas, sus escenarios, sujetos y el marco legal vigente.

Artículo 14°.- El Programa deberá ejecutar y planificar procedimientos de control que posibiliten monitorear el desenvolvimiento social de los delincuentes sexuales, con resguardo de sus derechos; anualmente se confeccionarán estadísticas respecto de las personas monitoreadas por el Programa creado.

Artículo 15°.- La autoridad de aplicación deberá formular programas de asistencia psicológica que faciliten la rehabilitación y eviten la reincidencia de los condenados, que contemplen la realización de investigaciones y estudios que permitan evaluar la eficacia, progreso, suficiencia y resultados del Programa creado. A tal fin deberá coordinar acciones con la Dirección de Promoción del Liberado creada por ley 7.503.

Artículo 16°.- La Autoridad de Aplicación a través del Programa, deberá asimismo realizar las siguientes acciones a saber:

a) Impulsar la elaboración de un plan provincial para la prevención de los delitos contra la integridad sexual.

b) Articular políticas integrales e intersectoriales tendientes a prevenir y erradicar los delitos contra la integridad sexual, coordinando acciones con los Municipios de la Provincia.

c) Capacitar en la prevención de este delito a organismos gubernamentales, funcionarios con responsabilidad en la materia, organizaciones no gubernamentales y todos aquellos a quienes la Autoridad de Aplicación considere necesario.

d) Recomendar a la Dirección General de Escuelas la incorporación de contenidos conforme a las edades cognitivas, sobre la prevención de los delitos contra la integridad sexual.

e) Fortalecer la participación de organizaciones sociales vinculadas a esta temática, y de la comunidad local en estrategias de prevención, abordaje y seguimiento de esta problemática.

f) Suscribir acuerdos con otras jurisdicciones que permitan el intercambio de información documental y/o genética sobre personas condenados por delitos contra la integridad sexual.

CAPITULO II INHABILIDADES DE LOS CONDENADOS POR DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

Artículo 17°.- Son inhábiles para el desempeño y ejercicio de todo cargo, e empleo, actividad o profesión relacionados con el cuidado, atención, instrucción, enseñanza y demás servicios públicos que impliquen el trato directo con niñas, niños y adolescentes, quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual, tipificados en el Título III, Capítulos II, III, IV y V del Libro Segundo del Código Penal de la Nación Argentina.

Lo dispuesto en el párrafo precedente es comprensivo de todos los funcionarios y agentes del Estado, entes autárquicos, descentralizados y demás instituciones públicas o privadas de la Provincia, cuya actividad o ejercicio implique una relación directa e indirecta con niños, niñas y adolescentes y requiera, para su funcionamiento, de una autorización, licencia o habilitación del poder público provincial.

Artículo 18°.- La inhabilidad prevista anterior, tendrá carácter provisional para quienes se encuentren con proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los delitos contra la integridad sexual, tipificados en el Título III, Capítulos II, III, IV y V del Libro Segundo del Código Penal de la Nación Argentina, ocasionando preventivamente, la suspensión inmediata al cargo, empleo, actividad o profesión de que se trate o la suspensión del trámite de ingreso, hasta tanto recaiga sentencia firme.

Artículo 19°.- A los fines de determinar las inhabilitaciones aquí establecidas, la autoridad correspondiente, deberá exigir en todo trámite de ingreso a un cargo, empleo o profesión de los enunciados en la presente, el certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia, como requisito obligatorio para acceder al mismo.

Artículo 20°.- Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto en el presente capítulo serán nulas, cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la validez de los actos y de las prestaciones cumplidas durante el ejercicio de sus funciones.

Artículo 21°.- Invitase a los municipios de la Provincia a adherir a las disposiciones del presente Capítulo.

CAPITULO III DE LA PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

Artículo 22°.- El Programa deberá asistir a las víctimas de delitos sexuales con tratamiento psicológico, medico y contención social evitando todo tipo de revictimización o victimización secundaria. A tal fin deberá coordinar acciones en el marco del Sistema de Asistencias Públicas para Victimas de Delitos (SAVIC) creado por ley 7.841.

Artículo 23°.- Derechos. Las víctimas de delitos contra la integridad sexual, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 108 del Código Procesal Penal y de la ley 7.841, tienen derecho a:

a) Recibir información sobre sus derechos en un lenguaje que comprendan, y en forma accesible a su edad y madurez;

b) Recibir, en caso de resultar necesario, alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente e higiene personal adecuada;

c) Contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas;

d) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;

e) La protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al Programa Provincial de Protección de Testigos en las condiciones previstas en la Ley 7.907.

f) La adopción de las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica;

g) Ser informadas del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso;

h) Ser oídas en todas las etapas del proceso;

i) La protección de su identidad e intimidad;

l) Acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia.

m) A la salvaguarda de su intimidad en la medida compatible con el procedimiento regulado por este Código. En todos los casos, los funcionarios y magistrados que intervengan en el proceso evitarán la difusión de información que revele datos relacionados con la vida privada de la víctima o su intimidad.

n) A solicitar que la información sobre su domicilio se mantenga en reserva, cuando las circunstancias lo hagan conveniente para su protección. En tal caso, éste se consignará por separado en Secretaría, pudiendo tener acceso a tal información las partes, sólo cuando el Derecho de Defensa lo hiciere imprescindible.

ñ) Ser informada por la oficina correspondiente acerca de las facultades que puede ejercer en el proceso penal como víctima tratándose de delitos dependientes de instancia privada, así como la posibilidad de constituirse actor civil y querellante particular.

o) Cuando la víctima declare en juicio, a petición de esta, se podrá disponer el retiro de la sala de audiencias del imputado durante su declaración o la utilización de un procedimiento técnico que facilite el control de la declaración por parte del imputado a distancia, preferentemente mediante la utilización de videoconferencia.

p) Durante el tiempo en que permanezca en las dependencias judiciales se le facilitará un local reservado para su exclusivo uso, convenientemente custodiado.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, además de los derechos precedentemente enunciados, se garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. En ningún caso podrán ser sometidos a careos. Las medidas de protección de derechos aplicables no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su libertad.

Artículo 24° – Derecho a la privacidad y reserva de identidad. En ningún caso se dictarán normas que dispongan la inscripción de las víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual en un registro especial o a cumplir algún requisito con fines de vigilancia o notificación. Se protegerá la privacidad e identidad de las víctimas de delitos contra la integridad sexual. Las actuaciones judiciales serán confidenciales. Los funcionarios intervinientes deberán preservar la reserva de la identidad de aquéllas.

Artículo 25°.- La autoridad de aplicación deberá elaborar un protocolo de actuación ante delitos contra la integridad sexual sean o no denunciados por sus víctimas. Este será sometido a consideración de la Legislatura Provincial para su aprobación previo dictamen del Comité de Expertos creado en el ámbito del Consejo Asesor de Políticas de Seguridad previsto por el artículo 12 de la presente ley.

El protocolo de actuación frente a delitos contra la integridad sexual, deberá priorizar y garantizar la inmediata atención medica de la víctima.

Se deberá coordinar la intervención de los efectores sanitarios provinciales, la Fiscalía de Instrucción competente, el Cuerpo Médico Forense, el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario y la Policía de Mendoza, a fin de impedir la victimización secundaria.

Artículo 26º .- Incorpórase el artículo 241 bis al Código Procesal Penal de la Provincia, ley 6730, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 241 bis.- Cuando se trate de víctimas de los delitos tipificados en el Código Penal, libro II, título I, capítulo II, y título III, que a la fecha en que se requiriera su comparecencia no hayan cumplido los 16 años de edad se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo especialista en niños y/o adolescentes designado por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho tribunal o las partes;

b) El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor;

c) En el plazo que el tribunal disponga, el profesional actuante elevará un informe detallado con las conclusiones a las que arriban;

d) A pedido de parte o si el tribunal lo dispusiera de oficio, las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente. En ese caso, previo a la iniciación del acto el tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor.

Cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares y/o cosas, el menor será acompañado por el profesional que designe el tribunal no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado.

Artículo 27º.- Incorpórase el artículo 241 ter al Código Procesal Penal de la Provincia, ley 6730, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 241 ter.- Cuando se trate de víctimas previstas en el artículo 241 bis, que a la fecha de ser requerida su comparecencia hayan cumplido 16 años de edad y no hubieren cumplido los 18 años, el tribunal previo a la recepción del testimonio, requerirá informe de especialista acerca de la existencia de riesgo para la salud psicofísica del menor en caso de comparecer ante los estrados. En caso afirmativo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 241 bis.

Artículo 28º .- Incorpórase el artículo 254 bis al Código Procesal Penal de la Provincia, ley 1908, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 254 bis.- Cuando se trate de víctimas de los delitos tipificados en el Código Penal, libro II, título I, capítulo II, y título III, que a la fecha en que se requiriera su comparecencia no hayan cumplido los 16 años de edad se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo especialista en niños y/o adolescentes designado por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho tribunal o las partes;

b) El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor;

c) En el plazo que el tribunal disponga, el profesional actuante elevará un informe detallado con las conclusiones a las que arriban;

d) A pedido de parte o si el tribunal lo dispusiera de oficio, las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente. En ese caso, previo a la iniciación del acto el tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor.

Cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares y/o cosas, el menor será acompañado por el profesional que designe el tribunal no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado.

Artículo 29º.- Incorpórase el artículo 254 ter al Código Procesal Penal de la Provincia, ley 1908, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 254 ter.- Cuando se trate de víctimas previstas en el artículo 254 bis, que a la fecha de ser requerida su comparecencia hayan cumplido 16 años de edad y no hubieren cumplido los 18 años, el tribunal previo a la recepción del testimonio, requerirá informe de especialista acerca de la existencia de riesgo para la salud psicofísica del menor en caso de comparecer ante los estrados. En caso afirmativo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 254 bis.

CAPITULO III DISPOSICIONES FINALES

Artículo 30°.- Incorporase como artículo 39 bis del Código de Faltas de la Provincia ley 3365 el siguiente:

Articulo 39 bis – El que, habiendo sido condenado por delitos contra la integridad sexual y cumplido su condena, incumpliere las obligaciones ley, respecto de su presentación en la comisaría la jurisdicción más próxima a su residencia habitual será castigado con arresto de cumplimiento efectivo de hasta noventa (90) días.

Artículo 31°.- Modificase el artículo 27 del Código de Faltas de la Provincia, ley 3365, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 27°- El reincidente en materia de faltas, que registre además condena por delito contra la propiedad y/o integridad sexual, podrá ser sometido por disposición del tribunal, a observación policial, la que comportara las siguientes obligaciones, cuya violación acarreara hasta treinta (90) días de arresto.

1) no variar de domicilio sin conocimiento de la policía;

2) hacer conocer a la policía sus medios de subsistencia

3) Presentarse periódicamente a la comisaría más cercana a su domicilio conforme lo determine la ley o a tratamientos dispuestos por el Tribunal.

Artículo 32°.- La presente ley entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, debiendo reglamentarse en dicho plazo.

Artículo 33°.- De forma.

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