May3

“Hecha la ley, hecha la trampa”

Publicado en justicia, luis petri, propuestas por Luis Petri.

El Código Procesal de la Provincia otorga una facultad extraordinaria, y a todas luces injustificada en manos del imputado y sus defensores al momento de declarar, estableciendo en el artículo 271 que “deberá permitirse la consulta reservada del imputado con su defensor cuando cualquiera de ellos lo requieran y en cualquier momento del acto”.

Esta norma, al permitir la interrupción ilimitada de la declaración para realizar consultas privadas, produce una desfiguración en el proceso penal. Una cosa es el previo consejo efectuado por la defensa antes de comenzar la declaración, sea para abstenerse o para manifestarse, y otra muy distinta es la facultad de asesorar al imputado en todo momento. Siendo, además, la mencionada consulta de carácter reservada, lo que permite lisa y llanamente la posibilidad de guionar por parte del abogado defensor las respuestas de su defendido ante preguntas incómodas o carentes de respuestas preelaboradas.

Claro, los defensores del sostenimiento de esta norma, quienes se benefician diariamente con su aplicación en el ejercicio de la profesión de abogados, aducen, entre otras cosas, que es inconstitucional o que lo propuesto se trata de “zonceras” o “tonteras”. Vamos por parte.

Para quienes dicen que es inconstitucional, argumento atendible, a diferencia de los otros que denotan liviandad, es necesario decir que no existe en el Derecho comparado nacional y provincial una disposición similar a la consagrada en Mendoza.

Baste recordar aquí la disposición contenida en el Código Procesal Penal de Buenos Aires que dice que al momento de la declaración “el defensor no podrá intervenir durante ella para dar indicación alguna al declarante”. Cuán lejos estamos aquí de ella.

Respecto de los antecedentes en que se valió el legislador para redactar nuestra norma de procedimiento, como lo son el Código cordobés o el costarricense, nada dicen. La doctrina tampoco se ha detenido en este punto. Es pura creación vernácula, una verdadera pieza jurídica made in Mendoza, aunque no hemos logrado exportarla.

Para encontrar el origen de esta amañada norma es necesario repasar algunos de los nombres de los autores del Código y el lugar que eventualmente tienen en los procesos penales. Llamativamente muchos de los que tuvieron injerencia en su redacción ocupan habitualmente el rol de abogados defensores.

Nuestra provincia aparece así como una suerte de paraíso de la defensa de los derechos de los imputados, a diferencia de lo que ocurre con las víctimas, que cuentan con unos cuantos derechos y a cuenta gotas.

Sostener la inconstitucionalidad de la reforma propuesta es afirmar que todos los Códigos Procesales provinciales y el federal están equivocados y además violan la Constitución, siendo Mendoza la única que sortea la lupa de constitucionalidad. Este argumento es cuanto menos arrogante.

Sostener que se trata de “zonceras”, es no tener en cuenta que la administración de Justicia es cosa seria, que merece cuanto menos un debate profundo y sobre todo sincerando posiciones.

Si esta disposición, como afirman, nada cambia, pues cuál es el inconveniente en que se suprima, a la vuelta veamos los efectos, pero si “ladran Sancho”…
No debemos olvidar que la declaración del imputado cumple una función dual: por un lado, la oportunidad de defenderse; pero por el otro, la de permitir el descubrimiento de la verdad, pudiendo resultar la génesis de una prueba incriminatoria.

No es sólo un medio de defensa, si bien es su función más importante. No es como afirman, que el acusado puede declarar lo que quiera, cuantas veces quiera y de cualquier forma. De ser así, debería permitirse que el imputado declare por escrito, en grupo con el resto de los coimputados, que pudiese tener conversaciones previas con estos antes de la declaración, o que declare con fines dilatorios o perturbadores del proceso, situaciones éstas prohibidas expresamente por nuestro Código. El derecho de declarar a favor del imputado no es absoluto, tiene límites, sólo que algunos no quieren verlos.

Se afirma que la finalidad de la norma es “para garantizar una consulta por si el imputado no entendió algo que se le preguntó”, sin tener en cuenta que las preguntas, conforme lo establece el propio Código, deben ser claras y precisas, nunca capciosas o sugestivas y, en caso contrario, deberán ser aclaradas en forma pública por quien tiene a su cargo la toma de la declaración. La pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué es necesario aclarar en forma reservada? La respuesta es: nada.

Pero, además, avala nuestra posición el hecho de que aún en nuestra provincia esta consulta reservada no está establecida durante la declaración del procesado en el debate oral, que es el momento culminante del proceso.

Por ello, creo que debe posibilitarse la consulta del imputado con su abogado defensor en forma previa y posterior a su declaración, pero no durante la misma. Permitir la consulta “reservada” mientras la declaración se realiza es una burla consentida por la ley a la búsqueda de la verdad real y al propósito que establece nuestra Constitución de afianzar la Justicia.

Miguel de Cervantes decía que los refranes son sentencias cortas que surgen de experiencias largas, esperemos que en este caso no sea como ese viejo dicho popular que reza “Hecha la ley, hecha la trampa”.

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