May31

Se presentó un proyecto de Ley para que se regule el pago a los informantes de la policía

Publicado en luis petri por Luis Petri.


El proyecto de ley presentado por el diputado del Confe, Luis Petri, junto a la comisión de Derechos y Garantías, tiene como objetivo regular un vacío legislativo y una práctica que se ha generalizado en el tiempo por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, como es el pago de dinero a personas por cualquier tipo de información que permita esclarecer delitos.

Si bien a través de la Ley 7.895 se logró la regulación del uso y otorgamiento de recompensas, no se contempló dentro de la misma la figura del pago a informantes de la policía, es por ello que a través de este Proyecto de Ley se busca que se determine la oportunidad y ocasión del ofrecimiento, el mérito y utilidad de la información, como también las condiciones del pago.
Con esta Ley se finalizaría con la informalidad y el bajo control y único por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Por otro lado se plantea que el fiscal sea el que autorice al ministerio de Seguridad para que el mismo utilice el pago de informantes, ya que éste es el que tiene a su cargo la investigación penal preparatoria y por lo tanto está en mejores condiciones para analizar la necesidad del pago para ayudar a las fuerzas policiales a buscar datos que permitan el esclarecimiento de un delito.
Otro de los temas que se presentan con respecto a los informantes, es que en muchos casos reciben plata como informantes y luego piden la recompensa, produciéndole al Estado un mayor gasto. Para resolver este inconveniente se busca un mayor control en la utilización de esta herramienta a través de que el Ministerio de Seguridad efectúe anualmente una rendición al Tribunal de Cuentas, a la Comisión Bicameral de Seguridad y a la Inspección General de Seguridad, acompañando copia de los expedientes que dieron origen al pago de informantes.
Por último, en los casos de pagos de informantes que no se encuentren enmarcados en causas penales iniciadas, tratándose de funciones de inteligencia para la prevención de delitos, todo pago de información deberá contar con el dictamen favorable de la Inspección General de Seguridad, que meritúe la procedencia y utilidad de los datos aportados

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