FUNDAMENTOS

La lucha contra la corrupción es uno de los grandes desafíos que tiene nuestra democracia. La corrupción hace primar el interés particular de unos pocos encargados del manejo de la res pública por sobre el interés general de la sociedad. Corrupción, conforme a su definición significa alterar o trastocar la forma de alguna cosa, su naturaleza. Por lo tanto corromper es desnaturalizar, desvirtuar la finalidad de una cosa.

El presente proyecto de ley crea en el ámbito de la Administración Pública Provincial, la Oficina Anticorrupción, bajo la órbita de Fiscalía de Estado de la Provincia.

La corrupción a sido definida por Transparency International siguiendo a Gianfranco Pasquino como: “el fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es por lo tanto el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal” (Transparencia Internacional Latinoamericana y El Caribe, 1999).

Según el diccionario de la real academia española, corrupción es acción y efecto de corromper// Corromper: Alterar algo./ Hechar a perder, pudrir./ Sobornar./ Estragar, pervertir.//

La corrupción parece ser una presencia constante en la historia de la humanidad. Lord Acton, católico liberal y catedrático de la universidad de Cambridge, en una carta dirigida al obispo Mandel Creighton, sostuvo que «el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente». Ha habido, pues, corrupción siempre, porque siempre ha habido poder entre los hombres, y cuando tal poder ha carecido de controles y límites predeterminados, los actos corruptos han proliferado.

James Wilson llegó a afirmar que el drama del poder es que pone a personas ordinarias ante tentaciones extraordinarias.

Según Robert Klitgaard en su libro “Controlando la Corrupción”, el comportamiento ilícito prospera cuando las agentes tienen poder monopólico sobre los clientes, cuando tienen un alto nivel de arbitrio y cuando la responsabilidad de la agente respecto del director es débil.

Los ingredientes básicos de la corrupción son:

CORRUPCION= MONOPOLIO+ARBITRIO-RESPONSABILIDAD.

En su libro “La Corrupción”, Grondona, distingue los actos de corrupción conforme a su gravedad. Así en un primer estadio se ubicarían los regalos o propinas dados en gratitud a un funcionario público, en un segundo nivel la exacción, que es la presión o extorsión a un determinado funcionario para que haga lo que es su obligación y en el nivel más alto ubica al cohecho, en donde se recompensa o paga a un funcionario para que este deliberadamente se aparte de sus obligaciones.

Es necesario precisar siguiendo esta línea de pensamiento el “acto de corrupción”, como hecho singular y aislado del denominado “estado de corrupción” que se origina en la habitualidad de actos de corrupción, perforando y atravesando al Estado. A partir de allí la corrupción es endémica y sistémica.

Por otro lado, Transparency Internacional sostiene que la Corrupción, desde un punto de vista económico: “Fomenta la competencia en cuanto al soborno, en vez de la competencia en la calidad y el precio de bienes y servicios. Inhibe el desarrollo de un mercado saludable. Sobre todo, distorsiona el desarrollo económico y social, lo cual es especialmente dañino en los países en desarrollo. Con demasiada frecuencia, la presencia de la corrupción significa que los más pobres del mundo, quienes menos pueden soportar los costos, deben pagar no sólo por la corrupción de sus propios funcionarios, sino también por aquella de las empresas de los países desarrollados. Es más, las pruebas disponibles demuestran que si no se limita la corrupción, crecerá, y exponencialmente. Una vez que se institucionaliza un patrón de sobornos exitosos, los funcionarios corruptos tienen un incentivo para exigir sobornos más grandes, creando una cultura de ilegalidad que a su vez fomenta la ineficiencia del mercado. Una vez perdida la autoridad moral de los gerentes mediante la corrupción de alto nivel, se desvanece su capacidad para controlar a sus subordinados. En un plano conceptual, hay muchos costos ligados a la corrupción. Sin embargo, no es sorprendente que haya pocas pruebas concretas sobre la incidencia y la magnitud de la corrupción.

Encuestas entre empresarios indican que el problema varía considerablemente de un país a otro, y que aun dentro de los países, algunas oficinas públicas (aduanales y fiscales, por ejemplo) son más susceptibles a la corrupción que otras. Las encuestas también indican que en los casos en que la corrupción es endémica, impone un costo desproporcionado sobre las pequeñas empresas. Lo más importante es que los sobornos mismos no representan el costo más oneroso; las consecuencias de la corrupción -las distorsiones económicas subyacentes y el socavamiento de las instituciones administrativas y gubernamentales- son las más costosas.” (Pope, 2000 pp 31-32).

La profesora Bárbara Barris White, de la Universidad de Oxford, dice: ” la corrupción no se reduce al soborno, sino que se extiende a la evasión fiscal, a la explotación laboral, y distorsiona la ética que debe regir una sociedad. Cuando lo difícil es ser un funcionario no corrupto, la sociedad se encuentra al borde del colapso, porque se puede entrar en un proceso de deterioro vertiginoso… (y) puede dar lugar a la creación de verdaderas mafias, que usan sus propios métodos para mantener sus situaciones de privilegio, las cuales, una vez enquistadas en la sociedad, son muy difíciles de extirpar….No se ve el prometido reino de la competencia económica y la transparencia política, sino a elites nacionales cada vez más inclinadas a utilizar métodos mafiosos…” (Liberalizatión and the new corruption”, IDS Bulletin, abril de 1996).

Por su parte las Naciones Unidas consideran que la corrupción tiene efectos devastadores sobre las “economías que pasan por una situación difícil. La corrupción vacía las arcas de los Estados, arruina el libre comercio y ahuyenta a los inversionistas. El Banco Mundial estima que la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1 puntos porcentuales por año. Según las investigaciones del FMI, la inversión en los países corruptos es casi un 5% menor que en los países relativamente exentos de corrupción. En un estudio del Banco Mundial, más de 150 funcionarios de alta jerarquía y ciudadanos eminentes de más de 60 naciones en desarrollo calificaban a la corrupción como el mayor obstáculo para que sus países se desarrollaran y crecieran económicamente. Asimismo, la agencia de calificación de valores Standard and Poor ‘s afirma que hay una probabilidad de entre un 50% y un 100% de que los inversores pierdan todas sus inversiones en un plazo de cinco años en países con diversos grados de corrupción. Esto hace que la inversión a largo plazo -la que más beneficia a un país- sea peligrosa e improbable. El Banco Mundial ha señalado que el pago de sobornos a los funcionarios públicos representa un alto costo para las empresas, lo que las mueve a declarar a las autoridades menores ventas, costos y nómina, para pagar menos impuestos

El mayor impacto de la corrupción es sobre los pobres, aquellos menos capaces de absorber los costos. (UNODC, 2005) La corrupción afecta la calidad y el costo de los servicios básicos como la emisión de documentación oficial, educación, salud y transporte para la población que justamente más depende de su carácter público. No solamente erosiona la ayuda al desarrollo de las instituciones internacionales y de los propios estados nacionales, sino que además tiene consecuencias más profundas que tienen que ver con la reducción de la inversión en la economía del país y el impacto negativo que posee en su crecimiento. (Mauro, 1997) (Word Bank, 2005) Es difícil pensar en que alguien quiera invertir en un escenario de imprevisibilidad, información imperfecta, competencia desleal y un nivel de tributación adicional.

Como efectos de largo plazo encontramos aumento en la desigualdad social y ausencia de respeto por los Derechos Humanos (UNODC, 2005). Ya que la corrupción beneficia principalmente a aquellos que pueden costearla, enriqueciéndolos, y dejando de lado a los que no pueden hacerlo. Además, socava el respeto por los Derechos Humanos al disminuir el respeto a las normas en general por parte de los funcionarios públicos, incitando al abuso de autoridad, y al generar un círculo de complicidades que impiden el accionar conforme a la ley de uno o varios de ellos, e inclusive su denuncia pública.

“La corrupción atrapa a millones de personas en la pobreza,” afirmó Huguette Labelle, presidenta de Transparency International. “A pesar de la década de avances en la definición de leyes y normativas anticorrupción, los resultados que hoy presentamos indican que todavía queda mucho por hacer antes de que podamos registrar una mejora significativa en las vidas de los ciudadanos más pobres del mundo”.

Transparency International (TI) publica el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que apunta confirmar la estrecha correlación entre la corrupción y la pobreza, que se materializa en una acumulación de estados empobrecidos al final de la clasificación.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2006 es un índice compuesto que parte de múltiples encuestas de opinión a expertos y que sondean las percepciones sobre la corrupción en el sector público en 163 países de todo el mundo. Se trata del planteamiento más ambicioso de todos los IPC elaborados hasta hoy. Puntúa a los países según una escala del cero al diez, siendo el cero el valor que indica los niveles más elevados de corrupción percibida y el diez el valor que señala los niveles más bajos.

Argentina ocupó en el año 2006 el puesto número 93, solo superada por Venezuela, Ecuador, Bolivia, Honduras, Guatemala, República Dominicana y Paraguay.

Convención Interamericana Contra La Corrupción.

En marzo de 1996, se firmó La Convención Interamericana Contra la Corrupción, realizada en Caracas, Venezuela, con el propósito fundamental de promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y, promover, facilitar y regular la cooperación entre los estados partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones dispuestas para el cumplimiento de dicho objetivo, que no es otro que terminar con la corrupción.

Dicha convención contiene toda una normativa destinada a cumplir con tales propósitos, cuenta con medidas preventivas en su articulo III como: normas de conducta; sistemas de declaración de ingresos por parte de las personas que desempeñan funciones publicas en los cargos que establezca la ley; sistemas para la contratación y para la adquisición de bienes y servicios por parte del estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia; sistemas para la recaudación y el control de los bienes del estado que impidan la corrupción; órganos de control superior; medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción. Incluye dentro de los actos de corrupción, entre otros, al enriquecimiento ilícito describiendo como delito: el incremento del patrimonio de un funcionario publico con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él. Por otra parte no es necesario dice la convención que los actos de corrupción descriptos causen perjuicio patrimonial al Estado.

En suma, no existe a partir de la convención la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos; el gasto innecesario o superfluo, el no cuidar los bienes públicos como si fueran propios, el realizar proyectos inútiles, todo ello encuadra en las prohibiciones de la convención interamericana contra la corrupción Argentina se adhiere a esta convención el 4 de agosto de 1997.

La Oficina Anticorrupción del Estado Nacional

En el orden nacional la Oficina Anticorrupción (OA) fue creada por la Ley Nº 25.233 (10/12/99) , con el objeto de elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción y, en forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ejercer las competencias y atribuciones establecidas en los artículos 26, 45 y 50 de la Ley Nº 24.946.

Conforme el Decreto Nº 102/99 (23/12/99), que reglamenta las funciones y estructura de la Oficina Anticorrupción, ésta es la encargada de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción (aprobada por Ley Nº 24.759).

La Oficina Anticorrupción actúa en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal.

La mencionada Oficina, conforme al balance de gestión 2007, en materia de investigación y sanción de hechos de corrupción, ha intensificado su presencia en los Tribunales. Así, se ha presentado como querellantes en cinco causas, llegando a cerca de 90 el número de procesos en los que la OA reviste ese carácter.

Su participación en los distintos procesos judiciales, permitió obtener –entre otros resultados- la citación a indagatoria de 71 funcionarios, el procesamiento de 17, y la elevación a juicio de 7 causas que se agregan a las 7 ya elevadas desde el inicio de la actual gestión.

A los fines de impulsar otros sumarios y evaluar la conveniencia de constituirse en parte querellante, se ha presentado en más de 35 causas, tomando conocimiento de los hechos investigados y de las medidas adoptadas. De esta manera, se efectuó un completo seguimiento del trámite de aquellos procesos, sin tener que invertir los recursos necesarios para querellar, cuando prima facie tal acción no parecía indispensable.

Con las acciones antes descriptas, la OA ha logrado colaborar con los órganos Judiciales y el Ministerio Público Fiscal, aportando elementos de interés como pruebas y análisis de informes elaborados por otros organismos de control, circunscribiendo los hechos investigados o asignándoles un valor agregado, lo que permite ahorrar recursos y tiempo en la etapa instructoria y llegar con mayor celeridad a la instancia plenaria y, en definitiva, a la sentencia que corresponda.

En el área de las políticas de transparencia y de prevención, la Oficina Anticorrupción mantuvo el alto nivel de funcionamiento del sector de declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, que recibió y procesó más de 32.000 declaraciones juradas.

La necesidad de contar con una Oficina Anticorrupción en el Estado Provincial.

El fenómeno de la corrupción y su complejidad requiere múltiples esfuerzos en los tres niveles políticos de organización: nacional, provincial y municipal. Por ello proponemos la creación de una Oficina Anticorrupción en el ámbito Provincial. La misma actuará bajo la orbita de un organismo con jerarquía constitucional en nuestra provincia como es Fiscalía de Estado, ya que está tiene por función la defensa del patrimonio del fisco, siendo parte en todo proceso en que se afecten los intereses del Estado.

La Oficina Anticorrupción estará presidida por un funcionario denominado Fiscal de Gestión Pública y estará compuesta por una Dirección de Investigaciones y una Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, siguiendo el modelo adoptado en el orden nacional

Respecto de la designación del Fiscal de Gestión Pública, este será propuesto por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado Provincial y tendrá una duración en el cargo de 5 años.

En relación a sus atribuciones la Oficina podrá entre otras cosas: recepcionar denuncias, respecto de hechos de corrupción; Investigar a los agentes a los que se atribuya actos de corrupción; Denunciar ante la Justicia los hechos que pudieran considerarse como delitos. Constituirse en parte querellante en los procesos judiciales en que se investiguen delitos contra la Administración Pública y en los que se encuentre afectado el patrimonio ambiental, cultural, histórico y económico del Estado; Solicitar a las autoridades administrativas competentes, las correspondientes sanciones; Recomendar la suspensión preventiva del empleado o funcionario investigado, cuando su permanencia pudiera obstaculizar gravemente la investigación; Llevar el registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos y, evaluar y controlar el contenido; Intervenir en todo tipo de trámites y/o procesos judiciales o administrativos, tendientes a la recuperación del producido de los hechos de corrupción.

Por los motivos expuestos y los que oportunamente se darán al momento de su tratamiento, es que solicito a esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.

EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY:

CREACIÓN DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN

CAPÍTULO I: Del Objeto y Ámbito de Aplicación

Artículo 1°.- Créase la Oficina Anticorrupción, en el ámbito de Fiscalía de Estado de la Provincia.

Artículo 2°.- La Oficina Anticorrupción será la encargada de prevenir, identificar e investigar los actos de corrupción que a continuación se detallan, a saber:

a) El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;

b) El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;

c) La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;

d) El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo;

e) La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.

f) Toda otra irregularidad funcional y/o violaciones a los deberes de funcionario público y al régimen de declaraciones juradas e incompatibilidades establecidas por la legislación vigente.

Artículo 3°.- Se encuentran comprendidas en las disposiciones de la presente ley, la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria sociedades de economía mixta, asociaciones que reciban aportes estatales;

CAPITULO II: Competencias y funciones

Artículo. 4º.- La Oficina Anticorrupción tiene competencia para:

a) Recepcionar denuncias que hicieran particulares o agentes públicos, respecto de hechos de corrupción establecidos en el artículo 2;

b) Investigar a los agentes a los que se atribuya la comisión de actos de corrupción.

c) Investigar preliminarmente las asociaciones u organismos privados que tengan como principal fuente de recursos el aporte estatal, en caso de sospecha razonable y fundada sobre irregularidades en la administración de los recursos.

d) Denunciar ante Magistrado competente los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieran considerarse “prima facie” como delitos. La investigación preliminar de la Oficina Anticorrupción no constituye requisito prejudicial para la sustanciación del proceso penal.

e) Constituirse en parte querellante en los procesos judiciales en que se investiguen hechos tipificados como delitos contra la Administración Pública y en los que se encuentre afectado el patrimonio ambiental, cultural, histórico y económico del Estado Provincial.

Podrá hacerlo con el Fiscal de Estado cuando éste lo requiera o en forma conjunta o indistinta.

En el supuesto de existir conflicto de competencias entre ambos fiscales, la representación de la Provincia quedará a cargo del Fiscal de Estado.

f) Solicitar a las autoridades administrativas competentes, en mérito a las investigaciones, las correspondientes sanciones;

g) Recomendar la suspensión preventiva en la función o en el cargo del agente, empleado o funcionario investigado, cuando su permanencia pudiera obstaculizar gravemente la investigación.

h) Llevar el registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos;

i) Evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los agentes públicos y las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función;

j) Intervenir y promover todo tipo de trámites y/o procesos judiciales o administrativos, tendientes a la recuperación del producido de los hechos de corrupción.

k) Formular programas y dirigir campañas contra la corrupción y elaborar un plan de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la gestión pública, en coordinación con organismos especializados y/o universidades.

l) Asesorar a los organismos del Estado para implementar políticas o programas preventivos de hechos de corrupción.

m) Proponer modificaciones a la legislación vigente, destinadas a combatir la corrupción.

n) Recibir las quejas por inacción de los organismos de aplicación, frente a las denuncias promovidas ante ellos respecto de conductas de funcionarios o agentes de la administración contrarias a la ética pública, debiendo promover la actuación de los procedimientos de responsabilidad correspondientes.

o) Solicitar informes o documentos a cualquier institución pública o privada respecto de los casos que se investigan, así como acceder con los mismos propósitos a cualquier archivo o banco de datos de cualquier dependencia u oficina pública.

p) Gestionar y otorgar a las personas que colaboren con la oficina en el esclarecimiento de los hechos, protección legal para su seguridad personal, a través de las autoridades pertinentes y conforme la legislación vigente;

Artículo 5°.- Las investigaciones se realizarán de oficio por la Oficina Anticorrupción y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga o requiera;

CAPITULO III: Estructura y Organización

Artículo 6°.- La Oficina Anticorrupción estará a cargo de un Fiscal de Control de la Gestión Pública, con rango y jerarquía de Subsecretario, designado por el Gobernador de la Provincia, con acuerdo del Senado. Permanecerá en sus funciones por cinco (5) años, pudiendo ser reelegido por igual período una sola vez.

Podrá ser removido por las causas dispuestas por el artículo 109 y mediante el procedimiento previsto por el artículo 164 de la Constitución Provincial.

Artículo 7°.- Serán requisitos para el desempeño del cargo de Fiscal de Control de la Gestión Pública:

a) Ser ciudadano argentino;

b) Tener treinta (30) años de edad;

c) Tener no menos de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión de abogado o idéntica antigüedad profesional en el Ministerio Público o en el Poder Judicial.

Artículo 8°.- El Fiscal de Control de la Gestión Pública ejercerá las siguientes funciones:

a) Presidir y representar a la Oficina Anticorrupción;

b) Hacer cumplir los objetivos de la Oficina;

c) Proponer la designación de los integrantes de la Oficina al Fiscal de Estado.

d) Elaborar y elevar el plan de acción al Fiscal de Estado, para su aprobación.

e) Suscribir y elevar los informes correspondientes;

f) Coordinar la actuación de la Oficina con los otros órganos de control estatal;

g) Elevar al Fiscal de Estado un proyecto de reglamento interno, para su aprobación.

h) Resolver el inicio y clausura de las actuaciones de la Oficina Anticorrupción.

i). Elaborar los informes a que refiere el artículo 15;

j) Llevar el registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos.

Artículo 9°.- La Oficina Anticorrupción estará compuesta por una Dirección de Investigaciones y una Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, las mismos estarán a cargo de funcionarios que tendrán rango y jerarquía de Directores, designados y removidos por el Fiscal de Estado a propuesta del Fiscal de Control de la Gestión Pública.

Para el desempeño del cargo de Director se requerirán las mismas calidades exigidas para ejercer el cargo del Fiscal de Control de Gestión Pública, conforme al artículo 7.

Artículo 10º.- La Dirección de Investigaciones tendrá por función principal fiscalizar el cumplimiento de los deberes de los agentes y el debido uso de los recursos estatales;

La Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia será la responsable de la elaboración de políticas estatales contra la corrupción en el sector público provincial.

Artículo 11°. – La Dirección de Investigaciones tendrá las siguientes funciones:

a) Recibir denuncias de particulares o agentes públicos, sobre hechos presuntamente ilícitos.

b) Investigar, con carácter preliminar, los casos que configuren conductas previstas en el artículo 2º de la presente;

c) Instar la promoción de sumarios administrativos o acciones judiciales civiles o penales, o cualquier otra medida que se considere adecuada para el caso y realizar su seguimiento;

d) Evaluar la información que difundan los medios de comunicación social, relacionada con la existencia de ilícitos vinculados a hechos de corrupción y en su caso, iniciar de oficio las actuaciones correspondientes;

e) Analizar la información vinculada con el ejercicio de sus competencias producida por el Tribunal de Cuentas de la Provincia;

f) Elaborar los informes relativos a su área.

Artículo 12°.- La Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

a) Elaborar y proponer al Fiscal de Control de Gestión Pública un Plan de Acción y los criterios para determinar los casos de significación institucional, social o económica; El Plan de Acción contendrá las áreas críticas, por materias y organismos. Deberá publicarse en el Boletín Oficial y difundirse por Internet;

b) Realizar estudios respecto de los hechos de corrupción administrativa y sobre sus causas, planificando las políticas y programas de prevención y represión correspondiente;

c) Recomendar y asesorar a los organismos del Estado la implementación de políticas o programas preventivos.

Artículo 13°.- La Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, en ejercicio de sus funciones, podrá realizar encuestas y entrevistas, requerir a los agentes públicos documentación e informes, relevar las denuncias formuladas ante los organismos de control estatal, el Poder Judicial o el Ministerio Público y solicitar a centros de estudios, universidades, o cualquier otra organización con fines académicos toda información que fuese de su interés.

Artículo 14°.- Los profesionales que se desempeñen en las distintas áreas de la Oficina Anticorrupción deberán acreditar especialización en las áreas de derecho, sociología, ciencias económicas, informática, sistemas y gestión administrativa, análisis institucional y cultura organizacional, y cualquier otra especialización que sea requerida para cumplir con sus tareas específicas.

CAPÍTULO VI: Informes

Artículo 15°.- La Oficina Anticorrupción deberá elevar al Fiscal de Estado y a las H.H. Cámaras Legislativas un informe final de cada investigación y una memoria anual sobre su gestión que contenga especialmente las recomendaciones sobre reformas administrativas tendientes a incrementar la transparencia y publicidad de los actos de gobierno.

Artículo 16°.- Los informes previstos en el artículo anterior serán públicos y podrán ser consultados personalmente o por Internet. Fiscalía de Estado dispondrá su publicidad por los medios de comunicación social que considere necesarios.

Artículo 17°.- Los fondos que demande la implementación de la ley serán imputados a la partida específica que se habilite al efecto, en el presupuesto de Fiscalía de Estado, facultando al Ministerio de Hacienda a efectuar las readecuaciones presupuestaria.

Artículo 18°.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en un plazo no superior de noventa (90) días de la entrada en vigencia.

Artículo 19°.- De forma.