La nube negra de desconfianza y dudas que ha rodeado en el último tiempo el uso y control que sobre las videocámaras de seguridad existe, genera una inseguridad por parte de la ciudadanía respecto a su uso adecuado, si el fin es protegerlos de los delincuentes y asegurar tranquilidad en los que transitan la zona o es meterse y violar su intimidad.

La Ley encargada de regular los usos de las videocámaras, establece que las imágenes captadas en lugares públicos, para su posterior tratamiento, tienen el  objetivo de contribuir a la instrucción, coordinación y colaboración en la prevención e investigación de delitos.
También establece que el  tratamiento sobre las imágenes comprende la captación, grabación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes, como así también incluye  la emisión, reproducción y tratamiento de los datos personales relacionados con las mismas. Dentro de este marco las imágenes no son consideradas intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
Pero qué pasa cuando nos encontramos con casos como el del Vicegobernador, que hacen preguntarnos cual es la protección como ciudadanos que tenemos y que seguridad real nos brinda el uso de esta tecnología.
Ante este cuestionamiento, uno de los autores del proyecto original, el diputado del ConFe, Luis Petri, ingresó un proyecto de Ley en la Legislatura provincial, con el fin de modificar parte de la Ley de Videocámaras, con el fin de preservar la intimidad y dignidad de la persona humana.
Para ello propone que se enmascare la captación de imágenes que provengan del interior de los edificios. Esto se lograría modificando la configuración de las videocámaras, para que estas distorsionen las imágenes cuando enfocan en el interior de las viviendas. “Debemos ser intransigentes en el combate contra la inseguridad, resultando la utilización de videocámaras un instrumento adecuado a tal fin, pero a su vez ser celosos guardianes de la intimidad y dignidad de la persona humana”, afirmó el diputado Petri.