SR. PRESIDENTE (Vilches) – Tiene la palabra el diputado Petri

SR. PETRI (CC) – Señor presidente: he escuchado todas y cada una de las exposiciones, lo cierto es que se ha dado en esta Legislatura un saludable y rico debate, y cuando uno dice: ¿por qué siendo las 21.55 todavía seguimos debatiendo? Lo hacemos porque no estamos hablando solamente de seguridad en esta ley, sino que estamos hablando del Presupuesto de la Provincia 2008. Porque lo cierto es que todos coincidimos en las causas del delito, todos sabemos que el delito es multicausal y que reconoce múltiples orígenes, que van desde la violencia escolar, la drogadicción, la violencia familiar, la deserción, el alcoholismo y por sobre todas las cosas un sistema de redistribución de la riqueza que genera, día a día, más y más excluidos en la República Argentina y en el mundo, y a partir de allí, se generan desigualdades sociales imposibles de soslayar por algún plan de seguridad, o por lo menos, imposibles de impedir por algún plan de seguridad, sea del primer, segundo o tercer mundo.
Lucio Séneca que fue un filósofo romano, por el siglo I antes de Cristo, decía: “Para quien no sabe dónde va, no hay viento favorable”.


Temo que no hay viento favorable para este Gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que hoy estamos asistiendo a una sesión en donde se están otorgando, sin lugar a dudas, superpoderes al Poder Ejecutivo Provincial. Va a tener más poder este Gobierno que Batman, Robin y los Cuatro Fantásticos juntos; lo cual es grave ya que va a tener muchísimo poder, como no se ha visto en la historia institucional de la Provincia de Mendoza y de la República Argentina.
Acá se ha dicho que el justicialismo sistemáticamente planteó la necesidad de la emergencia en Seguridad; que muchas iniciativas legislativas que no encontraron eco en la gestión anterior, promulgaban y propiciaban la declaración de la emergencia en seguridad en Mendoza, y a partir de allí quedó legitimada ahora que están en el Gobierno, para solicitar la misma emergencia.
Esto es medianamente correcto, señor presidente, porque es cierto que existieron durante los 4 años de la gestión del ex gobernador Julio Cobos, proyectos que propiciaban la declaración de emergencia en materia de seguridad: un proyecto de Carmona, otro de Cassia, también de Ciurca y Serralta. Pero fíjese que en ninguno de los proyectos que declaraban la emergencia en Seguridad en Mendoza se concedían las facultades que esta ley concede; en ninguno de los proyectos se autorizaba al Poder Ejecutivo a hacer una reasignación indiscriminada de partidas y absolutamente discrecional; en ninguno de los proyectos se concedían facultades como las que hoy se conceden, a partir de la excepción a la Ley de Contabilidad, 3699, y establecer como mecanismo normal de compra por parte del Ejecutivo, como la contratación directa. Muy por el contrario, ¿sabe qué establecían esas declaraciones de emergencia? Autorizaban al Poder Ejecutivo para que ingresaran al territorio provincial fuerzas nacionales; instituían que debíamos adherirnos a la Ley de Seguridad Interior, que ya estábamos adheridos; establecer los comités de crisis, y a partir de allí, aguardar el desembarco de Gendarmería, Prefectura o cuanto organismo o agencia nacional de seguridad en la Provincia existiera.
Entonces, cuando uno ve que esta ley no dice absolutamente nada respecto del desembarco de las fuerzas nacionales, piensa que es medianamente cierto lo que el justicialismo se refiere respecto de la emergencia; no hay un sólo punto en donde se manifieste la necesidad de celebrar convenios con el Ministerio del Interior o de Justicia y Seguridad.
Es verdad que lo plantearon hace 4 años los diputados Carmona, Ciurca, Serralta, Cassia; pero lo que no es cierto y no se dice aquí, es que esas declaraciones de emergencia en seguridad, lo único que buscaban, es que Gendarmería llegara al territorio provincial e impusiera el orden; ésa era la premisa fundamental de estas declaraciones de emergencia, pero en ningún momento se hablaba del otorgamiento de facultades extraordinarias y mucho menos de excepciones a la Ley de Contabilidad.
Entonces, uno analiza esta ley y podría llegar a decir que ésta tiene 2 partes, pero ninguna es ingenua, muy por el contrario, tienen un claro sentido y una templada significación. La primera parte establecida en los artículos 1º y 2º, donde se establece lo que denomino “el Vademécum de buenas intenciones”, y ya sabemos que de buenas intenciones está lleno el infierno; y en ese Vademécum de buenas intenciones, en el que todos podemos coincidir, se explicita una serie de programas y planes, en los cuales pienso que ningún legislador puede llegar a estar en desacuerdo y no podemos estar en desacuerdo en todos los programas que se establezcan en Mendoza y que tengan como meta y fin, lograr la inclusión social y de alguna manera borrar las desigualdades sociales que hay en el país, en nuestra Provincia y por qué no en el mundo.
Pero a esa primera parte, a ese manifiesto de buenas intenciones, se le añade una segunda parte, que son los súper poderes y que a muchos no les gusta y a algunos se les paran los pelos cuando se nombra esa palabra mágica, pero que nada tiene de mágico y sí mucho de real en este proyecto de ley, y que juntos, son el detonador y la dinamita de lo que denomino “una bomba financiera” para Mendoza.
¿Por qué expreso esto, señor presidente? Porque ese detonador que son los artículos 1º y 2º, donde se habla de generalidades, de programas que no tienen montos y que no se sabe cómo van a ser financiados; donde tampoco se explicita la intención y el contenido de los mismos, cobra plena virtualidad con la dinamita que se establece en la segunda parte del proyecto, donde claramente, a partir de la reasignación de partidas indiscriminadas y absolutamente discrecional y arbitrarias, donde a partir de la posibilidad de excepcionar la Ley de Contabilidad, en donde no competirán los oferentes en una licitación pública, garantizando al Estado competitividad y mejor precisión; en donde no existirá posibilidad y control que la propia Ley de Contabilidad que establece y se va a hacer regla, lo que hasta ahora era una excepción, no sólo para la materia de seguridad, como se dijo aquí que se dictó la Ley 7206, que la podría haber utilizado el Ejecutivo provincial, pero por desconocimiento no lo hizo, porque de lo contrario se hubiera derogado expresamente en este proyecto de ley, pero la omitieron y no la consideraron.
Entonces, ambas partes, permítame que lea donde dice: “el mismo deberá ajustarse estrictamente establecidos en la presente ley”. Lo dice con precisión, con exactitud establece cuáles son los objetivos que establece la presente ley, y es allí donde tenemos que remitirnos a los objetivos, porque ellos son los que le van a dar alcance y los que van a determinar los límites de este proyecto. Allí vemos, por ejemplo, los objetivos que se establecen y que la misma comprende aspectos organizativos, funcionales y operativos del sistema de seguridad pública en la Provincia y sus componentes en el marco de las Leyes 6721 y 6722 y modificatorias.
Señor presidente, con la Ley 7206 esto se podría haber realizado.
El desarrollo e implementación de asistencia individual, familiar y social, tendientes a atacar las causas de la indigencia y la violencia en todas sus modalidades, haciendo especial hincapié en los sectores más vulnerables de la comunidad; la implementación de programas de vinculación y coordinación institucional con los municipios, con organismos estatales descentralizados y autárquicos, en relación a sus competencias propias y que influyen en el fortalecimiento de la seguridad pública; el desarrollo de estrategias y canales comunitarios, a través de tareas de coordinación con las organizaciones de la sociedad civil; la realización y sostenimiento de la protección integral y efectiva para los niños, niñas y adolescentes, en el marco de la aplicación de la Ley 26061.
¿Qué quiere decir esto? Que estas facultades que se conceden hoy, no sólo son facultades extraordinarias al servicio de la seguridad pública en Mendoza y puestas en mano del ministro de Seguridad de la Provincia, sino que también van a estar puestas en manos de todos y cada una de las distintas áreas del Gobierno, llámese: infraestructura, cultura, turismo, Dirección General de Escuelas, municipios y hasta el Poder Judicial de la Provincia de Mendoza también va a tener este beneficio, porque justamente se prevé la creación e implementación de Juzgados de Familia.
Por eso, días previos a la discusión en este recinto, decíamos que hasta la organización del Día del Niño y del Día de la Primavera va a poder ser utilizada por el mecanismo de compra directa.
Cuando uno analiza en qué conceptos se dan las declaraciones de emergencia en el mundo, necesariamente tenemos que recurrir a un pacto que tiene jerarquía constitucional en la República Argentina, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que le da a los estados miembros, la posibilidad de declarar la emergencia, limitando derechos individuales. Pienso que ese no es el sentido de este proyecto, no trata de limitar derechos individuales, muy por el contrario, no encuentro en él y no me gustaría saber que lo que estamos votando es la limitación en el territorio provincial de los derechos individuales, sino que por el contrario es una clara Ley de Emergencia Financiera del Estado provincial.
¿Cuáles son los peligros que se corren cuando se dicta una ley de tamaña envergadura? ¿Cuáles son los riesgos institucionales que tenemos que advertir necesariamente desde este bloque? Mucho se ha escrito en la doctrina respecto de las implicancias que tiene la flexibilización de los controles, respecto de las consecuencias que tienen los súper poderes.
Creo que quien lo ha hecho, con una precisión y una exactitud inigualable, es un jurista mendocino, el doctor Pérez Hualde, miembro de la Corte Suprema de Justicia, un artículo publicado en la ley que habla de la postergación institucional.
Dice en ese artículo: Insistimos en no ver que son los negocios ilegales los inexplicables, los corruptos y tramposos, los oscuros y no transparentes, los que más necesitan la ausencia de controles para su progreso y realización, que son los que imperiosamente requieren de la fabricación del pretexto de la emergencia, que tapa todo, que excluye el debate, que justifica el apuro, que paraliza los mecanismos de defensa de la República, la misma emergencia que sirva de disparador habilitante a las facultades excepcionales del Poder Ejecutivo, los intereses económicos -no todos- sino los que transitan en la marginalidad ilegal ya que no todos necesitan el funcionario corrupto en el momento adecuado, eso no nos sirve, no alcanza, es imprescindible, además: primero, que ese funcionario no esté controlado, que no esté sujeto a control o sometido a procedimientos que impidan arreglar conforme a sus deseos, que el procedimiento de decisión sea oculto. Por esta razón la exclusividad de control debe ser completa. Por eso es imprescindible la excepción genérica, por ejemplo en este caso a la Ley de Convertibilidad, aún cuando el Gobierno posea la mayoría partidaria para hacerlo.
Tercero: que el arreglo alcanzado goce de seguridad y estabilidad para que sea respetado en el fututo, de tal modo que pueda concretar todas las posibilidades del negocio reglado.
Para estos tres requerimientos básicos de la corrupción, el mecanismo de la emergencia funcional ha demostrado ser muy eficaz para alcanzarlos. Esto lo decía Pérez Hualde, respecto a otras leyes de emergencia, pero se corre ese riesgo. No quiero poner en tela de duda a los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, todos son probos e idóneos para el ejercicio de la función para la cual han sido designados, pero estos son los peligros implícitos en cualquier declaración de emergencia, acá en Mendoza, en San Luis, en La Pampa, en La Rioja o en cualquier lugar del mundo donde se dicten normas excepcionales, normas que de alguna manera vulneren los controles previamente establecidos por la ley, y necesariamente tenemos que advertir cuál es el peligro que nos asecha cuando dictamos una norma de tamaña envergadura.
Cuando analizamos el contenido del proyecto, nos damos cuenta que el artículo 2º, dice: “Dictar las partidas presupuestarias necesarias”. Allí no se hace información alguna de ningún monto, no se sabe cuánto va a costar cada uno de los objetivos que esta ley se propone realizar, no sabemos si van a ser 100.000, 1.000.000 ó 5.000.000, no sabemos tampoco si vamos a comprometer el Ejercicio 2008 o si por el contrario, a partir de esta ley, no solamente comprometamos el Ejercicio 2008 sino también podamos hacer lo mismo con el 2009, 2010 ó 2011.
Para ello también se involucra a los municipios de la Provincia y se establece que, a partir de convenios o acuerdos con los municipios se van a descentralizar fondos, pero vaya casualidad, aquí también la imprecisión; en lugar de establecer pautas o criterios objetivos que deberán cumplir los municipios para justamente hacerse de esos fondos que la ley establece, muy por el contrario, da un amplio margen nuevamente de discrecionalidad y arbitrio en la figura del gobernador de la Provincia para que disponga hacer convenio con aquellos municipios que considere conveniente. No me gustaría pensar mal, y llegar a suponer que se va a acordar o se van a celebrar convenios con aquellos municipios más afines, por el contrario, no se van a descentralizar fondos de seguridad a aquellos municipios que no compartan ideológicamente o programáticamente el proyecto del gobernador Jaque en la Provincia de Mendoza.
Mal podemos combatir la inseguridad si ese va ha ser el criterio de reparto, necesariamente esta ley debió haberlo establecido y fijado pautas objetivas que hacían acreedor a aquel municipio que cumplimentaba los requisitos preestablecidos.
Lo necesario también es estos supuestos y pretendidos controles que se han establecido en esta ley y que de alguna manera garantizarían que cualquier tipo de desviación o irregularidad, no suceda.
La Legislatura es un órgano de control político, no es un poder técnico de control, no vamos a poder tener la capacidad operativa ni técnica para controlar todas o cada una de las compras del Estado. Esa función ya la reserva la Constitución al Tribunal de Cuentas; nosotros podemos hacer un control de las políticas que desde el Ministerio de Seguridad o desde el Poder Ejecutivo en cada uno de los ministerios en que se establezcan programas, cuáles ha sido los resultados?
Por otro lado, en el hoy artículo 8º, ex 9º, se le da la facultad al Ejecutivo de poder establecer los contenidos para el Instituto Provincial de Seguridad Pública.
El artículo 5º de la Ley 6721 claramente dispone que será competencia del gobernador de la Provincia en su carácter de jefe de la administración pública y del sistema de policía de la Provincia, establecer las políticas de seguridad pública en todo el territorio provincial y dispone su ejecución de acuerdo a la legislación vigente.
No es necesario este artículo, señor presidente.
Además, lo grave de esta ley es que se delegan facultades legislativas, algunas de menor envergadura, por ejemplo, cuando se le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de flexibilizar los Capítulos V y VI de la Ley 6721, no estamos haciendo otra cosa que delegando tareas precisas de la Legislatura al Ejecutivo ¿Por qué? Porque no se puede flexibilizar una ley menos por un decreto de necesidad y urgencia que no está contemplado en nuestra Constitución provincial, a lo sumo lo que el Poder Ejecutivo puede hacer es reglamentar sin modificar el espíritu de las leyes, aquellas leyes que sancione esta Legislatura provincial, pero flexibilizar supone implícitamente la posibilidad de modificar una ley provincial votada por esta Legislatura, promulgada por el Poder Ejecutivo, y que en ningún caso, el Poder Ejecutivo provincial tiene la facultad de flexibilizar.
Esa no es la delegación legislativa más importante que contiene este proyecto. La delegación legislativa más importante que contiene este proyecto es justamente la concesión de las facultades al Poder Ejecutivo de reasignar partidas presupuestarias.
La sanción de un presupuesto es un acto complejo y nuestra Constitución lo regula con mucha precisión, y dice que: “La formulación del Presupuesto corresponde al Poder Ejecutivo y fijar el Presupuesto Anual de Gastos de Cálculos y Recursos para el año en curso, le corresponde a esta Legislatura”; pero no todo acaba allí, ya que la propia Constitución dice que el Ejecutivo es el encargado de ejecutarlo, de plasmar las pautas presupuestarias en el año calendario para el ejercicio del Presupuesto.
Cabría, entonces la posibilidad que esta ley fuera inconstitucional, porque estaría violando, no solamente lo que ha dicho el diputado Piedrafita, artículo 29, sino también el 99, inciso 3) de nuestra Constitución Provincial que establece claramente que es facultad de esta Legislatura fijar el Presupuesto Anual para el año en curso.
Respecto al artículo 29, a mi modesto entender, definitivamente serán los jueces los que determinen la inconstitucionalidad o constitucionalidad de esta ley, en virtud del control de constitucionalidad en manos del Poder Judicial que tenemos en la República Argentina y en la Provincia de Mendoza.
Es necesario hacer historia, porque este artículo 29 fue escrito de puño y letra por Alberdi y en el Derecho Constitucional se lo conoce como “el artículo Rosas”. Juan Manuel de Rosas tuvo en la República Argentina lo que se denominó la suma del Poder Público; año a año concurría a una Legislatura y esa Legislatura avalaba esa suma del poder público.
El restaurador de las leyes, como se lo conoció, tuvo facultades ilimitadas y acaparó para sí, no sólo facultades ejecutivas, sino legislativas y judiciales. Para evitar los excesos que pudieran ocurrir en esta Argentina naciente en 1853, se redactó claramente este artículo que declara y trata de infames, traidores a la Patria a aquellas Legislaturas provinciales que concedan facultades extraordinarias a los gobernadores de Provincia.
Estamos en una zona sinuosa respecto si es constitucional o no la ley que hoy estamos sancionando; no será esta Legislatura la que tenga sentencia definitiva, serán los jueces encargados de determinar si esta Legislatura actuó conforme a derecho para lo que dispone la Constitución nacional y provincial, o si por el contrario se debió de su cometido y quedó incursa en el artículo 29 de la Constitución Nacional.
Quiero terminar con una frase de Lord Acton que la inmortalizó quedando en la memoria de todos y cada uno de nosotros, ya que cuando estamos en presencia de poderes absolutos, necesariamente tenemos que recurrir a ella para tener conciencia de lo que estamos hablando.
Lord Acton, decía: “que el poder naturalmente corrompe, pero el poder absoluto, corrompe absolutamente”, y este es uno de los peligros que tenemos a la hora de conceder un poder absoluto que no es otra cosa que un cheque en blanco que se podrá controlar pero es un cheque en blanco que esta Legislatura le va a firmar al gobernador de la Provincia para que lo llene con el monto que quiera, esperemos que los mecanismos y controles funcionen para que no tengamos que repetir la frase de Pérez Hualde, y golpearnos la cabeza por los errores cometidos.


SR. PETRI (CC) – Señor presidente: sé de la vocación en materia de seguridad del diputado preopinante y creo que si fuera así lo que sostiene el diputado Cassia, esta ley podría tener el artículo 1º: declarar la Emergencia de Seguridad; el artículo 2º: establecer los programas de seguridad, y a partir de allí, no hacer ninguna mención expresa a la reasignación de partidas y va de suyo que está implícito en cualquier declaración de emergencia que saque la posibilidad de reasignación de partidas, va a ser considerado y estará dentro de las facultades que el Poder Ejecutivo tenga a la hora de declarar la emergencia.
Esta declaración por sí, no alcanza para conceder o reasignar partidas y por eso expresamente este proyecto lo incluye.