FUNDAMENTOS

La prisión preventiva es una medida coercitiva de carácter personal, consistente en la privación de la libertad personal del imputado con la finalidad de asegurar su presencia y evitar que obstaculice el devenir del proceso. Vélez Mariconde advertía que el fundamento de la prisión preventiva consistía en la necesidad de “asegurar la actuación efectiva de la ley penal”. Agregaba luego que por intermedio de este instituto “… la ley procesal autoriza la más grave lesión que puede inferirse a un individuo que aún no ha sido declarado culpable. Se consagra su sacrificio en holocausto del derecho público que se presume violado, del derecho que tutela los bienes fundamentales de la sociedad…”.

Julio Maier afirma que “La coerción dentro del proceso es aplicación de la fuerza pública, pero no a modo de sanción por el incumplimiento o infracción a un deber jurídico, sino a fin de poder llevar a cabo con éxito la actividad tendiente a comprobar una infracción hipotética (objeto del proceso) y, eventualmente, actuar la sanción correspondiente”

Sin duda los objetivos que se pretende lograr con la prisión preventiva son: primero, asegurar la presencia del imputado en el proceso penal, toda vez que si aquel se pone en la situación de prófugo, este se frustrará; segundo, garantizar una exitosa investigación de los hechos que se atribuye al imputado, y tercero, se pretende asegurar la futura ejecución penal.

El proyecto establece los supuestos a los que el juez deberá estar a la hora de la determinación del peligro de fuga u obstaculización. Ha sido todo un problema para la justicia determinar con exactitud cuándo estamos ante peligro de fuga. Sin embargo, se pueden establecer ciertas pautas que el Juez, podrá calificar si existe o no peligro de fuga cuando, por ejemplo:

1. – El imputado no tenga arraigo en el país, determinado por su domicilio, residencia, asiento de su familia y negocios y la facilidad para abandonar el país o permanecer oculto.

2. – La gravedad de la pena que se espera por el delito imputado.

3. – La importancia del daño y la conducta que adopta frente al daño ocasionado con el delito.

4. – El comportamiento del imputado durante el proceso o en uno anterior que indique claramente su voluntad de evitar someterse al proceso.

5.- También habrá peligro de fuga si se constata que el imputado esta prófugo.

Asimismo, se establecen los supuestos en los que el juez inferirá que el imputado pueda obstaculizar la acción de la justicia. Debiendo tenerse en cuenta el riesgo razonable de que el imputado:

1. – Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará medios de prueba.

2. – Influirá o inducirá para que sus coimputados, testigo o peritos a fin de evitar el esclarecimiento del hecho.

Las características del hecho podrán evidenciar la peligrosidad de su presunto autor, condición personal que puede llevarlo a abusar de su libertad adoptando comportamientos que comprometan el resultado del proceso.

La existencia de imputaciones anteriores por las que el imputado obtuvo el beneficio de la excarcelación, puede ser un medio eficaz para evaluar su personalidad y la incidencia de esta en una eventual fuga u obstaculización de la justicia. Si fue declarado rebelde no sería irrazonable prever que si obtiene la libertad podría evadirse del proceso.

La continuación de la actividad delictual del imputado, como un supuesto de procedencia del dictado de la prisión preventiva ha sido consagrada por diversas legislaciones entre ellas España y Costa Rica, siendo esta última antecedente directo e inmediato de nuestro Código Procesal Penal.

En su exposición de motivos la Ley Orgánica 13/2003 de España reza: “La excepcionalidad de la prisión provisional significa que en nuestro ordenamiento jurídico la regla general ha de ser la libertad del imputado o acusado durante la pendencia del proceso penal y, consecuentemente, que la privación de libertad ha de ser la excepción. Por tanto, no puede haber más supuestos de prisión provisional que los que la Ley de forma taxativa y razonablemente detallada prevea.

El artículo 503 establece con precisión cuáles son los fines legítimos que justifican la prisión provisional. Ésta ha de conjurar en cada caso concreto uno de estos riesgos: que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia; que el imputado oculte, altere o destruya pruebas; o que el imputado cometa nuevos hechos delictivos. En este último caso, el principio de proporcionalidad impone que la prisión provisional no pueda acordarse por riesgos genéricos de que el imputado pueda cometer cualquier hecho delictivo. Por exigencia de la presunción de inocencia, esta medida debe limitarse a aquellos casos en que dicho riesgo sea concreto. La Ley contribuye a objetivar este requisito, incrementando así las garantías procesales del imputado”.

Ello es el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 2/97. En su apartado 32 establece: “Cuando las autoridades judiciales evalúan el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos por parte del detenido, deben tener en cuenta la gravedad del crimen. Sin embargo, para justificar la prisión preventiva, el peligro de reiteración debe ser real y tener en cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y el carácter del acusado. Para tal efecto, resulta especialmente importante constatar, entre otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad”.

Recientemente en el fallo plenario Diaz Besone, en el voto del señor juez doctor Pedro R. David dijo, en sentido coincidente a lo planteado por el proyecto, que: “Por su parte, la Comisión también plantea como parámetro para tener en cuenta a los efectos de otorgar o denegar una excarcelación “el riesgo de comisión de nuevos delitos”, indicando que “cuando las autoridades judiciales evalúan el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos por parte del detenido, deben tener en cuenta la gravedad del crimen. Sin embargo, para justificar la prisión preventiva, el peligro de reiteración debe ser real y tener en cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y el carácter del acusado. Para tal efecto, resulta especialmente importante constatar, entre otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad” (informe 2/97).

Respecto a la incorporación del apartado 3) a nuestro derecho positivo que reza: Cuando existen antecedentes calificados que permitieren considerar que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido o que el hecho que se le imputa hubiere causado o pudiere causar, por sí mismo, a juicio del Magistrado, grave alarma social. Esta disposición tiene su antecedente inmediato en las legislaciones de Chile, Colombia y Uruguay, quienes la legislan en forma expresa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el citado informe a sostenido que: “La Comisión reconoce que en circunstancias muy excepcionales, la gravedad especial de un crimen y la reacción del público ante el mismo pueden justificar la prisión preventiva por un cierto período, por la amenaza de disturbios del orden público que la liberación del acusado podría ocasionar. Cabe enfatizar que para que constituya una justificación legítima, dicha amenaza debe seguir siendo efectiva mientras dure la medida de restricción de la libertad del procesado. En todos los casos en que se invoque la preservación del orden público para mantener a una persona en prisión preventiva, el Estado tiene la obligación de probar en forma objetiva y concluyente que tal medida se justifica exclusivamente con base en esa causal”.

En el mencionado fallo precedentemente, el juez doctor Pedro R. David dijo: “estimo acertada la observación de la Comisión Interamericana que reconoce que en circunstancias muy excepcionales, la gravedad especial de un crimen y la reacción del público ante el mismo pueden justificar la prisión preventiva por un cierto período, por la amenaza de disturbios del orden público que la liberación del acusado podría ocasionar”.

La Comisión enfatiza que “para que constituya una justificación legítima, dicha amenaza debe seguir siendo efectiva mientras dure la medida de restricción de la libertad del procesado” y al obligar a que “en todos los casos en que se invoque la preservación del orden público para mantener a una persona en prisión preventiva, el Estado tiene la obligación de probar en forma objetiva y concluyente que tal medida se justifica exclusivamente con base en esa causal” (informe 2/97).

Esta causal ha sido incluida por ejemplo en el Código Procesal Chileno en su artículo 140 inc c) que establece: “Que existen antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido”.

También lo hace Uruguay en el Artículo 194.2 de su código de rito que establece que: “Fuera de los casos previstos anteriormente el Tribunal podrá no disponer la prisión preventiva del procesado, decretando su libertad provisional, salvo que el hecho que se le imputa hubiere causado o pudiere causar, por sí mismo, a juicio del Magistrado, grave alarma social”.

Colombia legisla este supuesto en el Artículo 310, bajo el título Peligro para la Víctima donde dispone que: “Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, será suficiente la gravedad y modalidad de la punible…”

En síntesis el presente proyecto establece:

a) amplia los supuestos en los cuales el magistrado puede ordenar la prisión preventiva a:

1) la continuación de la actividad delictual del imputado;

2) Cuando la libertad del imputado sea peligrosa para la seguridad de la sociedad;

3) La seguridad de la víctima se encuentre comprometida con la liberación del imputado;

4) Se establecen pautas que deben ser tomados en consideración por el magistrado para decidir acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad o el peligro de fuga;

b) Dispone la celebración de una audiencia preliminar cada 12 meses para revisar la medida adoptada;

Debe tenerse presente que en la redacción de este proyecto han sido particularmente consultados los códigos procesales penales de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Tucumán; como así también los Códigos de rito de México; Uruguay; Chile, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Paraguay, Portugal y España.

Por los motivos expuestos, es que solicito a esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.

EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

SANCIONAN CON FUERZA

DE LEY:

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 293 de la ley 6730, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 293 – Prisión Preventiva. Siempre que existieren elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho investigado, después de efectuada su imputación, bajo pena de nulidad, el Juez de Garantías dispondrá su prisión preventiva, siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos:

1) Si se tratare de delitos de acción pública reprimidos con pena privativa de la libertad y no aparezca procedente, prima facie, la condena de ejecución condicional (artículo 26 CP).

2) Cuando procediendo la condena condicional, hubiere vehementes indicios de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia, entorpecer su investigación o continuar la actividad delictiva.

3) Cuando existen antecedentes calificados que permitieren considerar que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o de la víctima o que el hecho que se le imputa hubiere causado o pudiere causar, por sí mismo, a juicio del Magistrado, grave alarma social.

1) Peligro de entorpecimiento. Para decidir acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, se tendrá en cuenta la existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado:

1) destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba;

2) influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o

3) inducirá a otros a realizar tales comportamientos aunque no los realicen.

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad del imputado para acceder por si o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo.

Para valorar la existencia del riesgo de que el imputado continúe su actividad delictual se atenderá a las circunstancias del hecho o cuando de los antecedentes del imputado y demás datos o circunstancias que aporte la Policía Judicial o resulten de las actuaciones, pueda racionalmente inferirse que el imputado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades delictivas con habitualidad, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer. Sólo podrá acordarse la prisión preventiva por esta causa cuando el delito imputado sea doloso.

Para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el juez deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito; el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos; la existencia de procesos pendientes; el hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de algunos de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contemplados en la ley; la existencia de condenas anteriores cuyo cumplimiento se encontrare pendiente, atendiendo a la gravedad de los delitos de que trataren, y el hecho de haber actuado en grupo.

Se entenderá que la seguridad del ofendido se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existieren antecedentes calificados que permitieren presumir que éste realizará atentados graves en contra de aquél, o en contra de su familia o de sus bienes.

Audiencia Preliminar. Antes de resolver el dictado de la prisión preventiva, su morigeración, la imposición de alternativas a ésta, la internación provisional del imputado, o la caducidad o cese de cualquiera de ellas, a pedido de parte interesada o por propia decisión, el Juez de Garantías fijará audiencia, debiendo notificarse la misma con setenta y dos horas de anticipación.

La audiencia será oral y pública y en la misma serán oídos el fiscal, el querellante particular si lo hubiere, la defensa, y el imputado si se hallare presente, en ese orden, durante un tiempo máximo de veinte minutos. Las intervenciones deberán dirigirse a fundamentar la procedencia o improcedencia de la medida a dictarse.

Transcurridos meses (12) meses de la realización de la audiencia sin que se hubiere celebrado el debate, el imputado o su defensor podrán solicitar ante el órgano a cuya disposición se encuentre, la celebración de una nueva audiencia a los mismos fines que la anterior.

Cuando interviniese el Tribunal, la audiencia podrá ser atendida y la resolución dictada, por uno de sus integrantes.

Podrá reiterarse la solicitud, a los mismos fines y efectos, cada doce (12) meses.

Artículo 2°.- Modificase el artículo 318 de la ley 1908 el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 318 – No podrá concederse excarcelación, siempre que se de alguno de los siguientes supuestos:

1) Si se tratare de delitos de acción pública reprimidos con pena privativa de la libertad y no aparezca procedente, prima facie, la condena de ejecución condicional (artículo 26 CP).

2) Cuando procediendo la condena condicional, hubiere vehementes indicios de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia, entorpecer su investigación o continuar su actividad delictiva.

3) Cuando existen antecedentes calificados que permitieren considerar que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o de la víctima o que el hecho que se le imputa hubiere causado o pudiere causar, por sí mismo, a juicio del Magistrado, grave alarma social.

1) Peligro de entorpecimiento. Para decidir acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, se tendrá en cuenta la existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado:

1) destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba;

2) influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o

3) inducirá a otros a realizar tales comportamientos aunque no los realicen.

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad del imputado para acceder por si o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo.

También podrá acordarse la prisión provisional para evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos. Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho o cuando de los antecedentes del imputado y demás datos o circunstancias que aporte la Policía Judicial o resulten de las actuaciones, pueda racionalmente inferirse que el imputado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades delictivas con habitualidad, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer. Sólo podrá acordarse la prisión preventiva por esta causa cuando el hecho delictivo imputado sea doloso.

Para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el juez deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito; el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos; la existencia de procesos pendientes; el hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de algunos de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contemplados en la ley; la existencia de condenas anteriores cuyo cumplimiento se encontrare pendiente, atendiendo a la gravedad de los delitos de que trataren, y el hecho de haber actuado en grupo.

Se entenderá que la seguridad del ofendido se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existieren antecedentes calificados que permitieren presumir que éste realizará atentados graves en contra de aquél, o en contra de su familia o de sus bienes.

Audiencia Preliminar. Antes de resolver el dictado de la prisión preventiva, su morigeración, la imposición de alternativas a ésta, la internación provisional del imputado, o la caducidad o cese de cualquiera de ellas, a pedido de parte interesada o por propia decisión, el Juez de Garantías fijará audiencia, debiendo notificarse la misma con cuarenta y ocho horas de anticipación.

La audiencia será oral y pública y en la misma serán oídos el fiscal, el querellante particular si lo hubiere, la defensa, y el imputado si se hallare presente, en ese orden, durante un tiempo máximo de quince minutos. Las intervenciones deberán dirigirse a fundamentar la procedencia o improcedencia de la medida a dictarse.

Transcurridos doce (12) meses de la realización de la audiencia sin que se hubiere celebrado el debate, el imputado o su defensor podrán solicitar ante el órgano a cuya disposición se encuentre, la celebración de una nueva audiencia a los mismos fines que la anterior.

Cuando interviniese el Tribunal, la audiencia podrá ser atendida y la resolución dictada, por uno de sus integrantes.

Podrá reiterarse la solicitud, a los mismos fines y efectos, cada doce (12) meses.

Artículo 3°.- De forma