Ago18

Publicado en discriminación, igualdad, libertad por Luis Petri.
RESPETO Y TOLERANCIA
El artículo 80 del Código del Faltas de la Provincia disponía que “El que en la vida diaria se vistiere y se hiciere pasar como persona de sexo contrario, será castigado con arresto hasta quince días o con multa hasta un mil quinientos pesos”.
Como lo afirmara
Inmanuel Kant “El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos”. En este sentido el mencionado artículo 80 es claramente discriminatorio, no condiciéndose con la sociedad pluralista y respetuosa de las libertades individuales que el sistema democrático impulsa.
No debemos dejarnos ganar por algunos resabios autoritarios que aplastan la libertad, ni actuar con hipocresía. Debemos dar un debate serio y honesto, que no niegue la realidad sino que por el contrario la recepte.
Aquí estamos hablando de una norma que impide vestirse como uno quiere, como lo indiquen sus preferencias sean estas políticas, sexuales, religiosas, morales, culturales o de otra índole.
En el orden Nacional Ley 24.515 creó el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), con el objeto de elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir estos flagelos.
Por su parte el Decreto 1086/05 aprobó el Plan Nacional Contra la Discriminación estableciendo, en el Capítulo referido a propuestas de Reformas Legislativas, la derogación de los artículos de todos los Códigos Provinciales y Municipales que contengan figuras contravencionales abiertas, como lo es el artículo 80 mencionado.
Pero además rige en la Republica Argentina un plexo de normas de derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales Universales, a los que nuestro país ha reconocido jerarquía constitucional o supralegal. En este sentido el artículo 4º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dispone que “la libertad consiste en hacer todo lo que no daña a otro; de modo que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que aquellos que aseguran a los otros miembros de la Sociedad el goce de esos mismo derechos, esos límites no pueden ser determinados sino por la ley”. El Articulo 5 establece que “la ley no podrá prohibir más que las acciones nocivas para la sociedad. Todo lo que no es prohibido por la ley no puede impedirse y nadie está obligado a hacer lo que ella no ordena”. Tal precepto se encuentra consagrado expresamente en nuestro texto Constitucional.
Por su lado la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé una norma que garantiza y reconoce el “derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo”.
La Sociedad a medida que evoluciona va seleccionando, por medio de sus órganos competentes, los comportamientos que son objeto de control social a través de normas penales y/o contravencionales.
El derecho penal regula las conductas humanas que afectan o potencialmente lesionan valores sociales fundamentales -como la vida, el honor, la libertad, etc.- que convierte en bienes jurídicos merecedores de tutela, sancionando las conductas que se esgrimen en su contra, y al hacerlo las califica como delito.
El derecho contravencional o de faltas –por su parte- constituye la vía jurídica para sancionar otras conductas que no afectan valores fundamentales, sino que contrarían pautas de convivencia y tolerancia social, y lo hace categorizándolas como faltas o contravenciones.
Cuando una conducta es consentida socialmente, el control social respecto de dichos comportamientos –a través del Código Penal, de Faltas, etc.- pierde toda lógica y sentido, siendo necesario que el Estado acompañe estos cambios formulando marcos jurídicos adecuados. No se puede criminalizar las conductas socialmente consentidas o por lo menos aceptadas. En la actualidad no vemos como podría ser violentada la convivencia y tolerancia social por la forma de vestir de los individuos que componen la sociedad, sea cual fuera la vestimenta elegida. Debemos ser respetuosos de las decisiones individuales que lleven a las personas a pensar diferente a uno, vestir distintos a otros o tener proyectos de vida que no comulguen con los propios.
En este sentido John Stuart Mill afirmó que: “…la compulsión, directa o sea mediante penas por su no cumplimiento, no puede justificarse más en términos de su propio bien y sí solo para la seguridad de otros…Si alguien hace algo dañoso para los demás hay una razón “prima facie” para penarlo a través de la ley o, si las penalidades jurídicas no son aplicables por la desaprobación general…Pero hay una esfera de acción respecto de la cual la sociedad tiene un interés solo indirecto si es que tiene interés alguno; ella comprende toda aquélla porción de la vida y conducta de una persona que la afecta sólo a ella, o, si también afecta a otros, es por su propio consentimiento y participación libre, voluntaria y consciente”
De lo que se trata, en definitiva, es de respeto a la dignidad de la persona humana en todas sus dimensiones y de tolerancia ante lo que es diferente a los valores morales de cada estamento de la sociedad, sintetizado en la máxima inmortalizada por Voltaire “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho expresarlo”.

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