Proyecto de Ley

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de

Ley:

 

Artículo 1° - Créase el Registro Nacional de Estadísticas Penitenciarias y de Beneficios acordados (ReNEPeB), a internos alojados en establecimientos penitenciarios, donde deberán asentarse todos sus datos, sea en condición de procesado o condenado, por aplicación de la Ley de Ejecución de la Pena, que funcionará bajo la órbita del Registro Nacional de Reincidencia, ley 22.117 y sus modificatorias y la dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación.

 

Artículo 2° -Los Directores de los establecimientos penitenciarios, deberán remitir al Registro, dentro de los cinco (5) días del ingreso al mismo, los datos pertenecientes al procesado o condenado, a saber:

1) Nombre y apellido del interno,

2) Lugar y fecha de nacimiento.

3) Nacionalidad.

4) Estado civil y, en su caso, nombres y apellidos del cónyuge.

5) Domicilio o residencia fijado para gozar del beneficio y/ libertad condicional.

6) Profesión, empleo, oficio u otro medio de vida denunciado con anterioridad al ingreso.

7) Números de documentos de identidad y autoridades que los expidieron.

8) Nombres y apellidos de los padres.

9) Números de prontuarios.

10) Condenas anteriores y tribunales intervinientes.

11) El tiempo de la condena fijado por el Tribunal, debiendo indicarse el tiempo de privación de libertad cumplido y el que faltare por cumplir.

12) La fecha de la sentencia, el tribunal que la dictó y el número de causa.

13) Los antecedentes penales,

14) Los dictámenes del Organismo Técnico Criminológico y el Consejo Correccional del Establecimiento Penitenciario y

15) Las normas que el interno debe observar según sea su condición de condenado o procesado.

16) Periodo o fase en el cumplimiento de la condena en la que se encuentra.

17) Sanciones disciplinarias dentro del establecimiento penitenciario.

18) Acceso a educación dentro del establecimiento.

19) Trabajos u oficios que realiza.

20) Toda otra información que resulte de interés y se establezca por vía reglamentaria, pertinente al Registro creado.

 

Artículo 3° -Los Juzgados de Ejecución Penal o aquellos que tengan dicha competencia, deberán remitir al Registro, dentro de los cinco (5) días posteriores a quedar firme, copia de los siguientes actos procesales, indicando en todos los casos las normas legales en que se fundan:

1) Salidas Transitorias.

2) Incorporación al Régimen de Semilibertad

3) Prisión discontinua, semidetención, prisión diurna y nocturna;

4) Prisión Domiciliaria

5) Libertad asistida

6) Otorgamiento de libertad condicional.

7) Constancia del cumplimiento del artículo 11 bis de la ley 27.375 respecto de la víctima del delito

8) En General todos los beneficios comprendidos en el período de prueba previsto por la ley de Ejecución de la pena;

 

Artículo 4° - El incumplimiento de la obligación de informar por parte del Juez de Ejecución, será considerado falta grave y causal de destitución respecto del magistrado interviniente.

 

Artículo 5º. Todos los tribunales con competencia en materia de ejecución penal y los servicios penitenciarios federales y provinciales, remitirán al Registro, los datos que esta dependencia les requiera con el fin de confeccionar la estadística general penitenciario en el país.

La remisión de los datos por parte de las personas obligadas al Registro será mensual. Los datos requeridos, no serán personales en caso alguno, sólo podrán ser utilizados con fines estadísticos penitenciarios.

Mensualmente el Registro actualizará en su página web la estadística penitenciaria y de beneficios acordados en todo el país, discriminado por según sea régimen federal o provincial, establecimiento penitenciario y Juzgado de Ejecución.

Sobre esta base, y la información que le suministre el Sistema Penitenciario Federal, confeccionará anualmente la estadística general sobre la situación de la población privada de la libertad en el país y el funcionamiento de la justicia de ejecucion, única que será considerada estadística  penitenciaria oficial de la Nación.

 

Artículo 6º. La presente ley es de orden público y complementaria del Código Penal. 

 

Artículo 7º. Invitase a las Provincias y a la Ciudad autónoma a adherir a las disposiciones de la presente ley.

 

Artículo 8º. De forma

 

 

 

FUNDAMENTOS

 

Por el presente proyecto se crea el Registro Nacional de Estadísticas Penitenciarias y de Beneficios acordados (ReNEPeB), dirigido a internos alojados en unidades carcelarias de todo el país, por aplicación de la Ley de Ejecución de la Pena, a los efectos de contar con información actualizada y sistematizada de la situación en la que se encuentran las personas en contextos de encierro en aplicación de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad.

 

Los Juzgados de Ejecución Penal, estarán obligados a enviar al Registro testimonio de la parte dispositiva de los siguientes actos procesales, debiendo indicar si se trata de: Salidas Transitorias; incorporación al Régimen de Semilibertad; Prisión discontinua, semidetención, prisión diurna y nocturna; Prisión Domiciliaria; Libertad asistida; Otorgamiento de libertad condicional; constancia del cumplimiento del artículo 11 bis de la ley 27.375 respecto de la víctima del delito; y en general todos los beneficios comprendidos en el período de prueba previsto por la ley de Ejecución de la pena.

 

Deberán asentarse asimismo, los datos pertenecientes al condenado, tales como el domicilio o residencia fijado para gozar del beneficio y/ libertad condicional; la profesión, empleo, oficio u otro medio de vida denunciado; números de prontuarios; condenas anteriores y tribunales intervinientes; el tiempo de la condena fijado por el Tribunal; la fecha de la sentencia, el tribunal que la dictó y el número de causa; los antecedentes penales, los dictámenes del Organismo Técnico Criminológico y el Consejo Correccional del Establecimiento Penitenciario y las normas que el condenado debe observar.

 

La pandemia que padecemos hoy a nivel mundial no puede utilizarse como excusa para liberar masivamente a condenados por delitos violentos. Lo ocurrido en la cárcel de Devoto, donde nuevamente se empoderó a delincuentes con la anuencia del Gobierno, no puede continuar sucediendo, sin tener que lamentar un espiral de violencia e inseguridad.

En el año 2017 sancionamos una modificación a la Ley de Ejecución de la Pena de mi autoría, que además de prohibir las salidas anticipadas a delincuentes violentos, en casos tales como homicidios, violaciones y robos con armas, le reconocía a la víctima la posibilidad de dar su opinión al juez de ejecución ante cualquier planteo hecho por el condenado respecto a sus salidas transitorias; libertad condicional o la prisión domiciliaria, sea porque se trata de supuestos anteriores a la sanción de la ley, o por tratarse de delitos leves. Asimismo, se estableció que los jueces que incumplan y omitan la participación de la víctima, incurren en falta grave. 

 

Así es como, aquellos delitos que no están expresamente mencionados en el artículo 56 bis de la ley 27.375, por no ser particularmente violentos, continúan teniendo acceso a los beneficios de salidas anticipadas con carácter previo al cumlimiento integro de condena. y es allí donde se justifica plenamente que dichos beneficios acordados sean incorporados en un registro.

 

El fin y justificación de las penas es, en definitiva, proteger a la sociedad frente al crimen, como postula la regla 58 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, conocidas como “Reglas de Mandela”, que -para nuestro país- conforman el estándar de trato digno, exigido por el artículo 18 de nuestra Constitución, conforme ha dicho la Corte Suprema de Justicia.  

 

El Estado debe garantizar el cumplimiento de las condenas, la seguridad de la población, los derechos de las víctimas y también las condiciones sanitarias de quienes se encuentren privados de la libertad, sin que exista conflicto o incompatibilidad entre ellos. 

 

Además, hay baja información de los sistemas penitenciarios respecto de la cantidad de personas que alberga, en qué condiciones, cuántos se encuentran procesados, cuántos condenados, cuántas prisiones domiciliarias se otorgaron, cuántas prisiones preventivas o salidas transitorias, entre otras variables. Es necesario tener mayor información para tomar medidas adecuadas y, es por ello, que propongo la creación de este Registro. 

 

Por los motivos expuestos, es que solicito a esta H. Cámara, la aprobación del presente proyecto de ley.

 

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