El diputado cobista Luis Petri, autor de la iniciativa, explicó a Diario UNO que los tres cambios en el Código Procesal “están vinculados a la agilización y al mejoramiento de las condiciones de las investigaciones penales”. Afirman que eso se logrará si la Cámara de Senadores termina de aprobar varias modificaciones al Código Procesal Penal, que fueron sugeridas por los fiscales de Delitos Complejos. Detalles.
Los abogados defensores de los acusados de delitos perderán la posibilidad de guionar las declaraciones de sus clientes en tiempo real, como pueden hacerlo hoy por una facultad que les da el Código Procesal Penal. El fin de esta ventaja para los abogados se producirá si la Cámara de Senadores aprueba un proyecto de ley que fue delineado con inquietudes de los fiscales de Delitos Complejos y obtuvo media sanción en la Cámara Baja la semana pasada, tras el tránsito por la misma que demandó más de un año.

El texto del plan alcanza, además, a otras dos cuestiones previstas en el Código Procesal de la provincia: la potestad para que los fiscales puedan dictar la incomunicación a los detenidos imputados por un delito y la facultad para que los órganos judiciales puedan obtener información de diferentes organismos públicos y privados en forma sumaria, por vía oral.

De los tres tópicos alcanzados por el proyecto, el que despertará mayor polémica es el relacionado a las facultades de los abogados defensores de intervenir en medio de un interrogatorio,
De acuerdo con el actual procedimiento penal, los abogados defensores pueden interrumpir un interrogatorio y mantener un contacto privado con su cliente para rearmar el relato de acuerdo a la conveniencia del imputado. “Es necesario, todos estamos de acuerdo en garantizar la defensa técnica de un sospechoso, pero no podemos garantizar el guionado de una declaración de un imputado. Mendoza es el único lugar en el que esto está permitido por el Código Procesal”, advirtió Petri.

La eliminación de la posibilidad de interrumpir las audiencias para permitir la charla privada entre denunciado y abogado fue pedida hace más de un año en una reunión de la Comisión Bicameral de Seguridad por los fiscales de Delitos Complejos. En ese momento, la oficina clave del Ministerio Público era integrada por Daniel Carniello, Luis Correa Llano (hoy en una Cámara de Apelaciones en lo Criminal) y Eduardo Martearena, actualmente en la Tercera Cámara del Crimen.

“Es una obligación de los legisladores avanzar en algunas necesidades que los fiscales ven en el trabajo diario. Este proyecto tuvo un largo tiempo de trámite en la Cámara y ahora tendrán que analizarlo los senadores”, explicó Petri.

En otro orden, ante la consulta de UNO, consideró que no cree que la restricción fijada para los abogados defensores pueda ser considerada inconstitucional, una vez que el proyecto sea aprobado y promulgado.

Incomunicación
Las modificaciones al Código Procesal Penal contenidas en el proyecto aprobado la semana pasada en Diputados contemplan también la ampliación de facultades a los fiscales, que encabezan la investigación de los delitos en el dictado de la declaración de incomunicación. Según un reclamo de los primeros actores de la Justicia penal frente a un delito, la resolución de algunas causas se dificultan porque, al demorarse la declaración de incomunicación del imputado, éste gana tiempo para armar mejor su coartada o bien para coordinar con amigos o familiares el barrido de pruebas que lo comprometan.

En el antiguo Código Procesal, aún vigente en el interior de la provincia, se preve que la incomunicación fuera dictada por el juez de Instrucción o bien el oficial de policía a cargo de la investigación.

Pero con la reforma del código los fiscales de Instrucción, sobre quienes reside la responsabilidad de conducir la primera instancia de las investigaciones, contarán con esta facultad.

El diputado Luis Petri, autor del proyecto que modifica este punto, consideró que “es un avance para la calidad y la efectividad de las pesquisas, el establecimiento de la potestad a los fiscales de dictar la incomunicación”.

Facilidad para la información
Los plazos que demoran algunos organismos para otorgar información necesaria para el avance de una investigación suelen ser mayores a los requeridos por los jefes de las pesquisas.

Por eso, entre las modificaciones al Código Procesal se contempló la del artículo 171, para establecer la facultad de los órganos judiciales de dirigirse directamente a cualquier autoridad de la provincia, entidad o persona privada, la que debe expedir los informes que necesita, sin demora alguna.

A través de este cambio, el fiscal de Instrucción podrá pedir los informes de manera verbal, en caso de delitos graves, teniéndose que expedir estos de manera inmediata.

Un ejemplo de este caso, es cuando se necesita un allanamiento y hay que constatar la propiedad del dominio que será allanado. La obligatoriedad de contestar rápido también va a correr para entes privados que son claves para la constatación de datos que, luego, pueden pedirse por escrito a fin de sumarse a un expediente, pero que en el momento sirva para avanzar en la investigación.

Fuente: Diario Uno.