Autorizando a taxis y remises a usar videocamaras de seguridad

FUNDAMENTOS

La utilización de videocámaras en el interior de taxis o remises puede ser un instrumento útil a los fines de la prevención y represión de los delitos a que esta actividad se encuentra expuesta. Ante ello, se debe establecer el marco regulatorio respecto del uso y tratamiento de imágenes con fines de vigilancia en su interior, instituyendo de garantías a las personas cuyas imágenes son tratadas mediante tales procedimientos.

En este sentido es útil destacar la experiencia piloto realizada en la ciudad de la Plata, donde se instaló en 30 taxis cámaras de seguridad. El mecanismo de vigilancia, prevé que las cámaras ubicadas junto al espejo retrovisor comiencen a filmar a quienes sean considerados “sospechosos” cuando los taxistas opriman el “botón de pánico”, siendo este un pulsador que al mismo tiempo envía señales de alerta hacia el operador de la empresa de seguridad que presta el servicio.

La utilización de videocámaras, puede operar en un doble sentido, ya como disuasorio al momento de intentar cometer el delito o bien a fin de posibilitar la identificación y/o captura de los autores del mismo.

Respecto de las distintas medidas de seguridad propuestas para prevenir delitos es conveniente aclara que la utilización de mamparas de protección y videocámaras no se excluyen, sino que muy por el contrario son complementarias a la hora de brindar mayor seguridad a choferes y pasajeros a bordo de un taxi o remis.

A mayores medidas de seguridad se produce una consiguiente disminución del riesgo en cuanto al acaecimiento de un delito, por consiguiente ambas medidas deberían ser aplicadas progresivamente en nuestra provincia, estableciéndose en las futuras licitaciones condiciones de seguridad que necesariamente deben incorporar los permisionarios, además de las medidas mínimas respecto de la carrocería del vehículo para permitir la introducción de las mismas.

Asimismo, se debe tender a establecer sistemas de pago que eviten y/o disminuyan la contratación y pago a través de dinero en efectivo, posibilitando el mismo con tarjetas de débito, crédito, u otro sistema de pago análogo.

Es necesario tener en cuenta el tipo de delito a que se ven sometidos quienes trabajan prestando el servicio de taxis, al respecto Charles Rathbone elaboró un informe denominado “Taxi Driver 606 homicidios, Estados Unidos y Canadá, 1980-1994”, contiene una estadística respecto a la ocurrencia y modalidad de delitos y agresiones a que son víctimas los choferes, que se asimila a los delitos cometidos en nuestra provincia.

El mencionado informe señala que:

El 94% de los ataques se producen cuando el conductor se encuentra el interior de la cabina.

El 85% de las heridas mortales son a causa de impactos de bala.

El 82% de las agresiones se producen en la noche.

El 74% de las muertes se deben a impactos de bala en la cabeza y el cuello.

El 66% de los agresores son menores de 20 años.

El 47% de los asaltantes actúa solo.

El 25% de los asaltantes se encuentra fuera de la cabina.

Ahora bien, en la actualidad no existe dictamen especifico de parte de la Dirección Nacional de Datos Personales respecto de la utilización de videocámaras en el interior de los taxis o remises, sin embrago la Agencia Española de Protección de Datos Personales –la cual es seguida en sus dictámenes por la DNDP- elaboró el Informe 0365/07 respecto de la procedencia y procedimiento a seguir para la instalación de Videovigilancia en taxis, el cual reproducimos en su totalidad en virtud de las semejanzas entre ambas legislaciones en materia de protección de datos personales y por el alto valor de los dictámenes elaborados por la Agencia Española.

La consulta plantea que procedimiento debe de seguirse para instalar una cámara en un Taxi de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

En primer lugar, es preciso señalar que la Agencia Española de Protección de Datos, no es el organismo competente para autorizar la instalación de ninguna cámara. La Agencia vela por la protección de la imagen como dato personal, exigiendo el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 y la Instrucción 1/2006 de 8 de noviembre de 2006, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

No obstante lo anterior, indicaremos que toda cámara capta imágenes de las personas físicas, por ello, la grabación de la imagen de una persona, es un dato personal, y genera un tratamiento de datos siendo éste el criterio de la Agencia Española de Protección de Datos, tal y como se ha señalado en la Resolución R/00035/2006 de 27 de febrero de 2006, donde se estable que:

“El artículo 1 de la LOPD dispone: “La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”.

En cuanto al ámbito de aplicación de la citada norma, el artículo 2.1 de la misma señala: “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”; definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado a) del artículo 3 de la LOPD, como “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

El artículo 3 de la LOPD define en su letra c) el tratamiento de datos como aquellas “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”. La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa de referencia, requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no serán de aplicación.

De acuerdo con aquella definición de tratamiento de datos personales, la captación de imágenes de las personas que transitan una vía publica constituye un tratamiento de datos personales incluido en el ámbito de aplicación de la normativa citada.”

Este criterio se recoge en el artículo 1.1 de la citada Instrucción donde señala que “La presente Instrucción se aplica al tratamiento de datos personales de imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras.

El tratamiento objeto de esta Instrucción comprende la grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas.

Se considerará identificable una persona cuando su identidad pueda determinarse mediante los tratamientos a los que se refiere la presente instrucción, sin que ello requiera plazos o actividades desproporcionados.”

Quiere ello decir que la instalación de la cámara deberá de ser legítima, por tanto como señala el artículo 2 de la Instrucción “1.- Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia.”

En cuanto a la legitimación para el tratamiento de las imágenes el artículo dos de la Instrucción se remite a lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, donde se establece que “el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”. Es por tanto necesario encontrar una ley que legitime el tratamiento, o de obtener el consentimiento de cada uno de los que se introduzcan en el taxi y resulten grabados por la cámara.

En consecuencia, sí resulta imposible obtener el consentimiento de cada cliente que acceda al taxi, es preciso acudir alguna Ley que legitime el tratamiento. La Ley que resultaría aplicable en relación con el tratamiento de imágenes es la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (LSP), que regula, según su artículo 1.1 “la prestación por personas, físicas o jurídicas, privadas de servicio de vigilancia y seguridad de personas o de bienes, que tendrán la consideración de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública”.

Asimismo, añade el artículo 1.2 que “A los efectos de la presente Ley, únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad, los jefes de seguridad y los escoltas privados que trabajen en aquéllas, los guardas particulares del campo y los detectives privados”, sin perjuicio de las especialidades que se analizarán posteriormente, previstas en las normas reguladoras, en general, de la seguridad ciudadana.

El artículo 5.1 e) de la LSP dispone que “Con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en las normas reglamentarias que la desarrollen, las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los siguientes servicios y actividades (…) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad”. Esta previsión se reitera en el artículo 1 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real decreto 2364/1994, de 9 de diciembre (RSP)

De este modo, la Ley habilitaría que los sujetos previstos en su ámbito de aplicación, esto es, empresas de seguridad privada puedan instalar dispositivos de seguridad, entre los que podrían encontrarse las cámaras, siempre con la finalidad descrita en el citado artículo 1.1.

Para la efectiva puesta en funcionamiento de la medida, el artículo 6.1 dispone que “Los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad deberán en todo caso consignarse por escrito, con arreglo a modelo oficial, y comunicarse al Ministerio del Interior, con una antelación mínima de tres días a la iniciación de tales servicios”.

El artículo 20 del RSP regula el procedimiento de notificación del contrato, la autoridad competente y el régimen aplicable a la contratación del servicio por las Administraciones Públicas y a supuestos excepcionales que exijan la inmediata puesta en funcionamiento del servicio.

Por último, el artículo 7.1 establece que “Para la prestación privada de servicios o actividades de seguridad, las empresas de seguridad habrán de obtener la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en un Registro que se llevará en el Ministerio del Interior”.

La inscripción se regula en el artículo 2 del RSP, detallando el Anexo los requisitos que han de reunir estas empresas. No obstante, quedarían excluidas las de ámbito exclusivamente autonómico. Además, el artículo 39.1 dispone que “únicamente podrán realizar las operaciones de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad electrónica contra robo e intrusión y contra incendios las empresas autorizadas”.

En consecuencia, siempre que se haya dado cumplimiento a los requisitos formales establecidos en los artículos precedentes (inscripción en el Registro de la empresa y comunicación del contrato al Ministerio del Interior), las empresas de seguridad reconocidas podrán instalar dispositivos de seguridad, entre los que se encontrarían los que tratasen imágenes con fines de videovigilancia, existiendo así una habilitación legal para el tratamiento de los datos resultantes de dicha instalación.

De este modo, quedaría legitimado por la existencia de una norma con rango de Ley habilitante el tratamiento al que se refiere el apartado 2 de los citados con anterioridad, siempre que se cumplan los requisitos a los que se ha hecho referencia, no siendo necesario el consentimiento del afectado.

En virtud de lo expuesto, podemos concluir señalando que la instalación de una cámara por el consultante requiere: Que la cámara la instale una empresa de seguridad privada, que deberá de obtener la autorización del Ministerio del Interior y si la cámara graba deberá de notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro General de la misma, de conformidad con el artículo 7 de la Instrucción, donde habrá que cumplir con los requisitos del artículo 26 de la Ley Orgánica a efectos de inscripción .

En el orden nacional para proceder a una correcta regulación respecto de la utilización de videocámaras en el interior de los automóviles sujetos a concesión para la prestación del servicio público de transporte, es necesario tener en cuenta el dictamen elaborado por la Dirección de Protección de Datos bajo el n° 24/2004 sobre la materia, relativo al uso de cámaras en estadios de fútbol. Este dictamen confirma la aplicación de la ley 25.326 a los datos recolectados mediante videocámaras usadas para vigilancia. A continuación pasamos a transcribir los principales párrafos del mismo con directa vinculación a proyecto impulsado.

“La Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales (LPDP) establece la obligatoriedad de la inscripción en el Registro de todo archivo, registro, base o banco de datos público o privado destinado a proporcionar informes, disponiendo los requisitos mínimos a tal fin (artículo 21).

La LPDP define a los datos personales como “Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables” (artículo 2º).

Por su parte define a las bases de datos de la siguiente manera: “Archivo, registro, base o banco de datos: Indistintamente, designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso” (artículo 2º).

En consecuencia, la imagen de una persona podrá ser considerada un dato personal en tanto la persona pueda ser identificada o identificable a través de esa imagen.

Por lo tanto, el conjunto organizado del material fílmico grabado en espacios públicos constituye una base de datos sujeta al régimen de la Ley de Protección de Datos Personales.

No existe en el ámbito nacional un desarrollo exhaustivo sobre el tema en cuestión, si bien la Ley Nº 25.326 lo regula en forma genérica.

En el marco internacional funciona el Grupo Internacional de Trabajo en Protección de Datos en Telecomunicaciones (Internacional Working Group on Data Protection in Telecommunications –IWGDPT-), creado en la Conferencia Internacional de Protección de Datos que se llevó a cabo en Berlin en 1983. El IWGDPT, que mantiene reuniones de alta complejidad y especialización, está integrado por protectores de datos, representantes de Organizaciones Internacionales, e investigadores de todo el mundo. La Dirección Nacional, en su carácter de Autoridad de Control lo integra.

Con fecha 29/04/99, en el marco de su 25ª Reunión llevada a cabo en Noruega, el Grupo de Trabajo adoptó una “Posición Común sobre Bases de Datos de Imágenes en Edificios”, en la que se concluye: “Debe quedar claro que un escaneo de todos los edificios en una ciudad o país, implica procesamiento de datos personales, dado que la información refiere a personas identificables por factores específicos, vinculados con la identidad física, económica, cultural y social en un sistema de registro de datos, y ello puede ser asociado directa o indirectamente a directorios (Art. 2 a) y c) de la Directiva 95/46/CE).

Por ello la creación de bases de datos de imágenes de este tipo cae dentro del ámbito de aplicación las leyes nacionales de Protección de Datos en concordancia con la normativa Comunitaria Europea de Protección de Datos”.

En el mismo sentido, la Agencia Española de Protección de Datos ha tenido oportunidad de manifestar: “debe indicarse que las imágenes a las que se refiere la consulta sólo podrán ser consideradas datos de carácter personal en caso de que las mismas permitan la identificación de las personas que aparecen en dichas imágenes, no encontrándose amparadas en la Ley Orgánica en caso contrario”.

El artículo 5º de la Ley Nº 25.326 determina que el tratamiento de datos personales será lícito cuando se cuente con el consentimiento libre, expreso, informado y por escrito del titular de la información. Sin perjuicio de ello en el inciso 2º del mismo artículo establece una excepción que resulta aplicable al caso bajo análisis.

En efecto, dispone que no será necesario el consentimiento cuando los datos se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal (apartado b).

El proyecto de marras trasunta la creación de una base de datos que será objeto de tratamiento por las autoridades públicas competentes para la implementación de políticas de seguridad en el desarrollo de los espectáculos de fútbol, motivo por el cual no existe óbice en este sentido para la creación del aludido registro.

Para la creación de la base de datos en estudio resulta necesario una disposición general publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario oficial, indicando los requisitos establecidos en el inciso 2° del artículo 22 de la Ley N° 25.326:

a) Características y finalidad del archivo;

b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas;

c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos;

d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza de los datos personales que contendrán;

e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas;

f) Órganos responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso;

g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión.

En lo que hace al cumplimiento de los principios establecidos en la Ley Nº 25.326, la norma proyectada deberá prever en su articulado la inscripción en el Registro creado a tal efecto por la Ley de Protección de Datos Personales.

La Ley Nº 25.326 establece que los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, conforme artículo 7° inciso 4° de la Ley Nº 25.326.

Ello implica que los datos recabados podrán ser cedidos a aquellos organismos públicos con una competencia que se encuentre de alguna manera relacionada con los fines del banco de datos en cuestión, ello es, la implementación de políticas de seguridad y prevención de delitos en los espectáculos futbolísticos.

La Ley Nº 25.326 regula en su artículo 14 el derecho del titular del dato a acceder a la información registrada y en el artículo 16 la facultad de rectificar y actualizarlos.

Por lo tanto, la base de datos debe prever la entrega de la información personal que soliciten los titulares a través del derecho de acceso y su corrección en caso que sea procedente.

Sin perjuicio de ello, en el artículo 17 de la Ley Nº 25.326 se establece la posibilidad de denegar el acceso en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la protección de los derechos e intereses de terceros.

Se prevé en el inciso 2 que la información sobre datos personales también puede ser denegada por los responsables o usuarios de bancos de datos públicos, cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de

obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. La resolución que así lo disponga debe ser fundada y notificada al afectado.

De la hermenéutica de las disposiciones analizadas surge evidente la posibilidad de denegar la petición, siempre y cuando el órgano público responsable de la base de datos entienda que concurre alguna de las causales precedentemente denunciadas. La decisión denegatoria deberá estar debidamente fundada y notificada a los solicitantes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación con similar criterio ha señalado en el caso “Ganora” (CSJN, Fallos, 322:2139), que la acción de habeas data es procedente en principio contra bancos de datos existentes en organismos y fuerzas de seguridad, en la medida en que prudencialmente no se afecte la seguridad, la defensa nacional, las relaciones exteriores o una investigación criminal.

Cuando se proceda a la captación, reproducción y tratamiento de las imágenes y sonidos deberán respetarse los siguientes principios:

a) Proporcionalidad: La información que se recaba debe ser adecuada, pertinente y no excesiva en relación a la finalidad para la que se hubiera obtenido, según lo dispone el inciso 1º del artículo 4º de la Ley Nº 25.326. Ello implica que deberá cuidarse que las imágenes y sonidos obtenidos se relacionen estrictamente con los fines perseguidos evitándose mediante esfuerzos razonables la captación de detalles que no sean relevantes para la consecución de los objetivos que justifican las medidas adoptadas.

b) Información al público: El artículo 6º de la Ley Nº 25.326 establece la información que deberá brindarse al titular cuando sus datos sean recabados. Ello podrá lograrse a través de carteles que en forma clara indiquen al público la existencia de videocámaras (sin que sea necesario precisar su emplazamiento puntual), los fines de la vigilancia y la autoridad pública responsable del tratamiento.

c) No afectación de la privacidad: deberá evitarse especialmente cualquier afectación al derecho de privacidad cuidando de no captar imágenes de viviendas particulares o conversaciones privadas. Las imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente en estos casos deberán ser eliminados inmediatamente.

Es de destacar lo manifestado ut-supra en cuanto a que los datos registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento (Artículo 23 inciso 3° de la Ley Nº 25.326).

La autoridad responsable de la base deberá determinar en el marco de su competencia por cuanto tiempo resultará de utilidad el mantenimiento de los datos personales en el banco. Una vez que los datos resulten innecesarios para las investigaciones que dieron motivo a su obtención deberán ser eliminados.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley Nº 25.326, una vez creado el registro el organismo responsable deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado

Conforme con lo expuesto, y en lo que hace a la competencia específica de esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, se concluye que una vez cumplidos los extremos señalados no existen reparos para la implementación del registro proyectado”.

Teniendo en cuenta los informes precedentemente expuestos, en los cuales surgen los requisitos y condiciones a las cuales debe sujetarse todo archivo, registro, base o banco de datos público o privado destinado a proporcionar informes, siendo obligatoria su inscripción en el registro y encuadrando las imágenes grabadas del interior de los taxis en la definición de dato personal entendiendo este como “Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables”, es que resulta necesario establecer el marco normativo al que se someterá.

Por los motivos expuestos, es que solicito a esta H. Cámara, la aprobación del presente proyecto de ley

El  SENADO Y LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

SANCIONAN CON FUERZA

DE LEY:

Artículo 1°.- Autorizase a los permisionarios de taxis y remises, la utilización de videocámaras para grabar imágenes en el interior de los vehículos, con el objeto de asegurar la protección de los usuarios, conductores y vehículos afectados a la prestación del servicio; prevenir y constatar delitos y prevenir la causación de daños a las personas y bienes, estableciendo los derechos y garantías fundamentales que deberán respetarse en la grabación y uso de las imágenes obtenidas.

Artículo 2°.- El tratamiento sobre imágenes comprende la captación, grabación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes, incluida la emisión, reproducción y tratamiento de los datos personales relacionados con aquellas. No se considerarán intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en la presente Ley, el tratamiento automatizado de las imágenes se regirá por lo dispuesto en la Ley 25.326 de Datos Personales.

Artículo 3°.- No se podrán utilizar videocámaras para tomar imágenes:

1) del interior de propiedades privadas distintas al vehículo al que fueron colocadas, salvo por autorización judicial expresa, con carácter previo.

2) cuando se afecte de forma directa, grave y sin justificación la intimidad de las personas no obstante estar situada en el interior del vehículo.

3) No podrán captar sonidos. El conductor del taxi o remises estará exceptuado de lo dispuesto en el presente inciso ante un hecho delictual del cual fuere victima, supuesto en el que a partir de la activación del botón de pánico podrá transmitir sonidos desde el interior del automóvil hacia las fuerzas de seguridad o la empresa concesionaria del servicio.

En el supuesto que en forma accidental se obtuviesen imágenes y/o sonidos cuya captación resulte violatoria de la presente ley, las mismas deberán ser destruidas inmediatamente por quien tenga la responsabilidad de su custodia.

Artículo 4°.- Las imágenes obtenidas tienen carácter confidencial, las mismas sólo podrán ser requeridas por Magistrados que se encuentren avocados a la investigación y/o al juzgamiento de causas penales.

Los responsables de la operación de videocámaras y otros equipos, deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad y confidencialidad de las imágenes, y datos por ellas obtenidos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Cualquier persona que, en razón del ejercicio de sus funciones o de un modo accidental, tenga acceso a las imágenes y datos que regula la presente ley, deberá observar absoluta reserva y confidencialidad.

Se prohíbe la cesión o copia de las imágenes salvo en los supuestos previstos en la presente ley.

Artículo 5°.- En caso de incumplimiento a los deberes y obligaciones impuestos en esta ley, por parte de los operadores de videocámaras u otros equipos análogos, o de quienes tengan acceso a las imágenes o información producida por éstos, será considerada falta grave, correspondiendo a los infractores las sanciones previstas en el estatuto o convenio que les resulte aplicable y las sanciones establecidas en el régimen general que regula el procesamiento informático de datos de carácter personal, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderles.

Artículo 6°.- Las imágenes que se obtengan, conforme las previsiones de esta ley, deberán ser conservadas por un plazo de seis (6) meses, que se computará a partir de la fecha de su captación, vencido el cual serán destruidas, salvo que estén relacionadas con delitos y/o contravenciones, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.

Artículo 8°.- Realizada la filmación de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley, si la grabación captara la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de ilícitos penales, el operador pondrá la cinta o soporte original de las imágenes y sonidos en su integridad a disposición judicial en forma inmediata y, en todo caso, en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas desde su grabación.

Artículo 9°.- La existencia de videocámaras debe informarse mediante un cartel indicativo de manera clara y permanente ubicada tanto en el interior como en el exterior del vehiculo, sin necesidad de especificar su emplazamiento.

Artículo 10°.- Toda persona interesada podrá ejercer, ante autoridad judicial competente, los derechos de acceso y cancelación de las grabaciones en que razonablemente considere que figura, acreditando los extremos alegados.

Artículo 11°.- Será autoridad de aplicación el Ministerio de Seguridad de la Provincia,

Artículo 12°.- La operación del servicio podrá ser realizada por las empresas concesionarias del servicio o por el Ministerio de Seguridad mediante la realización de convenios celebrados a tal fin. En todos los casos se deberá cumplimentar la anotación en el Registro de Archivo de Datos previsto en el Artículo 21 y 24 de la ley 25.326. La reglamentación determinará las condiciones y/ requisitos del operador conforme sea este público o privado, resguardando la confidencialidad de la información

Artículo 13°.- La presente ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 14°.- De forma.

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