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Luis Petri cuestiona designaciones para Fiscalía de Estado

Publicado en luis petri por Luis Petri.

El Artículo 133 del proyecto de Ley de Presupuesto ha encendido las alarmas entre algunos legisladores de la oposición. “Para mí, el artículo es inconstitucional, por lo menos tal como está redactado por el Poder Ejecutivo”, dice el diputado Luis Petri (UCR).

En ese apartado, en caso de ser aprobado por la Legislatura tal como viene, se establece la creación de dos cargos de rango intermedio en la jerarquía de la Asesoría de Gobierno y tres en la Fiscalía de Estado; todos con la posibilidad de ejercer las funciones de sus jefes, en caso de enfermedad, ausencia o acefalía.

Y este es el motivo de la alarma. “Tanto (César) Mosso Giannini como (Joaquín) De Rosas, están en edad de jubilarse. Este gobierno va a dejar gente en condiciones de cumplir con las funciones, sin las garantías constitucionales y la independencia necesarias para cumplirlas.

Cualquier funcionario que esté habilitado para asumir esa responsabilidad tiene que ser elegido de la misma forma que el asesor o el fiscal de Estado”, propone Petri y sus palabras se refieren a que, por mandato de la Constitución, ambos funcionarios son elegidos con acuerdo del Senado y su remoción requiere de un trámite mucho más complicado que pedirle la renuncia.

De acuerdo al texto del citado artículo 133, se propone crear en el ámbito de la Asesoría de Gobierno las direcciones de Asuntos Judiciales y de Asuntos Administrativos, mientras que en la Fiscalía de Estado las fiscalías adjuntas de Investigaciones Administrativas, de Asuntos Ambientales y de Asuntos Administrativos y Judiciales.

La designación de quienes ocuparán estos cargos será realizada por el Poder Ejecutivo a propuesta de los titulares de ambas reparticiones. Para dejar sin efecto los nombramientos deberá contarse con el consentimiento de los mencionados funcionarios proponentes en cada caso. Por último, tanto fiscal como asesor deberán elevar al gobernador una propuesta de reglamento en el que se establezcan las funciones, atribuciones y responsabilidades de esos cargos.

Sí, pero…

La alarma radical se refiere a los futuros funcionarios, particularmente a los que se desempeñarán en la Fiscalía de Estado, nombrados en estas condiciones y que pueden ser removidos tan fácilmente, lo que los transforma en débiles a la hora de controlar la legalidad o el perjuicio para el Estado de cualquier medida que tome el gobierno de turno.

“Se somete a la Fiscalía a los designios del Ejecutivo, cuando por la Constitución se trata de un órgano extrapoder”, dice Petri.

Más allá de las prevenciones, los radicales no tendrían problemas en debatir este tema en una ley aparte. “Incluso, podría ser bueno para Mendoza nombrarlos”, dice Petri. Por lo que no hay un “no” cerrado a la propuesta, aunque aclara que no puede tratarse este tema “en una ley que tiene una vigencia de un año, como es la de Presupuesto”.

Contexto legal

El capítulo IV de la Constitución provincial, que va de los artículos 177 a 180, es el que delinea las funciones y atribuciones tanto de la Fiscalía de Estado como de la Asesoría de Gobierno.

En el primero de los artículos mencionados se señala que el fiscal es el “encargado de defender el patrimonio del fisco, que será parte legítima en los juicios contenciosos administrativos y en todos aquellos en que se afecten los intereses del Estado”.

Pero, además, tiene la entidad para demandar “la nulidad de toda ley o decreto, contrato o resolución contrarios a las prescripciones de esta Constitución o que en cualquier forma perjudiquen los intereses de la Provincia”.

Este es el corazón de la queja de Luis Petri con el nombramiento y remoción de los futuros funcionarios que llegasen a reemplazar a sus jefes, sin tener la protección de un nombramiento que permita aguantar las presiones políticas y, por lo tanto, mantener la independencia.

Esa forma de nombramiento y remoción está determinada por el artículo 180 de la Carta Magna mendocina: son nombrados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado provincial, y removidos sólo a través de un Jury de Enjuiciamiento.

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