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Cumplimos un año en el gobierno. Hace doce meses comenzábamos un nuevo camino, dejando atrás ese Estado que daba respuestas espasmódicas y negaba los problemas de la gente en lugar de hacerles frente.

Uno de los primeros lineamientos que impartió el Ejecutivo fue la necesidad de recuperar información certera. “Volver a tener estadísticas públicas claras de cuál es la situación y el mapa del delito para que mes a mes no tengamos que andar confiando en la palabra o en las sensaciones de inseguridad como hemos sufrido en los discursos de la última década”, sostuvo Mauricio Macri a principios de 2016. El Presidente quería más números y menos palabras.

El resultado no se hizo esperar: en abril, Patricia Bullrich dio a conocer los datos del crimen en la Argentina después de ocho años de silencio. La ministra tuvo un papel preponderante desde el comienzo, porque para nuestro gobierno, desde el minuto cero la seguridad ha sido prioridad. Pasamos de un Estado nacional ausente que impulsaba el paradigma del sálvese quien pueda y trasladaba gendarmes por afinidades políticas, a un Estado protagonista que encabeza, coordina y articula con todas las provincias la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. Prueba de ello es el activo rol del Consejo Federal de Seguridad Interior que, con una visión interjurisdiccional del problema de la inseguridad, propició la declaración de emergencia a nivel nacional.
La inseguridad estaba, hasta 2015, en la agenda social de los argentinos y fundamentalmente en la lucha de las víctimas, pero no en la agenda institucional de los poderes del Estado. Iniciativas de ley como asistencia a las víctimas, extinción de dominio, precursores químicos, flagrancia, arrepentido, prisión preventiva y ejecución de la pena no podrían haber sido posibles sin la perseverancia de las víctimas y sin un gobierno dispuesto a escucharlas con la franca decisión de combatir el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico.

Esa misma determinación se ve retratada en el día a día del Gobierno: tras el anuncio del Plan Argentina Sin Narcotráfico -un acuerdo que reúne a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las provincias y a la sociedad civil-, se realizaron numerosos procedimientos con resultados inéditos en nuestro país. Los datos aportados por el Ministerio de Seguridad de la Nación muestran que en lo que va del año se decomisaron 107.000 kilos de marihuana, 5400 de cocaína, 130.000 pastillas de drogas de diseño, 95.000 dosis de paco y 10.000 litros de precursores químicos. Se recuperaron 471 víctimas de explotación laboral, 159 de explotación sexual y más de 2000 prófugos de la Justicia, y se logró reducir en un 20% la tasa de secuestros. Los aciertos se multiplican.
Hace un año concluía un gobierno señalado por la corrupción, el rojo en las cuentas y la fragmentación. Los argentinos decidimos cambiar un oficialismo que prescindió de políticas de Estado por un gobierno obsesionado por mejorar la seguridad en cada punto del país. Llegamos a este momento con más herramientas, recursos y certezas para combatir las mafias y el narcotráfico. En menos de doce meses logramos revertir la tendencia negativa a la que nos arrastró el kirchnerismo a fuerza de años de complicidad con la delincuencia y desconociendo el reclamo de las víctimas. Cumplimos un año de trabajo duro para alcanzar un país mejor. La seguridad es política de Estado, hay motivos para esperanzarse con lo que vendrá.

Diputado nacional UCR-Cambiemos

En: http://www.lanacion.com.ar/1975048-la-seguridad-es-politica-de-estado