“Las olvidadas de siempre, las abrazadas por la angustia y  desesperación.

Nuestras víctimas, hijas de una sociedad anómica e  individualista, gritan  por Justicia.

Que escuche quien quiera escuchar…”

LAP

FUNDAMENTOS

La seguridad es uno de los temas de mayor relevancia en el contexto actual del país; lejos de nuestras prioridades están cuestiones como salud, educación o cultura al ver conculcada nuestra salvaguardia y la de nuestros seres queridos. Cuando está afectada la propia existencia de la persona o la integridad del su patrimonio, la sensibilidad ante hechos delictivos de la ciudadanía se amplifica y potencia.

Ante ello uno de los principales roles del Estado, en su concepción moderna, es ser garante de la seguridad interior. Esto es -aun en la versión más descarnada del capitalismo que limita la participación del Estado en la vida de las personas que lo componen- uno de los dogmas que se mantuvo incólume frente al minimalismo del Estado en la década pasada. Es tan constitutivo de éste que se entroniza en uno de los pilares de su existencia.

Dentro del marco de esta problemática, que es amplia y tiene múltiples perspectivas de análisis, el presente proyecto  se focaliza en una de ellas: el rol de la víctima de delito dentro del proceso penal. Entendiéndola desde un doble enfoque: por un lado, como el sujeto olvidado y neutralizado en todo el proceso penal, a diferencia del imputado que fue siempre el centro del mismo como sujeto esencial. Por el otro, como víctima de los propios procedimientos promovidos por causa del hecho criminal o lo que suele llamarse “revictimización” o “victimización secundaria”.

En muchas ocasiones, el abandono social de la víctima a su suerte tras el delito, su etiquetamiento, la falta de apoyo psicológico, la misma intervención en el proceso, las presiones a que se ve sometida, la necesidad de revivir el delito a través del juicio oral, los riesgos que genera su participación en el mismo, etc., producen efectos tan dolorosos para la víctima como los que directamente se derivan del delito mismo.

“Afirma Miriam Herrera Moreno que la víctimización procesal, que concentra gran parte de los esfuerzos de la Victimología de fomento y promoción victimal, evidencia la realidad de un gran número de víctimas que experimentan marginación procesal, desinformación, víctimo-incriminación y trato impersonal. Ello se superpone al dato de que muchas víctimas ni siquiera obtendrán una salida viable a su conflicto, o un mínimo resarcimiento. Se trata, en suma, de una fuente de frustración social con efecto-rebote sobre los bajos índices de denuncias manifiestos, especialmente, en determinadas parcelas de criminalidad.”

El análisis de este tema exige colocar al delito como el factor que lleva en el fondo el estigma de un problema que requiere una atención compleja, integral y más comprometida socialmente, que va más allá de la mera sanción al que delinque.

Como lo sostuviera el Ministerio Público Fiscal en el Orden Nacional, un delito genera dos grandes traumas sociales: el primer trauma tiene que ver con la pérdida de confianza en el sistema jurídico. Luego de una infracción de tamaña magnitud a las reglas de convivencia social, invade a la comunidad y a cada uno de sus integrantes la sensación de que los bienes protegidos por el derecho penal no valen nada y la idea de que las reglas pueden no cumplirse. El delito siempre implica un fuerte quiebre de las expectativas ciudadanas en el marco de la convivencia social. La sociedad y su red de relaciones intersubjetivas, se nutre a cada minuto de la confianza que tenemos todos en que nuestros interlocutores se comporten respetando las reglas éticas y jurídicas.

La gente espera que los operadores del sistema penal le devuelvan la confianza perdida por el delito perpetrado.

De eso se trata cuando se habla de seguridad jurídica en el marco del derecho penal: la idea de que el hombre común confía en que, a pesar de la infracción, el Estado sigue protegiendo los bienes de la gente de modo eficiente. En este sentido, el proceso penal y la aplicación de una pena, al confirmar la vigencia de las reglas, anula la intranquilidad ciudadana y evita que esta reparación de la confianza sea asumida por el ciudadano de modo directo. Es decir, se colabora con la paz social.

Sin embargo, -prosigue el mencionado informe- el delito lleva un segundo trauma, el de quien lo ha sufrido en forma personal, el sufrimiento de quien ha enfrentado una situación de violencia inusitada, que luego de ese momento tendrá que convivir – en algunos casos de modo muy claro – con los daños colaterales de ese anónimo “quiebre de reglas”. Bajo esta mirada, no se trata de “la” sociedad o “el” quebrantamiento de las reglas, o la invisible y extremadamente objetiva pérdida de confianza comunitaria, se trata, por el contrario, de una persona concreta y su conflicto particular, del cual es, lamentablemente, titular indiscutido.

En este enfoque considerado y en virtud de la necesidad que la víctima retome un rol protagónico en el proceso en cuanto a que esta puede aportar pruebas directas a la investigación y en cuanto a la reparación que ella misma reclama de sus bienes afectados, citamos a Julio Maier quien manifiesta lo siguiente: “por mucho tiempo la víctima pasó a ser el convidado de piedra del sistema penal. La reparación desapareció de ese sistema y quedó sólo como objeto de disputa entre intereses privados, el Derecho Penal no incluyó a la víctima ni a la restitución al “statu quo ante” -o a la reparación del daño- entre sus fines y tareas, y el Derecho procesal penal, sólo le reservó al ofendido, en la materia, un papel secundario y penoso, el de informar para conocimiento de la verdad”. Se habla, por ello, de una “expropiación” de los derechos del ofendido, que el mismo Estado de Derecho se encargó de legitimar, junto a la forma política del Estado-nación, al erigir a ese Estado en portador del monopolio legítimo de la fuerza…”.

De este modo, es fundamental entender que no es sólo un conflicto colectivo sino que al mismo tiempo es una situación individual.

En base a esta consideración, y con el objeto de explicar la necesaria y urgente intervención que ha de otorgársele a la víctima en el proceso penal, citamos la exposición de María B. Salido, quien al respecto expresa: “La intervención de víctima en el procedimiento penal, para colaborar con la persecución penal llevada a cabo por el Estado, o bien para demandar la reparación del daño que el delito le provocó, debe ser siempre un acto voluntario de la misma…”.

Otro de los puntos importantes es el de definir el rol de la víctima, ya sea considerándola desde su enfoque individual como colectivo. Teniendo en cuenta aquellas personas ofendidas por los delitos; los padres e hijos de la víctima, su cónyuge o la persona que convivía con ella en el momento de la comisión del delito ligada por vínculos especiales de afecto, el último tutor, curador o guardador, los parientes dentro del cuatro grado de consanguinidad o por adopción, o segundo de afinidad, el representante legal y el heredero testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido; las personas jurídicas en los delitos que les afecten; las instituciones, fundaciones y asociaciones legalmente constituidas, en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la institución, fundación o asociación se vincule directamente con estos intereses.

A su vez se abarca el concepto desde un plano más general, rescatando la participación ciudadana como proceso necesario de inclusión social y de generar en la población, ampliando sus márgenes de acción, la conciencia de construir una sociedad de la que ellos mismos son parte, la cual le brinda la capacidad de ser  sujetos de derechos. Desde esta perspectiva se considera a la víctima como protagonista principal del conflicto social, junto al autor.

En tal sentido, según Salido, también en el ámbito político la creación de Centros de Asistencia a la Víctima, que funcionan en algunos casos en el terreno del Poder Ejecutivo -como en Córdoba o Mendoza-; otros en el del Poder Judicial -como en el sistema federal-, e incluso en el de la Defensoría del Pueblo -Santa Fe-. En la doctrina también se advierte el interés que ha despertado la problemática con el nacimiento de una nueva disciplina del saber, como lo es la Victimología

Otro eje que forma parte de esta problemática es el rol del Estado.

Acorde lo expuesto por Germán Bidart Campos: “Podríamos aventurar que la política y la legislación penal escogen razonablemente determinados bienes jurídicos a los que deparan tutela frente al delito, porque valoran que el daño que ese delito ocasiona a la víctima se expande y repercute hacia toda la sociedad, cuya defensa y seguridad colectiva debe tomar a su cargo el Estado. Por eso su pretensión punitiva. Pero ésta no puede ignorar o desplazar a la víctima, ni hacer creer que cuando el proceso penal llega a la condena del delincuente ya cumplió y satisfizo todo su itinerario”.

Entendiendo que los compromisos del Estado frente al derecho de resistencia del imputado, como frente al derecho del ofendido de defender aquellos bienes lesionados por la acción del primero, deben partir de la idea de “un equilibrio con respecto a las oportunidades que deben tener las partes para hacer valer sus derechos y garantías”. Precepto que se deben tener en cuenta a la hora de generar una intervención preventiva antes que represiva o cuando el hecho ya esta consumado. Los gobiernos deben  asegurar una protección profesional integral, brindada a través de especialistas en las distintas temáticas que se relacionan con la situación de víctima, que puedan ofrecer las herramientas necesarias para que éstas y su entorno familiar puedan al menos, reinsertarse nuevamente en sus actividades normales, ayudadas por terceros que conocen el sufrimiento y angustia por el hecho delictual que han padecido, y que le permitan a la vez sobrellevar la pesada carga que significa haber sufrido un ilícito que muchas veces le cuesta incluso la vida a sus seres mas cercanos y queridos. Tomando como punto de partida la necesidad de garantizarle una justicia real, lo cual significa la efectiva realización de un proceso judicial en la cual la víctima pueda tener una participación activa en su trámite, y brindarle la información relativa a la cuestión judicial y policial, que le permita atenuar las consecuencias de conmoción o estrés, y las secuelas que el delito deja.

EVOLUCIÓN HISTORICA.

En un primer momento histórico la víctima era dueña de la acción que surgía del conflicto generado por el ofensor. El origen del Derecho Penal se basa en la venganza privada de la víctima o de sus parientes, donde la víctima se encontraba en el centro del interés. Discernía soberanamente las alternativas posibles que en orden a la venganza del mismo, podían caber. Héctor Superti manifiesta que “el Estado encomendó exclusivamente al ofendido la persecución penal estableciendo, en consecuencia, que las acciones procesales emergentes de los delitos eran sólo privadas.”

En un segundo estadio la víctima fue desalojada de ese pedestal por la inquisición, que expropió todas sus facultades y creó la persecución penal pública, transformando al sistema penal en un instrumento del control estatal directo sobre sus súbditos. La compensación del daño sufrido fue reemplazada por la pena estatal, aplicada de oficio. Tal como indica Julio Maier se produjo una “expropiación de los derechos de la víctima a favor del Estado, portador del monopolio legítimo de la fuerza”

En consecuencia, el perjudicado quedó en la periferia de las ciencias penales, y la realidad de distintos sistemas incluye, como denominador común, a los padecimientos procedimentales con que en ocasiones se le victimiza aún más (la denominada “victimización secundaria”.

Es por ello que en la actualidad se vislumbra un tercer periodo, al que se denomina de “redescubrimiento” o “renacimiento” de la víctima.

A partir de la década de los ochenta, el centro de atención pasó del autor al ofendido por el delito. Resurgió la víctima y la preocupación por sus necesidades y derechos, aunque con la sensibilidad por no contraponer sus derechos a los del delincuente.

Pedro Bertolino afirma que “no es suficiente advertir un mero ‘renacimiento’ o ‘redescubrimiento’ del afectado por el delito. Resulta, asimismo, un dato de la experiencia comprobar que hoy día se evidencia un perceptible reclamo social hacia un cabal protagonismo de la víctima en el proceso penal. Por ello no sólo se requiere la “intervención”, es decir, un simple “tomar parte”, sino que también se exige la “participación”, esto es, un más vinculante “formar parte”, en el enjuiciamiento del hecho penal, a quien ha sido, en sustancia, uno de sus “protagonistas”, juntamente con el autor”.

UNA MIRADA AL DERECHO COMPARADO. EL SISTEMA DE  DERECHOS CONSAGRADOS NACIONAL E INTERNACIONALMENTE A FAVOR DE LAS VICTIMAS.

En la actualidad se ha avanzado en la problemática de reconsiderar a las víctimas del delito como parte del proceso penal. Así lo demuestran, a nivel internacional, el Estatuto de la Corte Penal Internacional (“Estatuto de Roma”); Naciones Unidas (“sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de los delitos y del abuso del poder” el que define a las víctimas de delitos en su punto A.1 como “las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”); La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los distintos Tratados Internacionales: Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 7 y 8), Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art.17), Pacto San José de Costa Rica (art. 25).

En el nivel nacional se observan también los adelantos, por ejemplo el Ministerio Público Fiscal, en el ámbito de la Procuración General de la Nación, que ha establecido el área de Asistencia Integral a las Victimas de Delitos y Testigos Protegidos, que tiene en miras el asesoramiento y la asistencia a las victimas de delitos, centrado en el respeto a derechos que son fundamentales por ser inherentes a la persona, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, al acceso a la justicia etc.

El Código de Procedimientos Nacional regula en el capitulo III del título IV sobre las derechos de las victimas y el testigo desarrollando en tres artículos los derechos que, desde el inicio hasta la finalización del proceso penal deben estar garantizado por el Estado Nacional, entre los que se encuentra el de recibir trato digno y respetuoso, protección de la integridad física y moral, ser informado de los resultados del acto en el que ha participado, ser informado de las facultades que puede ejercer en el proceso, ser informado sobre el estado de la causa y la situación del imputado, etc.

Estos últimos derechos también fueron recepcionados a favor de la victima del delito en la mayoría de los Códigos Procesales Penales Provinciales, teniendo en cuenta ciertas diferencias en ellos en cuanto a la ampliación de los derechos y facultades a la víctima. Con respecto a esto, la Provincia de Mendoza se ubica entre las que menos han avanzado sobre el tema, y por ello la finalidad de este proyecto.

LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS

EN NUESTRO CÓDIGO PROCESAL PENAL.

A partir de lo dicho hasta aquí, se torna indispensable observar el estado actual del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza con la finalidad de analizar los aspectos contemplados y no contemplados por nuestra provincia en relación a los restantes Códigos Procesales Provinciales.

Las  facultades conferidas a la víctima en nuestra provincia son:

  • Recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes, en el Capítulo III Derechos a la Víctima, art. 108.  El resto de las provincias que lo contemplan en sus C.P.P son: Santa Cruz (Cap III, Derechos de la Víctima y los Testigos, art. 72; San Juan (Título V, Cap III La Víctima, art. 110, 1);  Santiago del Estero (Cap V Querellante particular, a);  Neuquén (Cap IV Víctima del delito art. 96 bis, a); Tierra del Fuego (Cap III, Derechos de la Víctima y los Testigos, art. 65); Catamarca (Cap II Del Querellante, art. 94);  Río Negro (Título IV, Cap. III Derechos de la Víctima y el Testigo, art. 70, 1);  Santa Fe (Título IV, Cap V De la Víctima y el Damnificado, art. 108 II, 1);  Salta (Cap I bis, Derechos de la Víctima, art. 76 bis);  Buenos Aires (Cap. VII La víctima, art. 83, a);  Chubut (Título III, La Víctima , art.99, 1);  Misiones (Cap VI, La Víctima, art. 101 bis).  Entre Ríos (Cap. V, La Víctima, art. 115 bis); La Pampa (Cap. IV Derechos de la Víctima y del Testigo, art. 75).
  • Protección de la integridad física y moral, con inclusión de su familia inmediata, en el Capítulo III Derechos a la Víctima, art. 108. El resto de las provincias que lo contemplan en sus C.P.P son: Neuquén (Cap IV Víctima del delito art. 96 bis, c); Santa Fe (Título IV, Cap V De la Víctima y el Damnificado, art. 108 II, 6) y Santiago del Estero (Cap V Querellante particular; Tierra del Fuego (Cap III, Derechos de la Víctima y los Testigos, art. 65); Santa Cruz (Cap III, Derechos de la Víctima y los Testigos, art. 72); San Juan (Título V, Cap III La Víctima, art. 111, 5); Salta (Cap I bis, Derechos de la Víctima, art. 76 bis); Buenos Aires (Cap. VII La víctima, art.83, 6); Chubut (Título III, La Víctima , art.99, 3); Misiones (Cap VI, La Víctima, art. 101 bis); Entre Ríos (Cap. V, La Victima, art. 115 Bis); La Pampa (art. 75 inc. 3); Mendoza (Capítulo III Derechos de la Víctima art. 108).
  • A obtener información sobre el estado de la causa, situación del imputado, marcha del procedimiento en general y en particular sobre el resultado de la investigación, la fecha, hora y lugar del juicio, así como la sentencia final; o de cualquier acto que dé por concluido o suspendido el proceso, en el Capítulo III Derechos a la Víctima, art. 108. El resto de las provincias que lo contemplan en sus C.P.P son: Santiago del Estero (Cap V Querellante particular, b); Neuquén (Cap IV Víctima del delito art. 96 bis, e); San Juan (Título V, Cap III La Víctima, art.110, 3); Tierra del Fuego (Cap III, Derechos de la Víctima y los Testigos, art. 66); Catamarca (Cap II Del Querellante, art. 94); Tucumán (Título V, Cap II De la Víctima, art.96); Santa Fe (Título IV, Cap V De la Víctima y el Damnificado, art. 108 II, 3); Salta (Cap I bis, Derechos de la Víctima, art. 76 bis); Chaco (Cap II, Querellante Particular, art. 94); Río Negro (Título IV, Cap. III Derechos de la Víctima y el Testigo, art.70, 2); Chubut (Título III, La Víctima , art.99, 5); Misiones (Cap VI, La Víctima, art. 101 bis); Santa Cruz  (cap. III, Derechos de la Víctima y los Testigos, art. 73).
  • Cuando la víctima fuere menor o incapaz, deberá durante los actos procesales ser acompañada por sus representantes legales, siempre que ello no perjudique los resultados de la investigación o la defensa del imputado, en el Capítulo III Derechos a la Víctima, art. 108. El resto de las provincias que lo contemplan en sus C.P.P son: Santiago del Estero (Cap V Querellante particular, g); Neuquén (Cap IV Víctima del delito art. 96 bis, f ); Tierra del Fuego (Cap III, Derechos de la Víctima y los Testigos, art. 66); Santa Cruz (Cap III, Derechos de la Víctima y los Testigos, art. 72); Tucumán (Título V, Cap II De la Víctima , art.96); Catamarca (Cap II Del Querellante, art. 94); Río Negro (Título IV, Cap. III Derechos de la Víctima y el Testigo, art.70, 3); San Juan (Título V, Cap III La Víctima, 4); Chaco (Cap II, Querellante Particular, art. 94); Córdoba (Cap II  Querellante particular, art.96); Salta (Cap I bis, Derechos de la Víctima, art. 76 ter).
  • A ser informado sobre las facultades que puede ejercer en el proceso penal, especialmente la de constituirse en actor civil y querellante particular, en el Capítulo III Derechos a la Víctima, art. 108. El resto de las provincias que lo contemplan en sus C.P.P son: Neuquén (Cap IV Víctima del delito art. 96 bis, d); Tierra del Fuego (Cap III, Derechos de la Víctima y los Testigos, art. 66); Santa Cruz (Cap III, Derechos de la Víctima y los Testigos, art. 73); Catamarca (Cap II Del Querellante, art. 94); Tucumán (Título V, Cap II De la Víctima , art.96); Río Negro (Título IV, Cap. III Derechos de la Víctima y el Testigo, art. 70); San Juan (Título V, Cap III La Víctima, art.110, 3); Salta (Cap I bis, Derechos de la Víctima, art. 76 ter); Chaco (Cap II, Querellante Particular, art. 94); Córdoba (Cap II  Querellante particular, art. 96); Chubut (Título III, La Víctima , art.99, 4); Misiones (Cap VI, La Víctima, art. 101 bis). La Pampa (art. 74 inc. 1);
  • En los procesos vinculados con violencia familiar, el magistrado interviniente, previa vista al Ministerio Público, podrá disponer a petición de la víctima o de un representante legal o del Ministerio Pupilar, como medida cautelar, y mediante resolución fundada, la exclusión o en su caso la prohibición del ingreso del imputado al hogar de la víctima. Así también se procederá cuando el delito haya sido cometido en perjuicio de quien conviviera bajo el mismo techo y existan motivos para presumir la reiteración de hechos de la misma naturaleza. La medida se dispondrá con posterioridad a la imputación, teniendo en cuenta las características y gravedad del hecho denunciado, como también las circunstancias personales y particulares del presunto autor de aquel. Una vez cesadas las razones que obligaron a la adopción de la medida, a juicio del magistrado, y en su caso a pedido del interesado o del Ministerio Pupilar, se dispondrá su inmediato levantamiento; en el Capítulo III Derechos a la Víctima, art. 108. La otra provincia que lo contempla en su C.P.P  es: San Juan (Título V, Cap III La Víctima, art. 111).

LA VICTIMA Y EL QUERELLANTE MÁS ALLÁ DEL ARTÍCULO 108. UN RECORRIDO POR LAS DISTINTAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO.

No solo en el artículo 108 encontramos disposiciones que refieren a los derechos de las víctimas en el proceso penal, sino que encontramos en otros artículos expresas referencias a los derechos que asisten tanto al querellante particular como a la víctima, que es necesario considerar a fin de justipreciar el cúmulo de derechos reconocidos en la hermenéutica de nuestra legislación, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las disposiciones actuales refieren a facultades concedidas al querellante particular en el proceso penal.  Las mencionadas disposiciones son, a saber:

En el Artículo 21, en cuanto a las excepciones interpuestas se le da vista al Querellante Particular.-

En el Artículo  22, la resolución de las excepciones puede ser apelada, se desprende que también por el querellante

En el Artículo  30 que refiere a la Suspensión Procedimiento a Prueba: …”el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño, en la medida de lo posible, si la víctima se hubiera constituido en actor civil… si no acepta tiene habilitada la acción civil”…

En el Artículo 33, establece los supuestos para la constitución de  Actor Civil, posibilitándose para delitos dolosos y culposos donde existido homicidio.-

El Artículo 73  define quienes son interesados en cuanto a la posibilidad de la enunciación de causales de inhibición o recusación de jueces. Los define como Ministerio Público, imputado, querellante, ofendido, damnificado, etc..-

Por el  Artículo 100 se establece la figura del  Querellante Particular: Este participa en el proceso con el fin de acreditar el hecho y la responsabilidad penal del imputado.-

En el Artículo 138 establece que el querellante, querellante particular y partes civiles solo podrán actuar con patrocinio letrado.

El Artículo  164, establece que el tribunal podrá autorizar extracción de copias a particulares con interés legítimo.-

En el Artículo  324 se reconoce el derecho de las víctimas a acceder al sumario siempre que no se encuentre secreto.

En el Artículo 355 se re conoce el derecho del querellante particular de apelar la sentencia de sobreseimiento.-

En el Artículo  405 respecto a la discusión final del debate el Querellante Particular tiene  uso de la palabra. El actor civil solo en cuanto a la responsabilidad civil y su reclamo.-

En el Artículo  419 referido al Juicio Abreviado, la víctima es escuchada pero su criterio no será vinculante.-

En el Artículo  452 se reconoce el derecho del querellante Particular de recurrir resoluciones que afecten sus intereses.-

El Artículo  453 establece que el actor civil puede recurrir solo en cuanto a la acción por él interpuesta.-

Por el Artículo  477 el Querellante Particular puede recurrir el sobreseimiento y la sentencia absolutoria.-

En el Artículo  479, en cuanto al Recurso de Casación, el actor civil puede recurrir la Sentencia de Cámara o de Juez correccional.-

LOS NUEVOS DERECHOS INCORPORADOS.

Brevemente en el presente acápite hacemos un repaso por los nuevos derechos que creemos imprescindible incorporar a nuestro derecho positivo de rito, conforme al nuevo rol de la víctima en el proceso, estableciendo asimismo las fuentes legislativas que actualmente lo consagran en sus códigos procesales provinciales.

  • A que se hagan mínimas las molestias que deban irrogársele con motivo del procedimiento.

Las provincias que lo contemplan en sus C.P.P son: Santiago del Estero (Cap V Querellante particular, d); Santa Fe (Título IV, Cap V De la Víctima y el Damnificado, art. 108 II, 4); Buenos Aires (Cap. VII La Víctima, art. 83, 4), Misiones (Cap VI, La Víctima, art. 101 bis).

  • A la salvaguarda de su intimidad en la medida compatible con el procedimiento regulado por este Código. En todos los casos, los funcionarios y magistrados que intervengan en el proceso evitarán la difusión de información que revele datos relacionados con la vida privada de la víctima o su intimidad.

Las provincias que reconocen este derecho en sus C.P.P son: Santiago del Estero (Cap V Querellante particular, d); Santa Fe (Título IV, Cap V De la Víctima y el Damnificado, art. 108 II, 5); Chubut (Título III, La Víctima, art.99, 2); Misiones (Cap VI, La Víctima, art. 101 bis).

El reconocimiento expreso de estos derechos pretende garantizar un procedimiento judicial que resguarde  a la víctima de cualquier tipo de molestias, como de cualquier acto que vulnere o exponga su intimidad, a fin de que durante el proceso no sea revictimizado. En ciertos delitos cometidos, la víctima al momento de participar en cualquiera de las etapas del proceso, por las características de los mismos, puede ver afectada su intimidad por lo cual se hace necesario proteger la misma mediante determinadas medidas por parte de la autoridad judicial que hagan posible tal tutela. Estos derechos encuentran amparo constitucional en nuestra Constitución Nacional con la reforma del año 1994, al dotar de jerarquía constitucional al Pacto de San José de Costa Rica, el que en su art. 1 y 2 hace referencia a la protección de la dignidad de la persona.

  • A ser informado, el ofendido, sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado, en tanto no comprometa la eficacia de la investigación.

Las provincias que lo establecen en sus C.P.P son: Tierra del Fuego (Cap III, Derechos de la Víctima y los Testigos, art. 65); Santa Cruz (Cap III, Derechos de la Víctima y los Testigos, art. 72); Río Negro (Título IV, Cap. III Derechos de la Víctima y el Testigo, art. 70); Salta (Cap I bis, Derechos de la Víctima, art. 76 bis); La Pampa (art. 75 inc. 4).

Es necesario que la víctima conozca los actos procesales de relevancia en que ha participado, a fin de hacer efectivos sus derechos ya sea como víctima, querellante particular o actor civil.-

  • A requerir el inmediato reintegro de los efectos sustraídos y el cese del estado antijurídico producido por el hecho investigado, en las cosas o efectos de su pertenencia, cuando ello corresponda según las disposiciones de este Código.  El reintegro se efectuará sin costo alguno.

Las provincias que lo contemplan en sus C.P.P son: Santiago del Estero (Cap V Querellante particular, f); Santa Fe (Título IV, Cap V De la Víctima y el Damnificado, art. 108 II, 7); Buenos Aires (Cap. VII La víctima, art.83, 7); Misiones (Cap VI, La Víctima, art. 101 bis).

Una vez cumplidos los actos útiles de carácter probatorio sobre los objetos en los que recayó el delito y que sean de propiedad de la víctima, no es necesario que sigan en poder de la policía o la autoridad judicial, representando en la mayoría de los casos, un perjuicio para la víctima que podría evitarse si se le reintegra en tiempo y forma. No agravando innecesariamente su condición al no reintegrársele los efectos sustraídos, contribuyendo a evitar la victimización secundaria precedentemente aludida.

  • Solicitar las diligencias útiles para comprobar el delito y descubrir a los culpables. Sin perjuicio de ello, podrá reiterar su solicitud en la oportunidad procesal pertinente.

Las provincias que lo contemplan en sus C.P.P son: Entre Ríos (Cap V La Víctima art.115 bis, 1); San Luis (Cap II De la Querella, art. 92).

La víctima debe tener facultad de proponer a la autoridad judicial diligencias a fin de colaborar con la investigación misma, las que serán evaluadas conforme a la etapa procesal correspondiente.-

  • Pedir medidas cautelares para asegurar el pago de la indemnización civil y las costas. Dichas medidas serán procedentes cuando se reúnan los siguientes requisitos: 1) Aparente responsabilidad del titular del derecho a afectar; 2) Verificación de peligro cierto de frustración de los fines del proceso, si no se adopta la medida; 3) Proporcionalidad entre la medida y el objeto de tutela. El Juez de Garantías determinará la naturaleza y cuantía de la medida y fijará la adecuada contra cautela. La resolución deberá ser fundada y será impugnable por recurso de apelación a pedido víctima o del imputado en el plazo establecido por el art. 467.

La provincias que lo contempla en su C.P.P es Entre Ríos (Cap V La Víctima art.115 bis, 2).  En virtud de que la víctima puede reclamar, tanto en el proceso penal como en sede civil, el resarcimiento de los daños que le hubiera irrogado el delito, es que para asegurar su acreencia contra quien resulte ser responsable, se hace necesario resguardar la misma mediante las medidas cautelares que el juez determine según su criterio.-

  • Asistir a las declaraciones de los testigos durante la investigación penal preparatoria, con facultad para formular preguntas y pedir aclaraciones a través de su patrocinante o del fiscal en el supuesto de carecer de letrado patrocinante.

Las provincias que lo contemplan en sus C.P.P son: Entre Ríos (Cap V La Víctima art.115 bis, 3); San Luis (Cap II De la Querella, art. 92).

  • Intervenir en la etapa de juicio dentro de los límites fijados en este Código.

Las provincias que lo contemplan en sus C.P.P son: Entre Ríos (Cap V La Víctima art.115 bis, 4); La Pampa (Cap IV  Derechos de la víctima y el testigo, 4).

  • Recusar al juez, fiscal y/o miembros del tribunal, en los casos permitidos al imputado.

Las provincias que lo contemplan en sus C.P.P son: La Pampa (Cap IV  Derechos de la víctima y el testigo, 5); San Luis (Cap II De la Querella, art. 92); Chubut (Título III, La Víctima, art.99, 8).

  • Activar el procedimiento y pedir el pronto despacho de la causa.

Las provincias que reconocen este derecho en sus C.P.P son: Entre Ríos (Cap V La Víctima art.115 bis, 6); San Luis (Cap II De la Querella, art. 92).

  • A reclamar por demora o ineficiencia en la investigación ante el superior inmediato del agente fiscal interviniente.

La provincia que lo contempla en su C.P.P es: Buenos Aires (Cap. VII La víctima, art.83, 9).

  • Recurrir en los casos, por los medios y en la forma prevista para los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Las provincias que lo contemplan en sus C.P.P son: Entre Ríos (Cap V La Víctima art.115 bis, 7); La Pampa (Cap IV  Derechos de la víctima y el testigo, 7).

  • Aportar toda la documentación en su poder realizando si así lo considerare una clara, precisa y exhaustiva determinación de las lesiones o daños que se afirman sufridos por causa del hecho, o solicitando los informes y/o pericias correspondientes a fin de determinar los mismos.

Las provincias que lo contemplan en sus C.P.P son: Santa Fe (Título IV, Cap V De la Víctima y el Damnificado, art. 108 II, 2); Buenos Aires (Cap. VII La víctima, 2), Misiones (Cap VI, La Víctima, art. 101 bis).

La víctima es muchas veces quien en mejores condiciones de colaborar en la investigación del delito.  Las facultades aquí enunciadas se le otorgan en virtud de ser el testigo directo del delito que se investiga como así también el principal damnificado tras la comisión del mismo, por lo cual se torna imprescindible, posibilitar a la víctima participar en forma efectiva en el proceso y en el juicio mismo, poder recusar, solicitar medidas tendientes a dotar de celeridad el proceso, recurrir decisiones y hasta incluso poder aportar pruebas.  Estas posibilidades se incluyen en el presente proyecto por la sencilla razón de que la víctima retome su rol dentro del proceso, en del cual esta había sido desplazada.-

  • A solicitar la revisión, por parte del mismo órgano jurisdiccional, de la desestimación de la denuncia; el archivo de las actuaciones o el rechazo del requerimiento fiscal de instrucción, a través del fiscal y mediante el aporte de nuevas pruebas.

Las provincias que lo contemplan en sus C.P.P son: Santa Fe (Título IV, Cap V De la Víctima y el Damnificado, art. 108 II, 8); Buenos Aires (Cap. VII La víctima, art.83, 8).

  • Al sufragio de los gastos de traslado al lugar donde la autoridad competente la requiera.

Las provincias que lo contemplan en sus C.P.P son: Neuquén (Cap IV Víctima del delito art. 96 bis, b); Tierra del Fuego (Cap III, Derechos de la Víctima y los Testigos, art. 65); Santa Cruz (Cap III, Derechos de la Víctima y los Testigos, art. 72); Río Negro (Título IV, Cap. III Derechos de la Víctima y el Testigo, art.70); Salta (Cap I bis, Derechos de la Víctima, art. 76 ter).  En determinados supuestos la víctima carece de medios económicos para asistir a colaborar con la investigación cuando el juez se lo requiere. De no contemplarse el sufragio de los gastos se estaría entorpeciendo el esclarecimiento del hecho.

  • A cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia cuando se tratare de persona mayor de setenta (70) años, mujer embarazada o enfermo grave; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente con la debida anticipación.

Las provincias que lo contemplan en sus C.P.P son: Tierra del Fuego (Cap III, Derechos de la Víctima y los Testigos, art. 65); Santa Cruz (Cap III, Derechos de la Víctima y los Testigos, art. 72); Salta (Cap I bis, Derechos de la Víctima, art. 76 bis).

  • Desde los primeros momentos de su intervención, la Policía y el Ministerio Público Fiscal, suministrarán a quien alegue verosímilmente su calidad de víctima, la información que posibilite su derecho a ser asistida como tal por el Centro de Asistencia a la Víctima, aun sin asumir el carácter de querellante particular o actor civil.

La provincia que lo reconoce en su C.P.P es Buenos Aires (Cap. VII La víctima, art.85). Es necesario instrumentar el funcionamiento de un Centro de Asistencia que actúe en forma inmediata a la comisión del delito, proporcionando la ayuda y contención a quien ha sido víctima por parte del Estado. La mencionada asistencia debe comprender la atención medica y psicológica, el asesoramiento legal, y la ayuda económica y social conforme a las necesidades del ofendido devenidas como consecuencia del delito perpetrado.-

  • La víctima tendrá derecho a solicitar la reserva de su identidad. El Juez podrá disponerla cuando la gravedad del hecho así lo recomendare para el éxito de la investigación, hasta el momento del juicio.

Las provincias que lo contemplan en sus C.P.P son: Catamarca (Cap II Del Querellante, art. 94); Río Negro (Título IV, Cap. III Derechos de la Víctima y el Testigo, art.70).

  • A solicitar que la información sobre su domicilio se mantenga en reserva, cuando las circunstancias lo hagan conveniente para su protección. En tal caso, éste se consignará por separado en Secretaría, pudiendo tener acceso a tal información las partes, sólo cuando el Derecho de Defensa lo hiciere imprescindible.

La provincia que lo contempla en su C.P.P es Catamarca (Cap II Del Querellante, art. 94).

Estos dos últimos incisos incorporados, son de aplicación cuando por las características del delito cometido e investigado o de sus autores, resulta de extrema necesidad, que se arbitren judicialmente medidas de protección adecuadas  a fin de resguardar su persona, bienes y familia.-

  • Cuando la víctima declare en juicio, en aquellos casos en los que el contacto con el supuesto autor ponga en riesgo su integridad física o psicológica, se podrá disponer el retiro de la sala de audiencias del imputado durante su declaración o la utilización de un procedimiento técnico que facilite el control de la declaración por parte del imputado a distancia, preferentemente mediante la utilización de videoconferencia.
  • Durante el tiempo en que permanezca en las dependencias  judiciales se le facilitará un local reservado para su exclusivo uso, convenientemente custodiado.
  • La víctima tendrá derecho a ser acompañada durante el procedimiento por una persona de su confianza.
  • En caso de imposibilidad temporal de la víctima, los derechos reconocidos por la presente ley podrán ser ejercidos por sus familiares o por la persona de su confianza que ella designe.
  • La víctima podrá disponer que los derechos y facultades consagrados por esta ley en el proceso, con excepción de los derechos de naturaleza civil, sean ejercidos por una institución, asociación o fundación de protección o ayuda a las víctimas, no siendo necesario el poder especial, bastando que la delegación de derechos y facultades conste en un escrito firmado por la víctima y, en su caso, por el representante legal de la entidad.

CONSIDERACIONES FINALES

Por último, entendemos que teniendo en cuenta que el debido proceso constituye un derecho al proceso y un derecho en el proceso y considerando, que según, la autorizada voz de nuestra Corte Nacional no existe razón para otorgar distinto tratamiento a quien acude a un tribunal para pedir el reconocimiento de un derecho -aunque sea la imposición de una pena- y quien se opone a esa pretensión;  Es necesario concluir que también a la víctima del delito la asiste la garantía del debido proceso. Y es por este motivo que la misma tiene derecho no sólo a acceder a la justicia mediante la denuncia, sino a intervenir activamente a la par del órgano natural de la acción en el trámite del proceso, hasta arribar a la definitiva solución del conflicto que comprometió sus derechos.

En la elaboración de este proyecto debemos destacar la inestimable colaboración a nuestra iniciativa de parte del Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia, Lic. Alfredo Cornejo, del Sr. Subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Juan Montilla y de la Asociación de Víctimas de Delitos (AVD), a través de sus autoridades, Sres. Alejandro Gil, Daniel Coccia y la Srta. Maria Fernanda Vera.

Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el presente Proyecto de Ley.

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA MENDOZA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 108, Ley 6730 y el Artículo 89 bis, Ley 1908, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Víctima del delito.

La víctima del delito o sus herederos forzosos, tendrán derecho a:

a)     Recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes.

b)     La protección de la integridad física y moral, con inclusión de su familia inmediata. Cuando las circunstancias del caso hagan presumir fundadamente la existencia de un peligro cierto para la vida o integridad física de un víctima, el Juez podrá disponer de medidas especiales tendientes a su protección que resulten adecuadas.

c)      La salvaguarda de su intimidad en la medida compatible con el procedimiento regulado por este Código. En todos los casos, los funcionarios y magistrados que intervengan en el proceso evitarán la difusión de información que revele datos relacionados con la vida privada de la víctima o su intimidad.

d)     A que se hagan mínimas las molestias que deban irrogársele con motivo del procedimiento.

e)     Ser informada por la oficina correspondiente acerca de las facultades que puede ejercer en el proceso penal como víctima, así como la posibilidad de constituirse actor civil y querellante particular.

f)        Ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado, en tanto no comprometa la eficacia de la investigación.

g)     Ser informada sobre el estado de la causa y la situación del imputado salvo que se haya ordenado el secreto de sumario en el proceso.

h)      A ser informada de la fecha y lugar de celebración del juicio correspondiente, aún cuando no participe en él, con al menos cinco días de anticipación.

i)        A recibir copia simple de su denuncia o querella o copia certificada cuando la solicite, de conformidad a lo previsto por el artículo 164 de este Código. Debiéndosele en todos los casos entregar copia de los dictámenes que la involucren o de las decisiones relacionadas con el progreso de la acción.

j)        A ser notificados de todas las resoluciones apelables.

k)      A requerir el inmediato reintegro de los efectos sustraídos y el cese del estado antijurídico producido por el hecho investigado, en las cosas o efectos de su pertenencia, cuando ello corresponda según las disposiciones de este Código. El reintegro se efectuará sin costo alguno.

l)        A solicitar las diligencias útiles para comprobar el delito y descubrir a los culpables. Sin perjuicio de ello, podrá reiterar su solicitud en la oportunidad procesal pertinente.

m)    A pedir medidas cautelares para asegurar el pago de la indemnización civil y las costas. Dichas medidas serán procedentes cuando se reúnan los siguientes requisitos: 1) Aparente responsabilidad del titular del derecho a afectar; 2) Verificación de peligro cierto de frustración de los fines del proceso, si no se adopta la medida;  3) Proporcionalidad entre la medida y el objeto de tutela. El Juez de Garantías determinará la naturaleza y cuantía de la medida y fijará la adecuada contracautela. La resolución deberá ser fundada y será impugnable por recurso de apelación a pedido de la víctima  o del imputado en el plazo establecido en el artículo 467.

n)      Aportar toda la documentación en su poder realizando si así lo considerare una clara, precisa y exhaustiva determinación de las lesiones o daños que se afirman sufridos por causa del hecho, o solicitando los informes y/o pericias correspondientes a fin de determinar los mismos.

  • o)     Asistir a las declaraciones de los testigos durante la investigación penal preparatoria, con facultad para formular preguntas y pedir aclaraciones a través de  su patrocinante o del fiscal en el supuesto de carecer de letrado patrocinante.

ñ)  A intervenir en la etapa de juicio dentro de los límites fijados en este Código.

p)     A recusar al juez, fiscal y/o miembros del tribunal, en los casos permitidos al imputado.

q)     Activar el procedimiento y pedir el pronto despacho de la causa, pudiendo reclamar por demora, ineficacia o negligencia en las investigaciones ante Cámara de Apelación o  la Suprema Corte de Justicia en el supuesto del Artículo 159 o ante el Fiscal de Cámara de Apelación o el Procurador  General de la Provincia en el supuesto del artículo 168, debiendo los mismos investigar las actuaciones de los funcionarios y magistrados involucrados.

r)       A solicitar la revisión, por parte del mismo órgano jurisdiccional, de la desestimación de la denuncia; el archivo de las actuaciones o el rechazo del requerimiento fiscal de instrucción, a través del fiscal y mediante el aporte de nuevas pruebas.

s)      A recurrir en los casos, por los medios y en la forma prevista para los representantes del Ministerio Público Fiscal.

t)        A examinar el sumario iniciado con motivo del hecho que la damnificara en las mismas condiciones establecidas para el imputado y su defensor.

u)      Al sufragio de los gastos de traslado al lugar donde la autoridad competente la requiera.

v)      A cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia cuando se tratare de persona mayor de setenta (70) años, mujer embarazada o enfermo grave; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente con la debida anticipación.

w)    Desde los primeros momentos de su intervención, la Policía y el Ministerio Público Fiscal, suministrarán a quien alegue verosímilmente su calidad de víctima, la información que posibilite su derecho a ser asistida como tal por el Centro de Asistencia a la Víctima, aun sin asumir el carácter de querellante particular o actor civil.

x)      A solicitar la reserva de su identidad. El Juez podrá disponerla cuando la gravedad del hecho así lo recomendare para el éxito de la investigación, hasta el momento del juicio.

y)      A solicitar que la información sobre su domicilio se mantenga en reserva, cuando las circunstancias lo hagan conveniente para su protección. En tal caso, éste se consignará por separado en Secretaría, pudiendo tener acceso a tal información las partes, sólo cuando el Derecho de Defensa lo hiciere imprescindible.

z)      Cuando por las circunstancias del caso hagan presumir la existencia de  peligro para su vida o integridad física, el juez deberá disponer de medidas tendientes a su protección.

aa) Cuando la víctima declare en juicio, en aquellos casos en los que el contacto con el supuesto autor ponga en riesgo su integridad física o psicológica, se podrá disponer el retiro de la sala de audiencias del imputado durante su declaración o la utilización de un procedimiento técnico que facilite el control de la declaración por parte del imputado a distancia, preferentemente mediante la utilización de videoconferencia.

bb)  Durante el tiempo en que permanezca en las dependencias  judiciales se le facilitará un local reservado para su exclusivo uso, convenientemente custodiado.

cc)  La víctima tendrá derecho a ser acompañada durante el procedimiento por una persona de su confianza o por su letrado patrocinante, siempre que el acto no se trate de declaración testimonial y con ello no se perjudique los resultados de la investigación o la defensa del imputado.

dd) En caso de imposibilidad temporal de la víctima, los derechos reconocidos por la presente ley podrán ser ejercidos por sus familiares o por la persona de su confianza que ella designe.

ee) La víctima del delito podrá disponer que los derechos y facultades consagrados por esta ley respecto a su participación en el proceso, con excepción de los derechos de naturaleza civil, sean ejercidos por una institución, asociación o fundación de protección o ayuda a las víctimas, no siendo necesario el poder especial, bastando que la delegación de derechos y facultades conste en un escrito firmado por la víctima y, en su caso, por el representante legal de la entidad.

ff)      En los procesos vinculados con violencia familiar, el magistrado interviniente, previa vista al Ministerio Público, podrá disponer a petición de la víctima o de un representante legal o del Ministerio Pupilar, como medida cautelar, y mediante resolución fundada, la exclusión o en su caso la prohibición del ingreso del imputado al hogar de la víctima. Así también se procederá cuando el delito haya sido cometido en perjuicio de quien conviviera bajo el mismo techo y existan motivos para presumir la reiteración de hechos de la misma naturaleza.

La medida se dispondrá con posterioridad a la imputación, teniendo en cuenta las características y gravedad del hecho denunciado, como también las circunstancias personales y particulares del presunto autor de aquel. Una vez cesadas las razones que obligaron a la adopción de la medida, a juicio del magistrado, y en su caso a pedido del interesado o del Ministerio Pupilar, se dispondrá su inmediato levantamiento.

Los derechos reconocidos en este artículo deberán ser anunciados por el órgano policial o judicial, al momento de practicar la primera diligencia procesal con la víctima o sus causahabientes, bajo pena de nulidad del acto. Los derechos referidos en el presente artículo son reconocidos también a las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses.

Artículo 2°:- Modificase el primer párrafo del  Artículo  405 del Código Procesal Penal de la Provincia de la ley 6730, y el artículo 425 de la ley 1908 los que quedarán redactados de la siguiente manera:

“Terminada la recepción de las pruebas, el Presidente concederá sucesivamente la palabra a la víctima o su letrado patrocinante, al actor civil, al Ministerio Público, al querellante particular, y a los defensores del imputado y del demandado civil, para que en este orden emitan sus conclusiones. No podrán leerse memoriales, excepto el presentado por el actor civil que estuviere ausente…”

Artículo 3°.- Modificase el artículo 78 de la  Ley 6730 y el artículo 54 de la Ley 1908, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Recusantes. El Ministerio Público, las partes, la víctima, sus defensores y mandatarios, podrán recusar al Juez sólo cuando exista uno de los motivos enumerados en el artículo 72.

Artículo 4°.- De forma.-