May26

MORATORIA PREVISIONAL PODRÍA BENEFICIAR A MÁS DE 20 MIL MENDOCINOS

Publicado en Proyectos de ley, seguridad social por Luis Petri.

Una nueva oportunidad para acceder a una vejez digna.
El Diputado de la Concertación Ciudadana Luis Petri presentó, en la Legislatura Provincial, un proyecto de Ley para que más de 20.000 mendocinos puedan acceder a los beneficios jubilatorios habiendo cumplido la edad requerida, 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, no obstante no registrar aportes.
La Provincia de Mendoza ya estableció en el año 2006 mediante la ley provincial 7555 el Programa de Asistencia Previsional en el marco de la Ley Nacional 25.994 otorgando un subsidio a cada uno de los potenciales beneficiarios para cubrir el aporte de la primera cuota.
Aquella moratoria y el Programa – que ya venció- fue un éxito, permitiendo que 80.000 mendocinos ingresaran al sector pasivo. También un reconocimiento de los derechos de miles de personas que estaba en condiciones de jubilarse y que no le habían alcanzado los años de servicio, que no había tenido oportunidad de ejercer un empleo en blanco, que había sido un trabajador informal, o ama de casa, o por cualquier otro motivo.
En la actualidad las leyes nacionales 24.241 (de jubilaciones) y 24.476 (moratoria previsional) dan el marco para que el Poder Ejecutivo Provincial pueda extender los beneficios de la jubilación a más de 20 mil mendocinos. La Ley 24.476 permite acceder al beneficio mediante el pago de las deudas por aportes previsionales de toda persona que se encuentre en edad de jubilarse, esto es las mujeres que tengan cumplidos 60 años y los hombres que tengan cumplidos 65 años aún cuando no registren aportes jubilatorios. Ya que aún cuando deban acreditar 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el régimen de reciprocidad, las personas con la edad requerida tienen derecho a inscribirse en el Plan de Facilidades de Pago establecido en la Ley 24.476 para completar los 30 años de servicios exigidos.
A tal efecto, se calcula el monto de la deuda que la persona tiene con la AFIP cuyo pago deberá ser cancelado en un plazo máximo de 60 meses (5 años), el cual se descontará del haber jubilatorio hasta cancelar dicha deuda, por lo que en esos meses recibirán un importe menor a la jubilación mínima, que es de $ 626,20 pesos, sin tomar en cuenta el incremento en un 15 % pagadero en dos veces de 7,5% el primero a cobrar a partir del mes de mayo.
La asistencia que brindará la Provincia consiste en:
1) asesorar y concretar los trámites jubilatorios;
2) Subsidiar la cuota de ingreso a la moratoria, que ronda los 250 pesos por persona para aquellos que perciban pensiones provinciales y/o carezcan de recursos.
3) Gestionar con entidades financieras y/o con el Fondo para la Transformación y el Crecimiento el otorgamiento de créditos blandos para solventar: a) el pago de la primera cuota de la moratoria cuando no correspondiere el otorgamiento del subsidio; b) la contribución de períodos de aportes previsionales para satisfacer el requisito de 30 (treinta) años de aportes que establece la Ley 24.241, en los supuestos de personas que cobran pensión directa o derivada por viudez conforme la Resolución 884/06 (D.E. ANSES) y la Resolución 062/06 (G.N.P.S. ANSES) que dispone que los pensionados/as por viudez a partir del 25 de octubre de 2006 no pueden acceder al beneficio de la moratoria previsional.
El monto de las jubilaciones, para aquellos que hayan percibido pensiones graciables no será inferior a los $ 230, debiendo el Estado Provincial subsidiar la diferencia si correspondiere, a fin de no ocasionar un menoscabo patrimonial para aquella persona que se acogió a la moratoria, renunciando por consiguiente a la pensión no contributiva y posteriormente recibir un haber jubilatorio mensual, una vez realizados los descuentos, inferior al monto de la pensión no contributiva provincial.
Por último –sostuvo Petri- las mencionadas leyes no deben ser miradas como gasto fiscal sino, por el contrario, como inversión social, que repercute directamente en la calidad de vida de los miles de mendocinos postergados y excluidos.
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