El DNU 168/20 que suprime la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados creada mediante el Decreto 795/19 supone un rotundo retroceso en lo que hace a las medidas de protección de los testigos y arrepentidos vinculados a las causas de corrupción de nuestro país y quien debe disponerlas.

 

Esta medida no es aislada y es parte de un plan para hacer caer todas y cada una de las causas que involucran a funcionarios y dirigentes del kirchnerismo mediante métodos espurios y teorías conspirativas, donde el lawfare es su piedra angular, apuntalada por un debilitamiento sistemático de las instituciones involucradas en prevenir, investigar y sancionar hechos de corrupción, como el pedido de intervención al Poder Judicial de Jujuy, el cuestionamiento a la figura del arrepentido o la supresión de la Agencia.

 

Argentina por mandato de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción tiene la obligación de contar con sistemas para proteger a los funcionarios y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción y a dar cumplimiento a este mandato se encaminaba la creación de la Agencia.

La Agencia de Protección para Testigos e Imputados arrepentidos daba resguardo y protección a quienes ingresaban al Programa, desalentando el silencio y la complicidad por: temor a represalias por parte de las personas o la organización criminal que inculpaban y; la ausencia de garantías para resguardar su vida y la de sus familiares más próximos.

La función de la Agencia era únicamente proteger y asistir a aquellas personas que el juez de ordenaba hacerlo sin tener ninguna injerencia en los procesos judiciales en los que esa persona estaba vinculada.

El Decreto 795/19, como sus propios fundamentos afirmaban, buscaba un “reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación independiente”. Ese objetivo se concretaba a partir de la creación de una agencia autárquica, con autonomía funcional y además, con la creación del Consejo Consultivo conformado por representantes de distintos poderes del Estado.

 

La vuelta al viejo Programa dispuesto por la ley 25.764, supone un franco retroceso, particularmente en lo que tiene que ver con causas en donde se investigan delitos de corrupción, ya que allí quien debe proporcionar las medidas de protección es el propio Poder investigado o parte de sus integrantes.

 

La falta de un sistema de protección específico por hechos de corrupción, genera dos graves problemas: por un lado, el peligro al que se exponen quienes denuncian, y por otro, se desalientan testimonios incriminadores alentando un círculo de impunidad que es necesario romper.

 

Ya en el año 2014 advertía, al momento de presentar el proyecto para crear el Programa de Protección de Testigos por hechos de Corrupción, la necesidad que estuviese fuera del ámbito del Poder Ejecutivo, ya que es un contrasentido que el encargado de brindar protección sea el mismo Poder denunciado.

Hasta diciembre del año pasado, 223 personas se encontraban dentro de la Agencia y que, a partir de la medida dispuesta por este Gobierno, siente el desamparo y la desprotección ante la posibilidad de que las personas que dispongan las medidas estén estrechamente vinculadas a sus denunciados.

 

El triunfo electoral no supone la absolución judicial, consagrando la impunidad de aquellos que cometieron delitos de corrupción en el país. Las elecciones determinan quien ejerce el poder y quien lo controla, pero nunca declaran inocencia, para ello está la Justicia.

 

Nota de Opinión publicada en Clarín

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