La Argentina de hoy vive atemorizada, sentimos el temor de ser potenciales víctimas de delitos, ese temor es por demás fundado, miles de delitos ocurren en nuestras calles, penetran en nuestros hogares, terminan con la vida, violentan nuestra dignidad o la de nuestros seres queridos.

El debate por la seguridad está abierto, muchas son las recetas, las formulas, los diagnósticos que se efectúan para poder remediarla. Desde aquellos que la entienden como una cuestión eminentemente policiaca, pasando por los que sostienen que el problema es de penas y castigos, hasta aquellos que descartan ambas soluciones y pregonan el mejoramiento de las condiciones socio económicas del país como única fórmula de combatir el delito y la delincuencia.

Lo cierto es que si la argentina atraviesa por la actual crisis de seguridad es necesario revisar nuestras posiciones, someterlas a un exhaustivo análisis para posteriormente validarlas y ofrecerlas como alternativa de cambio de las condiciones actuales de inseguridad que vive el país.

A la hora de efectuar un análisis con pretensiones de seriedad debemos partir de la premisa que la seguridad es un PROBLEMA extremadamente COMPLEJO, que reconoce como antecedentes a múltiples causas, se potencia con condicionantes internos y externos, ocasiona un abanico de consecuencias en la vida de las personas.

Entender entonces la emergencia de la violencia urbana requiere estudiar la articulación entre condiciones individuales y sociales, en su contexto cultural.

Los cambios sociales, culturales y económicos ocurridos en el país particularmente en la década de los ´90, han transformado la estructura social, ocasionando un fuerte deterioro y descomposición del tejido social, trastocando y debilitando su célula constitutiva que es la familia.

La situación se agrava por el alto nivel de desconfianza en las instituciones públicas y la corrupción de funcionarios estatales que se desempeñan en las agencias de seguridad encargadas de prevenir y reprimir el delito y en los distintos poderes del estado, quienes aparecen entre los protagonistas de esa corrupción y destinatarios del descredito generalizado.

El descredito trae aparejado el alejamiento de la ciudadanía en el diagnostico, diseño, la planificación y el posterior control de las políticas de seguridad implementadas.

La participación ciudadana es clave a la hora de ganarle las calles a la delincuencia, en la recuperación de los espacios públicos como espacios de todos y no solo de unos pocos inadaptados. Participación ciudadana puesta de manifiesto en la simple denuncia, el testimonio esclarecedor e incriminador o bien la opinión calificada por ser destinatario de las políticas implementadas en la zona de su residencia. Participación que debe estimularse y sostenerse en el tiempo, ya que legitiman y transparentan las decisiones adoptadas por quienes gobiernan la seguridad de todos.

Ante la complejidad y diversidad de la problemática es menester efectuar un abordaje integral, que tenga una visión de conjunto, que no límite las posibles soluciones a los planos temporales del corto, mediano y largo plazo, sino que por el  contario los comprenda y abarque a todos ellos.

Para ello, es necesario precisar algunas cuestiones que son centrales, la primera de ellas es que el problema de la seguridad es ante todo UN PROBLEMA NACIONAL y por consiguiente requiere la intervención del gobierno nacional.

Esta primera definición tiene por consecuencia inmediata la asunción de responsabilidad del hasta ahora ausente Gobierno Nacional en la planificación, diseño, desarrollo e implementación de políticas de seguridad para todos los argentinos.

A los largo de estos años ha quedado claro que los esfuerzos de los gobiernos provinciales por detenerla son insuficientes puesto que carecen de la estructura, los recursos físicos y materiales para disminuirla, siendo los ejemplos exitosos aquellos que han logrado al menos contenerla. Pero claro está que muchas de las respuestas válidas a la hora de someter a los delincuentes a la ley y erradicar la inseguridad dependen de esferas en algunos casos inferiores y en la mayoría de instancias superiores.

Por ello el Estado Nacional debe involucrarse decididamente en su lucha a través de sus tres poderes o funciones, ejecutivas, legislativas y judiciales.

El Poder Ejecutivo debe en primer término llamar a un gran acuerdo por la seguridad ciudadana para los próximos 10 años, involucrando al resto de los poderes del estado, a los gobiernos provinciales y municipales. Diseñando, panificando y ejecutando políticas sostenidas en el tiempo, definiendo competencias y facultades, estableciendo objetivos y metas mensurables, descentralizando recursos y estableciendo fuertes controles de los objetivos propuestos y los recursos involucrados.

También es necesario incorporar en dicho ACUERDO a los partidos políticos, entidades intermedias, cleros religiosos, empresarios y trabajadores, solo allí podremos decir que en la República Argentina la Seguridad es POLITICA DE ESTADO.

Descontada la escasa o nula participación del gobierno nacional la materia, las políticas de seguridad implementadas desde los gobiernos provinciales han sido pendulares, erráticas y efectistas, promovidas por contextos especialísimos y con un fuerte componente demagógico, a fin de aplacar de inmediato los reclamos sociales en busca de mayor seguridad.

Política de Estado significa entre otras cosas el sostenimiento en el tiempo de acuerdos básicos e imprescindibles entre los distintos poderes y fuerzas políticas de un estado, respecto del abordaje a imprimirle a la seguridad, despojado de análisis coyunturales o simplistas, que requiere compromisos de todos los intervinientes particularmente en los que hace a su sostenimiento, perfeccionamiento y control.

Entre otras cosas la política de estado debe definir que el problema de la inseguridad si tiene pretensiones de erradicarlo o llevarlo a límites tolerables debe necesariamente atacar las causas que originan el delito.

Es por todos sabido que a la hora de establecer las causas determinantes de la proliferación del delito encontramos la marginación, la violencia intrafamiliar, la deserción escolar, el desempleo, la drogadicción, pero en definitiva son las profundas e injustificadas desigualdades sociales el caldo de cultivo óptimo para que el delito prolifere y se ramifique.

Necesitamos IGUALAR hacia arriba, es imperioso luchar fuertemente contra la pobreza extrema que coloca a cientos de miles de argentinos en la marginalidad y ante un riesgo de intentar igualarse desde el delito. Son los sectores de alta vulnerabilidad social quienes, las poblaciones en riesgo quienes deben ser contenidas a fin de evitar que opten por el atajo de la delincuencia como forma sustentable de vida.

No es casual que los grandes centros urbanos sean los que exhiben los mayores índices delictivos, en ellos existen bolsones de personas en condiciones de indigencia, cientos de miles de jóvenes que no estudian ni trabajan y que no tienen horizontes de progreso y bienestar.

Además si observamos que no solo aumentan los delitos sino también aumenta la violencia con lo que a las claras habla de un el aumento de la violencia social existente y una situación de extrema tensión permanente que se resuelve de la peor manera: el delito.

Por ello debemos romper el eje violencia-delito-inseguridad-impunidad, combatiéndolos desde la justicia, la solidaridad, la inclusión y la educación.

El estado debe garantizar su sustento mínimo para posibilitar el desarrollo de sus integrantes, impidiendo que las secuelas irreparables de la desnutrición o subnutrición afecten sus potencialidades actuales y futuras. Ese sustento mínimo debe tener como correlato una efectiva contraprestación al servicio del estado y de la comunidad, eficazmente controlada a fin de evitar su utilización clientelar y política.

La lucha contra la inseguridad es también la lucha contra el desempleo. La argentina tiene que generar más y mejores fuentes laborales, es fundamental que los jóvenes concluida la etapa escolar se inserten rápidamente en el mercado laboral con un trabajo de calidad. El 78% de las personas privadas de la libertad en establecimientos federales a la hora de ingresar al mismo era desocupada o sub-ocupada lo que muestra palmariamente la importancia de un trabajo digno

La EDUCACION cumple un papel trascendente en el combate contra la inseguridad, altos niveles de alfabetización y una baja tasa de deserción escolar son la formula más exitosa en el tiempo para derrotar este flagelo. Piénsese que el 8 de cada 10 personas condenadas por delitos no posee terminalidad educativa para tener presente la importancia como herramienta disuasiva de conductas pre delictuales y delictuales. Por ello debemos centrar nuestras fuerzas en lograr que todos aquellos niños, jóvenes y adolescentes que se encuentran en etapa escolar y en condiciones de vulnerabilidad social, concluyan sus estudios primarios y secundarios. Actualmente 900.000 jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo conforme a datos suministrados por la Iglesia Católica. Debemos quebrar y transformar el círculo vicioso de deserción escolar,  drogadicción y delito. Cuando revisamos nuestro sistema carcelario damos cuenta que más del 79% no posee terminalidad educativa  y el 64,4%  consumió alguna droga ilícita. Por ello ese círculo viciosos debe ser reemplazado por el círculo virtuoso de la terminalidad educativa, oportunidades laborales y condiciones de progreso

Para ello será necesario reformular las bases y tiempos del sistema educativo, diseñando currículas adaptadas a sus necesidades y requerimientos, que les saquen las armas y les den herramientas para ganarse la vida con dignidad. Es necesario repensar la educación y el sistema educativo –como el resto de las áreas del estado en función de la seguridad y sus necesidades- desde sus contenidos, sus prestaciones hasta la sub aprovechada infraestructura educativa. La escuela debe ser el segundo hogar de nuestros chicos todo el año, es incomprensible, particularmente en las villas y barrios conflictivos que las escuelas permanezcan cerradas por más de tres meses.

La escuela en estos casos no debe ser un deposito de chicos a quienes alimentar sino que debe brindarles herramientas para el desarrollo y la superación individual y colectiva, donde además de ello se impregnen valores morales y cívicos y por sobre todas las cosas donde internalicen el respeto a la vida humana y la dignidad de la persona.

El servicio cívico se presenta como un poderoso instrumento para aquellos jóvenes que el sistema educativo formal no pudo contener, allí nuestros jóvenes sin terminalidad educativa tienen que tener la oportunidad de concluir sus estudios y aprender un oficio que les permita desenvolverse en un mundo laboral cada día más requirente de mano de obra especializada.

Es necesario mejorar la distribución de los ingresos, acortando la brecha entre los que más tiene y los más empobrecidos a fin de combatir la pobreza e impedir la exclusión de los más postergados.

Respecto al el flagelo de la drogadicción debe ser enfrentado en dos planos diferentes, por un lado asistiendo al adicto como enfermo al cual es estado debe proporcionarle la posibilidad cierta de rehabilitación. Para ello en necesario abrir centros de rehabilitación de adictos en todo el país, con gabinetes técnicos especializados. Esta comprobado que el 70% de los adictos que terminan el tratamiento de rehabilitación se recupera, pero para ello deben existir centros en cantidad suficiente para tratar a una población en franco aumento en los últimos años producto de la evasión y negación del problema de la droga en nuestro país.

Por el otro combatiendo fuertemente el narcotráfico, rediseñando la política de antidrogas en la república argentina. El crecimiento del tráfico y comercialización de estupefacientes en nuestro país es producto de la complicidad del poder político y judicial, ya que por acción o por omisión ha permitido la instalación en nuestro país de subsidiarias de los carteles más importantes del mundo. Ha existido una fuerte complicidad de quienes debían detener o impedir el narcotráfico sumado a la inexistencia de políticas que desalentaran el desembarco de la droga en nuestro país.  El consumo de drogas en Argentina creció 62% en los últimos 10 años, y el mapa del narcotráfico se modificó por la invasión de cárteles y la producción local de sustancias. En 10 años dejamos de ser un país de tránsito para pasar a ser un fuerte consumir y productor en la región.  La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) afirma que la Argentina en el segundo país en el mundo con mayor uso de “drogas de diseño” como la metanfetaminas, éxtasis y anfetaminas.

La Argentina ostenta el triste record de tener tiene la tasa más alta de consumo en Sudamérica de cocaína, al pasar de 1.9 por ciento en 1999 a 2.6 por ciento en 2008, mientras que en la pasta base ocupa el segundo lugar, después de Chile.

La lucha contra el narcotráfico es sin cuartel y en ella debemos centrar los esfuerzos del estado. La gran mayoría de los delitos violentos en la argentina están vinculados a la droga sea como causa de ellos o consecuencia de su uso. Existe una fuerte asociación entre consumo de drogas y delitos. En este sentido el Observatorio Argentino de Drogas ha constatado en un estudio reciente que 7 de cada 10 condenados por homicidio estaban bajo los efectos de los estupefacientes  o el alcohol antes de cometer el homicidio y el 33% necesitaban dinero para comer o comprar sustancias prohibidas. Un 39,0% de los encuestados declaró que durante la comisión del delito se encontraba bajo el efecto combinado de alcohol y drogas. El 48,6% de la población privada de libertad consumió cocaína y el 55,5% marihuana. El 72 % de los delitos que cometieron por personas entre 18 y 34 años fue para tener medios o dinero para comprar drogas.

Para ello entre otras medidas resulta imprescindible contar con una Agencia Nacional Antinarcóticos (ANA), mejorar y perfeccionar los controles fronterizos impidiendo el ingreso de sustancias ilegales, incorporando controles biométricos en aeropuertos, radarizar todo el territorio nacional, celebrar convenios de cooperación entre las policías provinciales y agencias internacionales.

En paralelo es necesario redefinir las funciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado avocándola a la lucha y desbaratamiento del crimen organizado, narcotráfico y a delitos conexos como el lavado de dinero, tráfico de armas.

Es imperioso establecer una ley nacional contra la delincuencia organizada que disponga reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada y se definan los lineamientos estratégicos en materia de inteligencia, prevención e investigación del crimen organizado.

En donde queden especialmente comprendidos los supuestos de terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de órganos, corrupción de menores, trata de personas y narcotráfico. Al crimen organizado debemos oponerle un estado organizado para su lucha.

Por otro lado como decíamos al comienzo los esfuerzos no deben ser aislados sino que por el contrario deben abarcar a los tres poderes del estado. Sostener que el problema de la inseguridad se resuelve imponiendo penas más duras, evitando excarcelaciones o encarcelando más gente es falso y demagógico. No termina allí el problema ni con ello comienza, lo excede ampliamente, desborda el mero marco jurídico cuando no existen instituciones preparadas para realizar su cometido.

Ello no significa que en la Argentina no debamos realizar una REVISION DE SU LEGISLACION penal y procesal a fin de establecer penas que se correspondan con la importancia del bien jurídico protegido por la ley. Debemos preguntarnos necesariamente si las penas que se establecen están a la altura de las demandas y expectativas sociales y de los bienes protegidos.

Debemos tener en cuenta que el problema de la inseguridad no se resuelve automáticamente elevando las penas. La mágica solución del incremento de penas como medida de política criminal paralizadora del delito es una utopía.

En primer término es necesario consagrar un sistema de responsabilidad penal juvenil, despojado de todo resabio tutelar, estableciendo a partir de los 14 años un proceso de responsabilidad penal, limitado a la comisión de determinados tipos penales tales como robos, hurtos, delitos contra la vida, delitos contra la integridad sexual, etcétera.  Delitos todos ellos que entrañan una particular gravedad y conmueven a la sociedad cuando son perpetrados. Para ello el sistema debe disponer todos los derechos y garantías a favor del joven sometido a juicio, en el marco de un proceso rápido que le dé la posibilidad de ser escuchado, respetándose los principios de  inocencia y legalidad; Todo el proceso debe encaminarse a la búsqueda de la verdad en donde se prevea la posibilidad de formas alternativas a la privación de libertad para el cumplimiento de la pena, evitando la estigmatización una vez cumplida la condena.

Es un simplismo creer que la baja de la imputabilidad va a resolver el problema de la inseguridad. Servirá si para dar respuesta a una sociedad que quiere y con razón que todas las personas que tienen capacidad comprender la criminalidad de sus actos responda por ellos. Pero tengamos presentes que el 12% de los homicidios en nuestro país lo cometen menores de 18 años, o al revés más del 88% de los homicidios los competen personas que tienen plena responsabilidad penal, lo que demuestra el bajo impacto real en términos de disminución de la criminalidad de la baja de la imputabilidad.

En lo que respecta a la elevación de las penas, medida popularmente reclamada, es cierto que el aumento de los años de prisión, particularmente en determinados tipos penales, como el homicidio doloso, el robo, los delitos contra la integridad sexual, tráfico de estupefacientes etc., permiten generar un restablecimiento de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y dar una fuerte señal a la delincuencia respecto de la dureza con la que serán perseguidos.

Pero esta medida por si sola es insuficiente si no mejoramos la política de persecución criminal, ya que la inmensa mayoría de los delitos cometidos en la República Argentina no recibe condena. De nada sirven las más severas penas si a nadie alcanzan. Solo un 3% de los delitos cometidos en el país recibe condena y esta cifra habla a las claras del colapso y la ineficacia de nuestro sistema de justicia.

La inseguridad no se detiene amplificando las penas, sin reduccionismos, podemos afirmar que la amenaza de la sanción resulta paralizadora para una gran mayoría pero insuficiente para detener a los delincuentes excluidos y marginados que no hallan oportunidades laborales; no alcanza por sí sola para contener a quienes son conscientes de la lentitud e ineficiencia del sistema penal, que sólo detiene y condena a un porcentaje muy inferior respecto de los delitos efectivamente cometidos.

Debemos, por ello, combatir la IMPUNIDAD, que potencia y abona la inseguridad. Quienes delinquen, deben saber que serán enjuiciados y castigados por sus actos, que el negocio de la delincuencia dejo de ser rentable. Y que la posibilidad del castigo es cierta y no ausente. La impunidad no nace por generación propia, sino que es producto de una crisis profunda del modelo de Poder Judicial que tenemos.

Hoy los delitos no esclarecidos, con la consecuente impunidad, sumado a otras deficiencias del sistema penal y de seguridad, ele van la sensación de inseguridad. Según datos de la Encuesta del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) alrededor de un 75% de las personas siente temor de ser víctima de un delito, lo que comúnmente se denomina sensación o percepción de inseguridad.

Altos niveles en cuanto a la sensación de inseguridad, implica personas que se sienten amenazadas y temerosas de sufrir un delito y consiguientemente modifican sus patrones de conducta en todos los órdenes, a fin de resguardar su vida, integridad física, su patrimonio y los de sus seres queridos. La persona se exilia de lo público, autolimitando su ciudadanía, confinándose en sus propias viviendas, encarcelados tras las rejas de sus casas.

Es la certeza de la pena, la inevitabilidad del castigo ante la violación a la norma penal, uno de los pilares fundamentales en los que debe sustentarse el sistema. Esto es la inexorabilidad de la pena como destino fatal ante la trasgresión al orden instituido.

Por ello es imprescindible fijar una política de persecución criminal con criterios unificados en cada una de las provincias y el estado nacional. Para ello en el orden nacional es imprescindible modificar el Código Procesal Penal poniendo en manos de fiscales a cargo de la investigación penal preparatoria y contando para ello con la asistencia de la Policía Judicial.

La Justicia debe realizar esfuerzos por agilizar los procesos penales permitiendo el rápido esclarecimiento del hecho delictivo y la asunción de  responsabilidad de sus autores, satisfaciendo el interés de la sociedad en la imposición de una condena justa. Procesos lentos agravan la percepción de la sociedad en sus instituciones y conllevan a su descrédito.

El total de delitos cometidos en el año 2007  fue de  1.218.243 (1,2 millón de delitos) con una tasa de  3,095.41 c/ 100.000 habitantes. De ellos solo recibieron condena menos del 3% lo que nos habla del colapso del sistema de persecución penal que involucra al Estado Nacional y las Provincias en lo que hace a la organización y funcionamiento de sus Policías y Poder Judicial.

Y el problema lejos de disminuir se agrava y va en aumento. Conforme a una encuesta de victimización realizada por la Universidad Torcuato Di Tella correspondiente al año 2009, el 38.7% de los hogares en 40 centros urbanos del país declaró que algún miembro del grupo familiar fue víctima de un delito en los últimos 12 meses.

El régimen de prisión preventiva debe ser examinado a fin de redefinir su cometido. Es cierto  prisión preventiva no puede transformarse en un anticipo de condena, pero es necesario consagrar nuevos supuestos para denegar la libertad del imputado, particularmente cuando cuentan con frondosos prontuarios y todo hace pensar que continuará con su actividad delictual. En la actualidad el 62 % (26.378 internos) de los internos alojados en establecimientos penitenciarios se encuentran en la situación jurídica de procesados y el 38% (16.143 internos) se corresponde a población condenada.

Es cierto que hay un fuerte reclamo de parte de la sociedad que exige que haya penas y jueces más severos, justicia más expeditiva y excarcelaciones más difíciles de obtener, pero esto significa que habrá mayor cantidad de personas que ingresan al sistema penitenciario

El sistema penitenciario debe ser pensado y actuado como un espacio de resociabilización de aquellos desviados del camino de la ley, que -por la importancia de la violación al bien jurídico protegido por la norma penal- hace pasible al delincuente de una pena privativa de uno de sus bienes más preciados, como es la libertad. Resociabilización que –actualmente- no deja de ser más que una expresión de deseo, de aquellos que pretenden justificar desde el plano moral una sanción tan severa. Pero una vez más la realidad desborda a la teoría, y el sistema carcelario termina por travestirse, para ser justamente su opuesto, esto es, una escuela hogar de delincuentes, donde más que reeducar al recluido se lo perfecciona en técnicas delictivas.

La situación carcelaria evidencia largamente la pobre capacidad readaptadora de la pena privativa de libertad. La alta cuota de reincidencia -un 75% de las personas que recuperan su libertad reincide en la comisión de delitos- y el real engrosamiento de la carrera criminal de los condenados demuestran el fracaso de la cárcel como instrumento de control social, entre otras razones porque no se puede aislar personas y al mismo tiempo pretender reintegrarlas en la sociedad. Recuperada su libertad, marginado y estigmatizado por la sociedad, imposibilitado de hecho de acceder a un trabajo digno que le permita reestablecerse y ser sostén de su familia, la reincidencia en el delito más que una alternativa, es su única salida.

La marginación y estigmatización se elevan como una consecuencia social que permanece patente en el medio y en el tiempo, pues trascienden el eventual cumplimiento de la pena formal, transformándose en una sanción casi perpetua.

Hoy la sociedad deberá debatir respecto de la necesidad o no de aumentar los recursos del sistema carcelario, no ya para dotar de comodidades innecesarias a los convictos, sino como forma de asegurar su propia seguridad. Recursos que deberán ser utilizados en la capacitación y orientación ocupacional de los reos, a fin de evitar su reingreso en el circuito delictivo. Dotando de la infraestructura necesaria para realizar agrupamientos por tipo de delito, gravedad del mismo, situación procesal de la persona y capacidad de adaptación a normas de convivencia dentro de la institución carcelaria.

La construcción de nuevos centros penitenciarios federales es clave a la hora de promover la resociabilización a partir del trabajo y educación. No existen posibilidades ciertas de mejoría sino echamos mano al sistema penitenciario y efectuamos una fuerte inversión en él. Todas las penitenciarías del país deben tener instalaciones que obliguen a los internos allí alojados a trabajar y permitan su educación, solo así la tan mentada resociabilización será una realidad y no una utopía.

Según información del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) 2007, en los últimos diez años creció en más del 80% la población privada de libertad en el país. En 1997 había 29.690 detenidos y en 2006, 54.000. Esta cifra arroja dos lecturas la primera es que existe un fuerte incremento de la criminalidad y segundo que el masivo encarcelamiento no disminuye la inseguridad sino que es reflejo de esta.

Un incremento del encarcelamiento sin acompañamiento de fuertes políticas de reinserción social, retroalimentan la inseguridad y potencian la violencia de los delitos cometidos al momento de producirse el recupero de la libertad de quienes se encuentran alojados allí.

Por ello es necesario realizar controles o monitoreos efectivos a quienes abandonan nuestras cárceles en cumplimiento del régimen progresivo de la pena a fin de evaluar su readaptación a la vida en sociedad.  Creo que debe reformase el régimen progresivo de la pena, particularmente en los casos de condenados por delitos violetos, en donde deberá ser efectivo el cumplimiento integro de la condena, sin que medien “libertades anticipadas” que en estado actual no significa otra cosa reinstalar anticipadamente delincuentes en la calle para que continúen con su actividad delictiva. Existiendo progresividad en el cumplimiento de la pena en estos supuestos, pero siendo dicha progresión siempre en el interior del establecimiento carcelario “intra muros”.

Pero además debemos otorgar a quien sufrió un delito, la víctima, la máxima protección por parte del estado, a fin de evitar la revictimización por la que actualmente padece. Víctima del delito y víctima del proceso penal que la tiene olvidada y con escasa participación.

Por ello el proceso penal, en aquellos delitos de menor pena, debe centralmente orientarse a  componer el interés de la víctima, pasando de una Justicia retributiva a otra restitutiva, permitiendo que los recursos que dispone el Estado se apliquen preferentemente a la persecución de los casos más relevantes y complejos. La remediación del conflicto a través de la conciliación en casos de delitos menores permitirá, por un lado atender principalmente al interés de la víctima y por el otro descomprimir la tarea de los juzgados.

Es necesario descomprimir la tarea de la justicia, para permitir la focalización en la persecución penal de los delitos que  repercuten más negativamente en la sociedad.  Por ello es necesario hacer uso a los  criterios de oportunidad, de medios alternativos de solución, el juicio abreviado, la suspensión del juicio a prueba y los juicios directísimo para los casos de delito en flagrancia.

Necesariamente hay que repensar a nuestras fuerzas de seguridad, particularmente la policía, que cumple una función clave en lo que hace a la prevención del delito.

Por ello debemos mejorar la capacitación del personal policial, estableciendo el perfeccionamiento permanente de los mismos conforme a sus perfiles y funciones dentro de la fuerza policial, introduciéndolos en el uso de herramientas tecnológicas y las últimas modalidades delictivas que se presentan en nuestro medio. Un alto nivel de capacitación y una actitud comprometida en la prestación del servicio son condiciones indispensables para que la policía cumpla correctamente con sus funciones.

Los servicios de inteligencia deben transformarse en la principal arma para la prevención y el esclarecimiento de los delitos, particularmente aquel que involucra a organizaciones criminales. Sin un área de inteligencia criminal la capacidad de anticiparse a los hechos delictivos depende del azar o la intuición policial, algo que ha quedado a las claras es insuficiente para contrarrestar a las bandas criminales  altamente profesionalizadas, que cuentan con una fuerte logística y comunicaciones de última generación.

Es imperioso restablecer la confianza de la sociedad en su policía, el ciudadano debe volver a creer en la institución policial como el vehículo imprescindible para prevenir y reprimir el delito así como la garantía del orden y su restablecimiento.

Lejos de esto en la actualidad, existe una notoria desconfianza de los ciudadanos en su policía, desconfianza que muchas veces se asienta en la connivencia y complicidad que existe en sectores policiales con el crimen organizado o bien en hechos de corrupción en que agentes de la institución se encuentran vinculados. Por citar un ejemplo la policía bonaerense recibe un promedio de 165 denuncias mensuales por mal desempeño y el 25% de todos los efectivos de la bonaerense –unos 13.000 policías– está bajo investigación.

El panorama no es alentador si tenemos en cuenta que según una encuesta efectuada por Observatorio de la Deuda Social Argentina, el 80% de los entrevistados manifestó desconfianza hacia la policía, cifra que alcanza prácticamente el 90% en el caso de la justicia.

Debemos perfeccionar los órganos de control a que son sujetos los miembros de la policía, sacando de su seno a quienes olvidaron su función de custodiar y preservar la vida y los bienes de la sociedad. No existen posibilidades ciertas de recuperar la credibilidad de los servidores públicos si desde la propia institución no se dan acabadas muestras de repeler y combatir el delito como único objetivo.

En este sentido no existe un centro especializado en la formación o capacitación de personal docente para policías, ni registro de estos capacitadores. La falta de capacitación en los cuerpos de las policías federales y locales en áreas fundamentales como la metodología de investigación y las ciencias forenses, de investigación en criminología y victimología debilita el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Pera además es necesario formar policías que actúen de manera incuestionablemente ética y con un alto nivel de profesionalismo, al servicio de su comunidad, que alejen el temor que hoy nos asiste de ser potenciales víctimas de delitos o víctimas  “en espera”.

Fomentar el ingreso de nuevos policías a partir de un mejoramiento progresivo de sus condiciones sociales y económicas, jerarquizando la pertenencia a la institución.

Crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales con la participación de instancias ciudadanas.

Recapacitar y refuncionalizar al personal de las fuerzas de seguridad nacional para que cumplan funciones de seguridad ciudadana, particularmente en zonas conflictivas de dificultosa penetración por parte de la policía.

En definitiva, el problema de la inseguridad no se acota a una óptica policíaca, penitenciaria o jurídica, ni se soluciona con lemas grandilocuentes, sino con políticas de prevención y represión del delito en lo inmediato, con trabajo, desarrollo social y educación en el mediano y largo plazo.