Creando el programa de proteccion de testigos y arrepentidos

El silencio nos sumerge en océanos de  impunidad,

la protección a quien emerge a declarar,

nos posibilita anclar en el puerto de la Justicia.

INTRODUCCIÓN.

Una de las herramientas fundamentales en la investigación judicial es la declaración de las personas que puedan individualizar o dar con el paradero de los responsables.

No obstante, la experiencia cotidiana demuestra que existen múltiples casos de reticencias de los ciudadanos a colaborar con la Justicia en determinadas causas penales ante el temor a sufrir represalias.

Ello conlleva, con frecuencia, a no poder contar con declaraciones y testimonios valiosos y esclarecedores en estos procesos.

Ante esta situación debemos  proceder a dictar normas que resulten eficaces en la salvaguarda de quienes, como testigos, cumplen con el deber constitucional de colaborar con la Justicia y aquellos imputados arrepentidos que brindan información útil y valiosa que permite luchar contra el delito.

De lo contrario, se vería perjudicada la aplicación del sistema penal y facilitada la impunidad de los responsables del hecho delictivo.

Hoy los delitos no esclarecidos, con la consecuente impunidad, sumado a otras deficiencias del sistema penal y de seguridad, elevan la sensación de inseguridad.

Es la certeza de la pena, la inevitabilidad del castigo ante la violación a la norma penal, uno de los pilares fundamentales en los que debe sustentarse el sistema. Esto es la inexorabilidad de la pena como destino fatal ante la trasgresión al orden instituido.

En este marco, entendemos importante que el Estado -en circunstancias que comprometan la vida, la integridad psicofísica del testigo o arrepentido o sus familiares directos, sus bienes etc.-  garantice y proteja los testimonios y declaraciones, permitiendo esclarecer hechos delictivos.

Es por ello que la formulación de un programa o plan de acción de protección de personas cuyo testimonio o declaración  sea determinante en el resultado final de la investigación penal, debe dirigirse más allá de la simple protección de la identidad del deponente, con el fin de dar múltiples respuestas conforme a las necesidades reales, que alejen el potencial peligro a que se vea sometido éste.

LA PROTECCIÓN DE LA DECLARACION DE TESTIGOS E IMPUTADOS ARREPENTIDOS

a.- Los Testigos

La calidad procesal de “testigo” se adquiere desde el momento en que el Juez lo cita a declarar o cuando considera pertinente y útil el testimonio de quien se presente espontáneamente con este objeto.

A partir de la notificación en debida forma de su calidad de testigo, se hace efectivo “inmediatamente” el apercibimiento de la concurrencia por la fuerza pública y de incurrir en responsabilidad penal.

Lógico resulta entonces que, concomitante con la exigibilidad de la obligación de testificar, debe gozar del derecho a la protección del Estado cuando exista temor fundado de sufrir represalias en su persona, su familia o sus bienes, en razón del conocimiento que tiene respecto de hechos o actos  que posibilitan el esclarecimiento del delito investigado.

En nuestra legislación local el  art. 232 de el Codigo Procesal Penal de Mendoza  establece:

“Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley.”

La protección de los testigos que intervienen en el proceso penal se fundamenta en el hecho que revestir la calidad de tal, no debe traer aparejada consecuencias desventajosas para la persona.

El testigo y su testimonio como medio de prueba es una pieza fundamental del proceso, por ello se hace merecedor de tutela y protección a fin de que su intervención no suponga un menoscabo a su vida, integridad física y/o detrimento patrimonial.

b.- Los Imputados Arrepentidos

La figura del arrepentido, es eficaz para la investigación y sanción de delitos no convencionales y se relaciona con beneficios que se acuerdan para quienes colaboran con la justicia en las condiciones establecidas por la ley. Efectivamente se trata de colaboradores con la Justicia que a cambio de beneficios procesales brindan información útil y valiosa para luchar contra el delito.

El individuo se acusa a si mismo en el momento de informar y delatar a otros, accediendo a algún tipo de privilegio o beneficio que mejore sustancialmente su situación procesal en el juzgamiento o en la ejecución de la pena.

Particularmente en la provincia de Mendoza se encuentra receptada la figura en el CPP articulo 26 inc. 5 donde se faculta al Ministerio Publico a solicitar al Tribunal suspenda total o parcialmente, la persecución penal…. a toda persona que se encuentre imputada, o que estime pueda serlo, si durante la substanciación  del proceso, o con anterioridad a su iniciación : a) revelare la identidad de coautores, participes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el enjuiciamiento de los sindicados o un significativo progreso de  la investigación, b) aportare información que permita secuestrar los instrumentos, o los efectos del delito, valores, bienes, dinero o cualquier otro activo de importancia, provenientes del mismo…

A partir de la constatación de que este tipo de instituciones ha dado buenos resultados en otros países (Italia, por ejemplo) y de la necesidad de evitar la impunidad de hechos de extrema gravedad cuyo esclarecimiento solo es posible si alguno de sus autores decide colaborar en la investigación, creemos necesario introducir la protección del imputado arrepentido y sus familiares próximos en nuestro derecho positivo provincial, de forma tal de lograr el fin que la norma procesal persigue.

Es por ello que todas las medidas dispuestas deben hacerse extensivas a la figura creada por el Artículo 26 inc. 5 del C.P.P., comúnmente denominado imputado arrepentido, en el caso de ser compatibles con su situación procesal.

Las medidas de protección al testigo o arrepentido resultan amplias y van desde disponer presencia de personal policial en su domicilio, el patrullaje en la zona de su residencia, el acompañamiento al testigo o arrepentido,  el cambio de domicilio, la custodia de sus bienes; la gestión de un empleo y de una vivienda en las condiciones anteriores al ingreso al programa; el otorgamiento de un subsidio por motivos de protección; la posibilidad de declarar mediante el sistema de videoconferencia garantizando el debido proceso; el cambio de identidad; la atención médica y psicológica para los testigos y arrepentidos incluidos en este Programa, y la extensión de estas medidas al cónyuge y/o conviviente o parientes hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad.

DERECHO COMPARADO.

En Estados Unidos existe el Programa de Seguridad de Testigos a cargo del Servicio de Alguaciles. Ésta es la Agencia que se ocupa de la seguridad y salud de testigos del Gobierno, y de sus dependientes inmediatos, cuyas vidas se encuentran en peligro como resultado de su testimonio contra narcotraficantes, terroristas, miembros de delincuencia organizada y otros delincuentes importantes.

El Servicio de Alguaciles ha protegido, reubicado y dado identidades nuevas a 7.800 testigos y 9.900 miembros de sus familias desde que comenzó el programa en 1971.

La operación exitosa de este programa cuenta con reconocimiento amplio por proporcionar una herramienta singular y valiosa en la batalla del gobierno contra importantes conspiradores delictivos y la delincuencia organizada. Desde el inicio del programa, el mismo ha logrado una tasa global de condena del 89 por ciento como resultado de testimonios de testigos protegidos.

Los testigos y sus familias obtienen nuevas identidades. También se puede proveer vivienda, atención médica, capacitación laboral y empleo.

Se provee a los testigos fondos para la subsistencia que cubren los gastos básicos de vida hasta que se vuelvan autosuficientes en el área a la que han sido reubicados.

El Servicio de Alguaciles proporciona protección las 24 horas a todos los testigos mientras se encuentran en altos niveles de amenaza, incluidos conferencias previas a juicios, testimonios en juicio y otras comparecencias en el Tribunal.

En  Colombia el Gobierno ha elaborado un Programa de Protección a Testigos y Personas Amenazadas dependiente del Ministerio del Interior, mediante el que se ha proporcionado seguridad respecto a delitos de secuestro extorsivo, homicidios y principalmente en su lucha contra el narcotráfico en colaboración con el Gobierno de E.E.U.U.

LEGISLACIÓN NACIONAL Y PROVINCIAL

La Ley  23.737 de  estupefacientes contempla la protección de testigos en su artículo 33 bis.

El citado artículo determina que “Cuando las circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente un peligro cierto para la vida o la integridad física de un testigo o de un  imputado que hubiese colaborado con la investigación, el Tribunal deberá disponer las medidas especiales de protección que resulten adecuadas.

Éstas podrán incluso consistir en la sustitución de la identidad del testigo o imputado, y en la provisión de los recursos económicos indispensables para el cambio de domicilio y de ocupación, si fuesen necesarias…”.

El Gobierno Nacional ha creado la Oficina de Protección de Testigos e Imputados -Ley N. 23.737- la que tiene a su cargo la coordinación de la totalidad de los aspectos cuya gestión ha sido encomendada a dicha jurisdicción.

Por otro lado, las tareas asignadas comprometen la acción de diversas áreas del Gobierno Nacional dentro de sus respectivas competencias, misiones y funciones.

Por ello, a fin de brindar una adecuada protección a los testigos e imputados, es necesario contar con la colaboración de los Ministerios del Interior y de Trabajo y Seguridad Social y de la Secretaria de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, coordinando con ellos la implementación de las medidas a adoptarse.

Hay dos mecanismos diferentes de protección de testigos: el ordinario, que se encuentra a cargo de Jueces y Fiscales reglamentado por el Código Procesal Penal que se reduce a la asignación de una custodia policial; y el especial -que incluye a imputados-, que está a cargo de la Oficina de Protección a Testigos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado en 1998 en la Ley de Estupefacientes.

A su vez la Ley 25.764 se crea el Programa de Protección de Testigos e Imputados referido específicamente a los casos de secuestros extorsivos, terrorismo y estupefacientes. La norma prevé la posibilidad de ampliarla a “delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional”, siempre que así lo requiera algún Juez o Fiscal.

El plan ha protegido a 68 personas, en la actualidad hay 20 beneficiarios con sus familiares y 13 de ellos tienen custodia de distintas fuerzas de seguridad. Las medidas de protección incluyen el cambio de domicilio, apoyo para reinserción laboral, la asistencia económica y el suministro de documentación que acredite identidad bajo nombre supuesto.

El ingreso al programa supone una tutela integral en la vida, a diferencia de la protección ordinaria que provee una custodia. A cambio de la protección especial, los testigos tienen que comprometerse a mantener absoluta reserva y confidencialidad respecto de su calidad de protegidos.

En el orden Provincial, el Gobierno de Buenos Aires implementó el 2 de octubre pasado  el “Programa de vigilancia y atención de testigos en grado de exposición”, que tiene por objetivo “limitar la exposición de testigos que declaren en procesos en etapa de juicio en que ex represores militares o policiales son investigados y/o juzgados”.

Si bien a nivel nacional ya existe un programa de protección de testigos, el Gobierno bonaerense estableció uno específico para las causas en que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar (1976-1983) luego de la desaparición de Jorge Julio López, de 77 años, cuyo testimonio fue clave para condenar por genocidio al ex jefe policial Miguel Etchecolatz.

Este caso dejó al descubierto que la seguridad de las personas que acceden a dar testimonios fundamentales en procesos judiciales de gran envergadura es algo más complejo que la presencia de custodia policial.

La comisión permanente de protección de la independencia judicial, creada por acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha establecido que el ejercicio de la función jurisdiccional requiere una debida protección para los testigos.

La figura del arrepentido se encuentra receptada en el orden nacional por la ley 23737 y la  ley 25764.

CONCLUSION

El proyecto confiere al Juez competente la potestad de ordenar la incorporación del testigo y/o arrepentido en el Programa que al efecto se crea, estableciendo así mismo el carácter transitorio o definitivo de las medidas a implementar, debiendo la Coordinación crear un plan individual de protección conforme al presumible riesgo de daño a que se vea sometido el testigo.

El Juez –así mismo- podrá disponer la reserva de identidad del testigo de conformidad a lo previsto por el art. 232 del CPP. En este supuesto, los datos quedarán registrados en un libro especial de carácter secreto, cuya seguridad será responsabilidad del Coordinador del Programa de Protección de Testigos, al que no tendrán acceso las partes.

En el caso que al ejercicio de la defensa le resultare imprescindible contar con los datos, el juez interviniente en la causa valorará la situación y podrá autorizar concederlos, respetando el derecho de asistencia consagrado por el Artículo 320 del Código de Procedimiento Penal.

Se disponen distintos tipos de medidas a fin de resguardar al testigo y/o arrepentido y su familia, las cuales dependerán del presumible riesgo de daño y la gravedad del mismo.

La inclusión al Programa es voluntaria, requiriéndose el consentimiento del testigo, arrepentido y de las personas se hace extensiva la protección, firmando al efecto un acta  de compromiso que determina los derechos y obligaciones emergentes de la inclusión al Programa (PPTA).

Resulta paradójico ver cómo el incremento de los hechos delictivos es, en el estado de la sociedad actual, inversamente proporcional a la participación de la ciudadanía en la resolución de los mismos, por temor a sufrir consecuencias posteriores a su intervención en el proceso penal.

Es por ello, que los esfuerzos del Estado a más de la prevención primaria en el aprendizaje delictivo y secundaria en las poblaciones en riesgo, deben orientarse a evitar toda posibilidad de impunidad a quienes evadan el camino de la ley. Una de las formas de lograrlo es a través del otorgamiento de plenas garantías a quien testifica o declara como imputado arrepentido, dando luz en los casos de orfandad probatoria en el proceso.

En la elaboración de este proyecto debemos destacar la inestimable colaboración a nuestra iniciativa de parte del Sr. Ministro de Gobierno de la Provincia, el Sr. Subsecretario de Justicia y  la Sra. Coordinadora de Derechos Humanos, los Sres. Profesionales Abogados comprometidos en la Defensa de los Derechos Humanos y los Sres. Fiscales de Delitos Complejos que con su mirada particular y experta, por enfrentar cotidianamente esta problemática, dotaron al presente proyecto de una riqueza y profundidad imposible de prever en sus comienzos.

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1°.-         La presente ley tiene por objeto la protección de testigos y arrepentidos en procesos penales, cuando existiere peligro fundado de sufrir un menoscabo a su vida y/o integridad psicofísica o en sus bienes, por las consecuencias jurídicas que trae aparejado su declaración en sede judicial.

La protección se extiende al cónyuge o conviviente y familiares hasta un segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Artículo 2°.-        Créase el “Programa de Protección de Testigos y Arrepentidos” (PPTA), dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Gobierno. El PPTA coordinará la  implementación  de la protección de toda persona que se encuentre en condiciones de declarar como testigo o imputado arrepentido en causas penales y que debido a ello se configure la situación descripta en el artículo precedente.

Artículo 3°.-        El Programa de Protección de Testigos y Arrepentidos de conformidad a lo dispuesto por el Art.° 26 inc. 5, 232 y 240 C.P.P., implementará la protección ordenada por el Magistrado.

Artículo 4°.-        La inclusión al Programa deberá ser ordenada por el Magistrado interviniente en la causa, ante solicitud fundada del testigo o arrepentido o sus letrados patrocinantes y previa información de los alcances del mismo.

Artículo 5°.-        Al momento de ordenar la incorporación al Programa, el Magistrado competente establecerá prima facie el término de duración, el que podrá ser prorrogado en los supuestos de no haber cesado las causas que motivaron su incorporación y el carácter transitorio o permanente de las medidas a implementar.

Artículo 6°.-        El Programa en cada caso, elaborará un plan individual de protección en relación a la magnitud del peligro de daño al testigo, arrepentido, su familia y/o sus bienes, pudiendo disponer conjunta o alternadamente las medidas establecidas por el Artículo siguiente.

Artículo 7°.-        Las medidas de protección del Programa podrán consistir en:

a) Disponer en el domicilio del testigo o arrepentido la presencia de personal policial de consigna

b)  Patrullaje en la zona de su residencia;

c) Acompañamiento policial al testigo o arrepentido en su traslado desde el lugar donde se encuentre hasta la sede de la autoridad judicial que lo haya citado;

d)  Resolver la custodia de bienes del testigo o arrepentido;

e) Disponer el cambio del lugar habitual de su residencia a otro reservado, con protección policial;

f)  Otorgar un subsidio de una suma de dinero a determinar por la Coordinación del Programa de Protección de Testigos y Arrepentidos, a partir del importe de una jubilación ordinaria mínima, que permita mantener el sustento, alojamiento y nivel de vida del testigo o arrepentido y su familia al momento de su ingreso al mismo. El subsidio se abonará hasta que la autoridad judicial estime que han cesado los motivos de protección;

g) Gestionar a través de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia la obtención de un empleo acorde con el que poseía al momento de adquirir la calidad de testigo o arrepentido, para el caso en que su protección y asistencia lo exija;

h) Disponer que las citaciones de la autoridad judicial se efectúen a través de la Coordinación del Programa de Protección de Testigos y Arrepentidos.

i) Brindar en forma gratuita atención médica y psicológica a las personas incluidos en este Programa.

j)  Instrumentar a través de la Dirección General de Escuelas el cambio del establecimiento escolar respecto de los parientes alcanzados por el Programa, cuando así lo estimare conveniente y necesario.

k) Gestionar por ante el Ministerio de Desarrollo Social la obtención de una vivienda en calidad de propietario, locatario y/o comodatario conforme a su condición similar,  anterior al ingreso al Programa.

l) Solicitar al Magistrado interviniente la declaración del testigo o arrepentido mediante videoconferencia, preservando las garantías del debido proceso.

m) Gestionar la sustitución de la identidad real del testigo y/o arrepentido y sus familiares en los términos del Artículo 11.

n) En general disponer de todas las medidas de seguridad conducentes respecto de las personas incluidas en el programa a los fines de esta ley.

Artículo 8°.-        Cuando el Magistrado, de conformidad a lo previsto por el Artículo 232 del CPP, disponga la reserva de identidad del testigo o arrepentido, los datos identificatorios  del mismo quedarán registrados en un libro especial de carácter secreto, cuya seguridad será responsabilidad del Coordinador del Programa de Protección de Testigos y Arrepentidos, al que no tendrán acceso las partes.

Artículo 9°.-        En el caso que al ejercicio de la defensa le resultare imprescindible contar con los datos, el Magistrado interviniente en la causa valorará la situación y podrá autorizar concederlos, respetando el derecho de asistencia consagrado por el Artículo 320 del C.P.P.

Artículo 10°.-      La Coordinación del PPTA deberá proveer los elementos técnicos necesarios para que la recepción de la declaración del testigo o arrepentido pueda efectuarse a través del procedimiento de videoconferencia preservando las garantías del debido proceso.

Artículo 11°.-      El PPTA podrá gestionar la sustitución de la identidad real del testigo o arrepentido, los  datos filiatorios, la modificación de las partidas de sus hijos y del matrimonio, por otros de fantasía a instancias del Magistrado interviniente en la causa, de conformidad al procedimiento establecido por la ley 18.248.

Artículo12°.-       El requerimiento de sustitución de identidad deberá complementarse con un informe que tendrá carácter reservado y detallará:

a) la investigación a la cual el testigo o arrepentido se encuentra vinculado;

b) la evaluación de la incidencia del testimonio o declaración en la resolución del proceso penal;

c) sus antecedentes penales, si los tuviera;

d) las medidas de tutela aplicadas a la fecha de la solicitud y;

e) las medidas de tutela que se consideran necesarias aplicar.

El legajo será de trámite secreto, la gestión judicial la efectuará el Coordinador del Programa de Protección de Testigos y Arrepentidos por ante el Juez de Primera Instancia del lugar en que se encuentra la inscripción original que se pretendiere rectificar, modificar o cambiar, o el del domicilio del Testigo o Arrepentido y sus parientes comprendidos según corresponda.

Artículo 13°.-      La autoridad de aplicación del programa labrará un Acta de Compromiso conjuntamente con el testigo o arrepentido y las personas a las cuales se extiende el Programa, antes de disponer la instrumentación de las medidas a tomar, en la que se hará constar:

a) Su consentimiento expreso para ingresar al Programa y su conformidad con las normas que lo regulan;

b)  La obligación de no evidenciar ni denunciar su situación procesal;

c) La obligación de colaborar con los requerimientos del personal que proveen la protección;

d) La obligación de poner en conocimiento de la Coordinación cualquier proceso penal abierto en su contra.

e) El derecho a solicitar la exclusión del PPTA.

d) Los alcances del Programa en el caso concreto.

Dicha Acta de Compromiso será firmada por el testigo o arrepentido, las personas a las cuales se hace extensiva la protección y el Coordinador del “Programa Protección de Testigos y Arrepentidos”.

Artículo 14°.-      El testigo o en su caso el arrepentido, podrán ser excluidos del Programa, por decisión del Magistrado interviniente en la causa, cuando se comprueben los siguientes supuestos:

a) Violaciones del Acta de Compromiso;

b) Divulgación de Información inexacta que pueda entorpecer el trámite de la causa.

c) Falsedad en la invocación de las circunstancias que sirvieron de fundamento para su inclusión en el PPTA.

d) Falsedad de las declaraciones efectuadas en la causa penal.

Esta decisión no está sujeta a revisión o recurso alguno.

Artículo15°.-       Además de la responsabilidad penal que les pudiera corresponder a  los funcionarios o empleados que divulguen información que permita identificar y/o vulnerar las medidas de seguridad dispuestas al testigo o arrepentido protegido por el Programa, serán pasible de sanciones disciplinarias de carácter administrativo.

Artículo 16°.-      En caso de que fuera necesario aplicar medidas urgentes de protección, el Magistrado interviniente podrá disponer la utilización provisoria de las medidas previstas por el artículo 7. En tal supuesto, la duración no podrá exceder de diez días, vencido este plazo, deberá ordenar el cese de las medidas de protección o la inclusión del testigo o arrepentido en el Programa.

Artículo 17°.-      La Coordinación del Programa de Protección de Testigos y Arrepentidos habilitará un servicio telefónico, gratuito  a fin de prestar asesoramiento respecto de los alcances del PPTA a los potenciales testigos y arrepentidos.

Artículo 18°.-      El Ministerio de Hacienda adoptará las medidas conducentes para proveer las partidas presupuestarias necesarias que permitan afrontar los gastos que demande la implementación del PPTA.

Artículo 19°.-      De forma.

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