Jun9

EL FRACASO DE UNA PROMESA CON UN FINAL ANUNCIADO

Publicado en opinión por Luis Petri.
“Ya tenemos el mapa del delito de Mendoza. Dos años nos llevó. Es muy útil. Hemos trabajado con especialistas de los Países Vascos, Harvard y Londres y concluimos que para bajar la inseguridad debemos crear cuerpos especiales y quintuplicar los patrullajes preventivos. Para implementar este plan hemos acordado con Cristina un presupuesto especial para Mendoza. Así, en seis meses, anunciaré la disminución del delito en un 30% y esto… para empezar”, decía Celso Jaque en un spot publicitario durante la campaña a gobernador.
Este fue el boleto ganador del Gobernador de la Provincia durante su campaña electoral. Anuncio que repitió hasta el hartazgo en todos los medios de comunicación de la provincia. Con esas palabras generó una fuerte expectativa en los ciudadanos de Mendoza que concurrieron a las urnas, demandantes de un mejoramiento inmediato de la seguridad.

Han transcurrido los 6 meses de Gobierno, hoy se venció el plazo auto impuesto por Jaque para disminuir el delito en un 30% sin que se cumpla la promesa electoral. Por el contrario, se ha producido el fenómeno inverso: un aumento de la inseguridad en la provincia.

Defraudando desde el comienzo
Al momento de armar su gabinete, designó en el cargo de ministro de Seguridad a un reconocido dirigente demócrata, el Dr. Juan Carlos Aguinaga, lo que significó el tácito desconocimiento de sus promesas de campaña y la evidente inexistencia de un plan de seguridad. El propio Aguinaga renegaba una y otra vez de la promesa asumida por Jaque.
A poco de asumir, envió a la Legislatura provincial, la denominada Ley de Emergencia en Seguridad, con el afán de convencer a la ciudadanía de que tenía un plan de seguridad que se plasmaba en el texto de la norma.
Dicha ley, tiene un alto impacto financiero, más que en materia de seguridad, ya que otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo a la hora de reasignar partidas y efectuar contrataciones por parte del Estado. Por lo demás, es un vademécum de buenas intenciones, plagadas de voluntarismo en donde conviven más de 16 programas que aún hoy carecen de definiciones respecto a sus alcances sin haberse implementado.
La ley de emergencia en seguridad ha sido escasamente aplicada lo que demuestra la ineficacia, ausencia de gestión y falta de planificación de quienes gobiernan la seguridad de la Provincia.
Por otra parte, los fondos anunciados por Jaque, fruto de un supuesto acuerdo preelectoral con la Nación para combatir la inseguridad, siguen siendo un tema pendiente de resolución.

Más delitos violentos
El delito violento ha experimentado un fuerte incremento, en el caso de los homicidios –el índice estadístico más confiable- sufrió un aumento de un 26 % en lo que va del año. Es preocupante, asimismo, la proliferación de bandas altamente organizadas para delinquir, que cuentan con una importante logística, equipamiento y profesionalismo. Los robos al Shopping, a la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), al Banco Regional de Cuyo y al Club Godoy Cruz Antonio Tomba, como así también a centenares de familias, comercios y/o entidades financieras, indican un importante incremento del crimen organizado en la provincia, encontrándose interrumpida desde hace meses la labor de la mesa de enlace en inteligencia criminal.
Es alarmante el crecimiento de zonas liberadas como es el caso paradigmático del Barrio Santa Teresita en Las Heras y muchos otros barrios del Gran Mendoza, donde la intervención del estado es nula. Se permite que estos barrios sean “tomados” por malvivientes, que imponen “su ley” y obligan a las personas de bien a desalojar sus casas, quedando evidenciado la incapacidad del estado de reestablecer el imperio del derecho.
Existen fuertes falencias en el manejo de la política penitenciaria. Se registraron, en los últimos meses, múltiples casos de fugas de internos como en la Alcaidía de Junín, la fuga en los Hospitales Lagomaggiore y Central o en la Comisaría 3ra.
Las contradicciones internas en el gobierno con posiciones ideológicas contrapuestas a la hora de manejar áreas como Seguridad y Justicia. Esto sumado a la presencia –hasta el mes de mayo- de funcionarios cuestionados por violación de los Derechos Humanos en el último proceso militar y la prematura salida del “tercerizado equipo de seguridad” han producido un fuerte retroceso en el combate contra la inseguridad.
Inexistencia de planificación, improvisación en diversas áreas de gobierno como seguridad, salud o educación, retardo en la toma de decisiones, falta de designación de funcionarios aún hoy en áreas estratégicas del gobierno, muestran un panorama poco alentador a la hora de combatir las causas estructurales que originan el delito.
Además, a pesar de haber recibido un gobierno con las cuentas fiscales ordenadas, hoy la provincia atraviesa una profunda crisis financiera con un déficit proyectado de más de 1.000 millones de pesos para este año, y esto…para empezar.

Mirando hacia el futuroEn este contexto, debemos trabajar para que en los 3 años y medio que le restan al gobierno, los mendocinos recuperen un marco adecuado de convivencia y seguridad.
La seguridad no puede prestarse ni para estruendosas promesas ni para redituar con el fracaso oficial, porque unos y otros estaríamos haciendo politiquería de bajo nivel y precisamente lo que nuestra fuerza política viene pregonando cuando nos toco gobernar, durante la campaña electoral y hoy en el rol opositor, es no llevar el sensible tema de la inseguridad al plano de las disputas electoralistas.
Desde nuestra posición, que nos dio la ciudadanía en la última elección, queremos aportar propuestas con las mejores intenciones para que le vaya mejor a los mendocinos, ya que todos los sectores debemos contribuir para diseñar un nuevo contexto de seguridad para la provincia.
Con esto no decimos nada nuevo, nuestra legislación medular en materia de seguridad alumbrada por los partidos mayoritarios y concebida como “política de estado” diseñó la figura del Consejo Provincial de Seguridad Pública, previsto por el artículo 6 de la ley 6.721, para que en situaciones complejas, con niveles de violencia que no son atribuibles a estos últimos 6 meses pero que tenemos que enfrentar, se convoque a los mas variados sectores institucionales y de la sociedad civil vinculados con la temática para que pensando en el futuro mejoremos una situación que es prioridad para los ciudadanos de todos los sectores sociales.
La convocatoria por parte del Gobernador al Consejo de Seguridad resulta imprescindible para trabajar apostando a un mejor futuro.

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